Lo que pasa en Tumaco y, en general, en la región del Pacífico y en el sur del país es algo que muestra no solamente un recrudecimiento inusitado de la violencia -"aquí no hay paz", decía recientemente el Gobernador de Nariño- sino una grave pérdida de control por parte del Gobierno Nacional, empeñado más en la reanudación de los diálogos con el ELN que en asumir la función que le corresponde a lo largo y ancho del territorio nacional.

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¿Quién asesora al presidente Donald Trump en la toma de decisiones? ¿O es que Trump no acepta los consejos de quienes conocen la realidad internacional y saben cuáles pueden ser las consecuencias de decisiones trascendentales para la paz del mundo, como la anunciada en la tarde de ayer?

Estamos, pues, en un momento muy delicado en cuanto a la búsqueda de un clima pacífico en el mundo. Parece haberse tranquilizado el lider de Corea del Norte Kim Jong Um, pero la absurda decisión de Trump respecto a Irán y al pacto genera justificada preocupación en la comunidad internacional, y tendrá sin duda efectos muy complicados.

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Es verdaderamente lamentable que en nuestro medio no se haya abierto paso una cultura de respeto a la vida humana, y que, por el contrario, se incrementen los casos de muertes, inclusive por móviles tan bajos como el robo de un celular o de una bicicleta. Lo peor es la tendencia de la sociedad colombiana a tomar el fenómeno como algo normal. Y que las autoridades se contenten con comparaciones de cifras entre un año y otro, indicando que los crímenes han disminuido, y que por lo tanto “vamos por el camino correcto”, frase ésta que, como la relativa a las “investigaciones exhaustivas” o aquella otra según la cual “sobre los responsables (no encontrados) caerá todo el peso de la ley”, se ha convertido en símbolo de mediocridad e indolencia. Todo el mundo sabe que esas frases se pronuncian, a más no poder, como por decir algo, y que son mentirosas, pero el público las acepta.

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La indignación que ha provocado el caso de la niña de tres años violada, golpeada y maltratada en Bogotá -su vida está ya fuera de peligro, afortunadamente, aunque difícilmente se librará del natural trauma que la marcará de por vida- es totalmente justificada, pero pasará en pocos días y todo seguirá igual para los niños de Colombia y para infortunio y vergüenza de nuestro conglomerado.

No solamente es repudiable sino abominable que un ser humano sea capaz de abusar de una criatura indefensa, y que con brutalidad inconcebible le cause tanto daño

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Es muy confusa la situación relativa a los trámites y disposición de los dineros destinados al desarrollo del Acuerdo Final de Paz., tanto los que provienen del Presupuesto Nacional como los aportados por países extranjeros.

Se suponía que estaba de por medio el interés prioritario de la paz, y que para ello -únicamente para ello, con esa destinación específica- fueron dirigidos unos fondos a satisfacer las necesidades de los desmovilizados y de sus familias, para implementar la Jurisdicción Especial de Paz JEP, y para facilitar la participación en política de los antiguos guerrilleros, en el nuevo partido por ellos conformado.

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El candidato Gustavo Petro propuso la eventual oferta de compra de tierras a una empresa, y de inmediato dijeron sus críticos que estaba proponiendo la expropiación, y que ello a equivalía acabar con la propiedad privada, o, peor aún, a un anuncio de confiscación.

Con independencia del aspecto político y de si se está o no con esa candidatura, en términos objetivos y desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que formular precisiones que eviten la confusión. Una cosa es ofrecer comprar y otra muy distinta expropiar. Y otra diferente y muy distante, la confiscación, que algunos entendieron en la propuesta de Petro.

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"Se están tirando el proceso de paz", dice el candidato De la Calle. "El Fiscal se está llevando el proceso de paz al infierno", dice alias Iván Márquez, tras una información sobre investigaciones en su contra por narcotráfico, aparecidas este fin de semana en el diario norteamericano "The Wall Street Journal".

A partir del momento de la captura de alias "Jesús Santrich", del sobrino de Márquez y de otras personas con fines de extradición, por solicitud de la justicia estadounidense mediante circular roja de INTERPOL, se comenzó a decir por muchos que este trámite implicaba el comienzo del fin de los acuerdos de paz.

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Una de las causas de la crisis que desde hace un tiempo afecta a nuestra administración de justicia, que es muy grave - como lo estamos viendo en los procesos contra magistrados de la Corte Suprema -, consiste en una maligna combinación entre el ejercicio de la función, los apetitos burocráticos, la ambición y la falta de ética y de principios.

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Insisten alias "Iván Márquez" y "el paisa", en presionar al Gobierno - como si éste gozara de competencia para decidir- con la pretensión de lograr la inmediata libertad de alias "Jesús Santrich", hoy detenido por la Fiscalía con fines de extradición por narcotráfico.

Las amenazas de volver a la guerra implican una presión que nadie podría aceptar, y menos quienes tienen a su cargo el trámite y decisión de los procesos judiciales. La Fiscalía se ha limitado a cumplir los compromisos de Colombia con la Interpol, y con lo pactado en el Acuerdo. Y se espera que la Sección de Revisión de la JEP se pronuncie acerca de la época en que se pudieron cometer los delitos y, si éstos tuvieron lugar -como dice el Fiscal- en 2017, se tramite lo concerniente a la solicitud de extradición. Concepto de la Corte Suprema de Justicia y -allí sí, sobre la base del concepto favorable- decisión del Presidente de la República, según el artículo 35 de la Constitución.

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En teoría, la solicitud de extradición y la detención de alias “Jesús Santrich” no deberían representar un obstáculo para el desarrollo de lo pactado a partir del proceso de paz con las Farc-EP, y mucho menos una crisis, ni el regreso a la guerra, pues si los posibles delitos fueron cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 -habrá de establecerlo la Sección de Revisión de la JEP, según el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017-, el sometimiento del ex negociador a la jurisdicción ordinaria y su eventual extradición no serían nada distinto de una aplicación práctica del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016 y de las normas expedidas para su implementación

Ahora bien, reconozcamos que tampoco el Estado ha cumplido varios de los compromisos contraídos. Como lo advirtieron sectores de opinión -siendo por ello tildados de "enemigos de la paz"-, eran demasiadas obligaciones las asumidas por el Estado, muy costosas y también de difícil planificación y ejecución. El Gobierno creyó equivocadamente que todo se circunscribía a las normas, que exigió fueran aprobadas sin reservas ni discusiones por el Congreso, y forzosamente declaradas exequibles por la Corte Constitucional, y aunque ese objetivo lo ha logrado en muy buena parte -aun en detrimento de la Constitución- era muy importante lo práctico, lo financiero, lo económico, lo administrativo. Cuestiones tales como la reforma integral agraria, el banco de tierras, la reparación a las víctimas, entre otras, son esenciales para que los desmovilizados y sus familias, y también las víctimas, tengan una mínima seguridad, así como para evitar deserciones y reinicidencias.

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