La Fiscalía canaria alerta sobre la situación de abandono que sufren las personas dadas de alta que viven en los hospitales del Archipiélago. La propia memoria anual del Ministerio Público de 2025 ya recoge la "gran preocupación" que genera que unos 600 ciudadanos con o sin deterioro cognitivo y con graves impedimentos físicos continúen en los centros sanitarios una vez que reciben el alta. Es un problema enquistado en el Archipiélago, que se repite año tras año. "Han vuelto a celebrarse nuevas reuniones (...) con la conclusión, una vez más, de las importantes carencias del sistema para atender a las personas con discapacidad o a las personas mayores (...) y de los escasos recursos económicos con los que cuentan muchas familias para atender a sus seres queridos", incluye el informe.
En el año 2024, la Fiscalía abrió 258 diligencias por casos de abandono de familia. De ellos, 169 en la provincia de Las Palmas y 89 en Santa Cruz de Tenerife. La suma supone un ligero aumento respecto al año anterior, cuando hubo 215 procesos. El fiscal jefe tinerfeño denuncia un "abandono absoluto" tanto en hospitales como en domicilios. En algunos casos se trata de personas que no tienen arraigo social, pero en otros "sus familias han decidido que son una carga excesiva para ellos", ha asegurado en una entrevista concedida a la SER en Canarias.
Atendiendo al deber de cuidado de las familias, José Luis Sánchez Jáuregui ha detallado que el Ministerio Público está emprendiendo acusaciones cuando detectan desamparo que puede atentar contra la integridad de los mayores. Destaca algunos casos especialmente delicados: ancianos que son abandonados en el hospital y cuyo entorno se apropia de su pensión "para cubrir otros gastos" o dispone de las casas en las que vivían "para tener otro ingreso".
La corrupción, "casi endémica en el país de la picaresca"
La actualidad del país se está viendo sacudida por las investigaciones que rodean al PSOE. Desde el 'caso Plus Ultra' que mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hasta el 'caso Leire Díez' que analiza una supuesta operación de fontanería mediante la exmilitante para torpedear procedimientos judiciales que afectasen a la formación o al entorno de Pedro Sánchez. El juez Pedraz relata en el auto que el exsecretario de organización Santos Cerdán encargó a Díez la coordinación y ejecución de actuaciones para desestabilizar "de forma sistemática y continuada" los procedimientos judiciales u actuaciones policiales que pudieran impactar "directa o indirectamente en los intereses del partido o del Gobierno. Según el magistrado, el plan supuestamente incluía ofrecer remuneraciones a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos.
Jáuregui ha garantizado que "el sistema está funcionando" porque los casos que rodean al PSOE se están investigando por parte de jueces y fiscales "independientes", cuestión que ha extendido a la Guardia Civil y la Policía Nacional. "No hay entramados, no hay preparaciones. Recibes una denuncia e investigas sin odios y afectos". El fiscal jefe ha reconocido "zozobra" al escuchar hablar de 'lawfare' a una parte de la clase política y la opinión pública. "Claramente" se ha señalado a jueces y fiscales, ha dicho pidiendo respecto: "La corrupción en el país de la picaresca es algo casi endémico. No es tanto dar más medios, sino dejar actuar y no dudar continuamente de las actuaciones".
En este sentido, ha recordado que el Ministerio Público ha perseguido delitos de todo el espectro político. "Aplicamos la ley que el Congreso y el Senado aprueban. A diferencia de ellos, que aplican sus ideas, sus pensamientos, nosotros con total independencia perseguimos los delitos que fija el Código Penal. No hay interés ninguno a favor o en contra de nadie", ha concluido.
