Según el Dr. Gustavo Medina, la situación de dependencia de la función judicial es una situación histórica e histérica porque la historia política del país se ha caracterizado por el afán de los gobiernos de controlar la administración de justicia con el propósito de perseguir a los enemigos y contra eso es que hay que incurrir con el propósito de alcanzar el valor de la independencia, autonomía del sistema de justicia, la situación de dependencia llegó a límites imponderables en la última década en donde ya no había pudor porque querían guardar las formar para evitar la intervención en la administración de justicia pero en el gobierno anterior ni siquiera esas formas se guardara, aparte de que no tenían pudor de mandar inclusive cartas y los jueces lamentablemente no hacían ningún esfuerzo por incurrir frente a esa situación, buena parte de la función judicial depende del gobierno pero también de los magistrados y de los jueces. Por su parte el abogado Mauricio Alarcón señaló que cada cierto tiempo el país recibe un grupo de iluminados que cree que cambiando la constitución y las leyes, cambia algo que está directamente relacionado con la situación como sociedad y que cree que además tomando medidas inventan el agua tibia y mejoran daños reales y profundos en la institucionalidad ecuatoriana, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la independencia judicial, hablar de una justicia independiente es hablar de un sistema en el que se garantiza de manera plena los derechos y libertades de los ciudadanos ante las posibles injerencias del poder político, cuando incluso hay violaciones de derechos por parte de agentes estatales, la independencia de la justicia es una de las zonas que más ataques sufre por parte de un gobierno autoritario en cualquier parte del mundo con el fin de controlarlo todo para hace daño a la institucionalidad y personalizar el poder, bajo esa línea se vive desde hace 40 años atrás, en los últimos meses se han visto cambios en el sector justicia, en el Consejo de la Judicatura que ahora aplicando esa atribución constitucional se actúa para evaluar a la Corte Constitucional. Señaló además que cuando se les conforma inicialmente se les llama Comité de Evaluación, el propio Comité que hace pocas semanas firma un primer manifiesto llamándose Grupo de Apoyo, cuando la evaluación que se está haciendo tiene una lógica y un proceso, la evaluación lo que permite es determinar el orden, la apelación que se va a aplicar a las renovaciones parciales y la de la Corte de Justicia toca en el 2020.En otro sentido el constitucionalista Ismael Quintana, la solución no está en la regla de aplicar el quítate tú para ponerme yo, el Consejo de la Judicatura está en manos de la Dra. Maldonado quien en el 2012 fue nombrada miembro de la Corte Constitucional en la época de la Revolución Ciudadana, ahora pretende lavarse el rostro, pero ella inicia ahora los procesos de evaluación, Maldonado que en el año 2014 cuando fue juez de la Corte Constitucional indicó que la comunicación era un servicio público para efecto de negar las varias demandas de inconstitucionalidad que se presentaron contra los medios de comunicación, quien votó por la enmienda de la reelección indefinida, también está en el Consejo de la Judicatura Juan José Morillo integrante de la superintendencia de telecomunicaciones en los años 2011- 2014, en el 2011 fue comisionado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS de la época del correismo, ahora van a venir a decir que puede venir a evaluar a los miembros de la función judicial, a esa gente se les está entregando hoy la confianza ciudadana para que evalúen a los miembros del Consejo Judicial, hay que evaluar y está en la constitución, el problema es las personas que evalúan y cuáles son los criterios que se están utilizando para evaluar.Finalmente Medina acotó que como evaluador conoce el proceso, cuando se presentó el proyecto de metodología para la evaluación para que sea revisado por lo que se llamaba una comisión de expertos, los veedores presentaron al Consejo de la Judicatura una exposición respecto de ese proyecto el cual uno de los aspectos que se señala era que hay que preservar la independencia de los operadores de justicia, la responsabilidad de la evaluación corresponde al Consejo de la Judicatura que no puede delegarlo, el grupo de evaluadores tenía la condición de un apoyo, además se dijo que no solo tiene que quedar la evaluación, hay que analizar sin afectar la independencia porque hay parámetros para la evaluación, los fallos deben ser motivados, es decir, los parámetros deben contar con la racionalidad, la lógica, la comprensibilidad.