En tiempos recientes la democracia, históricamente considerada el sistema de gobierno ideal, ha enfrentado desafíos crecientes a nivel global. Desde el debilitamiento de las instituciones hasta el ascenso de liderazgos autoritarios, el sistema democrático está siendo cada vez más cuestionado en su capacidad para garantizar derechos, representar a sus ciudadanos y adaptarse a los retos contemporáneos. 

En tal sentido, es crucial distinguir entre crisis políticas y crisis de credibilidad en los políticos, ya que ambas afectan de manera diferente a los países. Una crisis política generalmente implica conflictos entre diferentes ramas del gobierno, partidos políticos o grupos de interés, y puede llevar a la parálisis legislativa, inestabilidad gubernamental o incluso cambios de régimen. Por otro lado, una crisis de credibilidad en los políticos se refiere a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus líderes, lo que puede resultar en una disminución de la participación electoral, protestas masivas y un aumento del escepticismo hacia las instituciones democráticas. Lo anterior afecta tanto a democracias jóvenes como a aquellas con raíces firmemente establecidas, planteando serias interrogantes sobre el futuro de la gobernabilidad mundial.

América Latina y Europa del Este son ejemplos claros de esta crisis. En Europa del Este, países como Hungría, Polonia han adoptado medidas que socavan la independencia judicial y la libertad de prensa. En América Latina, donde el autoritarismo ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, muchos países experimentaron un largo período de democratización y estabilidad política. Sin embargo, en las últimas décadas, ese espacio democrático se ha fracturado por líderes autoritarios como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y la familia Castro en Cuba. Estos regímenes han consolidado su poder de manera desmesurada, eliminando la división de poderes y debilitando las instituciones democráticas.

En el caso específico de Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, las protestas ciudadanas han sido reprimidas y se han llevado a cabo elecciones consideradas fraudulentas, no sólo por el 80% de la población venezolana, sino también por la comunidad internacional. En Nicaragua, Ortega ha implementado una represión sistemática de la oposición y la disidencia, además de promover una reforma constitucional que asegura a la pareja presidencial y a su familia la permanencia en el poder durante muchos años. Cuba, gobernada por un sistema de partido único bajo los Castro desde 1960, ha sido un ejemplo de autoritarismo durante décadas. Estos regímenes han socavado el estado de derecho y la separación de poderes, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz social en la región.

En Asia, hace poco menos de una semana, en una decisión sin precedentes en la historia reciente de Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial, argumentando una supuesta amenaza “antiestatal” vinculada a fuerzas opositoras y presuntas conexiones con Corea del Norte. Durante las seis horas en que la medida estuvo en vigor, cerca de 300 militares rodearon e ingresaron al edificio del Parlamento, mientras helicópteros y vehículos blindados ocupaban las calles de Seúl. Según el secretario general del Parlamento, Kim Min-ki, las tropas ingresaron al recinto utilizando helicópteros y escalando las vallas, rompiendo ventanas para acceder al interior.

Yoon justificó la ley marcial como una medida para “proteger el orden constitucional”, sin presentar pruebas sólidas sobre las amenazas que mencionó. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción, tensiones con la oposición y una disminución en su popularidad. Entre las acusaciones más recientes destacan señalamientos de tráfico de influencias que involucran a su esposa y la supuesta manipulación en la selección de candidatos para las elecciones parciales de 2022. A esto se suma su incapacidad para mantener un diálogo constructivo con un Parlamento dominado por el opositor Partido Democrático, lo que ha intensificado las críticas hacia su gestión. Estos factores, han sido determinantes en el estallido de esta crisis.

Tras la declaración de la ley marcial, el jefe del ejército, el general Park An-su, emitió un decreto prohibiendo la actividad política y las fiestas, la propaganda falsa, las huelgas y las “congregaciones que inciten a la agitación social”. Los medios de comunicación también quedaron bajo la autoridad de la ley marcial. La primera víctima de esta medida fue el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien presentó su renuncia poco después de que el Partido Democrático registrara ante el Parlamento una moción para destituirlo. Su ministerio confirmó que fue Kim quien aconsejó a Yoon imponer la ley marcial.

El Parlamento surcoreano inició de inmediato una moción de destitución contra Yoon, un proceso que requiere el apoyo de dos tercios de los 300 escaños y la ratificación de la Corte Constitucional. Si la moción prospera, Yoon sería suspendido de sus funciones y el primer ministro Han Duck-soo asumiría el liderazgo interino del país. La votación estaba prevista para este sábado 7 de diciembre de 2024, y el Partido Democrático solo necesita convencer a una decena de legisladores más para garantizar su aprobación. Cabe destacar que, al momento de redactar este artículo, no se habían alcanzado los votos necesarios para materializar la destitución del presidente surcoreano.

Este hecho me hace reflexionar sobre cómo el autoritarismo en el mundo actual puede compararse con las cucarachas que se infiltran por todas las rendijas de una casa. Al igual que estos insectos, el autoritarismo se cuela silenciosamente en las grietas de nuestras sociedades, aprovechando cualquier debilidad o descuido. Aunque al principio pasa desapercibido, su presencia se vuelve cada vez más evidente y difícil de erradicar. Las cucarachas, con su capacidad para adaptarse y sobrevivir en casi cualquier entorno, reflejan cómo los regímenes autoritarios se ajustan y prosperan incluso en contextos donde la democracia parecía estar firmemente establecida. Así como una infestación de cucarachas puede comprometer la salud y seguridad de un hogar, el autoritarismo pone en riesgo los derechos y libertades fundamentales, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando el tejido social.

La reciente crisis política en Corea del Sur ha captado la atención mundial no solo por sus implicaciones internas, sino también por su impacto en la estabilidad regional y global. La declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol y su posterior revocación han puesto de manifiesto las tensiones políticas y la posible fragilidad de las instituciones democráticas en el país. Este intento de retroceso democrático se enmarca en un contexto global donde cada vez más países enfrentan desafíos similares.

En el ámbito regional, la inestabilidad política en Corea del Sur podría ser percibida como una debilidad interna que Corea del Norte podría aprovechar para intensificar sus actividades provocadoras, exacerbando las tensiones en la península coreana. En el pasado, Corea del Norte ha aprovechado cualquier signo de vacilación en Seúl para realizar pruebas de misiles, ataques cibernéticos o provocaciones militares.

En Asia, una región de economías dinámicas, la democracia enfrenta presiones específicas. Países como Filipinas e India han visto una creciente concentración de poder en líderes populistas, mientras que Corea del Sur, una de las democracias más exitosas de la región, atraviesa una crisis política que amenaza su estabilidad. Aunque ha sido un ejemplo de cómo combinar desarrollo económico con gobernabilidad democrática, los recientes escándalos de corrupción y la polarización política han puesto en duda la resiliencia de sus instituciones.

El caso de Corea del Sur tiene un impacto significativo en las democracias del mundo. Su éxito económico y político ha sido una inspiración para otros países en vías de desarrollo, demostrando que el progreso y la democracia pueden ir de la mano. Sin embargo, su situación actual subraya que incluso las democracias consolidadas son vulnerables a las tensiones internas. Esto plantea una advertencia global: la democracia no es un logro permanente, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Este retroceso democrático es global. En los últimos años, se ha observado un aumento en el número de países que experimentan la erosión de sus instituciones democráticas. Según un informe del instituto sueco V-Dem, el 71% de la población mundial vive bajo autocracias, frente al 48% de hace una década. Este retroceso afecta a más de la mitad de los 60 países que celebraron elecciones nacionales en 2024, convirtiendo este año en un punto crucial para el futuro de la democracia a nivel mundial.

Corea del Sur, una de las democracias más sólidas de Asia, no ha escapado a la influencia de estos cambios. Su sistema democrático enfrenta presiones internas y externas que cuestionan su capacidad para mantener su modelo de gobernanza en medio de una creciente incertidumbre política y económica. A pesar de sus logros en desarrollo y gobernanza, los escándalos de corrupción y la división política están erosionando la confianza pública en las instituciones.

No puedo dejar de lado otro aspecto crucial: la globalización y el avance tecnológico han cambiado también la dinámica política. Las redes sociales y los algoritmos amplifican la desinformación, fomentan la radicalización y facilitan la manipulación del discurso público. Corea del Sur es uno de los países con una de las infraestructuras digitales más avanzadas del mundo, lo que facilita el uso generalizado de plataformas sociales. Estas redes y algoritmos influyen en el panorama político como en la manera en que los ciudadanos se informan, se movilizan y participan en los procesos democráticos.

Con un PIB de US$38,000 per cápita, Corea del Sur supera a países como España y México y se encuentra cerca de potencias europeas como el Reino Unido. Aunque aún está lejos de alcanzar el nivel de Estados Unidos, en 50 años de democracia, los ingresos medios de sus habitantes han reducido la distancia con el ciudadano promedio estadounidense en un 60%. En cuanto a su democracia, el Índice de Democracia Global de The Economist sitúa a Corea del Sur en el puesto 23 de 167 países evaluados, por encima de países como España, Francia y Estados Unidos. Si bien se le considera "el milagro económico del este asiático," también enfrenta sombras. La corrupción al más alto nivel sigue siendo un problema grave, con varios líderes políticos, incluida la expresidenta Park Geun-hye, involucrados en escándalos que han sacudido la confianza pública.

La crisis política en Corea del Sur no solo afecta la gobernabilidad interna, sino que también tiene un impacto significativo en la percepción global de la democracia como sistema de gobierno. En un contexto de retroceso democrático mundial, el caso surcoreano subraya que incluso los países más avanzados enfrentan los mismos desafíos.

El 8 de enero de 2023, Brasil vivió un intento de golpe de Estado protagonizado por simpatizantes de Jair Bolsonaro. Los manifestantes irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, y se congregaron frente a instalaciones militares en la capital federal, exigiendo un alzamiento militar contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo apenas una semana antes. Durante los disturbios, estuvieron a punto de asaltar el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, así como el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF). Este episodio reflejó una crisis política que puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país.

Vale señalar que la situación fue verdaderamente grave, dado que existían vínculos conocidos entre el bolsonarismo y las fuerzas armadas brasileñas, lo que generó el temor de que las fuerzas militares se sumaran al golpe. Sin embargo, finalmente no fue así, y las fuerzas armadas no intervinieron a favor de los manifestantes.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra en el centro de uno de los procesos judiciales más controvertidos en la historia reciente del país. Acusado de diversos cargos que van desde la difusión de noticias falsas hasta el supuesto manejo negligente de la pandemia de COVID-19, enfrenta un panorama político y judicial que podría marcar un antes y un después para la democracia brasileña. Este enjuiciamiento, más allá de sus implicaciones legales, ha polarizado aún más a una sociedad ya dividida por las políticas de su mandato y la intensa retórica que caracterizó su administración.

