El asambleísta Fabricio Villamar, en análisis sobre el tema de la instauración del juicio político, aprobado el día de ayer por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), contra al presidente José Carlos Tuárez, y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En un primer momento, dijo que el Consejo de Administración Legislativa, tiene cinco días para pasar la información a la Comisión de Fiscalización, y esta tiene un período prudente para preparar el informe y exteriorizarlo al Pleno de la Asamblea Nacional. "Si la Asamblea, admite que la responsabilidad es sólo del Consejo Nacional Electoral (CNE), por haberlo calificado, entonces estaríamos ante el caso que una persona que puede mentir, falsear o entregar información fraudulenta, y el culpable es quien recibe la información no quien la emite". Sobre la presentación de supuestos documentos falsos por parte de del titular de la entidad autónoma, indicó que le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Explicó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por el Dr. Julio César Trujillo, antes de culminar sus funciones le hizo una consulta a la Corte Constitucional, y la entidad judicial explayó que los nombramientos emitidos por el Transitorio tenían un origen en la voluntad popular, por lo tanto su jerarquía estaba mucho más allá de la ley, y el actual CPCCS, estaba impedido revisar las designaciones. En cuanto, a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a ratificar el pedido para que la fiscal Diana Salazar, rinda cuenta sobre el tema "INA Papers", enfatizó que "no hay ladrón más peligroso que el que sabe que será juzgado por su equipo", y citó el caso de Galo Chiriboga y Carlos P