En los últimos años, la práctica totalidad de la población española y europea viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados por última vez en 2021. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la calidad del aire en el Estado español que desde hace dos décadas viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.
Las últimas estimaciones globales de la AEMA sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica por ozono son muy preocupantes. Elevan en el año 2022 hasta 81.000 las muertes atribuibles a la presencia en el aire de este contaminante en los países europeos. En España, las víctimas de la contaminación por exposición al ozono troposférico fueron ese año al menos 6.100, ascendiendo hasta 10.000 las muertes atribuibles a concentraciones inferiores a las recomendadas por la OMS.
La exposición a altos niveles de ozono provoca también importantes problemas a la vegetación y disminuye el rendimiento de los cultivos. En su informe de 2014, la AEMA destaca a Italia y España como los dos países europeos con mayores daños sobre la agricultura, afectando en nuestro país a dos terceras partes de la superficie cultivada.
Siguiendo una tendencia iniciada en 2007, se viene observando la reducción de los niveles de los contaminantes «clásicos» (partículas y dióxido de nitrógeno NO2), aunque sigan afectando a la práctica totalidad de la población española, obedeciendo tanto a razones coyunturales relacionadas con la crisis económica de 2008, que provocó una menor movilidad motorizada, la disminución de la actividad industrial y el desplazamiento de la generación eléctrica en centrales térmicas por la energía eólica y solar, como a factores «tecnológicos» como la evolución del parque automovilístico hacia vehículos más eficientes y, por tanto, en principio menos contaminantes (pese al dieselgate y los SUV), o la progresiva implantación de las mejores técnicas disponibles en el sector industrial.
Sin embargo, esta reducción general de la contaminación atmosférica tradicional no se estaba produciendo en el caso del ozono troposférico, el contaminante que en España presenta actualmente una mayor extensión y afección a la población, y cuyos niveles se mantenían en los últimos años estacionarios o en muchas zonas incluso al alza.
Se trata de un problema específico de la Europa mediterránea, dado que el ozono «malo», llamado así por contraste con el de la estratosfera, que nos protege de la radiación ultravioleta, se forma en verano cerca de la superficie terrestre, por efecto combinado de la radiación solar y las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) a partir de la combustión de carbón, petróleo o gas en centrales eléctricas, vehículos a motor y calderas urbanas e industriales.
Otra característica particular de la química del ozono es que éste se acumula a una cierta distancia de las fuentes de sus contaminantes precursores, por lo que paradójicamente afecta mucho más a las zonas rurales y periurbanas que a los centros de las ciudades.
Por todo ello, la evolución al alza de la contaminación por ozono parecía ser consecuencia en primer término de la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático. Estando mediatizada también por el descenso global de las emisiones de precursores o por la variación reciente de la relación dentro de los NOx entre monóxido de nitrógeno (NO) y NO2, a favor del último, que eleva los niveles de ozono en áreas antes «libres» de este contaminante como los centros peatonalizados de las ciudades. Un último factor que contribuye a complicar el comportamiento de este contaminante son los desplazamientos de masas de aire contaminado, por ejemplo entre la Comunidad de Madrid y ambas Castillas, o de carácter transfronterizo entre Francia e Italia y las Islas Baleares.
No obstante, la crisis de la COVID-19 ocasionó durante 2020 y 2021 no sólo una drástica reducción del principal contaminante urbano, el NO , por efecto de las medidas de restricción de la movilidad adoptadas por las autoridades para limitar el contagio del virus, sino también una caída general de los niveles de ozono, que en esta ocasión sí siguió la tendencia de su principal precursor, probando que reducir de forma decidida las emisiones de NO y COV sin duda también reduce el ozono.
De hecho, tras finalizar las restricciones de la movilidad y la actividad económica derivadas de la lucha contra la pandemia, este contaminante ha vuelto a repuntar en buena parte del territorio español durante los veranos de 2022, 2023 y 2024, los más cálidos desde 1961, coincidiendo con las intensas y prolongadas olas de calor que han caracterizado los meses estivales de junio, julio y agosto, lo que confirma la estrecha relación entre cambio climático y contaminación por ozono.
Como consecuencia en buena medida de las dos intensas y prolongadas olas de calor del pasado verano, la situación general ha empeorado en 2025 respecto a años anteriores, incrementándose los incumplimientos legales tanto respecto al valor objetivo todavía vigente como al aprobado para 2030 mediante la nueva Directiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, pendiente de trasposición.
De esta forma, el Gobierno español y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) ya no tienen excusa ni para seguir incumpliendo sus obligaciones legales en materia de información, control y prevención de la contaminación por ozono, incluso omitiendo a veces los avisos preceptivos a la población en caso de superación del umbral de información, ni para retrasar las medidas necesarias para combatir de manera efectiva el cambio climático, reduciendo las emisiones contaminantes de la agricultura, el transporte y la industria, en el marco de unos planes de mejora de la calidad del aire obligados que siguen sin elaborar.