Entre las acusaciones más graves se encuentra su rol en la difusión de información falsa sobre el sistema electoral brasileño, lo que, según analistas políticos, minó la confianza en las instituciones democráticas. Este tipo de conductas, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2022, ha llevado a muchos a compararlo con otros líderes populistas alrededor del mundo que han cuestionado la legitimidad de los procesos electorales en sus países.

Otro aspecto relevante son las acusaciones relacionadas con su manejo de la pandemia de COVID-19. La comisión parlamentaria que investigó su gestión concluyó que Bolsonaro y varios de sus aliados actuaron con negligencia al minimizar la gravedad del virus, retrasar la adquisición de vacunas y promover tratamientos ineficaces. Estas acciones no solo costaron miles de vidas, sino que también podrían acarrear acusaciones por delitos comunes. Las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han sido voces claves en exigir justicia por lo ocurrido.

Además, Bolsonaro enfrenta investigaciones por posibles casos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante su gobierno. Los casos de corrupción, combinados con las críticas por su estilo autoritario de gobernar, ha erosionado significativamente su apoyo en algunos sectores de la sociedad. Este contexto hace que su enjuiciamiento sea aún más significativo para la democracia brasileña, un país con una historia reciente de dictaduras y transiciones difíciles hacia la democracia.

El juicio de un expresidente siempre representa un desafío para cualquier democracia. En el caso de Brasil, con su complejo pasado de dictadura militar (1964-1985), el proceso contra Bolsonaro tiene un significado especial, y es que para muchos este es un momento crucial para reforzar el estado de derecho y demostrar que nadie está por encima de la ley. Sus simpatizantes ven este proceso judicial como un intento de deslegitimar al movimiento conservador que él lidera, el cual aún goza de considerable apoyo popular.

Internacionalmente, el juicio a Bolsonaro ha sido seguido con atención, no solo por su relevancia dentro de Brasil, sino como parte de una tendencia más amplia de rendición de cuentas de líderes populistas. Desde Estados Unidos hasta Europa, el fenómeno del populismo de derecha ha sido marcado por controversias legales y políticas. En este sentido, el desenlace del caso brasileño podría establecer un precedente sobre cómo las democracias pueden lidiar con líderes que erosionan sus propias instituciones, y podría influir en países que enfrentan desafíos similares.

Si Bolsonaro es condenado, podría enfrentar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que sería un golpe devastador para sus ambiciones políticas y su capacidad de influir directamente en la política brasileña. Esta condena no solo afectaría su carrera, sino que también enviaría un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos en Brasil y la región en particular. Además, el juicio podría redefinir el panorama político del país, fomentando un debate nacional sobre la responsabilidad de los líderes populistas en la defensa de las instituciones democráticas.

A nivel internacional, el caso podría tener un impacto significativo, especialmente en países que enfrentan el ascenso de liderazgos populistas o que están lidiando con problemas de institucionalidad. Así mismo, el juicio de Bolsonaro podría servir como precedente que inspire movimientos sociales y judiciales en otras democracias, promoviendo una mayor exigencia de transparencia y respeto por las instituciones.

Es importante destacar que este juicio no es solo un proceso legal, sino un hito clave en la lucha por la preservación y consolidación de la democracia en Brasil. Durante su mandato, Bolsonaro promovió una narrativa de fraude electoral sin pruebas sólidas, buscando deslegitimar la victoria de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Este tipo de comportamiento pone en riesgo los fundamentos mismos de la democracia; el respeto por el voto popular y la aceptación de los resultados electorales, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

Este juicio, entonces, no se reduce solo a la evaluación de la culpabilidad de un individuo, sino que es un acto de reafirmación del compromiso con los principios democráticos. En muchas democracias del mundo, y particularmente en América Latina, los expresidentes a menudo gozan de una cierta impunidad después de dejar el poder, una práctica que ha socavado la credibilidad de las instituciones judiciales en la región.

Con la apertura de este proceso judicial, Brasil muestra que nada ni nadie está por encima de la ley. Este principio de responsabilidad es crucial para garantizar que el poder no sea ejercido de manera autoritaria o arbitraria, como ocurrió durante la dictadura militar en Brasil.

También resalta la importancia de la lucha por la preservación de las instituciones democráticas en un contexto de creciente polarización política. A lo largo de su mandato, Bolsonaro cultivó una retórica divisiva, fomentando la confrontación entre distintos sectores de la sociedad y promoviendo el odio hacia sus opositores. Sin embargo, el comportamiento de Bolsonaro no es único ni aislado; refleja un patrón recurrente en gobiernos de diversas regiones, tanto de derecha como de izquierda, donde los líderes buscan deslegitimar las instituciones y concentrar el poder. En este contexto, el caso Bolsonaro se convierte en un referente para otras democracias que enfrentan desafíos similares.

El objetivo común entre muchos de estos líderes es dividir y debilitar a la sociedad civil con el fin de mantenerse en el poder. El hecho de que este proceso judicial esté siendo tan visible, con una gran atención tanto nacional como internacional, demuestra que las instituciones democráticas están dispuestas a defenderse de esos ataques. También muestra que la sociedad civil no permanecerá pasiva ante la desinformación y los intentos de subvertir el sistema político.

El juicio a Bolsonaro también refuerza la importancia de la memoria histórica y el aprendizaje de los errores del pasado. Brasil es un país con una historia compleja, marcada por un largo período de dictadura militar, represión y violaciones de derechos humanos. La transición a la democracia en la década de 1980 fue ardua, y las lecciones de ese pasado no deben ser olvidadas.

Es importante que nuestras sociedades tengan claro el horizonte: los líderes autoritarios que desafían el orden constitucional deben ser conscientes de que, después de décadas de lucha por la democracia, ninguna sociedad debe permitir el retroceso hacia un modelo de gobierno autoritario.

El juicio a Bolsonaro envía un mensaje claro: Brasil no está dispuesto a permitir que el autoritarismo se instale nuevamente, y la justicia es el camino para proteger la democracia de amenazas internas y externas. En un momento en que las democracias enfrentan desafíos globales, desde el resurgimiento de líderes populistas hasta el autoritarismo creciente en diversas partes del mundo, es necesario demostrar que es posible combatir la desinformación, la manipulación política y la subversión del sistema democrático mediante los canales legales y judiciales establecidos.

El veredicto que finalmente emita el tribunal será crucial, no solo para la vida política de Bolsonaro, sino también para el futuro de la democracia como forma de gobierno, en la cual la participación popular y la capacidad de los ciudadanos para elegir y controlar a sus gobernantes son fundamentales. En caso de que se dicte una condena, significará una reafirmación rotunda de que el Estado de Derecho prevalece y que ningún individuo, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. Si, por otro lado, el juicio no lleva a una condena, aunque esto sería un revés, el proceso mismo habrá sido un testimonio de la madurez democrática del país. En cualquier caso, este juicio no solo tiene implicaciones para Brasil, sino que será un punto de referencia para la defensa de la democracia en tiempos de crisis políticas a nivel mundial.

La propuesta de reforma constitucional en Nicaragua, promovida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y aprobada por 91 diputados el viernes 22 de noviembre de 2024, representa un paso más hacia la consolidación del matrimonio dictatorial que gobierna ese país desde hace 17 años. Es la duodécima enmienda que propone Ortega desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.

La iniciativa de reforma constitucional incluye cambios profundos en la estructura política y administrativa de Nicaragua. Entre los más controvertidos se encuentran la extensión del período presidencial de cinco a seis años y la creación de la figura de «copresidenta», asignada a Rosario Murillo, quien además tendría la autoridad para designar a su propio vicepresidente. Este último cambio busca formalizar el rol que Murillo ya desempeña en la práctica, consolidando su influencia y reforzando la percepción de un gobierno de carácter dinástico.

Además, la propuesta contempla una mayor militarización del poder estatal, permitiendo al presidente otorgar al ejército y la policía roles temporales en el Ejecutivo bajo el argumento de «intereses supremos». También permitiría ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación mediante restricciones justificadas en la protección frente a intereses extranjeros.

Estas medidas, combinadas con la Ley de Ciberdelitos de 2021, refuerzan el aparato de censura y represión estatal.

Desde 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis política marcada por protestas masivas, la represión violenta de la oposición, encarcelamientos arbitrarios y el exilio forzado de miles de ciudadanos. Las elecciones generales de 2021, ampliamente criticadas por la comunidad internacional, reforzaron el control de Ortega al eliminar a los principales candidatos opositores mediante detenciones y amenazas.

Esta reforma surge en un momento en que el gobierno sandinista enfrenta sanciones internacionales y aislamiento diplomático. Más de 300,000 nicaragüenses han emigrado debido a la crisis política y económica, un fenómeno que debilita aún más la capacidad de la sociedad civil para resistir el autoritarismo.

Quizás el argumento más sólido para justificar se encuentra en que la cabeza de la dinastía Ortega enfrenta problemas graves de salud y estaría asegurando, con estos cambios, la perpetuidad de su familia en el poder. Al extender el mandato presidencial y consolidar la figura de Murillo como copresidenta, se refuerza el control absoluto del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, lo cual debilita aún más la separación de poderes y erosiona la institucionalidad democrática.

Es decir, garantizar la permanencia, en el poder, de la familia Ortega-Murillo. El artículo 135 establece que: “Por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta terminará el período por el que fueron electos”.

Como señalé anteriormente, la nueva norma facultaría a los copresidentes a designar a los vicepresidentes, lo que dejaría la puerta abierta a que los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo se conviertan en vicepresidentes.

La militarización del gobierno incrementa los riesgos de represión violenta contra cualquier tipo de oposición, lo que generaría mayores violaciones a los derechos humanos. La ampliación del control sobre los medios y las restricciones a la información dificultan la organización de movimientos opositores y perpetúan una narrativa oficialista en la opinión pública. Cualquier parecido con la realidad venezolana es solo coincidencia.

Estamos ante otra dictadura constitucional en Latinoamérica.

Vale señalar que una dictadura constitucional es un régimen en el que, a pesar de contar con una constitución formal que debería garantizar derechos y libertades, el poder se concentra en una sola persona o un pequeño grupo. Las decisiones se toman sin consulta ni participación de otros actores políticos, y las instituciones democráticas, como el parlamento y el poder judicial, están controladas para mantener el autoritarismo.

Esta deformidad del sistema político permite que la constitución pueda ser manipulada para eliminar limitaciones como la reelección y de paso, favorecer al régimen. Aunque se celebran elecciones, no son libres ni justas, y la represión de la oposición, la censura y el uso de la fuerza son comunes.

Además, se emplea la propaganda para controlar la narrativa pública, y el régimen puede implementar políticas populistas para mantener el apoyo popular, consolidando así su poder. Estas características permiten a los líderes autoritarios mantener una fachada de legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que consolidan su control sobre el país.

La comunidad internacional ha expresado en diversas oportunidades su preocupación por la deriva autoritaria del régimen de Ortega-Murillo. Las sanciones económicas y diplomáticas impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea buscan presionar al gobierno nicaragüense, aunque hasta ahora no han logrado revertir su curso autoritario, ni parece que en el futuro vaya a ser diferente.

