Hace ocho meses que el Parlamento de Canarias aprobó la ley autonómica de alquiler vacacional. Es una de las normas estrella de la legislatura, elaborada en el seno de la Consejería de Turismo que dirige la popular Jessica de León. Salió adelante con los votos a favor de del cuatripartito (CC, PP, AHI y ASG) y el rechazo de la oposición (PSOE, NC y Vox). Sin embargo, hubo un socio de gobierno que apoyó la iniciativa a regañadientes: la Agrupación Socialista Gomera que lidera Casimiro Curbelo. El partido puso su voto a cambio de abrir un trámite posterior de enmiendas. Finalmente, ese trámite ha llegado con la ley para agilizar las licencias urbanísticas e impulsar la construcción de viviendas. En las últimas semanas se ha evidenciado el choque interno en el ejecutivo autonómico. En particular, entre el PP y ASG.
La Agrupación Socialista Gomera ha pactado con el PSOE y Nueva Canarias una enmienda transaccional que modifica la ley de alquiler vacacional en un punto fundamental (artículo 6), pasando de considerarse actividad clasificada a inocua. La enmienda fue aprobada en una tensa comisión en las que las quejas de la diputada de Coalición Canaria fueron evidentes. El cambio es trascendental porque la actividad clasificada lleva aparejada determinados requisitos sobre ruidos, salubridad o seguridad y por la tramitación administrativa. La norma autonómica también fijó que "en el plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los ayuntamientos correspondientes deberán haber aprobado y comenzado a aplicar un plan de comprobación y control de todas las viviendas vacacionales existentes en sus términos municipales en materia de actividades clasificadas".
¿Actividad clasificada o inocua?
Desde el sector, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha pedido insistentemente que estos inmuebles dejen de ser considerados actividad clasificada y se califiquen como inocuos para evitar la "extinción" del 90% de las unidades. En el mismo sentido se ha pronunciado respondiendo a preguntas de la SER el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis. Acusa al gobierno autonómico de perseguir eliminar del mercado miles de alquileres vacacionales "porque son conscientes de que no pueden cumplir con esas medidas. Eso es lo que hay detrás. Son conscientes". Asimismo, considera que Coalición Canaria y el Partido Popular han perdido la mayoría en la comisión parlamentaria tras el acuerdo entre ASG y la oposición. Sin embargo, cree que mantendrán esa mayoría parlamentaria en el pleno "con una tránsfuga de Vox". Se ha referido a Marta Gómez, diputada antes integrada en la formación ultraderechista que ahora tiene la condición de no adscrita.
El portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha descartado en Hoy Por Hoy Canarias que la tensión entre los socios haya desencadenado una crisis de gobierno. Se ha limitado a hablar de "discrepancias" y ha defendido (como también ha hecho recurrentemente la Consejería de Turismo) que el Tribunal Supremo "se ha pronunciado diciendo que (la vivienda vacacional)no es una actividad inocua". Y si es actividad clasificada, ha continuado, "habrá que ver cuáles son los requisitos. Esa es la conversación en la que se está ahora mismo para intentar llegar y que haya un texto legal que regule" el alquiler vacacional. El dirigente reconoce las distintas realidades turísticas del Archipiélago poniendo como ejemplo a las islas verdes.
Guerra de escritos en el Parlamento
El choque entre los socios de gobierno continúa abierto. Está previsto que la ley de licencias urbanísticas (que incluye las enmiendas sobre el alquiler vacacional) se vote la próxima semana en el pleno del Parlamento. Sin embargo, estas últimas horas han estado marcadas por las maniobras políticas cruzadas. Coalición Canaria registró este lunes un escrito formulando un voto particular dirigido a la Mesa de la Cámara en el que propone excluir del dictamen la enmienda pactada entre el PSOE, NC y ASG.
La Agrupación Socialista Gomera ha respondido con otro escrito asegurando que la intención de los nacionalistas carece de motivación y pidiendo que no se tenga en cuenta. También que la Mesa de la Cámara se abstenga de decidir porque no es competente al respecto. Poco después, Coalición Canaria ha presentado un nuevo documento de subsanación dirigiéndose a la Presidencia del Parlamento. También el PSOE estudia la viabilidad jurídica del voto particular que plantean los nacionalistas y no descarta sumarse a este cruce de escritos.
