No Se Diga Más Radio

En este episodio de No Se Diga Más, hablamos con Gustavo Sánchez, diputado y vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sobre la sentencia reciente del Tribunal Constitucional que afecta directamente a la Ley 20-23 del Régimen Electoral. El diputado expresó su preocupación por lo que considera una extralimitación del Tribunal Constitucional, acusándolo de invadir competencias del Congreso y de poner en riesgo la institucionalidad democrática.

Sánchez también compartió su opinión sobre la vigilancia selectiva que, según él, afecta exclusivamente al PLD mientras otros actores políticos realizan actividades proselitistas sin consecuencias. A pesar de estas tensiones, reafirmó el compromiso del PLD con la institucionalidad y el respeto a las leyes del país. Esta conversación brinda un análisis crítico del contexto político actual y destaca las preocupaciones del partido opositor.

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En este episodio de No Se Diga Más, conversamos con Hayny Batista, psicóloga, terapeuta sexual y de pareja, quien nos comparte su experiencia transformadora titulada “El amor que yo quiero”. A través de esta vivencia personal y profesional, Hayny aborda las claves para construir relaciones saludables, basadas en el respeto, la comunicación efectiva y el autoconocimiento. Destaca cómo aprender a establecer límites y valorar el propio bienestar puede llevar a relaciones más equilibradas y satisfactorias.

Además, Hayny resalta la importancia de sanar heridas emocionales del pasado y romper patrones tóxicos, brindando herramientas prácticas para fortalecer la autoestima y establecer conexiones afectivas auténticas. Esta conversación nos invita a repensar el concepto del amor y a reconocer nuestro derecho a vivir relaciones plenas y felices.

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Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), quien denuncia con firmeza el preocupante aumento del intrusismo en el ejercicio del periodismo en República Dominicana. Henríquez advierte sobre la presencia de personas que, sin formación académica ni colegiatura, ocupan puestos clave en medios y gabinetes de comunicación, lo que atenta contra la ética, la calidad de la información y el derecho a una prensa responsable y democrática.

Henríquez destaca que el intrusismo no solo pone en riesgo la credibilidad del periodismo, sino que también afecta directamente a la democracia, al permitir la proliferación de noticias falsas y desinformación. Por ello, propone la modificación urgente de la Ley 10-91 para fortalecer la colegiación y la ética profesional. Además, llama a las universidades a actualizar los planes de estudio de comunicación social, adaptándolos a la era digital, y a crear normativas claras que protejan a los ciudadanos de contenidos nocivos.

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n este episodio de No Se Diga Más, conversamos con Dagoberto Rodríguez Adames, senador por la provincia Independencia, sobre la reciente toma del puesto aduanero de Malpasse en Haití por parte de un grupo armado. Rodríguez expresó su plena confianza en el Ejército de la República Dominicana para mantener la seguridad en la frontera y proteger la soberanía nacional.

El senador destacó que, a pesar de la situación en el lado haitiano, donde individuos fuertemente armados han tomado el control de la aduana de Malpasse, las autoridades dominicanas han reforzado la vigilancia en la zona fronteriza, especialmente en Jimaní, para prevenir cualquier intento de desestabilización.

Rodríguez enfatizó la importancia de mantener la calma y confiar en las capacidades de las Fuerzas Armadas dominicanas, que han demostrado estar preparadas para enfrentar cualquier amenaza que pueda surgir en la frontera.

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En este episodio de No Se Diga Más, conversamos con las diputadas Liz Mieses (Distrito Nacional) y Carmen Ligia Barceló (Hato Mayor) sobre su iniciativa legislativa para establecer el sistema nacional de alertas “Alerta RD”. Este proyecto busca implementar un mecanismo de respuesta inmediata ante desapariciones y situaciones de peligro que afectan a las poblaciones más vulnerables del país. 

 El sistema contempla cuatro tipos de alertas diferenciadas:
 • Alerta AmberRD: para niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
• Alerta Silver: para adultos mayores en condición de riesgo.
• Alerta Azul: orientada a personas con discapacidad en alto riesgo.
• Alerta Rosa: para mujeres víctimas de violencia o posibles casos de trata.

La propuesta ha sido fortalecida con aportes técnicos de instituciones como el Sistema 911, INDOTEL, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, CONAPE y CONADIS, consolidando un texto legislativo integral y operativo. 

 El presidente Luis Abinader ha expresado su respaldo al proyecto, indicando que el sistema podría entrar en funcionamiento en un plazo de tres meses, lo que representa un espaldarazo institucional a una ley reclamada por un amplio sector de la sociedad.

