Radio Pichincha

Comps Córdova, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Fiscalización, denunció que el Gobierno de Guillermo Lasso pretende liberar y dejar a salvo a su Superintendenta de Bancos, Ruth Arreguí, pese al abuso que se evidenció en los últimos cuatro años y más aún en la pandemia.

Reprochó la actuación de la mayoría de la Comisión de Fiscalización como Ana Belén Cordero, María Soledad Diab, Pedro Velasco, Marco Troya y Fernando Villavicencio, cuya acción está careciendo de veracidad y objetividad: “Obedecen a las acciones del Gobierno son de CREO, independientes, Social Cristianos y ya han venido actuando de forma perversa”.

“Rechazamos el abuso de la banca, cobros indebidos, intereses altos, son los bancos quienes han ganado más recursos en el tiempo de pandemia”.

Mencionó la renegociación de deudas que impulsaron los bancos en época de crisis sanitaria, que en lugar de ayudar a la población golpeada permitió que las Instituciones Financieras ganaran montos sumamente altos, esto en ojos de la propia Superintendenta, llamada a trabajar a favor de los usuarios.

Aseveró que las ganancias de la banca que pasaron de USD554 millones en 2018 a USD616 millones en 2019, se da por efecto de una resolución emitida por la Superintendencia sobre los créditos a las pequeñas empresas cuyas ventas anuales oscilan entre los USD100.000 y USD300.0000, dichos préstamos pasaron de tener una tasa de interés del 11.83% al 30.5%.

Con esa base, subrayó que quienes llegaron a las curules asegurando que trabajaran por el pueblo terminan favoreciendo a la banca, buscando salvar a Arreguí operaria del Gobierno.

“Demandamos al Gobierno que no pretenda salvar a la Superintendenta y a la ciudadanía le pedimos estar atenta de la acción de los asambleístas que defienden los intereses de la banca”.

Para el asambleísta todo esto demuestra que el país está siendo gobernando por la banca, la misma que se ha negado a invertir en salud, educación, trabajo o medicina: “La banca destruye el país”.

Dijo esperar que la mayoría legislativa se allane al informe de minoría y destituyan a Arreguí de su cargo, tal cual ocurrió en la Ley de Defensa a los Clientes donde se obtuvieron 123 votos para ratificarla y ponerle en vigencia pese al veto del Ejecutivo, sin embargo instó a recordar que 12 legisladores de CREO e independientes sí votaron en favor de la banca: “Nos queda estar pendientes y vigilantes y reclamando de pie los derechos, resistir porque la banca está gobernando y destruyendo el país”.

Kintto Lucas, exvicecanciller, señaló que sin duda alguna el Gobierno Chino es consciente de las contracciones del mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, que en su época de candidato aseguraba que los préstamos entre esa nación y Ecuador estaban llenos de corrupción y de repente aparece para prácticamente intentar regalarles las empresas del Estado: “Eso cae mal para cualquier país. China no ve en este Gobierno un Gobierno serio”.

Criticó además que la visita no haya sido planificada por Cancillería por lo que no se tradujo en una reunión de Jefes de Estado y entre autoridades de ambas naciones, sino en un encuentro apresurado que no obtuvo mayores resultados.

“Fue un viaje muy poco serio, demuestra que más allá de la retórica del Presidente y de la gente de Gobierno antichina finalmente se dan cuenta que en el mundo actual que estamos viviendo una guerra fría y guerra global,  hay que conversar con todos, no solo ser sumisos con EEUU”.

Mencionó las reuniones que tuvo el Gobierno Chino con Vladímir Putin de Rusia o Alberto Fernández de Argentina, con este último incluso se acordó llevar a la empresa Xiomi al país latinoamericano: “Lasso, en cambio, fue a participar de los juegos de invierno, eso lo titulaban los medios de comunicación chinos”.

Aseveró que para renegociar la deuda o hablar de un Tratado de Libre Comercio no hacía falta ir a China, se pudo tener reuniones por zoom.