El reto para la oposición interna y la diáspora nicaragüense es aún mayor desde hace unos días, ya que ante un régimen que controla todos los mecanismos del Estado, las posibilidades de resistencia se limitan a acciones en el ámbito internacional y al fortalecimiento de las redes de solidaridad en el exilio. A nivel interno, el control militar y mediático hace difícil prever un cambio significativo en el corto plazo.

La historia de regímenes autoritarios en América Latina sugiere que los cambios pueden ser impulsados por crisis económicas profundas, fracturas dentro del aparato estatal o movilizaciones populares masivas, En el caso de Nicaragua, esas posibilidades están cada vez más disminuidas, ante un poder casi ilimitado de la dinastía Ortega.

Al mejor estilo revolucionario, se establece la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y se instaura a los paramilitares a nivel constitucional bajo la figura de Policía Voluntaria. Por lo que se puede observar de esa reforma, se puede concluir que se trata de una reforma total (nueva Constitución) disfrazada de “reforma parcial”, ya que deroga 38 artículos de la Constitución vigente hasta hoy, y reforma otros 143 artículos de los 198 que tendría la nueva Carta Magna.

Según la legislación nicaragüense, una nueva Constitución solo se puede hacer mediante la elección de una asamblea con ese mandato expreso de los votantes: una Asamblea Constituyente. En cambio, una reforma parcial solo necesita la aprobación del Parlamento, en dos legislaturas, con el 60 por ciento de los votos de los 92 diputados en cada una. Este procedimiento pudiera ser interpretado como un autogolpe de Estado.

Otro elemento que llama la atención del cambio constitucional es que, según el texto original enviado por Ortega a la Asamblea Nacional, en el preámbulo se evocan con nombres y apellidos a unos 40 personajes, y entre los nuevos “héroes” menciona a Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez Frías, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Simón Bolívar, entre otros.

En lo que respecta a la separación de poderes, queda oficialmente abolida con el artículo 132, que establece: “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.

Asimismo, incorpora, en la nueva Constitución, la apatridia como un mecanismo de represión contra quienes se le oponen. El artículo 17 de la reforma propuesta dice: “Los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”. La gran mayoría de presos políticos han sido acusados de “traición a la patria” y, aún con las garantías constitucionales que existen hasta hoy, casi 400 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por razones políticas.

Es de hacer notar que existen diversas convenciones internacionales destinadas a prevenir y combatir la apatridia, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 15: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. También señala que nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad.

En lo que respecta a la religión, la nueva norma constitucional recoge la hostilidad con que el régimen nicaragüense trata a las iglesias, particularmente a la iglesia católica. El artículo 14 establece que, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público” y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.

Finalmente, Nicaragua dejará de ser una supuesta revolución para convertirse en un régimen dinástico al servicio exclusivo de la familia Ortega-Murillo. Este es el objetivo central de la amplia reforma constitucional aprobada en la Asamblea Nacional sandinista, que en realidad busca imponer una nueva Carta Magna diseñada para legitimar el absolutismo que recaerá sobre la «familia real» sandinista. Con estas medidas, Daniel Ortega asegura que, al faltar él, Rosario Murillo heredará el poder de forma automática, consolidando así un gobierno de carácter dinástico y perpetuando su control sobre el país.

La relación entre México y Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) estuvo marcada por tensiones, conflictos diplomáticos y una serie de políticas que afectaron la cooperación bilateral en diversas áreas. Con la proximidad de la toma de posesión de Donald Trump en un segundo ejercicio presidencial en enero próximo, la relación entre Estados Unidos y México se perfila como un terreno de tensiones renovadas y pocas oportunidades para redefinir las relaciones bilaterales.

Durante el primer mandato de Donald Trump, la relación bilateral entre Estados Unidos y México estuvo marcada por temas controvertidos, siendo la política migratoria uno de los más destacados. Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump convirtió la inmigración en un tema central, prometiendo construir un muro en la frontera para detener el flujo de inmigrantes indocumentados. Esta promesa se tradujo en una serie de políticas y acciones ejecutivas diseñadas para restringir la inmigración.

La construcción del muro fronterizo fue una de las iniciativas más emblemáticas de su administración. Aunque no se completó en su totalidad, se construyeron varios tramos nuevos y se reforzaron secciones existentes. Esta medida generó tensiones con el gobierno mexicano, que se opuso firmemente a la construcción del muro.

Además, la administración Trump implementó la política de "tolerancia cero", que resultó en la separación de miles de familias en la frontera. Esta política fue ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional, y provocó protestas y condenas de organizaciones de derechos humanos.

Las relaciones comerciales entre ambos países fueron un punto de fricción durante el primer mandato de Trump. Una de las primeras acciones fue renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994. Trump argumentó que el acuerdo perjudicaba a Estados Unidos, provocando la pérdida de empleos y el cierre de fábricas en el país.

Tras intensas negociaciones, los tres países miembros —Estados Unidos, México y Canadá— llegaron a un consenso para reemplazar el TLCAN con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). Aunque el nuevo tratado conservó muchas disposiciones del acuerdo original, incluyó cambios significativos en áreas claves, como las reglas de origen para la industria automotriz, los derechos laborales y la protección de la propiedad intelectual.

La renegociación del TLCAN y la retórica proteccionista de Trump generaron incertidumbre en la economía mexicana, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos. Es importante indicar que aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado de Estados Unidos. Esta cifra convierte a EE. UU. en el principal socio comercial de México, una relación profundamente arraigada y significativa tanto en términos económicos como geopolíticos.

La cercanía geográfica, los acuerdos comerciales como el T-MEC y los lazos industriales han sido factores clave para facilitar el flujo de mercancías entre ambos países. Sin embargo, la fuerte dependencia de México del mercado estadounidense también conlleva vulnerabilidades, ya que cualquier cambio en las políticas comerciales o en la demanda de productos en Estados Unidos puede tener un impacto significativo en la economía mexicana.

La cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico fue un componente importante de las relaciones entre Estados Unidos y México. Durante el mandato de Trump, esta cooperación continuó, aunque no sin desafíos. La administración Trump presionó a México para que intensificara sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En 2019, Trump amenazó con designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que generó preocupación en el gobierno mexicano sobre las posibles implicaciones de tal designación.

A pesar de las tensiones, ambos países continuaron colaborando en operaciones conjuntas y compartiendo información de inteligencia para combatir el tráfico de drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico. No obstante, la violencia en México siguió siendo un problema grave, y la cooperación en seguridad no siempre fue suficiente para abordar los desafíos complejos que enfrenta el país.

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México durante el primer mandato de Trump estuvieron marcadas por altibajos. La retórica de Trump hacia México y los inmigrantes mexicanos a menudo fue ofensiva y despectiva, lo que generó tensiones diplomáticas.

En resumen, la relación de México con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump fue sumamente compleja y estuvo caracterizada por tensiones políticas, económicas y sociales. Las políticas de Trump, particularmente en torno al comercio, la inmigración y la seguridad, pusieron a prueba los lazos entre ambos países. El gobierno de Peña Nieto tuvo que navegar entre la presión de un presidente estadounidense impredecible y las necesidades internas de México.

La llegada del expresidente Donald Trump de nuevo a la silla presidencial en Estados Unidos, ha encendido los focos rojos, pues un segundo mandato del candidato republicano podría implicar un cambio en las relaciones con México.

En principio, México sería el país más afectado de la región por lo que ocurra en Estados Unidos. Las razones son de toda índole: por la frontera de 3.000 kilómetros que comparten, porque es su mayor socio comercial, porque millones de familias tienen miembros en ambos países.

Donald Trump fue electo nuevo presidente de Estados Unidos, en parte, gracias a su agenda agresiva hacia México, la cual incluye altos aranceles a las importaciones desde ese país y la deportación de mexicanos indocumentados que estén en territorio estadounidense. Si bien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha querido calmar los ánimos en sus conferencias de prensa, diciendo “No hay motivo ninguno de preocupación, México siempre será un país independiente y soberano. Va a haber buena relación. No competimos entre nosotros, nos complementamos, hay mucha unidad y mucha fortaleza de la economía mexicana”.

Sin embargo, si la política migratoria es solo desalojar migrantes y si su política comercial tiene como base la puesta en práctica de un proteccionismo a ultranza, la situación de México va a estar muy comprometida. Es de hacer notar que, al conocerse el triunfo de Trump, el peso mexicano registró su peor marca en dos años, cayendo a casi 21 pesos por dólar. La pregunta es: ¿Por qué las restricciones comerciales prometidas por Trump pueden afectar el desempeño de la economía mexicana?

Por varias razones. Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos envían cada mes a sus familiares son uno de los pilares de la economía de consumo de este país: están, según cifras oficiales, entre el segundo y tercer mayor ingreso después del turismo y las ventas del petróleo. Es importante señalar que, si los migrantes mexicanos son enviados a casa, gran parte de las remesas que envían a México, 63 mil millones de dólares en 2023, se desplomaría, quitando a la economía de México una de sus fuentes más importantes de ingresos. Se estima que 11 millones de mexicanos están en Estados Unidos en situación irregular.

Esa fuente de ingresos se puede ver afectada por las deportaciones y los aranceles de Trump. Durante la campaña, el nuevo presidente señaló que piensa imponer aranceles del 25% a las importaciones de México si el país no detiene el tráfico ilegal de migrantes. También aseguró que va a sancionar la exportación de productos chinos a través de México e imponer una tarifa de 500% a los automóviles producidos por empresas chinas en México.

Según el centro de estudios Capital Economics, un arancel del 10% a los productos importados de México significaría una reducción del 1.5% del PIB mexicano. Durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, la guerra comercial con China benefició a México, ya que numerosas empresas decidieron trasladar sus fábricas desde el gigante asiático para estar más cerca de Estados Unidos, posicionándose en ese país como un destino estratégico. Esto permitió a México, en el año 2023, convertirse en el mayor exportador de bienes a Estados Unidos del mundo, en parte debido a la existencia de un Tratado de Libre Comercio que facilita el intercambio comercial entre sus miembros.

Algunos especialistas en temas comerciales mexicanos señalan que, si bien en 2020 Trump accedió a firmar el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que reemplazó al antiguo NAFTA, lo más probable es que ahora lo use como mecanismo de negociación frente a dos de sus grandes obsesiones: la batalla comercial con China y la migración. La pregunta es ¿qué tipo de proteccionismo quiere Trump?: si es concentrado en Estados Unidos, sin contemplar a Canadá y México, o si lo hace con ellos, pero evitando la triangulación con China.

El otro gran eje de la relación bilateral va a ser la migración. Trump prometió deportar un millón de migrantes indocumentados al año y dijo que va a reanudar la construcción del muro fronterizo entre los dos países. Esas promesas no son fáciles de cumplir por sus repercusiones, por un lado, son muy costosas y, por el otro, pueden afectar a la economía estadounidense, que en parte depende de la mano de obra migrante.

