Ahora los muertos cuelgan de los puentes en Ecuador

Las expresiones del Presidente Lasso y las cuentas pendientes de Moreno

Cristian Castillo, investigador y docente universitario, señaló que sin duda alguna se hace necesario hacer reformas a la seguridad social, pues la esperanza de vida desde el año 2000 ha crecido en cinco años, es decir hasta un poco más de los 77 años de edad.

Mencionó que la curva de afiliaciones va a la baja, mientras hay más personas jubilándose, existen menos trabajando, de ahí que las reformas deben apuntar a la generación de empleo formal y no a entregar créditos de USD500 para adquirir una charola de caramelos y vender en la esquina.

También cuestionó la diferencia que se hace entre la seguridad social de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con la ciudadanía en general, puesto que a los dos primeros grupos el Estado les aporte el 65% y les permite jubilarse con 20 años de trabajo: “A los 40 años estas jubilado de Mayor, por ejemplo, y reciben USD3500 hasta que se muera”.

Aseveró que cualquier cambio no debería impactar a quienes están a diez años de jubilarse: “Probablemente al resto si se les pueda incrementar la edad”.

De otro lado, indicó que para hacer cualquier ajuste el régimen debe fortalecer la atención en la salud que brindan las casas del IESS, abasteciendo de medicamentos, de personal y otros, para justificarlo.

Asimismo puntualizó que si se piensa retirar de los beneficiarios a los hijos de los afiliados menores de 18 años, se debe garantizar que esa población reciba atención en los otros hospitales y centros del sistema público.

Daniel González, abogado especialista en Derecho Administrativo, calificó como bochornoso y lamentable lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) donde Hernán Ulloa, arbitrariamente, junto con Instituciones del Ejecutivo tomaron por asalto la Presidencia de la entidad.

“No puede pasar lo que sucedía en el Gobierno de Moreno donde se decía que la realidad supera la legalidad, aquí no puede pasar con argucias políticas”.

Criticó que Ulloa busque citar el Código Orgánico Administrativo para justificar el asalto al Consejo, pero al mismo tiempo desconoce el artículo 62 de la misma ley donde se apunta que los cuerpos colegiados se regirán a su norma propia y en este caso hay un cuerpo legal del CPCCS que establece un periodo fijo de funciones del Presidente y Vicepresidente por dos años: “Porque si hablamos de mayorías y minerías se cambiarían a cada rato las autoridades en los cuerpos colegiados”.

Mencionó que el titular y Vicepresidente del organismo, según norma expresa, deben durar dos años en funciones, más allá de acuerdos o desacuerdos y en caso de removerlos o destituirlos la ley establece que las causales son las muerte, revocatoria de mandato, juicio político o porque en tres meses la Presidenta del CPCCS no haya respondido algún requerimiento, ninguno se ha cumplido.

“De ahí quien convoca a sesiones es el Presidente, entonces no puede haber auto convocatoria con apoyo de la Policía para legitimar una acción arbitraria del consejero Ulloa y mayoría”.

Aseveró que el argumento de Ulloa sobre incumplimiento de funciones debe ser conocido por la Asamblea Nacional y no por los propios vocales del CPCCS y arrogarse funciones: “Por ello quien tiene la razón en este conflicto jurídico es la señora Almeida, ella es la Presidenta”.

Respecto a las medidas cautelares de Almeida, el jurista destacó que no pueden ser revocadas por otro magistrado ni tampoco emitir una acción de protección sobre el caso, pues el procedimiento adecuado es que se apele o revoque con el mismo juzgador: “La acción constitucional no puede pronunciarse respecto a las decisiones de otros juzgadores”.

Con esa base, subrayó que la auto convocatoria del pasado miércoles 9 de febrero que se dio sin la anuencia de la Presidenta del CPCCS o del vicepresidente, carece de eficacia jurídica y por tanto la sesión es nula, aunque el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Telecomunicaciones, la Policía y el mismo Gobierno Nacional quiera legitimarlo: “La política no puede estar sobre un Estado de legalidad”.

