Si bien el Decreto 3200 de 1979 se expidió en una época en la que solo se concebía que la judicatura fuese remunerada y por un año, desde 1989 se creó la posibilidad de que esta fuera ad honorem por nueve meses.

La Sala considera que el caso ha sido tramitado de manera descuidada tanto por parte del apoderado del actor como por la Secretaría de Educación de Norte de Santander, aspecto que culminó con la vulneración de los derechos fundamentales del accionante a la seguridad social y a su mínimo vital.

“La presencia de las mujeres en el mercado laboral ha estado y está permeada de un ambiente de agresividad y discriminación, en el cual aún no existen respuestas contundentes que cambien la realidad”.

“Los indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) de la población desplazada son mediciones que permiten calcular el porcentaje de dicha población que efectivamente cuenta con una garantía real de sus derechos fundamentales.”

“La invalidez que se agrava progresiva y paulatinamente merece un tratamiento jurídico especial y diferente al que se aplica a los casos ordinarios, que se concreta en la obligación de reconocer esta pensión con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez”.

La demanda señaló que el Gobernador incurrió en doble militancia por haber apoyado las candidaturas a la alcaldía de Uribia y Riohacha de dos candidatos que formaban parte de agrupaciones políticas distintas a la de él.

La Corte determinó que esta cartera vulneró el derecho a la consulta previa y el derecho al debido proceso de un colectivo, del Corregimiento de Boquerón, Cesar.

“Todo obstáculo que le impida a la persona ser aquella que quiere ser y edificar un plan de vida autónomo o que restrinja su derecho a manifestar su identidad de género es una vulneración de sus derechos fundamentales”.

“Las autoridades deben garantizar que toda vivienda cumpla con las condiciones mínimas de higiene para que una persona pueda ocuparla sin peligro para su salud e intimidad”.

El juez accionado incurrió en defecto fáctico al no valorar pruebas que darían cuenta de la condición de víctima de la ciudadana y del posible contexto de violencia de la relación de pareja.