Eduardo del Pozo, concejal de Quito, se refirió a lo ocurrido en los sectores de la Comuna y La Gasca el pasado 31 de enero de 2022 y mencionó que la Empresa de Agua Potable, encargada del manejo de quebradas, presentó informes donde asegura que sí se hizo el mantenimiento de El Tejado: “Tenemos que creerles y presuponer que es real”.

Mencionó que incluso hubo dos fallecimientos de trabajadores de Emaseo tratando de hacer el mantenimiento de dos embalses de las laderas del Pichincha ubicadas en El Bosque: “No quita que vayamos a fiscalizar y poner mucho más énfasis y que se cumpla lo que está planificado”.

Aseveró que la deforestación no tuvo nada que ver con el aluvión pues durante la limpieza del sector se evidenció vegetación que bajó desde las ladres producto del desprendimiento de tierra: “Es un desastre natural claramente establecido, lo que no significa que en otros sectores no exista deforestación”.

“Vimos fotos de cómo maquinaria de la Prefectura sacaban rocas inmensas que bajaron en el deslave”.

De otro lado, informó que la declaratoria de emergencia, significa que se destinarán recursos para atender a los damnificados que han perdido sus casas o sus enseres, en ese sentido destacó la ayuda que consiguió el presidente de la República, Guillermo Lasso, producto de su visita a China, con una donación de electrodomésticos que alcanzan los USD100 mil: “Existe un trabajo interinstitucional, reconociendo el trabajo del MIES que sigue recolectando donativos”.

Salim Zaidán, abogado constitucionalista, destacó que el ego de los vocales de la Judicatura es inversamente proporcional a sus actitudes para ejercer acciones disciplinarias y administrativas en el sistema judicial, por lo que queda la duda de cómo se eligió a Fausto Murillo para presidir el ente, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, aún más cuando el funcionario fue removido y nuevamente colocado como vocal.

“Habría que investigar qué vínculos tiene para gozar el apoyo para presidir de manera transitorio este organismo”.

Calificó de penosa la pugna de poderes al interior de la Judicatura, pues aquello se convierte en un pretexto ideal para que el presidente de la República, Guillermo Lasso, plantee la supresión de la Institución.

Recordó la llegada de Maldonado como titular del organismo, un proceso cuestionado porque se supone debió ser electa de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tal cual lo establece la Constitución, y sin embargo el entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) impugnó a dos candidatos y los eliminó de la lista sin colocar reemplazos, por lo que la ahora exfuncionaria no estuvo sujeta a proceso de concurso.

“El CPCCS-T dejó un vacío al inclinarse a escoger a Maldonado por su cercanía con el expresidente Lenín Moreno”.

Mencionó que ese desacierto del Consejo presidido por Julio César Trujillo provocó el actual caos institucional y el problema para identificar quien debe llenar la vacante que deja Maldonado.

Aseveró que en el oficio de renuncia de la exfuncionaria se escribe que su alterno es Álvaro Román por tanto pide que actúe en su reemplazo, sin embargo, dijo, ese nombre es de la terna de Fiscalía.

En ese contexto consideró que ahora le corresponde al CPCCS que requiera a la Corte Nacional de Justicia una nueva terna para respetar el artículo 179 de la Constitución.

A criterio de Zaidán, la decisión de Maldonado es por la sentencia de la Corte Constitucional donde se reconoce la inconstitucionalidad de la evaluación de jueces y conjueces: “Ella ya se vio censurada y destituida por la Asamblea y quiso anticiparse con la renuncia, también creo que perdió respaldo político pese a que estuvo alineada durante varios años al Gobierno de Moreno pero parecería ser que en el actual régimen no ha cedido a cierto tipo de presiones y por eso la presionaron hasta que renuncie”.

En todo caso, resaltó que todos los vocales de la Judicatura incumplieron en funciones, por lo que, subrayó, espera sean sometidos a juicio político.

Sobre la designación de jueces temporales para resolver casos con alta carga política, el constitucionalista afirmó que para conocer y dictaminar una causa se requiere de un magistrado con competencia, lo contrario es contaminar procesos y provocar nulidades: “No midieron esas consecuencias, si querían atacar a políticos les dieron la mejor excusa para que interponga recursos y pidan revisiones sobre fallos”.

