Corte declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante del Acuerdo Final de Paz y se le ordenó a la Procuraduría adoptar un mecanismo especial de vigilancia junto con la defensoría del pueblo.

La Corte señala que las personas privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional dada su condición de sujeción e indefensión frente al Estado y los múltiples factores de vulneración a los que están expuestos.

Primer episodio del especial “Guardianes de la Constitución al rescate del artículo 44”  inspirado en las decisiones judiciales más representativas de la Corte, en defensa de las niñas, niños y adolescentes del país.

Aunque el colegio tenía la posibilidad de optar por un arreglo que respetara la antigüedad del cuerpo docente y, al mismo tiempo, la prohibición de discriminación, optó por una solución aparentemente neutra que condujo a la desvinculación de la accionante.

Las cuotas alimentarias reclamadas por las mujeres en el matrimonio y después del divorcio se convierten en una medida para aminorar los efectos negativos de la violencia económica y la discriminación que sufren a lo largo de su vida.

La Corte Constitucional estudia nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales.

La Constitución y el marco internacional de derechos humanos al que se ha comprometido el Estado colombiano otorgan una especial protección a las mujeres, especialmente a aquellas que han sido víctimas de violencia sexual.

La Corte Constitucional protegió los derechos de la comunidad indígena Wounaan de Santa Rosa de Guayacán, Río Calima, ante la negativa de la Secretaría de Salud de Buenaventura, Valle del Cauca, de entregar el cuerpo de su médica tradicional indígena.

La Corte Constitucional conminó a la Fiscalía General de la Nación para que suministre respuestas oportunas, claras, precisas y congruentes a los derechos de petición que elevan los ciudadanos y se abstenga de negar el acceso a la información pública a quienes, en ejercicio del derecho fundamental de petición, la solicitan.

Corte Constitucional amparó derechos de una ciudadana, a quien un infarto cerebral le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 67,1%.