La Ley Fundamental de Bonn se dictó para una entonces Alemania dividida tras la Segunda Guerra Mundial, pero hoy mantiene plena vigencia, legitimada por su solidez e importante jurisprudencia para un país unificado.

El tránsito hacia el parlamentarismo sin atender su lógica interna y a las exigencias de relación entre jefe de Estado y primer ministro, podría poner en riesgo la gobernabilidad.

Se trata de diseñar una forma de Estado con un esquema innovador que responda a nuestras necesidades, pero alcanzarlo requiere un sólido acuerdo nacional capaz de articular diversidad y cohesión.

La relación entre el legislativo y el ejecutivo se caracteriza por mecanismos de control recíproco.

La plena integración europea sólo será posible bajo el respeto a la soberanía y la democracia.

La legitimidad de una Constitución no reside en su novedad, sino en su capacidad de representar a todos y perdurar en el tiempo.

La clave para el éxito de la bicameralidad será la capacidad de los parlamentarios para fomentar una deliberación continua y respetuosa de las reglas institucionales, fortaleciendo la representación democrática y la viabilidad de nuestra forma de gobierno.

Toda reforma debe responder a criterios de racionalidad jurídica, legitimidad democrática y eficacia normativa, evitando su uso como instrumento coyuntural o populista.

La irrectroactividad de la ley no es un obstáculo al cambio legal, sino una brújula que orienta tanto al legislador como al juez.

La inestabilidad política requiere tres ajustes puntuales a la forma de gobierno ante el sobre dimensionamiento del Congreso.