Las relaciones Canarias-Estado no paran de sufrir bandazos. La confianza política se quebró con la crisis del crucero Hondius en el que se detectó un brote de hantavirus y su desembarco en el Puerto de Granadilla. Este jueves sorprendía un acuerdo entre las partes para dar seguridad jurídica a un complemento de 400 euros anual que el ejecutivo autonómico va a abonar a más de 41.000 personas que perciben una pensión no contributiva. Un oasis en medio de la polémica. Pero la tensión ha vuelto a elevarse a cuenta de la dependencia. La Consejería de Bienestar Social denuncia que un cambio en el reparto de fondos estatales para el sistema de dependencia va a restar a las islas 12,4 millones de euros.
Por ley, el ejecutivo central y las comunidades autónomas deben cofinanciar el sistema. Tres criterios marcan el reparto del dinero estatal. Un fondo de gestión que valora cuántas personas dependientes se atienden o la agilidad administrativa; un fondo de cumplimiento de objetivos que tiene en cuenta mejoras en el empleo, las listas de espera o la calidad del servicio; y un fondo de acreditación. Fue en una reunión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) que tuvo lugar hace escasas tres semanas cuando el ejecutivo canario tuvo conocimiento de que en la ecuación se pretende incluir un cuarto factor: una corrección del 10%. Esto, avisa el ejecutivo autonómico, se traduce en 12 millones menos para las islas.
Canarias, entre la tensión y el diálogo
La directora general de Dependencia ha explicado en Hoy Por Hoy Canarias que son mayoría las regiones que se verían beneficiadas con este nuevo criterio. "Si la mayoría, como es la democracia, votan a favor, se hará. Se aplicará la corrección", sostiene Concepción Ramírez. Con un efecto directo en los presupuestos, la dirigente reconoce desconocer qué va a hacer el ejecutivo canario: "No me han notificado que hay que parar y que no se puede seguir dando de alta a tantas personas". De momento, el gobierno autonómico intentará dialogar con el Ministerio de Derechos Sociales para evitar la pérdida de dinero.
No es el primer choque por la dependencia. El año pasado el Archipiélago fue penalizado con casi 2,5 millones de euros en el reparto de fondos por la lista de espera. La comunidad autónoma incorporó 8.000 solicitudes que no estaban grabadas en el sistema (según el gobierno de ejercicios anteriores), con el consiguiente incremento de la lista. Ramírez denuncia además una infradotación de medios por parte del ejecutivo central porque solo aporta el 22% del coste de la dependencia en Canarias.
