Ante la decisión del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, de suspender las operaciones comerciales en línea de dos empresas, considero que se ha dado un “duro golpe” al comercio digital.
La medida demuestra cómo en los cimientos de los hacedores y ejecutores de políticas públicas no ha llegado la digitalización ni siquiera la transformación digital, las medidas del estado de emergencia no fueron pensadas en la existencia de empresas que podían vender online.
Es una disociación del discurso digital que tanto se ha difundido. Y esto ocurre en un momento que el comercio local está adaptándose ante la pandemia, porque la adaptación significa que existen condiciones en dichas organizaciones que les permiten la continuidad operativa.
El Estado no puede penalizar a los que saben adaptarse.
En las actuales circunstancias la economía digital está aportando “miles” de empleos, que han sido creados gracias a la posibilidad de mensajería, y se envíen productos al hogar.
Entonces ¿vamos a suspender la demanda de bienes y servicios?, eso está en contra de las leyes de mercado (oferta y demanda). Los ingresos de las empresas dominicanas tienen que digitalizarse para poder combatir y convivir con el #COVID19.
El Estado no puede pretender que con #FASE, #QuédateenCasa, #Solidaridad, ni #RepúblicaDigital pueden sostener la economía. Eso lo resuelve el sector privado mediante la libre competencia.
El sector privado tiene la capacidad de salir adelante, pero tienen que dejarlo trabajar.
Los 850 millones de dólares que generará la economía digital para 2020, según el informe de la firma @tabugasrl , ayudarán al país a recuperar las divisas que se están perdiendo por concepto de remesas y turismo.
Es momento de trabajar. Es momento del #ecommerce a nivel nacional.