El Gobierno de Canarias mantiene su respaldo al director general de Costas, Antonio Acosta, tras haber sido imputado en el marco del proyecto turístico Cuna del Alma, en Adeje. La investigación está motivada por haber autorizado la construcción de un restaurante-piscina en zona de servidumbre de protección. "El juzgado, después de una denuncia, ha tenido a bien citar al jefe de servicio y al director general. Lo hace como investigado. Nosotros colaboraremos para dar a conocer y transparentar este expediente", ha asegurado en la SER el consejero del área Pablo Rodríguez. Ha mostrado su total confianza en que el procedimiento se ha ajustado a la legalidad.
Tal y como adelantó el digital Atlántico Hoy, la jueza de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona ha acordado citar en calidad de investigado al director general el próximo 14. Es la respuesta a una petición de la Fiscalía. La decisión llega tras una denuncia presentada en agosto de 2025 por parte de varios colectivos ecologistas y sociales de Tenerife apuntando la ejecución de obras presuntamente irregulares en la zona de servidumbre de protección costera. Entonces señalaron, incluso, un supuesto acoso a la familia Galindo. Esta es propietaria de parte de una nave antiguamente dedicada a empaquetar tomates. Es precisamente en esos terrenos, que tienen orden de expropiación, donde está proyectado el 'beach club'.
Paralizadas parte de las obras desde abril
La imputación es un paso más en el desarrollo judicial después de que la magistrada ya decidiese en abril paralizar cautelarmente parte de las obras de Cuna del Alma. El tramo en cuestión supone aproximadamente el 5% de la parcela de 2.500 metros cuadrados. La medida fue adoptada por la posibilidad de estar ante un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
La parte denunciante, el Tagoror Permanente, reclaman una suspensión total de los trabajos. Su portavoz, Víctor Martín, señala el director general de Costas justificó haber aprobado la construcción del restaurante-piscina porque "era de interés para el turismo canario". Le acusan, así, de ignorar "que la Ley de Costas estatal dice que no se pueden hacer ese tipo de instalaciones en la zona de servidumbre de protección".
Comienzan las declaraciones
Sin embargo, el consejero Pablo Rodríguez ha cerrado filas en torno a Acosta y ha sostenido que "el procedimiento tiene informes jurídicos, técnicos. Es lo que se espera de un dirigente político. Que firme resoluciones con los informes favorables. Lo que no podía hacer, con los informes favorables, es otra cosa que firmarlos". Los colectivos denunciantes detallan un intenso calendario judicial que va a marcar el verano dado que esta semana comienzan a declarar los testigos. En agosto lo harán también la promotora y funcionario de la Dirección General de Costas. Mientras que su titular pasará por los juzgados ya en septiembre.