Además, el sistema incluirá un Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) que permitirá actuar sin demora desde la primera denuncia, eliminando la espera de 24 horas que tantas veces ha costado angustia –y en ocasiones, vidas– a cientos de familias dominicanas.

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En este episodio de No Se Diga Más, conversamos con el abogado constitucionalista Julio Cury sobre la necesidad de establecer límites legales a la libertad de expresión en la República Dominicana, especialmente en el contexto de las redes sociales.

Cury argumenta que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es absoluto y debe ejercerse respetando los derechos al honor, la dignidad y la moral de las personas. Destaca que la ausencia de filtros en las plataformas digitales ha permitido la proliferación de ataques viscerales y calumnias, lo que justifica la implementación de regulaciones más estrictas.

El jurista está trabajando en un proyecto de ley que busca establecer penas privativas de libertad para quienes abusen de este derecho, promoviendo así un uso más responsable de las plataformas digitales.

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En una llamada reciente al programa No Se Diga Más, el Dr. Edward Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), anunció medidas para extender la cobertura de salud a los familiares de las víctimas del colapso en la discoteca Jet Set. El Dr. Guzmán explicó que, tras el colapso del techo de la discoteca el pasado 8 de abril, más de 400 personas, entre hijos, padres y otros dependientes de las 232 víctimas mortales, corren el riesgo de perder su cobertura de salud en los próximos 60 días, ya que los fallecidos eran los titulares del seguro médico del régimen contributivo.

Para evitar que estas familias queden desprotegidas, el CNSS está trabajando en una resolución que permitirá extender la cobertura del seguro de salud por seis meses de forma preliminar, con la posibilidad de evaluarla para una extensión adicional. Esta medida busca garantizar que los dependientes de las víctimas continúen recibiendo atención médica mientras se buscan soluciones a largo plazo.

Además, el Dr. Guzmán destacó que se están agilizando los procesos junto con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Superintendencia de Pensiones, para asegurar que los familiares de las víctimas reciban el apoyo necesario en esta difícil situación.

Estas acciones reflejan el compromiso del CNSS y otras instituciones gubernamentales para brindar apoyo y protección a las familias afectadas por esta tragedia.

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En este episodio de No Se Diga Más, conversamos con el abogado Ángel Lockward, quien representa a varias de las víctimas del colapso del techo en la discoteca Jet Set. Lockward afirmó que no existe una comisión oficial designada por el Estado para investigar el caso, lo que ha generado preocupación entre los afectados y sus familiares.

Durante la entrevista, Lockward explicó que su bufete, en colaboración con la firma estadounidense Silva & Silva, P.A., está preparando demandas en Estados Unidos contra los propietarios de Jet Set, dado que la marca está registrada en Nueva York y varios de los afectados son ciudadanos norteamericanos. Además, señaló que el Estado dominicano también podría ser responsabilizado por omisión en la supervisión de la seguridad estructural del establecimiento.

Lockward enfatizó la necesidad de una respuesta institucional más sólida y transparente para garantizar justicia y compensación a las víctimas de esta tragedia.

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En este episodio de No Se Diga Más, conversamos con el abogado penalista español Juan Gonzalo Ospina, quien compartió su perspectiva sobre los desafíos que enfrenta la justicia penal en la República Dominicana, destacando las similitudes con el sistema judicial español.

Ospina señaló que tanto en España como en la República Dominicana existen problemas estructurales en la administración de justicia, como la lentitud procesal, la falta de recursos tecnológicos y la necesidad de reformas legislativas para adaptarse a los nuevos tipos de delitos, especialmente los relacionados con la tecnología y el cibercrimen.

Durante la entrevista, Ospina enfatizó la importancia de la colaboración internacional y el intercambio de experiencias para fortalecer los sistemas judiciales y garantizar una justicia más eficiente y equitativa.

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En este episodio de No Se Diga Más, conversamos con la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, sobre su propuesta de unificar los procesos electorales en la República Dominicana. Ortiz argumenta que la celebración de múltiples elecciones en un corto período genera perturbaciones en la gobernabilidad y afecta la estabilidad democrática del país.

La senadora destaca que la unificación de las elecciones permitiría una planificación más eficiente, reduciría los costos asociados a los procesos electorales y disminuiría la fatiga electoral en la ciudadanía. Además, enfatiza que esta medida fortalecería la democracia al permitir que los funcionarios electos puedan enfocarse en la gestión y el cumplimiento de sus responsabilidades sin interrupciones constantes por campañas electorales.

Ortiz también abordó la importancia de consolidar la democracia en el país, señalando que es fundamental implementar reformas que promuevan la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la administración pública.

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