Sobre el pronunciamiento del Ejecutivo mediante un comunicado en el que asegura respeta las diferentes funciones del Estado, González puntualizó que en la práctica es todo lo contrario: “Esto demuestra intromisión directa sobre el CPCCS, con esto perdemos los ecuatorianos”.

Resaltó que al final todo esto contamina la selección de autoridades y deja entrever que el Gobierno se adelanta a cualquier jugada frente a posibles actos de corrupción que cometa, asegurándose un Contralor que no le audite.

Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, señaló que aunque para su organización política el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no debería existir, esa entidad está amparada en la Constitución y por tanto se debe respetar su independencia.

Resaltó que el PSC ve con preocupación la intromisión del Gobierno del Presidente Guillermo Lasso en el organismo: “Más aún cuando cínicamente con un mini grupo de periodistas quieren enrostrarle al PSC el control de ese organismo”.

Cuestionó además la intromisión del Consejo de la Judicatura al pretender remover del cargo a la jueza que otorgo medidas cautelares a Sofía Almeida para mantenerla en el cargo de Presidenta del CPCCS y para añadir una cereza al pastel que permita la intervención de otra magistrada para derogar el dictamen: “No hay marco jurídico que respalde”.

“Hay una intromisión no solo del Gobierno sino de la Judicatura cuyo Presidente debería ser llamado a comparecer a la Asamblea Nacional y que explique lo que no se entiende”.

Recordó que hasta el año pasado el Ejecutivo hablaba de eliminar el CPCCS porque no tenía mayoría en esa entidad y ahora sorprendentemente ha cambiado de opinión, pues, dijo, se encargó de inclinar la balanza y poner a la vocal Ibeth Estupiñán a su favor.

“La Ibeth Estupiñán que aprobó el reglamento para elegir al nuevo Contralor General, es la misma que dice que no le gusta y responde al otro lado”

Destacó la necesidad de pedirle explicaciones a Estupiñán del por qué cambio de bando, más aún cuando hay grabaciones de ella ofreciendo cargos públicos, pidiendo algo a cambio: “La Asamblea no se ha portado diligente como debería ser”.

“Veía a analistas disfrazados de periodistas criticar permanentemente a Estupiñán y ahora que está del otro lado aplauden y dicen que bueno que cambió la mayoría”.

Mencionó que todo esto pone en juego la democracia del país: “Hay que velar por qué nadie meta la mano en ese organismo que está por designar autoridades importantes”.

Descontrol en el CPCCS

El investigados y gestor de proyectos de Desarrollo, Paco Salazar, manifestó que su Consorcio fue el encargado de diseñar y construir el museo en el Palacio de Carondelet en el año 2016, al cual calificó como el proyecto más grande culturalmente pues se trataba del más visitado en el país.

Indicó que ese museo era el segundo más visitado del país luego de la Mitad del Mundo y lo más importante, dijo, es que su construcción se designó por concurso público, es decir luego de revisar varias propuestas.

“Es una pena que el museo no haya durado ni semanas, no era dedicado a los regalos del Presidente sino dedicado a la historia de la República”.

Recordó que el espacio tenía contenidos de investigación en términos de todo el proceso y luchas sociales que se han dado para llevar a Ecuador a la democracia: “Hubo, por ejemplo, un espacio importante para el Ferrocarril que se conectaba con discursos en audio donde la gente hablaba de como ese medio transformó la vida de sus ciudades y cómo lo volvió hacer cuando lo rehabilitó”.

Detalló que hubo una división de salas, una dedicada a relaciones internacionales, otra a territorio nacional, asimismo para los obsequios y una sala para hablar sobre democracia: “La historia de la línea del tiempo ahí empezaba en 1815 se acababa en 2008 con la elaboración de la nueva Constitución de Montecristi, buscaba la comprensión de un proceso social acumulado”.

“Había piezas de reserva nacional, de bienes patrimoniales del país. No se trataba de exposición de objetos lujosos, ni de plumas ni relojes, era un espacio que hablaba de la historia del país y hacía honor a las luchas sociales”.