En este contexto, por décimo año consecutivo desde que en 2005 Ecologistas en Acción comenzó la publicación de sus informes anuales sobre la calidad del aire en el Estado español, se elabora un informe específico sobre la contaminación por ozono, que pretende dibujar una primera imagen amplia y fiel de la situación en nuestro país durante el año 2025, en relación a la protección de la salud humana. Con datos actualizados a 30 de septiembre, el presente informe se configura como un Avance de la realidad de este contaminante estival, que será completado en el Informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2025, a publicar ya en la primavera de 2026.
El ozono en Andalucía
Para elaborar este informe se han recopilado los datos de 58 estaciones de control de la contaminación, pertenecientes a las redes de vigilancia atmosférica de la Junta de Andalucía, de EMEP/VAG/CAMP y de distintas instalaciones industriales.
Hay que resaltar que al menos doce estaciones han registrado porcentajes de captura de datos inferiores a los mínimos establecidos por la normativa, por lo que las conclusiones expuestas en este apartado deben ser consideradas teniendo en cuenta esta insuficiencia de la información de partida. Además, en 2023 se desconectó la estación Villaharta en el norte de Córdoba, perteneciente a la red de la clausurada Central Térmica de Puente Nuevo, que venía superando el valor objetivo legal establecido para el ozono.
Por otro lado, la página web de información sobre calidad del aire autonómica no permite la descarga de datos horarios históricos para seguir la evolución de la contaminación. Resulta fundamental por ello que la Junta de Andalucía se esfuerce por seguir mejorando la medición y la información de la calidad del aire en su Comunidad.
Durante 2025, el ozono troposférico ha afectado a todo el territorio andaluz, con casi todas las estaciones de medición registrando numerosas superaciones del valor octohorario permitido por la normativa y del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), recuperando las concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.
De esta manera, los niveles de ozono han sido en Andalucía los más altos desde 2017, en buena medida por las altas temperaturas y elevada radiación solar durante este verano, en especial durante las dos intensas y prolongadas olas de calor de junio-julio y agosto. Así, en conjunto han aumentado las superaciones del valor objetivo legal para la protección de la salud en un 3 % respecto al promedio del periodo 2012-2019.
El empeoramiento de la situación ha sido en especial significativo en las zonas industriales de la Bahía de Algeciras y Bailén, con un aumento del número de días por encima del objetivo legal de respectivamente el 177 % y el 101 %, sobre la media de 2012-2019.
De manera menos marcada, el ozono también ha aumentado en la zona industrial de Huelva, la Bahía de Cádiz, las áreas metropolitanas de Granada y Sevilla y los núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (Almería, Jaén y Motril), así como en diversas estaciones rurales del interior de Cádiz (Arcos, Alcornocales, Prado del Rey), el litoral onubense (Doñana, Matalascañas) y la Sierra Norte de Sevilla (San Nicolás del Puerto).
La mitad de las estaciones que miden este contaminante han registrado superaciones de la guía OMS en más de 75 días. Es decir, que si se les aplicara el mismo criterio establecido por la obsoleta normativa vigente para evaluarlo (un máximo de 75 superaciones del objetivo legal en tres años), sólo en 2025 buena parte de las estaciones andaluzas habría sobrepasado todas las superaciones admisibles durante tres años.
De acuerdo a este indicador, las estaciones Bédar y La Granatilla (Almería) y Prado del Rey (Cádiz) han registrado mala calidad del aire por ozono en uno de cada dos días, hasta el 30 de septiembre, la quinta peor situación del Estado en el presente año, tras Baleares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Habiendo descendido en Andalucía durante 2025 las superaciones de la guía OMS en un 11 % respecto a la media del periodo 2012-2019.
En lo que se refiere al más laxo valor objetivo legal para la protección de la salud, evaluado en periodos de tres años consecutivos, catorce estaciones han registrado unas superaciones promedio anuales superiores a las 25 permitidas en el trienio 2023-2025, empeorando sustancialmente la situación respecto al trienio anterior. Los incumplimientos legales se han producido en las estaciones Arcos, Campamento y Prado del Rey (Cádiz), Lepanto (Córdoba), Palacio de Congresos (Granada), El Arenosillo, Doñana y Moguer (Huelva), Las Fuentezuelas, Ronda del Valle y Villanueva del Arzobispo (Jaén), Campillos (Málaga) y Aljarafe y Santa Clara (Sevilla), siendo las peores situaciones las de Prado del Rey y Doñana, con 38 y 37 días de superación del valor objetivo, respectivamente.
Otras cinco estaciones (Bédar en Almería, Matalascañas en Huelva, Bailén en Jaén y Centro y Sierra Norte en Sevilla) han rebasado en el periodo citado los 18 días de superación al año aprobados por la Unión Europea como nuevo objetivo legal en 2030.
