El debate público que surge tras una tragedia, como el suicidio de un joven presuntamente por acoso escolar, presenta una dualidad crítica. Por un lado, es una oportunidad necesaria para visibilizar el problema, romper el silencio cómplice y movilizar a la sociedad hacia cambios estructurales en el sistema educativo y los protocolos de prevención. Por otro lado, un discurso descontrolado y sin rigor puede causar daños adicionales, incluyendo la revictimización de la familia, el linchamiento digital de presuntos agresores (a menudo menores), la vulneración de derechos fundamentales y el peligroso "efecto contagio".
El análisis subraya que la respuesta no es el silencio, sino una comunicación guiada por la responsabilidad, el respeto y la pedagogía social. Es imperativo enfocar el debate en los fallos del sistema —protocolos, recursos de salud mental, formación docente— en lugar de buscar culpables individuales de manera mediática. Para ello, se proponen directrices claras para los medios, las instituciones, las familias y los centros educativos, con el objetivo de transformar el dolor en una conciencia colectiva que promueva la prevención, la educación emocional y la construcción de entornos seguros. La premisa fundamental es que "el acoso no se combate con más acoso", sino con educación, empatía y una responsabilidad compartida.