La facultad discrecional con la que cuentan los jueces para valorar las pruebas se debe ejercer de manera razonable y proporcional, so pena de incurrir en un defecto fáctico.

Al fijar la etapa de determinación de la vulnerabilidad en la fase de adjudicación del crédito, lo que se consigue no solo es dejar desprotegidos a aquellos a quienes sobrevino la dificultad económica, sino que también se crea el riesgo de brindarle ayuda a una persona que dejó de necesitarla durante el trascurso de los estudios.

#PodcastConstitucional l Sexto episodio del especial “Guardianes de la Constitución al rescate del artículo 44” inspirado en las decisiones judiciales más representativas de la Corte, en defensa de las niñas, niños y adolescentes del país.

Le correspondía a la Alcaldía de Bucaramanga adelantar un procedimiento administrativo dirigido a constatar si existía, efectivamente, alguna causal para la suspensión del ciudadano como beneficiario del programa y garantizar a este el derecho a la defensa.

Las falencias en la ejecución del Censo 2018, que dieron lugar a una disminución en la identificación de la población negra en el país, constituyen un incumplimiento al rol que le corresponde al Estado en la garantía del derecho a la igualdad material.

Las exigencias diferentes a las establecidas por el Congreso de la República deben someterse al criterio de necesidad. Según este, solamente son válidos los requisitos a través de los cuales es posible demostrar el cumplimiento de las condiciones contempladas en la ley.

“Los subsidios a la oferta tienen relevancia constitucional y su otorgamiento requiere de una política gubernamental consistente. Por esta razón, su modificación o revocatoria se encuentra ligada al principio de progresividad, la prohibición de retroceso y al respeto por las expectativas legítimas”.

Quinto episodio del especial “Guardianes de la Constitución al rescate del artículo 44” inspirado en las decisiones judiciales más representativas de la Corte, en defensa de las niñas, niños y adolescentes del país.

Así mismo, la Corte, en los próximos meses, estrenará un nuevo micrositio en relación con el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que busca la protección efectiva de la niñez Wayuu.

“A pesar de conocer el estado de salud de la accionante, el empleador terminó el contrato de trabajo sin autorización del Inspector del Trabajo, lo cual implicaba que el despido se presumía discriminatorio e ineficaz. La sociedad accionada no desvirtuó tal presunción”.