En procesos judiciales que estén relacionados con el cuidado y la protección de menores de edad es necesario no solamente tener en cuenta los criterios generales que inciden en la garantía efectiva del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, sino también el acervo probatorio, los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y las particularidades de cada caso: Corte Constitucional.