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Quédate a escuchar el comentario de EDUARDO ISMAEL HERNÁNDEZ. ESPECIALISTA EN SISMOLOGÍA

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El Pleno del Congreso de Tlaxcala avaló reformas al Código Penal del Estado para sancionar económica y penalmente a las autoridades que permitan o autoricen el funcionamiento de table dance en la entidad, así como a los dueños, responsables, encargados o titulares de esos establecimientos. Las modificaciones al ordenamiento que sancionará hasta con 12 años de prisión y multa superior a los 791 mil pesos, se validaron en la sesión ordinaria de este martes, bajo el argumento de impedir la impune operación de esos establecimientos y brindar mayor certeza y protección a víctimas de las mujeres que son explotadas sexualmente en esos “giros negros”. Los legisladores señalaron que, en estados como Chiapas, Tamaulipas o Coahuila, los índices de violencia contra las mujeres han disminuido a partir del cierre de ese tipo de establecimientos, de ahí la importancia de imponer sanciones a quienes autoricen y operen esos comercios.

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Durante marzo de 2025, Tlaxcala registró 16 homicidios violentos, un alarmante incremento en comparación con marzo de 2024, cuando solo se contabilizaron 6 asesinatos, de acuerdo con un conteo realizado por Stephany Rodríguez para el portal Gentlx. La violencia parece intensificarse en la entidad, con métodos brutales que incluyen decapitaciones, descuartizamientos y feminicidios. Marzo 2024: 6 homicidios registrados 3 de marzo: Baleado en Tlaxcala. 19 de marzo: Baleado en Calpulalpan. 24 de marzo: Homicidio en Benito Juárez. 29 de marzo: Feminicidio durante un asalto en Apizaco. 29 de marzo: Baleado en Huamantla. 31 de marzo: Golpeado en Ixtacuixtla. Marzo 2025: 16 homicidios registrados 3 de marzo: José N., de aproximadamente 65 años, falleció tras recibir un disparo durante un asalto ocurrido el 19 de febrero en Papalotla. 6 de marzo: Golpeado tras una riña en Tlaxco. 6 de marzo: Detenido presunto narcomenudista en San Pablo del Monte. 7 de marzo: Asalto violento en San Pablo del Monte. 10 de marzo: Hallazgo de un cuerpo encajuelado en San Pablo del Monte. 12 de marzo: Cuerpo decapitado en una barranca de la colonia Santiago, San Pablo del Monte. 12 de marzo: Homicidio en terrenos de labor en Zacualpan. 13 de marzo: Feminicidio en San Lorenzo Axocomanitla, con signos evidentes de violencia. * 20 de marzo: Homicidio en Zacualpan.

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Durante la inauguración de la Casa del Abuelo, en San Diego Metepec, municipio de Tlaxcala, ciudadanos reclamaron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por la falta de atención médica y escasez de medicamentos en hospitales públicos del estado.

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Integrantes de la LXV Legislatura

local aprobaron por unanimidad de votos la incorporación al Código

Penal del estado del delito de “cobro indebido” -mejor conocido

como préstamos “gota a gota”-, el cual será sancionado “con una

pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 2 mil a 3 mil veces el valor

de la Unidad de Medida у Actualización (UMA)”.

La tipificación de ese ilícito se da tres años después de que se supo

de las primeras detenciones de personas dedicadas a esa actividad

en al menos la mitad de los municipios de la entidad, y a dos años

del compromiso asumido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SSC) de Tlaxcala -junto con autoridades de otros seis estados- para

combatir en la zona centro del país esa modalidad de extorsión

también conocida como “gota a gota.

Según el dictamen presentado al pleno legislativo por la Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación y justicia y Asuntos

Políticos, ese esquema “opera bajo la apariencia de préstamos (de

dinero) informales, (y) se caracteriza por la imposición de tasas de

interés exorbitantes y el uso de la violencia o intimidación para

garantizar el cobro de deudas”.

Quienes se dedican a esa actividad ofrecen "préstamo gota a gota",

”préstamo facilito” o “paga diario” que son difíciles de pagar

“debido a las elevadas tasas de interés, que regularmente superan

el 500 %, e incluso siete veces los promedios de los servicios de

microcrédito. Quienes incumplen los pagos son objeto de extorsión

e intimidación para garantizar el cumplimiento del plazo

establecido”.

LAS SANCIONES

Con la tipificación de ese delito, ahora quien obligue a otra persona,

mediante amenazas o violencia física o moral, a realizar una acción

u omisión relacionada con una obligación civil o mercantil para

obtener un pago o beneficio, enfrentará una pena de 10 a 15 años de

prisión y una multa de dos mil a tres mil UMAs.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad si el delito es

cometido por servidores públicos, miembros de empresas de

seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o

instrumentos de amenaza, contra menores de 18 años o adultos

mayores de 60, desde centros penitenciarios o causando daños,

entre otros supuestos.

Asimismo, se sancionará con uno a siete años de prisión y multa de

5 mil a 8 mil UMAs a quien, sin autorización de las autoridades

financieras, otorgue préstamos o créditos aprovechándose de la

necesidad económica o el desconocimiento de las personas,

imponiendo garantías o ventajas desproporcionadas. Esta pena se

incrementará hasta en una mitad si se emplean medios coactivos,

intimidación o amenazas.

