PSICOLOGIA DEL EXITO, ECONOMIA, POLITICA

La derecha de Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial en Colombia, pero el gran derrotado de la jornada es Gustavo Petro: su heredero, Iván Cepeda, daba por segura la victoria y acabó segundo. Estas elecciones fueron también un examen a cuatro años de petrismo, y la nota ha sido un suspenso en tres frentes. En economía, la renta per cápita apenas creció un 1,8% en el trienio, con la inversión en mínimos históricos y un déficit público duplicado. En seguridad, la "paz total" se saldó con homicidios estancados y los secuestros disparados hasta 701 en 2025; y en corrupción, los escándalos (UNGRD, financiación de campaña, Nicolás Petro) han hundido la percepción del país.

Juan Carlos Monedero proclamó en la televisión colombiana que la izquierda es moralmente superior a la derecha porque “siempre acepta el resultado de las urnas, aun cuando le es desfavorable”, y aseguró con su “bola de cristal” que no escucharíamos a Iván Cepeda cuestionar la primera vuelta ganada por sorpresa por Abelardo de la Espriella. Minutos después, tanto Cepeda como Gustavo Petro rechazaron reconocer el resultado, alegando un desfase de 885.000 cédulas y “mesas atípicas”. La misma empresa privada que contó y comunicó la victoria de Petro en 2022 deja de ser legítima en 2026, justo cuando el resultado deja de favorecer a la izquierda petrista. Una lección sobre por qué nunca se debe aceptar superioridad moral de quien jamás se juzga con su propia vara.

El nuevo alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado que expropiará edificios a los caseros "negligentes" que dejan que sus inmuebles se degraden. Pero esa degradación no es fruto de la avaricia: es la consecuencia directa de la ley estatal de 2019 que congeló los alquileres regulados y limitó al mínimo la repercusión del coste de las reformas, volviendo económicamente ruinoso mantener los edificios. Se estima que ya hay más de 3.600 edificios multifamiliares en dificultades —el doble que hace cinco años—, concentrados precisamente en el parque de alquiler regulado y no en el libre. Primero se arruina la vivienda por ley y luego se culpa —y se expropia— al propietario: el mismo guion intervencionista que ya conocemos en España con la ley de vivienda.

El Gobierno regulariza a casi un millón de inmigrantes con el argumento de que ayudarán a pagar nuestras pensiones. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de medirlo: el impacto de esa regularización sobre las cotizaciones promediará un 0,03 % del PIB al año hasta 2050 —en su propio cuadro lo redondea a CERO—. Y cuando se incorpora el gasto en pensiones futuras que esos cotizantes devengan, la contribución neta puede ser incluso negativa. Ni la regularización de ahora ni los flujos masivos de las próximas dos décadas salvan un sistema que el envejecimiento empuja hacia el 16 % del PIB de gasto y el 125 % de deuda pública.

Acorralado por la corrupción, Pedro Sánchez ha difundido un gráfico según el cual el salario medio creció un 23% entre 2018 y 2024 y los salarios más bajos un 42%, muy por encima de la inflación. Es el mismo relato que repiten en bloque los medios afines: la derecha quiere derribar a un gobierno que mejora la vida de los españoles. Pero el propio gráfico, examinado con calma, dice lo contrario: descontados impuestos y cotizaciones, el salario neto real del trabajador medio es HOY menor que en 2018. Aquí desmonto las tres trampas del gráfico y explico por qué no se tapa la corrupción amañando los números.

La inteligencia artificial ya había creado una primera hornada de milmillonarios: los que fabrican la infraestructura (chips, centros de datos, modelos frontera como Nvidia, OpenAI o Anthropic). Pero en el último año está apareciendo una segunda hornada radicalmente distinta: gente que se hace de oro no desarrollando la IA, sino aplicándola a sectores concretos. Repasamos tres casos —Harvey (derecho), OpenEvidence (medicina) y Sierra (atención al cliente)— y entramos en el debate de fondo: ¿pueden OpenAI o Anthropic devorar a estas empresas, o tienen ventajas competitivas que ni siquiera el dueño del modelo puede copiar?

La UCO ha entrado esta mañana en Ferraz. El juez Santiago Pedraz acusa al PSOE de haber financiado una estructura mafiosa —dirigida por Santos Cerdán y la gerente Ana Fuentes, con Gaspar Zarrías como pagador y Leire Díez como ejecutora— para sobornar, amenazar y desacreditar a los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción del partido. Hablamos de 4.000€ mensuales en facturas falsas, 50.000€ ofrecidos a una testigo para que cambiara su declaración y 300.000€ para "ayudar" a un fiscal con un problema personal. Es lo más parecido a una "kitchen del PSOE": un aparato mafioso al servicio de la impunidad del partido y, en última instancia, de Pedro Sánchez.

Pablo Iglesias creó CanalRED como un medio para denunciar a los empresarios capitalistas que, según él, explotan estructuralmente a los trabajadores. Esta semana, un grupo de extrabajadores del propio CanalRED ha publicado un documental denunciándolo a él por exactamente lo mismo: horas extra impagadas, jornadas que han mandado al hospital a varios empleados, presión sicológica y vulneración de derechos fundamentales. La empresa, por su parte, recuerda que la justicia ya desestimó íntegramente una demanda previa de uno de los promotores del documental. En cualquiera de los dos escenarios, la izquierda pierde: o Iglesias practica lo que denuncia, o admite que los trabajadores sindicados también mienten para dañar a una empresa.

Los informes de la UDEF que han servido como base para imputar a Zapatero por organización criminal destapan que sus viajes regulares a Venezuela —más de 20 al año, confesados por él mismo— no obedecían a una labor humanitaria de mediación por los presos políticos, sino a una operativa de intermediación obligatoria sobre el petróleo venezolano destinado al mercado internacional. La "Oficina del Presidente Zapatero", con dirección postal en Ferraz 35, recibía cartas de intención de compradores chinos y suizos; en Caracas, una "Dama" identificada por la UDEF como Delcy Rodríguez asignaba los buques. Y mientras tanto, Plus Ultra obtenía el monopolio del corredor Madrid-Caracas en pandemia.

La inflación ha vuelto a aparecer en los titulares: el IPC estadounidense rumbo al 4%, el bono a 30 años por encima del 5%, los futuros descontando subidas de tipos en 2027 y un Tesoro que se refinancia agresivamente a corto plazo apostando a que la Fed bajará los tipos. En paralelo, la vivienda se ha convertido —según las encuestas— en la principal preocupación de los españoles, mientras vuelven al debate los controles de alquiler, las propuestas de vivienda pública y la apelación al "modelo Singapur". En esta conversación analizo los dos frentes: por qué los tipos reales están subiendo aunque la inflación se modere, por qué la estrategia de financiación del Tesoro de Trump es extraordinariamente irresponsable salvo que tenga una certeza muy fundamentada sobre el futuro de los tipos, y por qué el problema de la vivienda en España no es de "ultraliberalismo" sino justo lo contrario: un mercado abortado regulatoriamente por gobiernos —nacionales, autonómicos y municipales, del PSOE y del PP— que no quieren tocar los intereses patrimoniales del 70% propietario.