La Corte Constitucional ha declarado exequible el Acto Legislativo 2 de 2017 (que algunos denominan "blindaje"), a cuyo tenor los contenidos del Acuerdo Final de 24 de noviembre de 2016 serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, “con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

La misma norma establece que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”, y que “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Lo ocurrido en Tumaco la semana pasada, cuando murieron seis personas y muchas fueron heridas, es uno de los más graves hechos surgidos tras la firma del Acuerdo de Paz. Se trata de una verdadera masacre, ya que se disparó indiscriminadamente sobre un grupo de personas indefensas -campesinos e indígenas- cuando hablaban con integrantes de la Policía Antinarcóticos.

Lo que muestran los videos tomados por algunos de los atacados es de gran confusión, un enorme caos. No se sabía de dónde venían los disparos, y todo indica -a juzgar por la magnitud del ataque- que la consigna era matar a muchas personas, además de generar el pánico que se generó y perdura en la comunidad.

Los informes de la Defensoría del Pueblo y lo declarado ante él y ante los medios por testigos y víctimas preocupa en alto grado, si, como dicen algunos, resulta que quienes dispararon fueron miembros de la Fuerza Pública, en particular de la Policía. Eso sería muy grave, pero, con lo que hasta ahora se ha dicho, tampoco puede asegurarse que así haya sido, sin una adecuada y completa investigación, que precisamente pide la Defensoría y que al parecer ya asumió la Fiscalía General de la Nación.

Se tramita en el Congreso el proyecto de ley estatutaria mediante el cual se establecen las reglas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

Es muy importante, pero no suficiente la declaración general que hace el Acto Legislativo 1 de 2017, en el sentido de sostener que el Sistema Integral allí plasmado parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas.

Al parecer, la idea de un artículo dentro de la reforma política, reduciendo las modificaciones a la justicia al restablecimiento de la Comisión de Aforados -declarada inexequible por la Corte Constitucional- fue reemplazada por la propuesta gubernamental de convocar un referendo con el mismo objeto. Y también parece que esta segunda idea ya ha sido desechada, al haberse comprometido en Pasto -en el marco del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, tanto el Ejecutivo como voceros de las altas corporaciones judiciales (incluido el presidente de la Corte Constitucional), el Fiscal y el Procurador , a una reforma integral de la administración de justicia.

Está claro -y lo dijo el Tribunal Constitucional- que, a la luz de la Constitución española, las autoridades catalanas no podían convocar al pueblo para llevar a cabo un referendo en el que se consultaba sobre si se quería o no independizar a Cataluña de España y pasar a ser un Estado organizado como república.

Pero lo ocurrido ayer en las ciudades catalanas, lejos de significar la reivindicación de un criterio jurídico por la unidad española y de mostrar al mundo que se adelantaba un evento contrario a la legalidad, fue una demostración de innecesaria brutalidad, de cobardía policial y de violencia.

Como se sabe, hemos mantenido algunas reservas desde la perspectiva constitucional acerca de la manera como se han venido desarrollando en el Congreso y en el Gobierno los acuerdos pactados con las Farc, y hemos puesto en tela de juicio con buenas razones varias de las normas dictadas.

Ahora bien, en la medida en que la Corte Constitucional se vaya pronunciando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales normas, se irá dilucidando lo que permanecerá de esa normativa y lo que será excluido, a la vez que se irá consolidando el panorama jurídico general, hasta ahora muy lleno de nubarrones e interrogantes no respondidos. Y, aunque discrepemos del sentido de algunas decisiones o de las consideraciones o razones consignadas en las respectivas sentencias, lo cierto es que, en el Estado de Derecho, todos debemos acatar las sentencias, que son definitivas y obligatorias.

Es verdad -y aquí lo hemos dicho varias veces- que las normas vigentes que estructuran la administración de justicia no son culpables de las trampas, los abusos y los delitos cometidos por algunos de sus ocasionales representantes. En efecto, con las mismas normas, por las altas corporaciones judiciales, por la Fiscalía, por los tribunales y juzgados, han pasado no pocos juristas rectos, bien preparados, honestos y eficaces.

Como lo hemos sostenido desde hace tiempo, en especial a partir de las primeras denuncias contra magistrados y fiscales, es necesario preservar las instituciones, sin confundir la suerte penal o disciplinaria de cada funcionario con la función misma, en perjuicio y peligroso desgaste de las instituciones.

Sin perjuicio de la presunción de inocencia, del derecho de defensa y del respeto a las garantías procesales , en esos casos -desde luego, sobre la base de una mínima credibilidad de las denuncias y pruebas-, la persona señalada debe apartarse del cargo -no solamente del conocimiento de algunos procesos-, con el objeto de asumir su defensa sin combinarla con la función judicial y, en consecuencia, evitando así que queden en vilo –por meses y hasta por años- la credibilidad y el prestigio institucionales mientras se tramita el proceso correspondiente. Ello perjudica en grado sumo no solamente al aparato estatal sino a los ciudadanos, cuya confianza en la justicia no se puede perder ni socavar.

Hemos sostenido -al parecer el Gobierno ha terminado por entenderlo -que el camino para introducir necesarias reformas al sistema de administración de justicia no puede ser el del "Fast track", reservado exclusivamente para la implementación del Acuerdo de Paz. Y que tampoco debe confiarse al Congreso, dados los intereses políticos y judiciales cruzados que hay de por medio, y los antecedentes de inexequibilidad sobre la Comisión de Aforados.

Ahora el Ejecutivo se dispone a tramitar la convocatoria a un referendo para que sea por esa vía que se apruebe la reforma a la justicia.

Principio esencial para una sociedad civilizada, en especial para un Estado de Derecho, consiste en evitar, aun en el caso de los peores crímenes, que las personas hagan justicia por sí mismas, pues para ello existe un aparato judicial que debe operar con celeridad y eficacia y aplicar la ley a nombre del Estado, haciendo justicia.

En tal sentido, no son de recibo los actos colectivos de retaliación y justicia por mano propia como los que se intentaron en Bogotá con el asesino de la niña Samboní o hace dos días, en Medellín, con la madre y el padrastro de un niño de apenas dos años, salvajemente asesinado por ellos, según lo que hasta ahora se ha divulgado por la policía y la comunidad. En otros casos se han perpetrado los linchamientos, sin que las autoridades hayan podido contener la rabia de la multitud.