Respecto al tema arancelario, es importante recordar que, para evitar los aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a mantener migrantes dentro de las fronteras mexicanas, lo que logró reducir el flujo de personas que ingresaba a Estados Unidos. Es muy probable que la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, continúe con esa política.

A lo anterior se añade el complejo tema del tráfico ilegal de drogas. Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo, un potente opioide que se produce y trafica desde México. Trump prometió que va a bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Lo antes mencionado, podría depender de la relación que se establezca entre los jefes de Estado, quienes, en principio, son muy distintos: él, conservador y capitalista, ganó en parte gracias a su rechazo de lo que llama "feminismo radical"; ella, de izquierda y crítica del neoliberalismo, tiene una profunda preocupación por la causa feminista.

La relación bilateral ha pasado por todo tipo de coyunturas difíciles. En 2016 se creyó que Trump sería un problema para México y el resultado fue casi opuesto. Ahora llega un Trump distinto, quizá más ambicioso, y en México gobierna la primera mujer presidenta, una progresista y ambientalista, que goza de un notable apoyo popular. Se viene, en todo caso, otra coyuntura desafiante.

Con el T-MEC programado para revisión en 2026, el equipo liderado por el excanciller de López Obrador y hoy ministro de Finanzas, Marcelo Ebrard, deberá trabajar duro para asegurar que México mantenga su posición en el acuerdo sin ceder ante presiones que puedan afectar sus intereses.

Por otro lado, es importante destacar que, si bien es cierto que son preocupantes las amenazas proferidas por Trump durante la campaña presidencial en Estados Unidos, también lo es que el abanico de propuestas para México a partir del 20 de enero de 2025 es similar a las de su primera gestión presidencial 2017-2021, pero la diferencia radica en la forma tan radical en la que las ha venido expresando, sobre todo cuando se trata de mandar la señal a sus electores de que cumple y a México de que va a buscar un cambio en las reglas del juego.

La reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos marca un hito en las relaciones con América Latina. Su regreso al poder plantea interrogantes sobre la dirección de estos lazos, especialmente considerando las políticas controversiales de su primer mandato.

Este segundo período probablemente impactará áreas clave como la migración, el comercio y la política exterior en el hemisferio. La visión de Trump hacia América Latina ha sido de enfoque pragmático, priorizando la reducción de la inmigración ilegal y la renegociación de acuerdos comerciales que, a su juicio, perjudican la economía estadounidense. Es previsible que estas prioridades se intensifiquen, generando posiblemente más fricciones que cooperación en sus relaciones con los países de la región.

La victoria de Trump plantea desafíos para América Latina, una región históricamente influenciada por Estados Unidos, que continúa siendo su mayor inversor extranjero. Aunque en años recientes Washington ha puesto mayor énfasis en otras zonas geopolíticas, como el Medio Oriente y el Indo-Pacífico, y en enfrentar la influencia global de actores como Vladimir Putin y Xi Jinping. El triunfo de Trump ha encendido las alarmas en América Latina. 

La región anticipa cambios en áreas críticas como las relaciones bilaterales, el comercio, la política migratoria y la seguridad. Países como México, Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia y El Salvador se preparan para posibles repercusiones económicas y políticas que podrían reconfigurar sus vínculos con Washington.

Para América Latina, el retorno de Trump a la Casa Blanca representa incertidumbre, con su visión de reindustrialización y enfoque interno, porque podría debilitar las relaciones históricas entre Estados Unidos y la región. Un posible giro hacia políticas proteccionistas en EE.UU. podría no solo derivar en inflación interna, sino también en tensiones con sus socios comerciales regionales. 

En la medida que Trump implemente su "America First" de manera más agresiva, el diálogo bilateral podría reducirse a la problemática migratoria, así como el crimen organizado y las drogas, solamente. Esto podría hacer que la región pierda interés estratégico en Washington e incluso entre los votantes hispanos en EE.UU.

Con un Congreso favorable y una Corte Suprema alineada con los valores republicanos, Trump podría tener mayor libertad para avanzar en su agenda, lo cual genera preocupación tanto a nivel interno como en los gobiernos latinoamericanos. Existe el temor que algunos avances, en derechos humanos, políticas migratorias y cooperación económica, se vean comprometidos. 

En particular, México estará en el centro de atención de Trump en temas como migración, drogas, comercio y el nearshoring chino en México. Pese a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando calmar las expectativas, se anticipa una relación difícil. Trump ha propuesto imponer un arancel del 10% a todas las exportaciones mexicanas a EE.UU., lo que podría afectar el PIB de México en un 1.5%.

Trump busca evitar que China traslade la producción de autos eléctricos a México, ya que el T-MEC permite que empresas automotrices extranjeras en México o Canadá exporten a EE.UU. con mínimos impuestos si cumplen requisitos de contenido local. En respuesta a esa propuesta es que Elon Musk anunció que esperaría los resultados electorales para decidir si construirá una planta de Tesla en Nuevo León, con una inversión prevista de $4,500 millones de dólares y la producción de un millón de autos al año.

En el sur, las reacciones ante el triunfo de Trump son variadas. Desde el entusiasmo de figuras como Javier Milei en Argentina y la oposición brasileña de Jair Bolsonaro, hasta la cautela de Gabriel Boric en Chile y la oferta de diálogo de Nicolás Maduro, quien comentó: “Así como su lema es ‘Make America Great Again’, diría que nuestro lema es ‘hacer grande a una Venezuela unida y una América Latina y el Caribe’”. Estos posicionamientos reflejan la expectativa de una administración "Trump 2.0", que se prevé más radical, especialmente en migración, comercio, China y drogas, con una preferencia por amenazas y sanciones en su política exterior.

Hace ocho años, Trump ganó la presidencia amenazando con deportar a millones de indocumentados, algo que no llegó a realizar debido a las advertencias de sus asesores. En esta ocasión, ha declarado que se rodeará de asesores leales que no detendrán sus planes. Muchos se preguntan cuál será su estrategia hacia Venezuela tras haber reconocido en su primer mandato a Juan Guaidó como presidente legítimo, sin éxito. Esta vez, Trump podría optar por un enfoque menos confrontativo y buscar oportunidades de negocio en el país, dado su perfil empresarial y los recursos de Venezuela que podrían interesar a EE.UU.

Con respecto a Cuba, se espera que continúe el statu quo, ya que su política hacia la isla es ya bastante restrictiva y no parece haber incentivos para un cambio significativo. Otros líderes de izquierda en la región, como Lula en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, quienes mantuvieron diálogo con Biden, probablemente no verán grandes cambios en sus relaciones, aunque un acercamiento de Trump a Bolsonaro podría generar cierta distancia con Brasil. La colaboración en temas como el narcotráfico, fundamental para Colombia, también debería mantenerse bajo Trump.

Presidentes como Nayib Bukele y Javier Milei han mostrado simpatía por Trump y esperan una cooperación más estrecha en temas de seguridad y economía. En El Salvador, la preocupación por posibles deportaciones masivas es alta, ya que millones de salvadoreños en EE.UU. contribuyen con remesas vitales para la economía del país. Vale señalar que las remesas provenientes de Estados Unidos representan el motor económico principal del país. En el período de enero a julio de 2024, El Salvador recibió 4.756 millones de dólares en remesas, un aumento interanual inferior al 1% respecto al mismo período de 2023.

Ecuador, bajo el presidente Daniel Noboa, mantiene una estrecha cooperación en seguridad con EE.UU., y es probable que la colaboración contra el crimen transnacional aumente bajo Trump si la reforma constitucional en Ecuador permite bases militares extranjeras.

Aunque América Latina no será la prioridad de Trump, es posible que privilegie las relaciones con gobiernos conservadores como los de Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Santiago Peña en Paraguay. Por otro lado, Uruguay y Perú mantendrán una relación estable con EE.UU., aunque en este último la construcción del Megapuerto de Chancay, financiado por China, podría aumentar la influencia de Pekín en la región, lo que ha causado preocupación en Washington.

Nos guste o no, el regreso de Trump a la Casa Blanca implica un cambio en la dinámica con América Latina, por lo que ese regreso a la Casa Blanca no puede ser ignorado.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre representa un momento decisivo en la historia política de Estados Unidos, con profundas implicaciones para la democracia y la estabilidad del país. 

Este triunfo, aunque celebrado por varios sectores, ha generado una marcada polarización en la sociedad estadounidense y una sensación de incertidumbre respecto a las instituciones democráticas que hasta ahora han sostenido la cohesión social y política del país. Para sus seguidores, su elección simboliza una ruptura con la clase política tradicional y una oportunidad de devolver el poder a una parte de la sociedad estadounidense que se siente relegada y poco representada por el sistema. 

Sin embargo, para sus críticos, la academia y defensores de los derechos civiles, el ascenso de Trump plantea una seria amenaza a los valores democráticos fundamentales, suscitando temores sobre el posible debilitamiento de las instituciones y el sistema de checks and balances.

Uno de los puntos de mayor controversia en torno al triunfo de Trump es su estilo populista y confrontativo, que ha generado tanto admiración como preocupación en diversos sectores. Al proyectarse como un líder ajeno al "establishment" político, Trump consiguió conectar con aquellos que sienten que las instituciones democráticas y los mecanismos de representación ya no responden a sus necesidades. 

Sus promesas de “drenar el pantano” y de luchar contra la corrupción en Washington resonaron especialmente en zonas económicamente deprimidas y entre ciudadanos que han perdido la fe en la clase política. Este enfoque, que representa una apuesta por un cambio radical, ha permitido a Trump ganar la lealtad de un electorado frustrado y ansioso por un liderazgo fuerte, prometiendo mejorar sus vidas mediante un populismo económico y una retórica conservadora que apela a valores tradicionales. 

Sin embargo, el éxito de esta narrativa se pondrá a prueba en el corto plazo, y muchos expertos opinan que las políticas que ha propuesto, como las deportaciones masivas y el aumento de aranceles, podrían tener efectos contraproducentes para las mismas personas que impulsaron su victoria.

La retórica de Trump tiende a cuestionar y desacreditar las instituciones y los procesos de rendición de cuentas que tradicionalmente han sido el sustento de la democracia estadounidense. Además, la implementación de sus políticas económicas y migratorias podría terminar afectando tanto a la estabilidad económica de ciertas áreas como al equilibrio de poderes que es esencial para el funcionamiento del gobierno. La relación de Trump con los medios de comunicación y su trato hacia las minorías y la inmigración representan otros puntos de fricción que plantean serios desafíos para la democracia estadounidense. Desde su primer mandato, Trump ha adoptado una postura agresiva hacia la prensa, a la cual ha llegado a calificar como "enemiga del pueblo" cuando se le cuestionan sus acciones. Este enfoque ha generado un ambiente hostil hacia los medios, que son una de las herramientas más efectivas de control al poder en una democracia.

