En Colombia muchas mujeres migrantes venezolanas buscan hacer efectivos los derechos de vivienda, de educación y de salud. Pero cuando se enfrenta a la ciudad, el no contar con la documentación que regulariza su permanencia en Colombia, acceder a los derechos y ejercer la ciudadanía tiene múltiples obstáculos.

El lugar que elegimos para proteger y salvaguardar nuestras familias, se convierte en muchas ocasiones, en un espacio de vulneración de los derechos humanos y de riesgo, en este caso, para las mujeres. Los gritos, la humillación, el control de la forma de vestir, del celular, la prohibición de trabajar y la obligación a tener relaciones sexuales, también es violencia intrafamiliar.

Según la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, define la palabra migrante como “Toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones”, estas pueden ser: 1) la situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.

Durante esta semana en la devuelta hemos conocido diferentes experiencias de procesos de reparación colectiva del oriente antioqueño. Hoy les invitamos a regresar a la ciudad de Medellín para sintonizarnos con los proceso de exigibilidad de derechos que hoy avanzan en la reparación colectiva y que son ejemplo de la persistencia de las víctimas.

El municipio de Argelia, Antioquia, posee más de 10 mil habitantes y tiene una distancia de 146 km desde Medellín (unas 7 horas de recorrido). Sus actividades económicas principales son: la madera, ganadería, café y caña. Es un pueblo del Oriente antioqueño que tiene en su memoria histórica los impacto del conflicto armado.

Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos, como es el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano o los derechos de los pueblos indígenas.

A la fecha, de acuerdo con el registro único de víctimas, hay 4.971 víctimas autorreconocidas como LGBTI. Gay, lesbinas, bisexuales, transexuales e intersexuales que durante el conflicto armado fueron reclutados, abusados, desplazados y asesinados por su condición sexual.

Cuando hablamos de víctimas del conflicto armado, no sólo son las personas a quienes de manera individual se les vulneraron sus derechos o los grupos familiares, también las comunidades veredales y urbanas, los grupos y organizaciones sociales son víctimas. Por eso la reparación no sólo es individual, también es un derecho la reparación social que permita recuperar la confianza, la vecindad, que aporte a la reconciliación, que permita recuperar al sujeto político capaz de organizarse.

Durante esta semana hemos escuchado a las víctimas del conflicto armado, quienes han expresado sus dudas y dificultades para acceder a las garantías de sus derechos, establecidos en la ley 1448 del 2011.

Entre 1998 y 2001 en la ciudad de Medellín, vivimos uno de los periodos más agudos del conflicto armado urbano. De acuerdo con el informe “Medellín memoria de una guerra urbana”, en la ciudad en el 2001 se registró uno de los picos más altos de desplazamiento intraurbano, con más de 7 mil víctimas. Aunque, el subrigistro del número de casos puede llegar a ser más alto, pues uno de los problemas es que el desplazamiento intraurbano ha sido poco denunciado ya que las personas, “no se consideran víctimas o se abstienen de declarar por la presencia de los actores armados en los barrios en los que generalmente se refugian” explica dicho informe.