También se castigará con uno a cuatro años de prisión y multa de

dos mil a tres mil UMAs el uso de medios ilícitos o actos de

hostigamiento para cobrar deudas civiles o mercantiles. Además, se

aplicarán sanciones adicionales si se emplean documentos falsos o

se usurpan funciones públicas o profesionales.

BANDAS COLOMBIANAS OPERAN EN TLAXCALA

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México -según la

iniciativa-, “una red de prestamistas compuesta por

aproximadamente mil 500 personas de origen sudamericano opera

en el país desde 2015. Estas personas ingresaron como turistas y,

para darse a conocer, comenzaron a entregar tarjetas en mercados

y pequeños comercios de la capital y otras entidades, ofreciendo

prestamos ´fáciles´ sin verificación en el buró de crédito ni

necesidad de aval”

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ENTREVISTADA: YEDITH MARTÍNEZ PINILLO, CONSEJERA ELECTORAL Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO

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No te pierdas esta interesante conversación con Julio Cesar Hernandez Mejia

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(Faro Noticias/31 de marzo 2025) El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos en materia de Violencia de Género solicitó ante un juez de control la audiencia inicial en contra del primer regidor del ayuntamiento de Tlaxcala, Alejandro Alonso N., por el delito de violencia de género e intrafamiliar. Con esta acción, el Ministerio Público busca documentar la probable responsabilidad del regidor morenistapor acciones constitutivas de violencia intrafamiliar y de género en contra de su pareja, víctima de este delito desde hace aproximadamente 14 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó en un comunicado que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y solicitó fecha y hora para desahogar la audiencia inicial y así formular la imputación y vinculación de proceso, en contra de Alejandro Alonso N., por el delito referido. A mediados de marzo, Alejandro Alonso N., fue evidenciado en redes sociales por la activista Yenny Charrez por agredir físicamente a su cónyuge y mantenerla incomunicada, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Policía de Género de Apetatitlán para rescatar a la víctima. 3 Por ese hecho, el presunto responsable solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido en el cabildo de Tlaxcala.

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Autoridades de Xicotepec, estado de Puebla, decidieron cancelar la presentación de Dani Flow en la Feria Regional de la Primavera, previsto para el próximo 18 de abril en el Teatro del Pueblo. El concierto del reggaetonero -conocido como “El Rey del Morbo”- fue cancelado, según declaraciones del presidente municipal Carlos Barragán, en solidaridad con las mujeres y por respeto a la memoria de Estefanía Rodríguez, víctima de feminicidio. "Por congruencia de lo que digo y pienso sobre los valores que tenemos que transmitir a los jóvenes, he decidido cancelar el evento 16 de Dani Flow. Esta decisión la tomo por solidaridad con las mujeres y por el mucho respeto que merecen”, dijo el alcalde. A través de sus redes sociales, el edil advirtió que “si la letra de las canciones ofende a las mujeres nos ofenden a toda la sociedad”. “Debo confesar que su contrato se dio a petición de varios jóvenes que me escribieron y les comento que esa música a mí no me gusta. Jamás lo había escuchado a este cantante, pero pensé que la feria es para todas las personas (sic) y que debía respetar los gustos de la juventud”, desveló. Explicó que, tras platicar con sus cuatro hijos jóvenes, le dijeron que las letras de ese reggaetonero “son muy groseras y me quedé con los ojos cuadrados, también confieso que nunca había escuchado canciones exageradamente groseras e inmorales y estos días también he leído los comentarios de reclamo en las redes sociales y pues miren yo me debo a ustedes y les debo respeto y les tengo que hacer caso y además lo hago muy convencido que es lo correcto”.

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Un vecino descubrió los restos calcinados de una persona en un terreno baldío colindante con las vías del tren y cercano al albergue 14 "La Sagrada Familia". El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:30 horas cuando el testigo paseaba a su perra, que regresó con un pie humano en el hocico. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte al número de emergencias 911. Durante el reconocimiento de la zona, localizaron más fragmentos del cuerpo y establecieron un perímetro de seguridad. La Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento del caso. Autoridades preliminares sugieren que la víctima podría tratarse de un migrante varón. Las evidencias indican que el cuerpo fue incinerado junto con llantas. Un operativo conjunto entre la Policía Estatal y fuerzas federales se desplegó en el área para resguardar la escena. Personal especializado del Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cadáver y la documentación fotográfica correspondiente. La investigación permanece abierta para determinar la identidad del occiso y las causas exactas de su muerte. El macabro descubrimiento ocurrió a menos de 500 metros del albergue que brinda refugio a migrantes en tránsito. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de que se trate de un crimen relacionado con el tráfico de personas. Este incidente ocurre en un contexto de creciente inseguridad en la región, donde en los últimos seis meses se reportaron al menos tres casos similares de cuerpos calcinados. La Fiscalía mantiene bajo resguardo las evidencias recolectadas para su análisis en los laboratorios forenses.