Alejandro Ponce, abogado – experto en Derechos Humanos, destacó que ante el aluvión registrado en La Gasca, el Municipio de Quito debería reparar de manera inmediata a las familias afectadas con indemnizaciones, protección, restitución de hábitat.

Sobre las denuncias respecto a que los moradores alertaron de que el río se estaba colapsando, el jurista indicó que desde la perspectiva legal se tiene que presentar reclamos respectivos contra el Municipio y si no se hicieran efectivos, entonces acudir a órganos judiciales para garantizarse sus derechos que fueron afectados por el cabildo.

“La inacción municipal probablemente es la causa de esto y si los pobladores alertaron y no se tomó ninguna medida, se tiene que reparar. No se debería esperar a que se presente una denuncia”.

Recordó que bajo una reciente sentencia de la Corte Constitucional los cabildos deben garantizar el hábitat seguro para los ciudadanos: “Y en este caso es evidente que las personas afectadas no han contado con este hábitat seguro”.

Aseveró la necesidad de tener un proyecto de ciudad a largo plazo y no solo de cuatro años, con una administración, pues esto permitiría tener medidas de protección permanentes: “No s puede pensar que cuando se acaba una alcaldía el plan se termina”.

“¿Qué ha hecho el municipio luego de la construcción de obras en los años 90? ¿De qué manera las diferentes acciones municipales han actuado para adoptar esas obras que significan cambio climático?”.

Espero que las autoridades comprendan que el trabajo no se hace por réditos políticos sino en favor de la ciudadanía.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, señaló que tras lo ocurrido en el sector de la Comuna con el aluvión, Quito está de duelo, de ahí que, puntualizó, la vorágine de la información, la cotidianidad de grandes problemas que enfrenta el país, la realidad de algunos políticos y medios de comunicación, no pueden hacer que se pierda de vista lo más importante, como es l atención ciudadana.

Manifestó que en estos momentos la capital perdió 27 personas, aún hay dos desaparecidas y sus familias viven horas de angustia, sumado a 53 heridos que se encuentran en Hospitales y alrededor de 400 personas afectadas de forma directa.

“41 viviendas han sido afectadas de las cuales 8 han estado realmente colapsadas, han ameritado que las Instituciones en Quito y Pichincha nos concentremos en el lugar”.

Reconoció que estar en el lugar ha sido anímicamente dura y difícil, sobre todo en el primer día, por la forma en cómo se encontró la zona cero. En ese sentido aseveró que existe frustración al constatar que el trabajo en territorio avanza pero con dificultades, pues en estos cinco días aún no se logra  desalojar todo el lodo, desechos, residuos que llegaron a la capital: “Pese a que se dispuso de toda la maquinaria y los operarios (…) Son más de 250 trabajadores entre ingenieros y psicólogos también”.

“Necesitamos de varias manos, palas, volquetas, carretillas (…) si lo pueden hacer para que acudan a la entrada al Teleférico”

Mencionó que este fin de semana se desarrollará la Minga por Quito, por lo que instó a la ciudadanía a acudir con botas, ropa holgada y guantes a acudir a la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central para ahí armar cuadrillas.

“Hemos visto escenas de dolor, de cariño y solidaridad, gratitud al cuerpo de bomberos, a la empresa eléctrica, a todos los funcionarios”.

En ese contexto, Pabón destacó que es momento de tregua política: “Dos semanas que he sido blanco de ataque, pero no podemos dejar que la agenda político electoral gane la racionalidad”.

Pabón se comprometió a continuar en la zona cero hasta saber que los ciudadanos queden en óptimas condiciones.

Sube el precio del petróleo; la sal y su extraña relación con el aborto y la emergencia en Quito

Alberto Acosta, economista y exasambleísta constituyente, indicó que frente a los desastres ocurridos en el país no se puede culpar a la naturaleza, porque es consecuencia de la intervención humana.

“Podríamos hablar de fenómenos naturales cuando tenemos terremotos o erupciones”.

