Avvapro valora el fallo como una “garantía de seguridad jurídica” y propone diseñar un nuevo modelo ajustado a la normativa europea
El Tribunal Supremo ha dado la razón a Andalucía al anular el Registro Único de arrendamientos de corta duración impulsado por el Gobierno central al considerar que invadía competencias autonómicas. La Junta de Andalucía llevaba más de un año cuestionando esta medida y recurrió la norma en mayo de 2025 alegando falta de diálogo institucional y vulneración del reparto competencial en materia turística.
Tras conocerse la sentencia, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, remitió una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo con el objetivo de abordar el nuevo escenario generado tras la anulación del registro estatal y analizar sus consecuencias económicas, sociales y territoriales.
El propio Tribunal Supremo aclara además que el reglamento europeo no exigía la creación de un registro de ámbito nacional ni modificaba el reparto interno de competencias entre administraciones.
Desde la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Avvapro, han valorado “muy positivamente” el fallo judicial. Su presidente, Juan Cubo, ha asegurado en declaraciones a la Onda Local de Andalucía que la decisión supone “una cuestión de seguridad jurídica y de respeto al marco competencial y al Estatuto de Autonomía”.
Cubo ha insistido en que el sector no rechaza la existencia de un registro turístico, pero sí la forma en la que el Gobierno central había aplicado el reglamento europeo. “Nosotros somos los primeros interesados en que haya un sector ordenado y transparente para que las administraciones puedan tomar decisiones adecuadas”, ha señalado.
Desde Avvapro sostienen que el modelo impulsado por el Ejecutivo estatal generaba duplicidades administrativas y obligaba a numerosos propietarios a realizar trámites registrales y gastos que, tras la sentencia, consideran innecesarios. Según la asociación, algunos ciudadanos invirtieron dinero para adaptar sus viviendas a un procedimiento que finalmente ha sido declarado ilegal. Mientras, otros decidieron esperar a la resolución judicial ante las dudas sobre su encaje jurídico.
El presidente de Avvapro también ha defendido que el foco debe ponerse ahora en perseguir las viviendas turísticas que realmente operan fuera de la legalidad. En este sentido, ha recordado que las competencias de inspección y control corresponden a la comunidad autónoma y que las viviendas que no están inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía son las que podrían estar funcionando al margen de la normativa.
Avvapro confía en que, tras el “varapalo judicial” al Gobierno central, se abra un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas y con el sector turístico para diseñar una regulación “clara, estable y con seguridad jurídica”.
ENTREVISTAMOS A JUAN CUBO, PRESIDENTE DE AVVAPRO
La entrada El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos y reabre el debate sobre las competencias autonómicas se publicó primero en Onda Local de Andalucía.