#PodcastConstitucional l Sexto episodio del especial “Guardianes de la Constitución al rescate del artículo 44” inspirado en las decisiones judiciales más representativas de la Corte, en defensa de las niñas, niños y adolescentes del país.

Le correspondía a la Alcaldía de Bucaramanga adelantar un procedimiento administrativo dirigido a constatar si existía, efectivamente, alguna causal para la suspensión del ciudadano como beneficiario del programa y garantizar a este el derecho a la defensa.

Las falencias en la ejecución del Censo 2018, que dieron lugar a una disminución en la identificación de la población negra en el país, constituyen un incumplimiento al rol que le corresponde al Estado en la garantía del derecho a la igualdad material.

Las exigencias diferentes a las establecidas por el Congreso de la República deben someterse al criterio de necesidad. Según este, solamente son válidos los requisitos a través de los cuales es posible demostrar el cumplimiento de las condiciones contempladas en la ley.

“Los subsidios a la oferta tienen relevancia constitucional y su otorgamiento requiere de una política gubernamental consistente. Por esta razón, su modificación o revocatoria se encuentra ligada al principio de progresividad, la prohibición de retroceso y al respeto por las expectativas legítimas”.

Quinto episodio del especial “Guardianes de la Constitución al rescate del artículo 44” inspirado en las decisiones judiciales más representativas de la Corte, en defensa de las niñas, niños y adolescentes del país.

Así mismo, la Corte, en los próximos meses, estrenará un nuevo micrositio en relación con el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que busca la protección efectiva de la niñez Wayuu.

“A pesar de conocer el estado de salud de la accionante, el empleador terminó el contrato de trabajo sin autorización del Inspector del Trabajo, lo cual implicaba que el despido se presumía discriminatorio e ineficaz. La sociedad accionada no desvirtuó tal presunción”.

Si bien el Decreto 3200 de 1979 se expidió en una época en la que solo se concebía que la judicatura fuese remunerada y por un año, desde 1989 se creó la posibilidad de que esta fuera ad honorem por nueve meses.

La Sala considera que el caso ha sido tramitado de manera descuidada tanto por parte del apoderado del actor como por la Secretaría de Educación de Norte de Santander, aspecto que culminó con la vulneración de los derechos fundamentales del accionante a la seguridad social y a su mínimo vital.