Ciudad de Panamá. Representantes de 20 países de las Américas se reunieron los días 10 y 11 de febrero en Ciudad de Panamá para abordar la relevancia estratégica de la tenencia y gobernanza del agua, en un escenario marcado por el cambio climático, el aumento sostenido de la demanda hídrica y persistentes desigualdades en la planificación y gestión del recurso.
El encuentro se desarrolló en un contexto regional complejo. América Latina y el Caribe concentran cerca del 30 % del agua dulce renovable del planeta; sin embargo, enfrentan crecientes episodios de escasez hídrica a nivel local. Sequías prolongadas y la degradación de cuencas —fenómenos intensificados por el cambio climático— afectan actualmente a más de 100 millones de personas, especialmente en zonas rurales, territorios indígenas y regiones áridas y semiáridas.
El diálogo fue liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como parte de un proceso global iniciado en 2022 orientado a la construcción de principios no vinculantes para una gobernanza responsable de la tenencia del agua.
“La agricultura familiar representa más del 80 % de las unidades de producción agrícola y es clave para la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales. Sin una tenencia segura del agua, estos sistemas productivos enfrentan mayores riesgos e incertidumbre”, señaló René Orellana Halkyer, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
La tenencia del agua como eje del debate
Uno de los principales acuerdos del encuentro fue reconocer la tenencia del agua como un elemento central de la gobernanza hídrica. Este concepto regula la forma en que el recurso se distribuye entre sectores y usuarios, definiendo quién puede utilizar el agua, en qué cantidad, con qué fines y bajo qué condiciones.
La tenencia del agua considera derechos legales —como permisos y concesiones—, derechos de pueblos indígenas, acuerdos consuetudinarios basados en tradiciones locales, arreglos informales y mecanismos destinados a garantizar el funcionamiento de los ecosistemas, como los regímenes de flujo ambiental.
Desde la FAO se enfatizó que la tenencia no equivale a propiedad privada del agua, ya que en la mayoría de los países el recurso es considerado un bien público que debe asignarse en beneficio colectivo. Asimismo, se destacó el rol de organizaciones comunitarias que históricamente han gestionado y distribuido el recurso en distintos territorios.
Debate y críticas desde el movimiento agroecológico
No obstante, la propuesta generó reflexiones críticas desde organizaciones sociales y agroecológicas de la región. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), a través de la voz de Guido Soto, planteó reparos conceptuales respecto al uso del término “tenencia”.
Según el análisis presentado, el Diccionario de la Real Academia Española define la tenencia como “ocupación y posesión actual y corporal de algo”, asociándola a nociones como propiedad, posesión y usufructo. Bajo esta interpretación, la invitación a discutir una gobernanza responsable de la tenencia del agua podría entenderse como la construcción de un nuevo modelo de propiedad del recurso hídrico.
Escuchemos sus impresiones
Desde esta perspectiva, el movimiento advierte que propuestas orientadas a modelos más inclusivos o democráticos podrían, en la práctica, derivar en nuevas formas de propiedad del agua si se implementan dentro de sistemas económicos de carácter neoliberal.
Para MAELA, esta experiencia demuestra los riesgos que puede implicar una nueva gobernanza si no se resguardan claramente los principios de bien común y acceso colectivo. El movimiento también menciona procesos recientes en Chile, como cambios en la administración de áreas silvestres protegidas, que —según su análisis— podrían abrir espacios de privatización mediante concesiones.
Un debate abierto en la región
El encuentro en Panamá dejó en evidencia que la gobernanza del agua se ha convertido en uno de los debates estratégicos más relevantes para el futuro de América Latina y el Caribe. Mientras organismos internacionales promueven marcos de gestión más inclusivos y sostenibles, organizaciones sociales advierten sobre la necesidad de evitar que nuevas fórmulas institucionales reproduzcan esquemas de mercantilización del recurso.
En un escenario de crisis climática y creciente presión sobre el agua dulce, el desafío regional apunta a equilibrar seguridad hídrica, justicia social y sostenibilidad ambiental, manteniendo el agua como un elemento esencial para la vida y el desarrollo de los pueblos.