Criticó el reciente derrame de más de 6.800 barriles de petróleo en la Amazonía producto de la caída de una roca: “No hubo capacidad de respuesta de la OCP”.

Reprochó que en lugar de suspender el bombeo y tomar medidas adecuadas para evacuar el crudo, se permitió que el derrame avance: “Sabemos que llegó al Río Coca y ya hay vestigios en el Río Napo, podría ir a Perú y hasta Brasil”.

“No hay capacidad de respuesta ni medidas de prevención, esto ya pasó en el 2020, no se tomaron precauciones para construir la empresa Coca Codo Sinclair”

Lamentó que por esa razón miles de familias hayan sido afectadas y en ese sentido cuestionó la complicidad del sistema de justicia que no ha actuado adecuadamente para garantizar los derechos de la naturaleza y las comunidades que ahí habitan.

Instó a no creer los argumentos de que las explotaciones se hacen con tecnología de punta, porque tal cosa no existe y en ese sentido hizo un símil al señalar que creer aquello es como pensar que Drácula es vegetariano y se puede encargar de un banco de sangre.

Dijo esperar que las autoridades respondan de manera correcta y se atienda la situación de las comunidades río abajo, las cuales simultáneamente deberán exigir la reparación, restauración de la naturaleza y las sanciones del caso: “Se podría pensar en retirar la licencia ambiental a la empresa OCP porque no cumple estándares mínimos y corregir elementos del trazo de ambos oleoductos porque el río está en proceso de erosión regresiva”.

Néstor Arbito, abogado y exvocal del Consejo de la Judicatura, destacó que la renuncia de María del Carmen Maldonado deviene de la situación crítica que vive el sistema de justicia, como consecuencia del desmoronamiento de la institucionalidad que empezó con la consulta popular de Lenín Moreno en 2018 y que se ejecutó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) liderada por Julio César Trujillo.

“El señor asumió funciones de una Asamblea Constituyente con siete miembros nombrados a dedo por el Ejecutivo, hizo y deshizo como les dio la gana, justificó diciendo que se trataba de un paréntesis constitucional, pero eso se llama dictadura”

Lamentó que la coyuntura nacional haya sido producto de quienes embriagados por revanchismo se dedicaron a perseguir, de ahí que se evidencia con Pablo Celi, excontralor subrogante, enfrentando un juicio penal por corrupción, Íñigo Salvador, procurador del Estado, a puertas de un juicio político debido a su incapacidad de defender los intereses del país y que ha llevado a una sentencia donde se condena a Ecuador a pagar una multa a transnacionales: “Y tenemos una Judicatura que no ha servido para nada”:

Recordó que desde el 2008 la Constitución le entrega a la Judicatura el rol  disciplinario, administrativo, de control y vigilancia, en todo el sistema justicia, e incluso tiene el deber de diseñar y ejecutar un Plan Estratégico, que permitía prever y apuntar a objetivos para tener factores de eficiencia y eficacia: “No solo es un rol administrativo, como algunos lo dicen”.

“El actual CJ ha demostrado que en lugar de ir adelante va atrás los tiempos procesales se demoran más”.

Criticó la manera en cómo Maldonado llegó a la Presidencia del Consejo, pues debió ser de una terna enviaja por la Corte Nacional de Justicia, sin embargo dos de los nombres que la acompañaron fueron impugnados y eliminados, por lo que se tomó de la terna de la Fiscalía para completar esa ausencia. “Lo lógico y lo constitucional era pedirle a la CNJ enviar los nombres para escoger el titular como el alterno”.

En ese sentido aseveró que al no hacer cumplido la norma, no puede asumir la sucesión el alterno proveniente de la Fiscalía, sino que la Corte Nacional debe enviar una nueva terna para que el CPCCS nombre mediante concurso: “Y luego escoger al titular y alterno de esa fuente”.

Juan Paz y Miño, historiador, detalló que el 10 de agosto de 1809 Ecuador junto con otros países de la región iniciaron un proceso independentista que culminó una década más tarde.

“Para el caso ecuatoriano culmina el proceso independentista en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, 13 años después; por consiguiente se da el triunfo en un contexto latinoamericano de luchas definitivas por la independencia”.