Por último, las estaciones Alcalá de Guadaira, Aljarafe, Dos Hermanas y Santa Clara en la aglomeración de Sevilla y San Nicolás del Puerto en la Sierra Norte sevillana han sufrido ochohttps://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2025/10/La-contaminacion-por-ozono-en-el-Estado-espanol-durante-2025.pdf superaciones del umbral de información a la población, en sendos episodios de elevada contaminación respectivamente durante el 30 de junio – 1 de julio y el 18 de agosto, frente a los que la Junta de Andalucía se ha limitado a difundir avisos informativos rutinarios, y sin que como en ocasiones anteriores el Ayuntamiento de Sevilla activara el protocolo local de actuación ante episodios de contaminación del aire de la ciudad.
El cuadro general que presenta Andalucía es el de un territorio con nueve focos principales de contaminación: las zonas industriales de Carboneras (Almería), bahías de Algeciras y de Cádiz, Bailén (Jaén) y Huelva y las áreas metropolitanas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla; en los cinco primeros casos con la actividad industrial y portuaria como principales fuentes de contaminación, destacando hasta su cierre las centrales térmicas de carbón de Carboneras, Los Barrios y Puente Nuevo, así como los complejos petroquímicos de Palos de la Frontera en Huelva y San Roque en Algeciras, y en los cuatro últimos casos con el tráfico motorizado como causa principal. La contaminación generada en estos lugares se extiende por el resto del territorio en la forma de ozono troposférico, que acaba incidiendo negativamente en las zonas rurales interiores de Andalucía, especialmente a sotavento de los grandes focos emisores de los contaminantes precursores del ozono.
Como consecuencia, toda la población andaluza ha vuelto a respirar en 2025 un aire perjudicial para la salud en relación al ozono, según las recomendaciones de la OMS, siendo 3,5 millones de personas (el 41 % de la población) las afectadas por niveles de ozono superiores al nuevo objetivo legal aprobado para 2030 por la Unión Europea, en la Zona Industrial de Bailén, Córdoba, las Zonas Rurales y Villanueva del Arzobispo.
Las ocho zonas donde en el trienio 2023-2025 se ha incumplido el vigente objetivo legal para la protección de la salud en al menos una estación (Bahía de Algeciras, Córdoba, Huelva, áreas metropolitanas de Granada y Sevilla, núcleos intermedios, Villanueva del Arzobispo y Zonas Rurales) suman 6,5 millones de habitantes, el 75 % de la población andaluza.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la contaminación atmosférica ocasionó en Andalucía hasta 2.100 muertes atribuibles al ozono en el año 2022, el 2,7 % de las defunciones totales durante el mismo año, por exposición a niveles en conjunto inferiores a los registrados en 2025. La Comunidad alcanzó así una tasa de hasta 25 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.
Durante este verano, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III ha identificado en Andalucía 303 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas, por encima de las estimadas en años anteriores, salvo 2022 y 2023, situación agravada por la exposición al ozono durante las olas de calor.
Hasta la fecha, la Junta de Andalucía no ha aprobado ningún plan de mejora de la calidad del aire referido a las superaciones en la última década de los valores objetivo de ozono para la protección de la salud y/o de la vegetación en todas las zonas de la Comunidad, persistiendo en el incumplimiento de la legislación ambiental en esta materia. En 2020 el Gobierno autonómico aprobó la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que actualiza el diagnóstico de la situación y constituye el marco de la revisión de los actuales planes de mejora de la calidad del aire, aprobados por Decreto 231/2013, de 3 de diciembre.
A finales de 2024, la Junta de Andalucía inició la tramitación de los proyectos de decreto por los que se aprueban los nuevos planes de mejora de la calidad del aire de la región, junto a seis planes de acción a corto plazo en las aglomeraciones de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y en las zonas industriales de la Bahía de Algeciras y Huelva. El objetivo de estos planes es establecer medidas específicas para alcanzar los valores límite y objetivo legales, incluidos los del ozono, así como el fin de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire de alcanzar a largo plazo los valores recomendados por la OMS.
A nivel local, los ayuntamientos de Granada, Córdoba y Málaga cuentan con planes de mejora de la calidad del aire aprobados entre 2017 y 2018, que contienen medidas generales de escaso detalle, insuficientes para atajar la situación de incumplimiento del valor objetivo legal de ozono. El Plan de Granada incluye un Protocolo de actuación ante episodios de contaminación atmosférica que no contempla el ozono, mientras el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en 2018 un Protocolo de actuación ante episodios de contaminación del aire de la ciudad que, para el ozono, no prevé ninguna medida de reducción de las emisiones de sus precursores por el tráfico. Ambos protocolos locales acumulan casi tres años de retraso en la adaptación al Plan Marco de Acción a Corto Plazo adoptado por el Estado en julio de 2021.
El informe en todo el estado español
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