Asimismo, su retórica hacia los inmigrantes y las minorías ha acentuado las divisiones en la sociedad estadounidense, poniendo en tela de juicio la inclusión y la equidad, que son valores fundamentales en una democracia diversa como la de Estados Unidos. Con su insistencia en un discurso que tiende a estigmatizar a estos grupos, Trump ha profundizado las brechas sociales y ha fomentado un clima de desconfianza hacia la diversidad cultural, en un momento en que Estados Unidos enfrenta importantes retos de cohesión social.

Los analistas temen que esta tendencia hacia el autoritarismo se intensifique y que el poder presidencial se utilice para socavar aún más los contrapesos institucionales que han sido el pilar de la democracia estadounidense.

A nivel internacional, el impacto del triunfo de Trump en la política exterior de Estados Unidos se reflejará en varias áreas prioritarias, especialmente en las relaciones con Oriente Próximo y en la postura frente a la guerra en Ucrania. La situación en Oriente Próximo se ha vuelto crítica, con el conflicto entre Israel y Hamás, Hezbolá e Irán desatando una catástrofe en Gaza, donde se contabilizan ya más de 42,000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, en una franja que ha sido devastada por los enfrentamientos. Además, la guerra se ha extendido al Líbano, donde las fuerzas israelíes han invadido el sur del país, incrementando las tensiones en toda la región.

Trump se ha autoproclamado “protector de Israel” y ha respaldado al primer ministro Benjamín Netanyahu, instándolo a obtener una victoria rápida y a restablecer la normalidad en la región. En una reciente entrevista con la televisora saudita Al Arabiya, Trump aseguró que logrará la paz en Medio Oriente "pronto," lo cual sugiere una expansión de los Acuerdos de Abraham que él mismo impulsó en 2020, para integrar a más países árabes en un pacto de normalización con Israel, aunque estos acuerdos han sido duramente criticados por omitir la causa palestina, tradicionalmente un punto de fricción en las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes.

En cuanto a la guerra en Ucrania, Trump ha manifestado en varias ocasiones que Kiev debió haber hecho concesiones a Moscú para evitar el conflicto y ha calificado el apoyo militar y económico de Estados Unidos a Ucrania como excesivo. Esta postura ha generado tensiones en el seno de la OTAN y entre los aliados europeos de Estados Unidos, que consideran fundamental mantener un apoyo sostenido a Ucrania para evitar el avance de las ambiciones territoriales de Rusia. Los críticos de Trump temen que su enfoque favorezca al presidente ruso Vladímir Putin, permitiéndole consolidar su influencia en la región y debilitando a Ucrania en un conflicto que ya ha causado miles de muertes y una grave crisis humanitaria. Trump ha prometido resolver el conflicto en “24 horas” mediante un acuerdo negociado con Rusia, aunque este compromiso ha sido recibido con escepticismo por parte de expertos y líderes internacionales.

Respecto a los socios europeos de EE.UU. les preocupa el regreso de Trump a la presidencia. Rose Gottemoeller, ex vicesecretaria general de la OTAN, en una entrevista de prensa con la BBC de Londres señalo: “No puedo edulcorar estas advertencias. Donald Trump es la pesadilla de Europa, y su amenaza de retirarse de la OTAN resuena en los oídos de todo el mundo”. Una de los mayores preocupaciones de los europeos se relacionan con la guerra en Ucrania.

Además, el nuevo gobierno de Estados Unidos deberá abordar una de las prioridades más críticas en su política exterior: la rivalidad con China, una potencia en auge cuyo peso geopolítico sigue expandiéndose a nivel global. Esta competencia abarca áreas clave, como el comercio, la tecnología y la influencia diplomática en regiones estratégicas. Para Washington, mantener una posición fuerte frente a China es crucial para salvaguardar no solo su posición económica, sino también su rol como líder en el orden mundial.

En este contexto, el futuro de Taiwán cobra particular importancia. Esta isla, que se autogobierna y mantiene una estrecha alianza con Estados Unidos, representa un punto delicado en las relaciones sino-estadounidenses. Pekín la considera una parte inalienable de su territorio y ha dejado claro que cualquier avance hacia la independencia tendrá serias repercusiones. A medida que Estados Unidos refuerza su apoyo a Taiwán, las tensiones con China se intensificaran, requiriendo una diplomacia cuidadosa para evitar un conflicto mayor en la región.

Ciertamente, la victoria de Trump podría alterar profundamente la dinámica geopolítica global debido a su enfoque aislacionista, resumido en su lema “Estados Unidos primero”. Su propuesta incluye aplicar altos aranceles recíprocos a las importaciones, igualando las tarifas que sus socios comerciales imponen a productos estadounidenses. Esto se traduce en un potencial aumento de los aranceles sobre las importaciones, con un rango de entre el 10% y 20% de forma generalizada, y un arancel específico del 60% para productos de China, junto con un 100% para automóviles mexicanos.

Estas medidas, podrían reducir significativamente el comercio con China y provocar represalias comerciales por parte de la Unión Europea. De cumplirse, estas políticas probablemente nos llevarían a una confrontación comercial global, afectando tanto la economía estadounidense como las relaciones con sus principales socios comerciales.

Para América Latina, la elección de Trump podría significar un regreso a políticas migratorias restrictivas y una línea dura hacia regímenes autoritarios en la región. En temas de migración, Trump ha propuesto medidas de control fronterizo más severas y una reducción en las facilidades para la solicitud de asilo, lo cual podría tener un impacto considerable en los flujos de migrantes latinoamericanos que buscan oportunidades en Estados Unidos. Estas políticas, además de afectar a miles de familias, podrían tensar las relaciones diplomáticas con países como México, Honduras y Guatemala, que verán un incremento en los problemas humanitarios en sus fronteras y una posible disminución de los recursos disponibles para abordar las causas profundas de la migración.

De cara a un nuevo mandato, Trump prometió expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la "mayor deportación" de la historia de Estados Unidos. Según las estimaciones del centro de estudios Pew, para 2022 había en EE.UU. unos 11 millones de migrantes indocumentados. 

Numerosos expertos han alertado de que una deportación masiva de migrantes sería costosa y difícil de acometer, además de que podría tener efectos negativos sobre ciertas áreas de la economía en las que la mano de obra indocumentada juega un papel clave. Según estimaciones hechas por la organización FWD.US, en EE.UU. había durante la pandemia 5,2 millones de indocumentados en trabajos esenciales. Esto incluye en torno a 1,7 millones de personas que trabajaban en toda la cadena de producción y comercialización de alimentos.

Los indocumentados representan en torno a 17% de los trabajadores agrícolas y 13% del sector de la construcción, según el estudio del centro Pew de 2022. El presidente electo también plantea tomar otras medidas como restablecer la política que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que sus peticiones sean aprobadas y eliminar el derecho a la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos.

En lo que respecta a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Trump ha mantenido una postura de presión máxima, aplicando sanciones económicas a estos gobiernos y restringiendo las relaciones diplomáticas. Con su regreso a la presidencia, es previsible que esta línea se mantenga, limitando la posibilidad de diálogos constructivos con estas naciones y aumentando el aislamiento de estos gobiernos en el contexto internacional. Los defensores de esta postura argumentan que es una manera de mantener la presión sobre los regímenes autoritarios, mientras que sus detractores creen que estas medidas solo fortalecen a los gobernantes de estos países al otorgarles un enemigo externo al que culpar de sus propios fracasos.

En términos económicos, el enfoque de Trump también representa un desafío para América Latina. Al preferir una política proteccionista y reacia a nuevos acuerdos de libre comercio, las oportunidades de la región para acceder al mercado estadounidense podrían verse limitadas, especialmente para países como México y los de Centroamérica, que dependen en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos. La posibilidad de que Trump imponga mayores barreras arancelarias y restricciones en manufactura plantea un reto considerable para las economías de la región, que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia y que necesitan estabilidad en el comercio exterior para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza.

Finalmente, el regreso de Trump a la Casa Blanca trae consigo un contexto político doméstico complejo, en el que enfrentará una oposición debilitada y un Congreso con mayoría republicana que probablemente respalde su agenda de forma incondicional. Esta elección inaugura una era de incertidumbre para Estados Unidos y su papel en el mundo, en un momento en que la democracia se enfrenta a desafíos tanto internos como externos que pondrán a prueba la resiliencia del sistema político estadounidense.

La elección presidencial de Estados Unidos en 2024 es uno de los eventos políticos más trascendentales de la última década, tanto por su impacto en la política nacional como por sus implicaciones en el escenario internacional. Esta elección tiene el potencial de transformar profundamente las políticas internas de Estados Unidos en temas económicos, sociales y climáticos, así como su papel en el equilibrio de poder global.

Ciertamente, la campaña más inusual de las últimas décadas llega a su fin. Tras numerosos giros inesperados, los estadounidenses acudirán este martes 5 de noviembre a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Cada cuatro años, Estados Unidos celebra un evento que marca el inicio de una nueva administración: el Día de la Inauguración Presidencial. Esta jornada, que ha sido testigo de discursos históricos y juramentos memorables, representa el momento en que el presidente electo asume oficialmente el cargo. Este año, la ceremonia podría marcar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca o el ascenso de Kamala Harris, quien pasaría a la historia del país como la primera mujer en ocupar la presidencia.

Sin embargo, esta ceremonia va más allá de un cambio de liderazgo. El rumbo de Estados Unidos y del mundo dependerá de si Donald Trump o Kamala Harris asumen el cargo el 20 de enero, como establece la Constitución. Intelectuales importantes del país se han pronunciado acerca del futuro de la democracia estadounidense, el equilibrio geopolítico global, incluidas las guerras en Ucrania, Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico, las relaciones comerciales internacionales y muchos otros temas cruciales dependen del resultado de esta votación.

Internamente, la economía es un aspecto clave que preocupa a la mayoría de los votantes estadounidenses y que representa un gran desafío para la administración entrante. En la última década, Estados Unidos ha experimentado oscilaciones en su estabilidad económica, impulsadas por la crisis financiera de 2008, la pandemia de COVID-19 y, en los últimos años, un incremento en el costo de vida. Estos desafíos han afectado a la población en su conjunto, generando ansiedad y ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas estructurales en varios sectores. La elección de 2024 definirá qué tipo de enfoque económico tomará el próximo presidente y qué políticas se implementarán para abordar estos problemas. En función del resultado, Estados Unidos podría optar por un enfoque progresista que podría incluir más medidas de apoyo a las clases trabajadoras, tales como el aumento del salario mínimo, la expansión de programas de asistencia social y la regulación de industrias. Este tipo de políticas podría aliviar algunas de las presiones económicas que enfrentan las familias de clase media y baja, especialmente en un momento en el que el costo de vida ha aumentado significativamente.