Luis Reina, concejal de Quito, criticó que el lunes 31 de enero de 2022, día del aluvión en la Comuna y La Gasca, no hubo una sola Institución del Municipio ni del Gobierno Nacional, e incluso lamentó la ausencia del Cuerpo de Bomberos que siempre responde con prontitud y en esta ocasión no se presentó.

Aseveró que en la mañana del martes 1 de febrero pudo ver la solidaridad de las personas y de entidades como la Prefectura de Pichincha con su maquinaria y personal, además de varios municipios como el de Cayambe, en este último caso, destacó la presencia del alcalde Guillermo Churuchumbi quien estuvo con botas y pala sacando el lodo de las casas, cosa que no se vio con Santiago Guarderas.

En ese contexto lamentó que a todos quienes ayudaron y se solidarizaron con la ciudad hayan sido calificados como carroñeros.

“Todos los que se pusieron las botas y cogieron las palas fueron criticados”.

Según el edil el régimen de Guillermo Lasso y la Alcaldía debieron poner un funcionario cuadra por cuadra para atender a los afectados, en ese sentido reprochó que cinco días después Guarderas haya convocado a sesión para recién declarar la emergencia en el sector, pese a que el martes le enviaron un documento para que llame a una sesión urgente para el efecto.

Criticó además que cuando se pidió cuentas al gerente de Emaseo, empresa encargada del mantenimiento de las quebradas, respondió con prepotencia afirmando que tiene 40 años de experiencia y que sí se hizo la limpieza dos veces al año, pero no presentaron documentos como órdenes de trabajo, los obreros asignados o el volumen de material que extrajeron.

Tras el aluvión, una comisión. El mismo libreto de siempre

Lo que nos dejó el aluvión

Luis Fernando Molina, abogado constitucionalista, aclaró que la renuncia de Diego Ordóñez como asambleísta de CREO no interrumpe el proceso en su contra que se sigue en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por tanto la causa no puede archivarse ni dejarse de sancionar.

Recordó que la actuación de exlegislador en contra de la asambleísta Mónica Palacios no es un acto aislador pues en diciembre de 2021 tuvo inconvenientes con la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Palacios, y la legisladora Jahiren Noriega, a quienes mandó a callar e incluso llamó narcodiputada a la exsenadora Piedad Córdova: “A lo largo de su gestión ha mostrado actos de misoginia, machismo y violencia política de género”.

Destacó que el Código de la Democracia apunta que cualquier persona puede sujetarse a un proceso por violencia política de género, es decir no necesariamente debe ejercer un cargo público o conservar su calidad de asambleísta para ser juzgado.

Explicó que la sanción prevé la destitución si es funcionario público o la suspensión de derechos políticos de hasta cuatro años para un ciudadano común.

En ese sentido puntualizó que llama la atención la supuesta decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, de colocar a Ordóñez como su asesor; lo cual demostraría que el mandatario le da la espalda a las mujeres en primera por su anuncio de vetar el proyecto de Ley de Interrupción del Embarazo en casos de Violación y ahora por premiar al exasambleísta al colocarlo dentro del círculo cercano del Gobierno.

“No puede estar en el círculo del Presidente de la República porque en su campaña habló de la lucha de erradicación de la violencia y ese nombramiento desdice sus palabras”.

Molina mencionó que pese al presunto nombramiento no puede influir en el TCE ya que en un Estado constitucional se lo debe juzgar de forma independiente.

Puntualizó que la sanción del Consejo Administrativa de la Legislatura (CAL), el pasado 15 de diciembre, de suspender por 15 días a Ordóñez no tiene nada que ver con el proceso en el TCE, pues en el caso del Legislativo es una sanción administrativa por agresión verbal y la del Tribunal por violencia política de género con sustento en Convenciones Internacionales sobre erradicación de violencia y Código de la Democracia: “Al ser conductas distintas no cabe doble juzgamiento”.