Recordó que en 2021, México y otros países centroamericanos e incluso Perú conmemoraron su bicentenario porque significo su independencia.

“Conmemorar el 24 de mayo como la gesta que culmina la independencia del Ecuador tiene significación nacional e internacional, es una gesta latinoamericana”.

Explicó que el componente de las fuerzas patrióticas que lucharon en la Batalla de Pichincha estuvo integrado por soldados de Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y hasta hubo oficiales ingleses y un alemán: “Y las tropas de la Gran Colombia que envió Bolívar son el grueso que al mando de Sucre logró liberar la región andina de lo que actualmente es Ecuador”.

“Es un asunto histórico de enorme trascendencia de vida del país, es la culminación de un sangriento proceso de independencia”.

Insistió en que no se trata de una conmemoración aislada, regional, no se trata solo de Pichincha, sino que es de reconocimiento nacional, pues tras el 24 de mayo de 1822 se dio la Audiencia de Quito, conformada por un amplio territorio que abarcaba el sur de Colombia y el norte de Perú: “El 29 de mayo se integra a la gran Colombia y lo hace como departamento del Sur o Ecuador y está ligado a la Gran República hasta el 13 de mayo de 1830 donde decide separarse y constituirse en Estado soberano”.

“Rompemos la unidad de la Gran Colombiana y el ideal de Bolivia y se funda la República del Ecuador en el Congreso que después de unos meses se celebró en Riobamba y eligen al primer Presidente Juan José Flores”.

Aseveró que América Latina fue pionera en romper con el coloniaje y por consiguiente vale celebrar estas hechas importantes, de ahí que instó a un trabajo entre el Gobierno Nacional, la Prefectura de Pichincha y Alcaldía de Quito para conmemorar el bicentenario como el fin del proceso de independencia.

“Debió ser una cuestión nacional para mantener una memoria histórica y cultivar un civismo nacional porque con ello celebramos la gesta que tiene Ecuador desde la época colonial a nuestros días”.

Aseveró la importancia de que el Concejo Provincial haya recogido la idea de conmemorar, aunque reiteró que debió ser un motivo de Estado porque el país enteró luchó en la Batalla de Pichincha liberando a Ecuador del coloniaje.

Quito en emergencia y la Judicatura también

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, informó que el pasado martes 18 de enero de 2022 se declararon asambleas territoriales a fin de llevar el mensaje a las comunidades, sobre la respuesta negativa del Gobierno a los seis temas que se pidieron, entre los cuales estaba el bajar el precio de los combustibles.

Lamentó que el régimen no resuelva ninguna de las problemáticas que vive el país en materia económica, social y de salud, y más bien se siga acumulando de otros temas, tal cual ocurrió en la administración de Lenín Moreno y que provocó el paro de octubre de 2019.

“El Gobierno irá sintiendo la reacción negativa de la población y todo acabará en movilizaciones”.

Manifestó que no se descartan las medidas de hecho, pero que con la nueva ola de Covid-19 se decidió suspender aunque también mencionó la irresponsabilidad con la que se ha manejado la pandemia pues por un lado se declara en semáforo rojo y a una semana les cambian a amarrillo y hasta verde, justamente en pleno pico de contagios: “Hay un efecto real sobre contagios pero seamos responsables sobre los indicadores”.

De otro lado se refirió a las elecciones de 2023 y dijo esperar que Pachakutik tome en cuenta la decisión de los pueblos y nacionalidades para escoger candidatos y no se resuelva mediante una valoración personal.

“Como Conaie vamos a exigir y luchar para que dentro del movimiento sea respetada la democracia comunitaria, como principio fundante del movimiento indígena”.

Mencionó además que con Pachakutik hay una relación orgánica, indisoluble aunque reconoció que hay problemas con ciertos asambleístas que han decidido apegarse a las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso y el FMI: “Pero hay otro que ha decidido transitar por la lucha de los pueblos y sostener propuestas dentro del legislativo y ahí nos identificamos con el PK en rebeldía y mantenemos la posibilidad de construir un país mejor”.