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(Faro Noticias/6 de abril 2025) Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Tlaxcala aseguró cuatro tortugas casquito de burro, Kinosternon integrum, a un vendedor 4 ambulante que no acreditó su legal procedencia. El comerciante fue puesto a disposición de la FGR. El pasado 2 de marzo, inspectores de la dependencia federal y personal del Instituto de Fauna Silvestre acudieron a las inmediaciones del Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, donde se encontraba el comerciante ofreciendo los ejemplares de tortuga. Al solicitarle los documentos que acreditaran la legal procedencia de los ejemplares, el vendedor dijo no contar con ellos. Por lo anterior, se solicitó a la autoridad poner a la persona a disposición de la FGR. Las tortugas casquito de burro fueron aseguradas por personal de la Profepa, que además coadyuvará en la integración de la carpeta de investigación. Los ejemplares de Kinosternon integrum se encuentran listados en la NOM-59-SEMARNAT-2010, tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Se trata de una especie que está sujeta a protección especial, es semiacuática, vive en depósitos de agua permanentes y temporales como lagos y ríos. Se distribuye en la meseta central de México y es de comportamiento nocturno, por lo que comúnmente consiguen su alimento durante la noche, tanto en estado silvestre como en cautiverio. La Profepa en coordinación con las dependencias de seguridad pública tanto federales como estatales continuará realizando actividades de revisión al comercio de ejemplares de vida silvestre en diferentes puntos del estado

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(Faro Noticias/7 de abril 2025) La semana pasada fue una de las más negras de los últimos tiempos en materia de inseguridad en el estado, ya que se registró una lapidación en Natívitas y cuatro intentos de linchamiento en San Pablo del Monte -donde hubo dos eventos-, Zacatelco y Papalotla. El primer día de abril una turba ejecutó a un hombre señalado, presuntamente, de privar de la libertad y agredir a una niña que iba a la escuela junto con su hermana. Los restos del sujeto -al parecer originario de Panotla- quedaron en la plaza central de San Miguel Xochitecatitla, municipio de Natívitas. La noche de ese mismo día en la Sección Segunda del municipio de Zacatelco, un hombre fue detenido por pobladores, quienes lo acusaron, presuntamente, de acosar a una mujer. Policías estatales tuvieron que intervenir para rescatarlo. La noche del viernes 4 de abril, pobladores de San Pablo del Monte pretendían linchar a dos presuntos responsables -uno de ellos menor de edad- de intentar privar de la libertad a dos mujeres; además, incendiaron una camioneta propiedad de los acusados. Según información extraoficial, los hechos se dieron después que un par de mujeres acusaron a un adolescente de seguirlas cuando caminaban por la comunidad.

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¡Atención, amantes de la fiesta y la emoción! Este 12 de abril tienes una cita imperdible en el Gran Rodeo Baile , donde se elegirá a la Reyna de Feria "San Marcos 2025" . Disfruta de música en vivo y vibra con más de 9 montas de pura adrenalina con la impresionante Ganadería Los Chemas . Hora: 9:00 PM Lugar: [Especificar ubicación si aplica]¡No te lo puedes perder! Apoya a tu favorita y vive una noche llena de emoción, baile y tradición! Sigue disfrutando de la mejor salsa del estado de Tlaxcala. Sintoniza en: http://tun.in/sfFLp https://stream.zeno.fm/ktezveaxxjzvv https://rss.com/es/podcasts/peligrosa1370am/manda tu denuncia por whatsapp 247 132 5496 o pide tu canción al teléfono 247 47 1374 982 ¡Estás en el momento perfecto para disfrutar de la salsa Sintoniza + #Peligrosa #1370AM www.peligrosa.mx para más noticias formales acude a www.peligrosa.mx los artículos de Facebook no necesariamente corresponden con las ideas de la empresa

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Llamada con Adriana Dávila Fernández