Por otro lado, una política económica conservadora, que promueva la desregulación del mercado y reduzca el gasto en programas sociales, podría beneficiar a sectores de la economía más orientados al mercado, pero también podría aumentar las desigualdades sociales y económicas en el país. Este dilema entre un enfoque progresista y uno conservador es crucial, ya que cada elección puede representar un giro radical en la dirección que tomará la economía estadounidense.

Otro aspecto crucial que influirá en esta elección es la situación de los derechos civiles y las políticas sociales en Estados Unidos. En los últimos años, el país ha enfrentado una intensificación en las tensiones en torno a temas sociales como el derecho al aborto, el control de armas, los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la justicia racial. Estos temas no solo reflejan una división ideológica profunda entre los votantes, sino que también afectan directamente la calidad de vida y los derechos de millones de personas. El próximo presidente tendrá la capacidad de influir en la dirección que tomen estas políticas, ya sea apoyando la expansión de derechos y libertades individuales o bien limitándolos en función de una agenda más conservadora.

Además, la elección del próximo presidente podría influir en las futuras decisiones de la Corte Suprema, ya que el presidente tiene la autoridad para nominar jueces, lo cual afecta directamente la legislación sobre estos temas y otros relacionados con los derechos fundamentales. La polarización en torno a estos temas ha creado un ambiente donde las elecciones no solo son sobre políticas, sino sobre valores fundamentales que dan forma a la identidad nacional. La retórica en torno a estos asuntos ha llegado a ser tan intensa que cualquier decisión política puede generar reacciones extremas tanto en los defensores de los derechos como en aquellos que abogan por la restricción de estos.

El manejo del cambio climático y la política energética son otros puntos de alta relevancia para los votantes y para el futuro del país. No se puede olvidar que Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y las políticas que adopte en este ámbito tendrán repercusiones significativas tanto en la economía nacional como en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.

Durante la actual administración, se han implementado medidas para reducir las emisiones de carbono, promover el uso de energías renovables y cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París. Sin embargo, la elección de un presidente con una postura menos comprometida con el cambio climático podría desacelerar estos esfuerzos y priorizar la industria energética tradicional, especialmente el petróleo y el gas.

Esta elección representa, en muchos aspectos, una encrucijada para la política climática de Estados Unidos: el país puede optar por liderar la transición hacia una economía de bajas emisiones o por priorizar los intereses económicos a corto plazo de las industrias fósiles. Esta decisión afectará no solo a la población estadounidense, sino también a la comunidad internacional, que observa de cerca el papel de Estados Unidos en la lucha contra el calentamiento global.

El tema de la inmigración y la seguridad fronteriza es otro punto fundamental en esta elección. Estados Unidos es un país de inmigrantes, y la diversidad de su población es uno de sus rasgos más distintivos. Sin embargo, la inmigración es un tema controvertido, especialmente en un momento en el que la seguridad fronteriza y las políticas de asilo están en el centro del debate nacional. La administración actual ha adoptado un enfoque mixto en temas de inmigración, buscando un balance entre la protección de la frontera y el respeto por los derechos de los inmigrantes.

Dependiendo del resultado de la elección, el país podría optar por políticas de inmigración más inclusivas y orientadas hacia la integración de los inmigrantes o, por el contrario, por una postura más restrictiva y agresiva.

Las políticas de inmigración no solo afectan a los inmigrantes y sus familias, sino también a la economía y la cohesión social de Estados Unidos, ya que millones de inmigrantes contribuyen activamente a la economía del país. Además, la elección de un presidente con una postura más dura en temas migratorios podría afectar las relaciones de Estados Unidos con los países vecinos, especialmente con México, y generar tensiones diplomáticas.

En el ámbito internacional, las elecciones estadounidenses son seguidas de cerca por la comunidad global, ya que las decisiones de Estados Unidos afectan la estabilidad y el equilibrio de poder a nivel mundial. Estados Unidos es una potencia global con un rol crucial en la definición de políticas y en la resolución de conflictos internacionales. La elección de un presidente que priorice el multilateralismo y la cooperación internacional podría fortalecer las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales en Europa, Asia y América Latina.

Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 serán un momento crucial con importantes implicaciones para los mercados globales. Según el Banco Mundial, la economía estadounidense, con un producto interno bruto que supera los 25 billones de dólares, representa casi una cuarta parte de la economía mundial. Este peso económico hace que las decisiones políticas estadounidenses tengan un efecto dominó en los mercados financieros del mundo, un hecho que no pasa desapercibido para los operadores y los gobiernos.

En un momento de tensión global, con la guerra en Ucrania, las crecientes tensiones con China y los conflictos en Medio Oriente, un liderazgo estadounidense que promueva la diplomacia y la cooperación sería esencial para la estabilidad mundial. Sin embargo, un enfoque más aislacionista podría debilitar las alianzas internacionales y generar una falta de coordinación en la resolución de conflictos, lo cual afectaría negativamente la estabilidad global. La política comercial de Estados Unidos también es un tema de interés en esta elección. Las decisiones que tome el próximo presidente en términos de aranceles, acuerdos comerciales y regulación económica afectarán no solo a la economía estadounidense, sino también a las economías de otros países.

La elección de un presidente que apoye el libre comercio podría fomentar relaciones comerciales beneficiosas y fortalecer la economía mundial. En contraste, una política proteccionista podría generar tensiones comerciales con socios estratégicos y afectar la estabilidad de los mercados internacionales.

Finalmente, la elección presidencial de Estados Unidos en 2024, es una decisión sobre el rumbo que tomará la nación en temas que afectan tanto a sus ciudadanos como a la comunidad global. La dirección que tome Estados Unidos en áreas como la economía, los derechos civiles, la inmigración, el cambio climático y la política exterior tendrá consecuencias de gran alcance en la vida de millones de personas y en la estabilidad global.

Por lo tanto, esta elección no es solo un asunto interno sino un evento de carácter global con implicaciones de largo alcance para la estabilidad económica, la dinámica comercial y la geopolítica.

Abraham Lincoln, en una de sus citas, decía: “Las elecciones pertenecen al pueblo. Es su decisión. Si deciden dar la espalda al fuego y quemarse el trasero, entonces tendrán que sentarse sobre sus ampollas”. El problema es que esas ampollas pudieran reventar en otras regiones del planeta.

En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos armados trascienden fronteras, generando implicaciones que van más allá de los territorios directamente involucrados. La guerra en Ucrania, que estalló en 2022, ha sido un punto focal de tensiones geopolíticas en Europa, pero también ha despertado el interés de naciones fuera de la región, incluyendo Corea del Norte.

Este país, históricamente aislado y con una agenda militarista, ha encontrado en la invasión de Rusia a Ucrania una oportunidad no solo para consolidar su posición en el escenario internacional, sino para impulsar su objetivo de convertirse en una potencia nuclear y poner en jaque a su histórico enemigo: Corea del Sur.

La participación de Corea del Norte en la guerra no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia más amplia que busca desafiar el orden internacional establecido. Desde el inicio del conflicto, Corea del Norte ha ofrecido apoyo a Rusia, tanto en términos de declaraciones políticas como mediante el suministro de armamento. Es importante destacar que la relación entre Rusia y Corea del Norte no es nueva; se remonta a la fundación de ese país en 1948. Tras la II Guerra Mundial, el régimen de Joseph Stalin respaldó a Kim Il-sung, abuelo del actual líder, ayudándolo a establecer un sistema político similar al de la URSS, el JUCHE, pero adaptado a la cultura y tradiciones coreanas. 

Moscú apoyó a su aliado durante la Guerra de Corea (1950-1953) y, en las décadas siguientes, junto con China, se convirtieron en defensores del régimen de la dinastía Kim, proporcionándole generosos recursos económicos y materiales.

No obstante, las relaciones entre Pyongyang y Moscú se deterioraron tras el colapso de la Unión Soviética. En el actual escenario bélico, esas relaciones han cobrado particular relevancia tras la firma, hace tan solo seis meses, de un "Acuerdo de Asociación Estratégica Global", que reafirma el compromiso de ambos países de cooperar en áreas estratégicas, incluyendo la defensa y el intercambio de recursos militares. Este pacto, además incluye un acuerdo de defensa mutua que prevé asistencia militar en caso de que uno de los dos países sea atacado por un tercero. Su artículo 4 establece que: "si una de las partes se encuentra en guerra debido a un ataque armado de uno o más Estados, la otra parte le prestará inmediatamente asistencia militar, por todos los medios a su alcance, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes de la República Popular de Corea del Norte y de la Federación Rusa".

Lo lamentable es que uno de los firmantes es un agresor histórico, no el agredido. Pero más grave aún es que establece que el acuerdo está conforme con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Según esa interpretación, pueden actuar a su antojo en el ámbito del derecho internacional, sin que haya forma de detener su agresión. Vale señalar que el resto de los países miembros del devaluado organismo internacional no se ha dado por aludido con el pacto de agresión firmado por esos dos países. 

Ciertamente, el mensaje que los habitantes de este planeta estamos recibiendo, no es positivo y explicaría el porqué de la delicada situación en Medio Oriente, Asia, África y América Latina. Es un tema que merece ser reflexionado.

Si bien este acuerdo se enmarca en un contexto de creciente aislamiento internacional de Rusia debido a las sanciones impuestas por Occidente tras su invasión a Ucrania, también es cierto que, para Corea del Norte, fortalecer la alianza con Moscú representa una oportunidad no solo de recibir apoyo militar y económico, sino también de elevar su perfil internacional y desafiar la influencia de Estados Unidos y sus aliados en la región. 

Las disposiciones del acuerdo permiten a Corea del Norte acceder a tecnología militar rusa, lo que podría tener implicaciones profundas en su capacidad bélica, maximizando sus beneficios en un entorno global incierto. Esto plantea interrogantes sobre el impacto de su participación en la estabilidad regional y global.

Así mismo sugiere, que los aliados de Corea del Sur, especialmente Estados Unidos, podrían verse obligados a intensificar su presencia militar en la península coreana, incluyendo el despliegue de sistemas de defensa sofisticados y el incremento de la presencia militar en la región, agudizando las tensiones ya existentes. A nivel interno, en Corea del Sur, el impacto también podría ser significativo. Un aumento en la percepción de amenaza provocaría un cambio en las prioridades políticas, enfocándose más en la defensa y la seguridad nacional, lo que podría llevar a una postura más militarista y menos abierta al diálogo con el Norte.

El rol de China en esta dinámica no debería subestimarse, ya que, como principal aliado y benefactor económico de Corea del Norte, podría desempeñar un papel importante tanto en moderar las acciones de Pyongyang o, por el contrario, respaldar sus decisiones, dependiendo de cómo evolucione la situación. Las relaciones entre China, las dos Coreas y otros actores internacionales podrían volverse aún más complejas, afectando la estabilidad geopolítica en la región de Asia-Pacífico.

Cabe señalar que la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte no solo prolonga el conflicto en Ucrania, sino que también establece un precedente peligroso para futuras alianzas entre regímenes autoritarios. Este escenario genera serias preocupaciones sobre la estabilidad y la seguridad global en los años venideros.