Lamentó que en la intención absurda de Moreno de destruir todo lo que huela a su antecesor haya quitado la voz que dio Correa a los excluidos.

Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, señaló que lo ocurrido el miércoles 9 de febrero en esa entidad es un capítulo más de la serie de ataques que vive la institucionalidad del país.

“Ha sido un intento de golpe de Estado al intentar tomarse a la fuerza el Consejo para de manera autoritaria remover a la Presidenta y Vicepresidente, las competencias no son legales, lo ejecutado el miércoles con el auspicio de la fuerza pública es ilegal”.

Recordó que la ley del CPCCS apunta que el Presidente y Vicepresidente serán nombrados por dos años y Sofía Almeida junto a David Rosero están apenas nueve meses: “Lo ocurrido ayer es un atentado a la institucionalidad y la democracia”.

Dijo esperar que esto solo quede en un intento y se pueda recuperar el quehacer de la Institución de manera democrática: “Es una forma de tratar de imponerse, tomarse por parte del Ejecutivo otra Función del Estado”.

Destacó que el CPCCS no se debe al Ejecutivo y por tanto es ilógico que otra Institución como el Ministerio de Trabajo auspicie el comportamiento de cuatro vocales ligados al Gobierno, mismos que buscan nombrar autoridades a dedo, cambiando las reglas de juego a última hora.

“El Presidente Lasso se esconde y no le da la cara al país, diga él mismo si estamos en una dictadura y si se va a tomar las Funciones del Estado”

Aseguró que ha sido el régimen el que no ha obstaculizado el proceso de selección del nuevo contralor pues al parecer se siente cómodo con el subrogante del subrogante Pablo Celi, ahora privado de la libertad: “El concurso lleva parado mes y medio y lo más triste es que quieren cambiar las reglas para incorporar una prueba oral que es lo más fácil para privilegiar intereses políticos, como hizo el Trujillato con Diana Salazar que en prueba escrita obtuvo 10/20 pero en la prueba oral le nombraron como la gran ganadora”.

Pasaporte y democracia exprés

El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, se refirió al reciente anuncio del Registro Civil de incrementar el precio del pasaporte si la ciudadanía decide sacarlo exprés y no bajo turno, y en ese sentido manifestó su preocupación por el contraste que hará la ciudadanía con Gobiernos de Izquierda, lo cual se verá reflejado en las próximas elecciones de 2023.

Mencionó que los regímenes de izquierda tuvieron muchos defectos y serias desviaciones democráticas pero tuvieron claro que el servicio público debía ser eficiente para obtener respaldo ciudadano, cosa que no ha comprendido el Gobierno de derecha de Guillermo Lasso.

Reconoció que a este régimen no le falta dinero porque con las nuevas reformas tributarias excede lo que necesitaba, sumado al precio alto del petróleo, además de la renegociación de deuda con China, entonces se preguntó por qué no se preocupa por mejorar los servicios públicos y mejorar sus condiciones.

“Cuando vengan las nuevas elecciones la gente va a decir que le dio la oportunidad a alguien de derecha no le falto plata y los servicios públicos al traste y volverá a confiar en alguien de izquierda”.

Reprochó que si el ciudadano de a pie se queja de los servicios públicos, mucho más en temas de salud cuya administración directa deviene del Gobierno y no hay medicinas ni buena atención: “Espero de corazón, más allá que mi partido no tenga relación con el Gobierno, que manejen bien esto”.

El problema para Torres es que la afectación será a toda la tendencia de derecha, sin duda alguna, dijo, esto demuestra que ser político es totalmente distinto a ser empresario o activista social: “Poner en funcionamiento la maquinaria del Estado para que funcione bien no es sencillo”.

“Pensé que tendría una buena administración en lo público y se demuestra lo contrario. Les está quedando el puesto grande a algunos”.

Manifestó que por dignidad algunos funcionarios deberían renunciar para volver al sector privado: “Ojalá en el futuro tengamos mejores y profesionales políticos que entiendan lo que significa hacerse cargo”