La corrupción, pobreza y la ineficiencia en el gasto público por parte de las entidades son algunas de las causas del descontento social, y que es aprovechado por azuzadores para promover la violencia.

La preocupación de quién controla a la Contraloría ha sido una constante en la historia del control gubernamental. En el caso del Perú, quien controla a la máxima autoridad del sistema nacional de control es quien lo eligió: el Congreso de la República

La reforma estructural que iniciamos formalmente en 2018 terminará en los próximos dos años. Podemos asegurar que ahora el Perú cuenta con un sistema de control gubernamental más eficiente, eficaz y transparente, que genera resultados concretos, visibles y valorados por la ciudadanía. Un sistema de control capaz de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción y la inconducta funcional.  

¿Corrupción o ineficiencia? Ambos. Esa es la fatalidad del Estado peruano hoy en día. Si consideramos solo la corrupción proveniente de los procesos de contratación pública que generan una pérdida patrimonial de los recursos públicos, la relación entre ambos fenómenos es clara. Todo acto corrupto está directamente relacionado con la ineficiencia.

Después de casi 20 años de vigencia de la Ley de Presupuesto Participativo en el Perú, este proceso social y económico se ha deteriorado significativamente.

Por ello, al iniciarse nuevas gestiones regionales y locales es prioritario emprender cambios sustanciales que garanticen efectividad a los mecanismos de participación ciudadana, pero también, de rendición de cuentas por parte de las autoridades, que contribuyan a recobrar nuestro tan golpeado Estado constitucional y democrático de derecho.

Ante esta crisis nacional, la Contraloría impulsa reuniones con las autoridades electas, para compartirles información relevante sobre el estado de las obras, inversiones y del control gubernamental en sus regiones, provincias y distritos, con la finalidad de que lleguen preparadas al 2023.

El Observatorio Nacional Anticorrupción está al servicio del país como una herramienta para el estudio y comprensión del comportamiento de la corrupción y la inconducta funcional, que contribuirá a la generación de reformas y políticas públicas para la lucha y prevención de este flagelo social.

Contralor Nelson Shack afirmó que las nuevas autoridades que asumen la gestión en los gobiernos regionales y municipalidades 2023-2026 deben ser gestores que dirijan la buena gobernanza y el desarrollo en sus jurisdicciones.

Contralor Nelson Shack invoca a los electores a informarse sobre los candidatos/as a las ERM 2022 antes de emitir su voto. "No es momento de improvisar ni de decidir sin analizar los factores que hacen a una o un candidato el más idóneo para gestionar los recursos de todos. El país nos demanda responsabilidad y compromiso. En nuestras manos está el futuro de las regiones y municipalidades del país por los próximos 4 años".

Tema: El costo de prometer