A lo interno de Corea del Norte, el escenario es aún más incierto. El exdiplomático norcoreano Ri Il-kyu, que desertó a Corea del Sur, ofrece una visión alarmante del régimen de Kim Jong-un en una reciente entrevista con la BBC, asegura que el jefe de la dinastía Kim está intensificando su control y terror debido a la creciente deslealtad entre la élite, a medida que muchos comienzan a cuestionar su autoridad. Asimismo, sostiene que el régimen de Corea del Norte nunca abandonará sus armas nucleares, aunque podría buscar acuerdos engañosos para congelar su programa a cambio de un alivio de sanciones.

En cuanto a las relaciones entre Corea del Norte y Rusia, Ri considera que el conflicto en Ucrania ha beneficiado a Pyongyang, permitiéndole avanzar en su desarrollo militar. En esa misma entrevista, aseguró que "Kim Jong-Un es muy consciente de que la lealtad está menguando y por eso está intensificando su régimen de terror", además del descontento popular que está en aumento, enfatizando que la vigilancia del régimen es demasiado eficiente como para que se produzca un cambio inmediato.

Responder a esta alianza no será sencillo. La relación entre Rusia y Corea del Norte evidencia que las sanciones económicas, aunque poderosas, no siempre logran aislar por completo a los regímenes autoritarios. Ambos países, enfrentando un aislamiento similar, han demostrado que pueden apoyarse mutuamente para resistir la presión internacional.

Dentro de la Comisión Europea y la OTAN, se han expresado crecientes preocupaciones por el apoyo de Corea del Norte a Rusia en la guerra de Ucrania. Si bien las declaraciones son cautelosas, señalan que la intervención norcoreana podría representar una "escalada grave" y un peligro significativo para la estabilidad mundial. Uno de los actores más afectados en este escenario ha sido la ONU, que parece más a la deriva que nunca, incapaz de responder a crisis que van desde los estallidos de violencia en Sudán y Nagorno-Karabaj hasta el golpe de Estado en Níger. Ya en septiembre de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en la reunión anual de la Asamblea General que se avecinaba una "gran fractura" en el sistema de gobernanza global.

La guerra entre Israel y Hamás amenaza con dar el golpe de gracia a la credibilidad de la ONU en su capacidad de responder a las crisis. Pronto, los gobiernos nacionales y los funcionarios de la ONU tendrán que enfrentar la cuestión de cómo puede contribuir la ONU a la paz y la seguridad en un momento en que los puntos en común entre las grandes potencias se reducen día a día. Desde el fin de la Guerra Fría, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil han pedido a la ONU que se ocupe de los conflictos grandes y pequeños como una cuestión de costumbre, pero ahora la institución parece estar chocando con sus limitaciones geopolíticas.

En 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, que tuvo como resultado la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque las fuerzas bajo mando ruso y ucraniano son las únicas que luchan sobre el terreno, la guerra ha transformado la geopolítica al involucrar a docenas de otros países. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han ofrecido un apoyo financiero y material sin precedentes a Ucrania, mientras que China, Irán y Corea del Norte han ayudado a Rusia de manera crucial. 

Menos de dos años después de la invasión rusa, Hamás llevó a cabo su brutal ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel, provocando un ataque israelí altamente letal y destructivo contra Gaza. El conflicto rápidamente se amplió hasta convertirse en un asunto regional complejo, que involucra a múltiples estados y una serie de actores no estatales.

Tanto en Ucrania como en Oriente Próximo, lo que ha quedado claro es que el alcance relativamente estrecho que definía la guerra durante la era posterior al 11 de septiembre se ha ampliado drásticamente, se podría afirmar que ha terminado una era de guerra limitada y ha comenzado otra era de conflicto integral.

En octubre de 2019, Chile vivió un estallido social que marcó un antes y un después en su historia contemporánea. Las manifestaciones, que inicialmente surgieron como respuesta a un aumento en el precio del metro, se transformaron rápidamente en un clamor colectivo por justicia social y cambios estructurales.

Sin embargo, a cinco años de esos intensos días de protesta, la situación actual refleja una profunda decepción para los chilenos. A pesar de los sacrificios humanos y las promesas de transformación y dos rechazos a propuestas de nueva constitución han dejado a muchos sintiéndose estancados y frustrados.

No es mi intención hacer juicios de valor sobre lo alcanzado hasta ahora, pero considero importante llevar a cabo una evaluación reflexiva de los cambios que ha experimentado Chile en este tiempo. Si bien se han registrado algunos avances, es esencial reconocer que las demandas de la ciudadanía, planteadas hace cinco años, siguen presentes en la agenda diaria de los chilenos.

La esperanza inicial de que los reclamos sociales encontrarían cauce en las instituciones existentes ha dado paso a una creciente desconfianza, producto de la falta de resultados tangibles. En este contexto, la pandemia y la crisis económica han complicado el panorama, dificultando aún más la materialización de las expectativas generadas por las manifestaciones. La respuesta del gobierno ante estos desafíos ha sido criticada, y muchos ciudadanos sienten que sus necesidades no han sido atendidas, lo que agrava el sentimiento de desilusión.

El proceso de redacción de una nueva constitución, que fue visto como un paso previo a una mayor inclusión y representatividad, ha resultado en tensiones políticas y una polarización social que ha minado la confianza en el sistema democrático. Además, las expectativas de un futuro más equitativo se han enfrentado a la realidad de un sistema que muchos consideran obsoleto y que no ha logrado adaptarse a las demandas de la sociedad actual.

Tengo la impresión de que la interpretación del gobierno de Boric acerca de las demandas de la gente que salió a protestar en octubre de 2019 fue errónea, enfocándose únicamente en intentar crear una nueva constitución que reemplazara la dejada por el General Pinochet, antes de abordar las deudas sociales del país con sus habitantes.

Pero ¿cuáles son esas «deudas sociales» que reclama parte de la sociedad chilena? Un nuevo sistema de pensiones, salud y protección social, transporte público: un problema sin resolver, privatización del agua, educación y movilidad social, además de abusos y corrupción. Creo que para alcanzar esas metas son necesarias políticas públicas dirigidas a establecer un estado de bienestar aceptable.

Tras estos cinco años, Chile se mantiene como uno de los países más caros de América Latina, y las dos propuestas para reemplazar la Carta Magna fracasaron en plebiscitos populares. Con una pandemia de por medio y una severa crisis de seguridad, los chilenos ahora les restan importancia a las manifestaciones; la mitad de los casi 20 millones de habitantes del país considera que el estallido fue negativo para Chile.

El número de asistentes a los pocos actos que se realizaron para recordar “la marcha más grande de Chile” contrastó con los dos millones que marcharon en octubre de 2019. De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos, una fundación privada sin fines de lucro, en diciembre de 2019 un 55% de los chilenos decía haber apoyado las manifestaciones, mientras que hoy esa cifra apenas alcanza el 23%. La mitad de los entrevistados (50%) considera que el estallido fue “malo o muy malo”, mientras que un 30% lo ve como “regular”. Solo el 19% afirma que tuvo un resultado “bueno o muy bueno”.

Según esa misma institución, las principales demandas de 2019: acceso a la salud y mejora de las pensiones han pasado a ocupar un segundo plano en el debate público, dando paso a preocupaciones como la inseguridad, señalada como la prioridad número 1 por el 70% de los encuestados en una encuesta de la firma Cadem. Las encuestas de aquellos tiempos, como la elaborada por el CEP y publicada a finales de ese mismo año, reflejaron mejor las demandas de los chilenos: pensiones, salud, educación y salarios. Hoy, el orden de prioridades ha cambiado, y la versión de mediados de 2024 del mismo estudio muestra una población que cree que el Gobierno de Gabriel Boric debería centrarse en solucionar la crisis de inseguridad, seguida por la salud, pensiones y educación.

Es decir, las causas estructurales del malestar social siguen vigentes, sobre todo la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal y como lo expresó el Dr. Jan Jarab, jefe de ONU Derechos Humanos para América del Sur.

Es evidente que ni la derecha durante sus gobiernos, ni la izquierda en el poder han logrado abordar de manera efectiva la profunda crisis que atraviesa Chile desde el estallido social. Esta crisis, lejos de atenuarse, se ha intensificado con nuevos factores y desafíos.

Los intentos de canalizar las demandas ciudadanas a través de un proceso constituyente, que fracasó en dos oportunidades, no han revertido la situación. Asimismo, la llegada del actual gobierno, con su ambiciosa agenda de reformas estructurales, posteriormente descartada, tampoco ha proporcionado una solución duradera. La persistencia de esta crisis pone de manifiesto la complejidad de los problemas subyacentes y la dificultad de encontrar soluciones consensuadas.

Transcurridos cinco años desde el estallido, se observa un panorama mucho más incierto y, al mismo tiempo, pesimista en comparación con el primer semestre de 2019. Uno de los ámbitos que actualmente preocupa más es el económico, debido a la caída en la inversión, a la presencia de obstáculos para modificar la matriz productiva y a los avances del sector informal. Esto ha tenido repercusiones negativas en la generación de empleo y en la recaudación fiscal, al ampliar los márgenes para la elusión tributaria.

A los problemas económicos se suman los relacionados con la seguridad, generando un clima de temor en la población. La criminalidad organizada supera con creces, en frecuencia y en magnitud, cualquier forma delictiva existente hace más de diez años. Paralelamente, estallan escándalos de corrupción que comprometen a jueces, fiscales y altos magistrados, afectando la evaluación y credibilidad de la institucionalidad relacionada con la administración de justicia.

Asimismo, el Estado ha perdido la capacidad de asegurar el control sobre el territorio, como ocurre en zonas de la Araucanía, y frente a la apropiación del narcotráfico, que no solo afecta a las grandes urbes, sino también a diversas localidades del país, incluidas las del sector rural.

Bajo este panorama, no es casual que la simpatía que inicialmente despertó el estallido haya dado paso a una percepción negativa sobre el conjunto de eventos que lo acompañaron. Algunos expertos argumentan que el estallido social no terminó, sino que se transformó en una nueva etapa de la política chilena, caracterizada por una mayor polarización y demanda de participación ciudadana. Otros señalan que el proceso de recuperación y reconstrucción nacional aún está en curso y que el fin del estallido social se dará cuando se aborden de manera efectiva las causas profundas que lo originaron.

La pregunta sobre ¿cuándo terminó el estallido social? no tiene una respuesta sencilla. Es un proceso complejo que continúa dejando huella en la sociedad chilena, lo que sí es claro es que el acuerdo político-partidista del 15 de noviembre de 2019, marcó un hito importante, pero no puso fin a las demás demandas sociales y políticas que desencadenaron los hechos violentos de 2019. La dificultad de llegar a acuerdos con un Congreso fragmentado, donde el oficialismo no tiene mayoría, ha contribuido a conformar un panorama complicado. Medios políticos e intelectuales del país apodan al gobierno liderado por el señor Boric: “la esperanza que no despega”.