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En un acto violatorio, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, envió al Congreso Local una supuesta suspensión de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en un acto totalmente deliberado. Y es que no hay ninguna disposición legal que lo faculte para poder realizar ese mismo acto, derivado de que la misma juez tiene un suspensión provisional concedida dentro de los autos del Juicio de Amparo 398/2025, del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial Federal en el estado. En la misma suspensión ordenó al Consejero Miguel Sánchez Ramírez, que dejara sin efecto legal alguno esa suspensión temporal, por ser un acto arbitrario y que va en contra de sus derechos humanos de la misma Juez. Según, Sánchez Ramírez solamente lo firmó de manera unilateral sin ninguna facultad, porque la comisión disciplinaria a la que pertenece tal abogado está integrada por un presidente, un secretario y un vocal, Siendo él mismo quien únicamente la firmó. Cómo se recordará Pérez Rodríguez, está en un proceso de jueces y magistrados, constituyendo esta acción en un acto de violencia política en razón de género, porque la misma juez encabeza las encuestas. Por tanto, el Consejo de la Judicatura cometió un delito al dar a conocer información al Congreso del Estado, teniéndose como reservada, y que desde el día 28 de marzo de 2025 la autoridad federal ordenó que la restituyeran en el cargo, aspecto que no se ha cumplido. Esto constituye un acto violatorio a la Ley de Amparo en sus artículos 261 y 262 que dice que la autoridad que no respete la decisión de un juzgado federal se hará acreedor a sanciones. Con dicha acción calificada por la Justicia Federal como arbitraria, Sánchez Ramírez, vulnera el principio de presunción de inocencia al hacerle ver culpable de una conducta que aún no se resuelve.

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La diputada local perredista Blanca Águila Lima hizo un “llamado enérgico” al gobierno del estado para que, en lugar de anunciar cifras y estrategias que en la práctica resultan insuficientes, escuche a los trabajadores y revise la situación en cada hospital y centro de salud, y atienda las necesidades de abastecimiento, infraestructura y condiciones laborales del personal de la salud”. Tras criticar el envío de granaderos a oficinas centrales de la Secretaría de Salud para proteger sus instalaciones ante las protestas realizadas por el personal el pasado miércoles, la también lideresa de los trabajadores sindicalizados del sector, dijo sería bueno que las autoridades dieran respuestas claras ante tantos problemas. Insistió que el desabasto de medicinas e insumos es preocupante ya que pone en riesgo la salud y la vida de miles de tlaxcaltecas, por lo que el Congreso local no debe permitir que siga la desatención.

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En su afán por “justificar” su supuesto trabajo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), la presidenta de este organismo autónomo Jakqueline Ordóñez Brasdefer presumió que, desde hace dos años, presentó ante el Congreso local una iniciativa para tipificar casos de linchamiento como un delito. A través de un comunicado -emitido después de la lapidación de un hombre señalado de raptar y agredir a una niña en San Miguel Xochitecatitla, municipio de Natívitas el pasado 1 de abril- la ombudsperson recordó que “el día 23 de marzo de 2023, la CEDHT (…) presentó una iniciativa para tipificar jurídicamente el delito de linchamiento”. Esa iniciativa, precisó, tiene como objetivo “adecuar el marco jurídico estatal para abordar efectivamente estas graves violaciones, reconociendo la necesidad de legislar claramente sobre este fenómeno social para evitar su repetición y asegurar la impartición de justicia conforme al debido proceso legal”. 3 Lo que no dijo Ordóñez Brasdefer es que esa iniciativa lleva más de dos años en la “congeladora” y menos se comprometió a presionar a quienes integran la actual legislatura local para sacar adelante dicha propuesta. Tampoco recordó que, tal como lo evidenció este medio, como presidenta de la CEDHT en esa propuesta -que presentó como propia- incluyó una parte de la iniciativa que, en su momento, hizo ante el Senado de la República la panista Josefina Vázquez Mota. En su propuesta la ombudsperson utilizó un párrafo prácticamente idéntico al de la iniciativa planteada en junio de 2022 por la entonces senadora del PAN, lo cual significa que plagió al menos esta parte, con lo que habría infringido los derechos de autor. La “iniciativa” de Jakqueline Ordóñez que hace pasar como idea propia establece: “quien o quienes convoquen, organicen o inciten a causar daño a una o más personas, participen en el sometimiento de la víctima, obstaculicen la intervención de la autoridad, o de cualquier otra forma participen de manera directa en la comisión de las lesiones o el homicidio por linchamiento, se les impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 600 unidades de medida y actualización”.