Verónica Carrillo, asambleísta y secretaria Nacional de Juventudes de la Izquierda Democrática, destacó que en todas las organizaciones políticas existen discrepancias y mucho más con el proyecto de Ley de Interrupción del Embarazo en casos de Violación, sin embargo recordó que el Plan de Gobierno presentado por el excandidato a la Presidencia, Xavier Hervas, contemplaba la despenalización del aborto y no solo por violación.

“No se puede hacer una política así cuando en el plan de gobierno entraste a defender el tema, hay que enmendar eso y cambiar la política, los ciudadanos tienen derecho de estar molestos”.

Mencionó que en campaña electoral no solo la ID se autoproclamó feminista y estar a favor del Proyecto de Ley en casos de violación, sino otros movimientos que llegando a la curul le dan la espalda a las mujeres y niñas que están esperando una normativa justa y reparadora.

Destacó, sin embargo, el trabajo de Johanna Moreira y Alejando Jaramillo que pese a todo siguen haciendo su trabajo internamente dentro del partido: “No puedo hablar de la ID en general, en cada territorio es distinto”.

En todo caso, puntualizó que el exponer los temas que se debaten a la interna permite mejorar los procesos, tomando en cuenta que la antigua militancia rechazar hacer una nueva forma de política.

Indicó su discrepancia con Daltón Bacigalupo quien en su red social twitter habló de feminismo histérico, agrediendo a las mujeres: “Yo tengo militancia feminista y no voy a permitir que me traten con misoginia dentro del mismo partido político”.

Aseveró que tampoco comparte la respuesta que ha dado el asambleísta ante el proceso de bloqueo de Hervas a mujeres que le reclaman su coherencia con las ofertas de campaña: “Su forma de responder “vamos Hervas 2025” pareciendo boot frente a las críticas, tampoco es bueno”.

Reconoció que a la interna de la organización política ha recibido golpes por manifestarse, reclamar y por no concordar con un asambleísta, a quien no identificó, en su comentario de que antes una mujer se hacía mujer a los 14 años: “No podemos callarnos porque si no somos cómplices de vulneración de derechos”.

“No concuerdo con la antigua militancia, hay comentarios que no soporto leerlos porque duele”.

Recordó que ella militó más de siete años y estuvo en el proceso de refundación recogiendo firmas: “Y aquí estoy exponiendo cosas que molestan porque la manera de hacer política es ser fiel a los principios”.

Eduardo del Pozo, concejal de Quito, se refirió a lo ocurrido en los sectores de la Comuna y La Gasca el pasado 31 de enero de 2022 y mencionó que la Empresa de Agua Potable, encargada del manejo de quebradas, presentó informes donde asegura que sí se hizo el mantenimiento de El Tejado: “Tenemos que creerles y presuponer que es real”.

Mencionó que incluso hubo dos fallecimientos de trabajadores de Emaseo tratando de hacer el mantenimiento de dos embalses de las laderas del Pichincha ubicadas en El Bosque: “No quita que vayamos a fiscalizar y poner mucho más énfasis y que se cumpla lo que está planificado”.

Aseveró que la deforestación no tuvo nada que ver con el aluvión pues durante la limpieza del sector se evidenció vegetación que bajó desde las ladres producto del desprendimiento de tierra: “Es un desastre natural claramente establecido, lo que no significa que en otros sectores no exista deforestación”.

“Vimos fotos de cómo maquinaria de la Prefectura sacaban rocas inmensas que bajaron en el deslave”.

De otro lado, informó que la declaratoria de emergencia, significa que se destinarán recursos para atender a los damnificados que han perdido sus casas o sus enseres, en ese sentido destacó la ayuda que consiguió el presidente de la República, Guillermo Lasso, producto de su visita a China, con una donación de electrodomésticos que alcanzan los USD100 mil: “Existe un trabajo interinstitucional, reconociendo el trabajo del MIES que sigue recolectando donativos”.

Salim Zaidán, abogado constitucionalista, destacó que el ego de los vocales de la Judicatura es inversamente proporcional a sus actitudes para ejercer acciones disciplinarias y administrativas en el sistema judicial, por lo que queda la duda de cómo se eligió a Fausto Murillo para presidir el ente, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, aún más cuando el funcionario fue removido y nuevamente colocado como vocal.