Pero no solo en Chile se vivieron momentos políticos difíciles, sino también en el resto de Latinoamérica. En Bolivia, las acusaciones de corrupción en las elecciones presidenciales motivaron movilizaciones que resultaron en la renuncia del presidente Evo Morales; en Ecuador, el descontento con políticas económicas y sociales causó un estado de protesta permanente durante varias semanas; en Colombia, la insatisfacción de diversos sectores sociales por las políticas del presidente Iván Duque se canalizó a través de un “paro nacional” que duró varios días.

Además, países como Perú, Nicaragua y Venezuela han presenciado desde 2018 protestas sociales en contra de la corrupción y el deterioro de sus regímenes políticos.

La conflictividad social es un síntoma de un problema estructural más profundo: la desconexión entre el Estado y la sociedad. La falta de respuestas a las demandas ciudadanas, sumada a la percepción de corrupción y desigualdad, genera un clima de desconfianza que se manifiesta en la defensa de los derechos ciudadanos como una forma de exigir un nuevo contrato social.

La debilidad institucional es un factor clave en la crisis democrática que enfrenta Latinoamérica. Un ejemplo alarmante y macabro de esa realidad es que gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela muestran cómo líderes autoritarios pueden aprovechar las instituciones frágiles para consolidar su poder y socavar los principios democráticos. La falta de contrapesos efectivos y la captura de los poderes judiciales permiten a estos líderes gobernar de manera arbitraria y sin rendir cuentas.

En el panorama electoral de Estados Unidos, el voto latino ha emergido como un factor importante que puede influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Según el censo de 2020, más de 60 millones de personas se identifican como latinas, lo que representa aproximadamente el 19% de la población total del país. Este crecimiento en la población latina ha transformado no solo la dinámica política, sino también las prioridades de los candidatos.

Históricamente, los latinos han enfrentado barreras significativas para ejercer su derecho al voto, desde la desinformación hasta la dificultad de acceso a las urnas. Factores como la falta de información sobre el proceso electoral y la dificultad para acceder a los lugares de votación han limitado la participación. Sin embargo, en los últimos años, ha aumentado la movilización de esta comunidad; organizaciones y líderes comunitarios latinos han trabajado para fomentar la participación electoral, destacando la importancia del voto como una herramienta para el cambio.

Este esfuerzo ha contribuido a que sus planteamientos sobre temas que les afectan, no solo a sus comunidades, sino a la sociedad en general, tengan una fuerte recepción.

El año 2024 se perfila como un momento crítico para el voto latino, no solo por el número de electores potenciales, sino también por la diversidad de opiniones y experiencias que esta población representa. El voto latino no se concentra, exclusivamente, en estados tradicionalmente demócratas. En estados clave como Texas, Florida y Arizona, los votantes latinos podrían inclinar la balanza en favor de uno u otro partido.

Esta realidad ha llevado a los candidatos a repensar sus estrategias, adaptando sus mensajes y políticas para resonar con las preocupaciones de esta población.

Los temas que más preocupan a la comunidad latina incluyen la inmigración, la economía, la atención médica y la educación. La inmigración sigue siendo el tema principal, especialmente en un clima político donde la retórica polarizadora en torno a las políticas de frontera ha generado ansiedad en muchas familias latinas. Muchos latinos están preocupados por la reforma migratoria y el estatus de los inmigrantes indocumentados, así como por las políticas que afectan a sus familias y comunidades. La posibilidad de obtener un camino hacia la legalización es una cuestión crucial para muchos votantes.

En el ámbito educativo, la calidad y el acceso a la educación son fundamentales. Los latinos abogan por recursos equitativos en escuelas, programas de educación bilingüe y acceso a oportunidades universitarias. La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades existentes, haciendo que estos temas sean aún más urgentes.

La atención médica también es una preocupación importante, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Muchos latinos carecen de seguro médico y enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud. La falta de atención adecuada ha llevado a un aumento en la mortalidad y morbilidad en esta comunidad, lo que a su vez ha elevado el interés en el proceso electoral. Los votantes latinos buscan candidatos que se ocupen estas cuestiones de salud pública y que ofrezcan soluciones viables.

La economía y el empleo son otros aspectos prioritarios. Muchos latinos se enfrentan a desafíos económicos, como la inseguridad laboral y la disparidad salarial. La búsqueda de empleos bien remunerados y la protección de los derechos laborales son temas que impactan profundamente en esta comunidad. Las políticas económicas que promuevan la justicia económica y la equidad son cruciales para ganar el apoyo de los votantes latinos.

Además, la lucha contra la discriminación y la injusticia racial es un tema relevante que ha cobrado fuerza en los últimos años. Muchos latinos están comprometidos con el movimiento por la equidad y la justicia, abogando por el fin de la violencia policial y el racismo sistémico. La representación de latinos en las boletas electorales podría influir en la motivación para votar, ver candidatos latinos en posiciones de liderazgo puede incentivar a más personas a participar en el proceso electoral.

Los latinos en Estados Unidos se concentran principalmente en ciertos estados, como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona, Nuevo México y Nevada. En California, aproximadamente 15.6 millones de latinos representan alrededor del 39% de la población del estado. En Texas, hay alrededor de 11.5 millones de latinos, constituyendo un porcentaje similar. Florida cuenta con 5.6 millones de latinos, lo que representa cerca del 26% de la población.

En las elecciones de 2020, aproximadamente el 50% de los votantes latinos eligieron a Joe Biden, lo que representó una disminución respecto al 65% que votó por Hillary Clinton en 2016. Este cambio puede ser sorprendente, considerando que Biden era el candidato demócrata y se esperaba que mantuviera o aumentara el apoyo latino. Por otro lado, un 30% de los latinos votó por Donald Trump, lo que mostró un incremento significativo en su apoyo en comparación con el 2016, cuando solo el 28% eligió a Trump. Este aumento sugiere un cambio en la percepción del Partido Republicano dentro de la comunidad latina, que puede deberse a varios factores, incluida la retórica de Trump sobre la economía y el auge del socialismo, como se ha visto en la experiencia de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

De acuerdo con el Pew Research Center, los latinos representan casi una quinta parte de la población estadounidense, con aproximadamente 36.2 millones habilitados para votar en las elecciones de 2024. Este grupo, siendo uno de los que más rápido ha crecido, representa el 14.7% de todos los elegibles, lo que indica su influencia en el área electoral. Sin embargo, es importante destacar que, aunque muchos latinos viven en estados que no son clave para esta elección, como California y Texas, otros estados son muy importantes por los votos electorales que pueden aportar.

A escasas semanas de las elecciones presidenciales, las miradas están puestas en los denominados «swing states» o estados péndulo, que pueden definir la elección. En estos estados, el voto latino podría tener un peso crucial. Se trata de Arizona, Nevada, Míchigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Georgia, que suman 53 millones de personas clave en una población total de 354 millones. Ambos candidatos saben que cada voto cuenta cuando las encuestas los mantienen técnicamente empatados.

Estos estados no se inclinan claramente hacia uno u otro partido, a diferencia de otros estados que se consideran favorables a los demócratas o a los republicanos. Como no importa quién gane la mayoría de los votos en todo el país, lo único que cuenta es el resultado en cada estado, donde el candidato más votado gana todos sus electores. En Georgia, que tiene 16 votos electorales, la suerte depende de 200,000 latinos, con un poder de sufragio capaz de escoger presidente o senador. Un 22% de los latinos en Georgia votan por primera vez. En Arizona, donde hay 1.3 millones de votantes latinos, este grupo representa el 25% de los electores del estado y aporta 11 votos electorales. El crecimiento de la población hispana ha favorecido al Partido Demócrata en un estado tradicionalmente republicano.

Nevada, que tiene seis votos electorales, votó por los demócratas en 2020. Los latinos constituyen el 22% de los votos del estado. Biden ganó por una diferencia ajustada en 2020, lo que resalta la importancia de esta comunidad. En Carolina del Norte, hay 1.1 millones de latinos, representando el 11% de la población del estado, y se calcula que 440,500 están habilitados para votar. Pensilvania tiene 20 votos electorales y más de 615,000 latinos electores. En 2016, Trump ganó por 0.72%, mientras que, en 2020, Biden lo ganó por 1.17%, gracias a un alto apoyo latino. En este estado, en declive industrial, los obreros tienden a dar la espalda a los demócratas. Pero Kamala Harris cuenta con el apoyo de los sindicatos y grandes proyectos de infraestructura.

Cabe preguntarse ¿cuán determinante será la decisión de los votantes hispanos el próximo 5 de noviembre de 2024?. En Estados Unidos, el presidente no es elegido directamente por el voto popular, sino a través del colegio electoral. En este contexto, los estados péndulo juegan un papel crucial, ya que no tienen una inclinación clara hacia un partido determinado. Dos de estos estados cuentan con un porcentaje significativo de población latina, lo que podría ser decisivo en una elección cerrada.

Norberto Barreto, doctor en Historia de Estados Unidos y docente en la Universidad Católica de América en Washington, considera que el peso del voto latino no solo radica en su número, sino en su distribución geográfica. “En esos estados hay dos en los que los latinos pueden ser cruciales, que son Nevada y Arizona. En Nevada, la población latina es del 22% y en Arizona es del 25%. En esos lugares se concentran las campañas, sobre todo en las últimas semanas, en los estados péndulo y, obviamente, donde los latinos pueden jugar un papel decisivo”.

A medida que se acercan las elecciones, la movilización de votantes jóvenes y un aumento en la concientización sobre la importancia del voto latino podrían marcar la diferencia. Las consultoras como Pew Research y Gallup coinciden en que los temas relevantes, como la reforma migratoria y el acceso a la atención médica, serán determinantes para captar el voto latino.

Históricamente, muchos latinos han apoyado a los candidatos demócratas, especialmente en temas como la reforma migratoria y el acceso a la salud. Sin embargo, el apoyo hacia Trump ha mostrado un aumento en algunas comunidades latinas, especialmente en Florida y Texas. A medida que se acercan las elecciones, la lucha por el apoyo de esta población se intensificará. Cabe preguntarse si, en un año en el que el número de electores latinos podría alcanzar cifras históricas, ¿cuán determinante será la decisión de los votantes hispanos el próximo 5 de noviembre de 2024?.

Surge otra pregunta: ¿A qué candidato favorecerá el voto latino? Es muy difícil de responder, ya que la decisión sobre a qué candidato apoyar, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, dependerá de varios factores, entre otros, las preocupaciones específicas de la comunidad latina, la retórica de los candidatos, sus políticas y la situación social y económica en el momento de la elección.

El camino hacia la Casa Blanca, cada vez con mayor intensidad, también pasa por el voto latino, y esa es una realidad. A medida que se acercan las elecciones, será fundamental ver qué candidato logrará identificarse con las preocupaciones de la comunidad latina.