El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, repasa en la OLA el texto aprobado en el Parlamento
“Disminuir la precariedad, aumentar la estabilidad” y “blindar” los derechos de los estudiantes. Son los principios de la Ley Universitaria Para Andalucía, que incluye medidas para “hacer más competitivas las universidades”. Además, pretende apoyar al personal docente investigador, recuperar la figura del ayudante y apuesta por estabilizar los contratos posdoctorales.
El consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, ha pasado esta mañana por la Onda Local de Andalucía, donde ha analizado de manera detallada el contenido de la norma que se aprobaba la semana pasada en el Parlamento andaluz. Un texto que ha contado con más de 50 enmiendas del resto de grupos políticos.
Otra de sus medidas va en la línea de la internacionalización de estos centros para atraer a estudiantes, especialmente de Sudamérica. “Somos muy receptivos y atractivos desde el punto de vista de los másteres y el doctorado”, ha indicado. No obstante, “España en su conjunto y Andalucía en particular tiene un déficit de estudiantes de grado”, ha lamentado.
Gómez Villamandos ha defendido que esta ley apuesta por la empleabilidad en los títulos que se ofertan sin renunciar a otras ramas con menos salida laboral a priori. El consejero ha recalcado que las universidades de nuestra comunidad son “muy competitivas” y “referentes” a nivel nacional e internacional más allá de la posición que ocupen en rankings como el de Shaghái.
ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD QUE “MEJOR FINANCIA” A SUS UNIVERSIDADES
Sobre la financiación de las universidades públicas, ha defendido que la LUPA marca “los criterios de financiación acordados en el modelo”. También ha lamentado que el Estado no esté aportando la financiación que, dice, le corresponde. “No tenemos que olvidar que la financiación de las universidades, por un lado, compete a la comunidad autónoma y una parte al ministerio”, ha explicado Gómez Villamandos. “Somos la comunidad autónoma que mejor financia a sus universidades”, ha añadido.
Otro de los principios del texto es la profesionalización de la gestión y para ese fin contempla la figura del interventor. Esta cuestión ha sido objeto de críticas por parte de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA). De igual modo ha pasado en el caso de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP). Ambas entidades lo entienden como una “injerencia injustificada” de la administración en la autonomía de las universidades. Gómez Villamandos argumenta que sus funciones las definirán las universidades y que figuras como esa evitarán situaciones de deuda como la que está viviendo la UMA.
B2 PARA LOS DOCENTES Y MÁS VIVIENDA PARA LOS ESTUDIANTES
El texto contempla que se destine el 3 % del presupuesto de las universidades públicas a programas de becas y ayudas al estudio y un 5 % a planes propios de investigación. Además, contempla que los docentes acrediten un nivel B2 de idiomas. En cuanto al estudiantado, recoge derechos como el de la desconexión digital de los estudiantes y abordar la problemática del acceso a la vivienda de este colectivo.
En este caso la clave es lograrlo “a precios asequibles”, un problema que afecta especialmente a Málaga y Sevilla y que quiere solucionar mediante la colaboración público-privada. La idea que ha expuesto el consejero es que haya “una mayor oferta de plazas públicas en residencias y colegios mayores”. Para conseguirlo, se plantean articular soluciones con la Consejería de Fomento.
ENTREVISTAMOS A JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS, CONSEJERO DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
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