“Habría que investigar qué vínculos tiene para gozar el apoyo para presidir de manera transitorio este organismo”.

Calificó de penosa la pugna de poderes al interior de la Judicatura, pues aquello se convierte en un pretexto ideal para que el presidente de la República, Guillermo Lasso, plantee la supresión de la Institución.

Recordó la llegada de Maldonado como titular del organismo, un proceso cuestionado porque se supone debió ser electa de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tal cual lo establece la Constitución, y sin embargo el entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) impugnó a dos candidatos y los eliminó de la lista sin colocar reemplazos, por lo que la ahora exfuncionaria no estuvo sujeta a proceso de concurso.

“El CPCCS-T dejó un vacío al inclinarse a escoger a Maldonado por su cercanía con el expresidente Lenín Moreno”.

Mencionó que ese desacierto del Consejo presidido por Julio César Trujillo provocó el actual caos institucional y el problema para identificar quien debe llenar la vacante que deja Maldonado.

Aseveró que en el oficio de renuncia de la exfuncionaria se escribe que su alterno es Álvaro Román por tanto pide que actúe en su reemplazo, sin embargo, dijo, ese nombre es de la terna de Fiscalía.

En ese contexto consideró que ahora le corresponde al CPCCS que requiera a la Corte Nacional de Justicia una nueva terna para respetar el artículo 179 de la Constitución.

A criterio de Zaidán, la decisión de Maldonado es por la sentencia de la Corte Constitucional donde se reconoce la inconstitucionalidad de la evaluación de jueces y conjueces: “Ella ya se vio censurada y destituida por la Asamblea y quiso anticiparse con la renuncia, también creo que perdió respaldo político pese a que estuvo alineada durante varios años al Gobierno de Moreno pero parecería ser que en el actual régimen no ha cedido a cierto tipo de presiones y por eso la presionaron hasta que renuncie”.

En todo caso, resaltó que todos los vocales de la Judicatura incumplieron en funciones, por lo que, subrayó, espera sean sometidos a juicio político.

Sobre la designación de jueces temporales para resolver casos con alta carga política, el constitucionalista afirmó que para conocer y dictaminar una causa se requiere de un magistrado con competencia, lo contrario es contaminar procesos y provocar nulidades: “No midieron esas consecuencias, si querían atacar a políticos les dieron la mejor excusa para que interponga recursos y pidan revisiones sobre fallos”.

Alejandro Ponce, abogado – experto en Derechos Humanos, destacó que ante el aluvión registrado en La Gasca, el Municipio de Quito debería reparar de manera inmediata a las familias afectadas con indemnizaciones, protección, restitución de hábitat.

Sobre las denuncias respecto a que los moradores alertaron de que el río se estaba colapsando, el jurista indicó que desde la perspectiva legal se tiene que presentar reclamos respectivos contra el Municipio y si no se hicieran efectivos, entonces acudir a órganos judiciales para garantizarse sus derechos que fueron afectados por el cabildo.

“La inacción municipal probablemente es la causa de esto y si los pobladores alertaron y no se tomó ninguna medida, se tiene que reparar. No se debería esperar a que se presente una denuncia”.

Recordó que bajo una reciente sentencia de la Corte Constitucional los cabildos deben garantizar el hábitat seguro para los ciudadanos: “Y en este caso es evidente que las personas afectadas no han contado con este hábitat seguro”.

Aseveró la necesidad de tener un proyecto de ciudad a largo plazo y no solo de cuatro años, con una administración, pues esto permitiría tener medidas de protección permanentes: “No s puede pensar que cuando se acaba una alcaldía el plan se termina”.

“¿Qué ha hecho el municipio luego de la construcción de obras en los años 90? ¿De qué manera las diferentes acciones municipales han actuado para adoptar esas obras que significan cambio climático?”.

Espero que las autoridades comprendan que el trabajo no se hace por réditos políticos sino en favor de la ciudadanía.