Radio Pichincha

Los distractores políticos

Los rumores legislativos y las medidas tardías del Gobierno

Maximiliano Donoso, exsubsecretario de Gobierno, señaló que lo vivido en las cárceles espeluzna a la sociedad por el nivel de violencia que se traduce a las calles con un alto incremento de delitos y sicariato, todo esto por falta de política pública, producto de la decisión del expresidente Lenín Moreno de desmantelar las Instituciones encargadas de la seguridad.

“Tampoco podemos dejar de recordar la erosión regresiva de las aberraciones que se cometieron con el Trujillato que dinamitaron la institucionalidad del país, es el resultado de eso, con problemas al interno de la policía, cerraron las escuelas de formación de los guías penitenciarios”.

Mencionó que el Ministerio Coordinador de Seguridad permitía coordinar el trabajo entre el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobierno con la Policía Nacional, cosa que permitió reducir la violencia en 5.6 por cada 100 mil habitantes y ahora el Ecuador está por 19.9 por cada 100 mil personas.

“Estamos viviendo el efecto de eso, no se puede pensar que la rehabilitación social es un hecho aislado cuando la rehabilitación social es el resultado de todo un proceso de la sociedad”.

De otro lado criticó el abuso de la prisión preventiva que ha producido un hacinamiento descomunal de ahí que cuando se registraron las masacres en la Penitenciaria de Guayaquil los privados de libertad asesinados eran personas sin sentencia, por infracciones de tránsito o por pensiones alimenticias: “Todo eso nos debe llevar a preguntar si ¿el Estado tiene el control de las cárceles?”

Cuestionó cómo es posible que un Estado no sea capaz de controlar los Centros Penitenciarios donde se supone que están los delincuentes y aquello, dijo, demuestra que difícilmente puede controlar los delitos en las calles.

En ese contexto mencionó que le parece importante el paso que se ha dado desde el régimen de Guillermo Lasso, desarrollando una Estrategia Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social que contiene 181 paginas, 380 acciones y 12 ejes, sumado a un decreto en el cual se establece la necesidad de amnistiar a presos por delitos menores que han cumplido el 40% de la sentencia.

“Me parece importante el paso que se ha dado, han pasado nueve meses desde que el Gobierno de Guillermo Lasso asumió el mando, la secretaria Bernarda Ordóñez, donde finalmente se integran varias Instituciones”.

Reprochó que frente al alto nivel de inseguridad por la falta de política pública en los últimos cinco años, les lleve a los Gobiernos de turno a hablar de que en el régimen de Rafael Correa hubo un pacto con las mafias: “Lo cual es infamia, si es así que demuestren no se puede hablar de eso suelto de huesos”.

También se preguntó a qué nivel de soberanía llega el Ecuador que ahora cualquier representante internacional opina lo que le da la gana de política interna en el país: “Ayer el representante de Naciones Unidas habla de que los nuevos Centros de Rehabilitación es la causa de las masacres ¿Qué prueba tiene? ¿Conoció los antiguos penales?”.

Ana Vera, directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna – Ecuador, informó que las organizaciones de mujeres están preparando demandas de incumplimiento tras la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación, pues su debate, dijo, se cumplió de manera inadecuada sin basarse en estándares de derechos humanos o científicos: “Se vieron negociaciones políticas que dejaran afuera a niñas y mujeres empobrecidas”.

“Esperaría de la Corte cómo un órgano colegiado responda con base a Derechos Humanas, la pelea será muy dura porque los grupos antidrechos con poder económico van a intentar incidir en esa Corte”.

Explicó que de acuerdo a los datos de Surkuna el plazo de 12 semanas, que se establece para mujeres mayores de 18 años,  dejará por fuera al 42.9% que están en situación empobrecida, pertenecen a pueblos y nacionalidades y las que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. Mientras que el plazo de 18 semanas para las niñas no permitirá su acceso al 78.6%.

“Estos porcentajes se establecen sobre la muestra de las niñas y mujeres gestantes que hemos acompañado desde la sentencia de la Corte Constitucional en abril de 2021, las niñas indígenas menores de 14 años que accedieron a un aborto seguro por violación, hoy estarán fuera”.

Aunque reconoció que a la Corte le faltó firmeza al dictar sentencia, también mencionó que quiso dar lugar a un debate en distintas instancias sin mirar el nivel de política que se manea en Ecuador, donde los derechos se negocian sin importar lo que está en juego.

“Ahora esperaría que el Presidente Guillermo Lasso actúe en base a DDHH y amplíe estos plazos reducidos, eso se tiene que exigir, claro que es difícil pero es lo mínimo que se puede pedir a un Presidente de Estado laico y democrático”.

Lamentó que esos legisladores que se embanderaron como Prodrechos y Provida se hayan negado a acceder a la invitación que les hizo Surkuna para conocer las casas de acogida donde las niñas gestantes violadas se encuentran y puedan ver su realidad: “Porque no les interesa, ellos solo quieren jugar el rol que les hacen lucir como prodrechos y disputar un lugar en la política”.

Con esa base insistió en la necesidad de demandar el incumplimiento de sentencia por parte de la Asamblea Nacional que no cumplió su trabajo y en ese sentido subrayó que nunca más las organizaciones de mujeres van a permitir que usen sus luchas para ganar elecciones como pasó con Guillermo Lasso, Xavier Hervas o una facción de Pachakutik en cabeza de Ricardo Vanegas.

“Nosotras no olvidamos y vamos a visibilizarlos cada que intenten tomar nuestras luchas para ganar nuestros votos, nunca más, no vamos a permitir que lucren con nuestras vidas y el sufrimiento de las niñas y mujeres gestantes víctimas y sobrevivientes de violación”.

Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, dijo esperar que la Embajada de China no permita que el Gobierno de Guillermo Lasso usé los recursos destinados a la reconstrucción de esa provincia y la de Esmeraldas, para otras obras.

Criticó que desde el régimen de Lenín Moreno no se haya dado celeridad a los proyectos de reconstrucción que tienen financiamiento desde la época de Rafael Correa, tiempo en el que se otorgaron dos líneas de crédito para el efecto, uno desde el Exim Bank de China y otra del Banco Europeo de Inversiones, con este último el plazo original venció en noviembre de 2021 y se está a la espera de una ampliación por dos años más.

“Hay 600 millones pendientes de ejecución con las fuentes de financiamiento, todavía hay fondos de donaciones y créditos, siendo las dos líneas de créditos las principales”.

Lamentó que el Ministerio de Finanzas, en lugar de promover la ejecución, haya enviado una carta a la Embajada China a fin de liberar esos fondos: “Quienes formamos parte del Comité de Reconstrucción y quienes hemos solicitado créditos sabemos el trámite de hacer un nuevo proyecto y cambiar el destino de un proyecto original por uno nuevo, eso podría tomar un año”.

“No puede la provincia de Manabí y Esmeraldas seguir esperando, se debería al menos empezar a ejecutar”.

Recordó que ambos créditos no son de cualquier tipo, pues se otorgaron con condiciones preferenciales al 2% de interés, 20 años plazo y 5 años de gracia: “Y esto se da para atender los desastres naturales, no es tan fácil cambiar el uso porque no lo aprueba alguna instancia en Ecuador sino que corresponde al financista y un Gobierno de otro país”.

“No hay justificación para dejar de lado la reconstrucción, se menciona los efectos de erosión de Coca Codo Sinclair, la violencia carcelaria, la pandemia y está bien atender todas esas afectaciones, no lo desconocemos, pero no se trata de ver cuál necesidad es más grande”.

David Chávez, sociólogo y docente universitario, indicó que luego del Gobierno de Lenín Moreno era imposible creer que el país podría retroceder más y fue todo lo contrario, lo cual se evidencia en la desinstitucionalidad y la cruda inseguridad: “Ahora estamos yendo a un foso tan profundo que aterroriza”.

“Desde hace cinco años que empezó el descalabro institucional haciendo cuenta que el Ecuador no se ha caracterizado por tener una institucionalidad fuerte, pero es la peor etapa de la institucionalidad democrática, es difícil encontrar un periodo de deterioro institucional tan fuerte y agresivo”.

Manifestó que tras recuperar el poder, las élites han demostrado no tener capacidad porque no tienen un proyecto nacional, es decir nunca les interesó el país, de ahí que para enfrentar una caída resucitan el anticorreísmo en un ejercicio de ciencia ficción en el que también se involucran medios de comunicación. Ejemplificó con el caso de la Prefectura de Pichincha y la inversión en el Bicentenario, el cual, dijo, fue un intento desesperado que ya no cala en la población: “Porque no tiene el más mínimo punto de comparación con la gravísima situación que vive el país”.

Reconoció que en el pasado las élites tenían una especie de equilibrio negativo porque no podían unirse por sus diferentes intereses personal, pero en los últimos años lo han logrado y aunque pareciera que tienen discrepancias como lo ocurrido entre CREO y el PSC, en lo profundo siguen manteniendo firmes en sus filas: “Como en los Pandora Papers, lo otro es pelea de segundo nivel”.

A criterio de Chávez todo esto ha traído como consecuencia la antipolítica de la cual se han aprovechado todos los partidos políticos, es así que en los momentos más críticos del país cuando el “Morenato” estaba por cerrar su periodo se vieron nuevos rostros en las elecciones como Xavier Hervas: “Pero hay que hacer una auto-reflexión crítica general, había elementos claves para saber hacia dónde estaban trabajando”.

José Sánchez, infectólogo y docente de Microbiología de la Universidad UTE, aseguró que Ecuador no está listo para relajar medidas y en ese sentido mencionó que el país sí se puede convertir en la Dinamarca de América Latina, donde luego dar falsa seguridad repuntaron los casos y por ende las hospitalizaciones: “La historia nos enseña a no repetir errores”.

Destacó que si ocurre la relajación el país debería contar con elementos importantes para que se expanda como la responsabilidad social, contar con atención primaria en salud, pues se debe tomar en cuenta que el virus sigue mutando y se expande en el ambiente.

El especialista instó a las autoridades a no apostar a “un solo caballo ganador” refiriéndose a la vacunación, pues, dijo, la protección es como cedazo que trata de cortar el ingreso del virus, es decir si pongo un tamiz de lavado de manos, luego el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el esquema completo de vacunación, la protección a personas susceptibles, seguimiento de casos: “Empiezo a contener y que tengamos brotes altos”

“Con la vacunación no se obtiene la inmortalidad”.

A todo ello se suma, la necesidad de garantizar una vigilancia y seguimiento epidemiológico: “Es simple decir que no se tienen casos porque no se hacen pruebas”.

Las nuevas medidas del COE y la deuda de la Asamblea

Paulina Izurieta, concejala de Quito, informó que el 29 de enero, ella junto con otros ediles, visitaron las laderas de Pichincha, lugar donde se planeaba construir el proyecto Urkupamba. Ahí los moradores les indicaron que desconocían las razones por las cuales una parte de los árboles estaba verde, mientras otra se estaba secando, por lo que tomaron una muestra de suelo.

“Nos encontramos con sustancias que usa la industria maderera para matar árboles y luego talarlos”.

Asimismo indicó que se encontraron trozas, es decir árboles que habían sido cortados con técnicas industriales. En ese sentido se preguntó cómo es que el alcalde, Santiago Guarderas, ha descartado procesos de deforestación en la zona, cuando los moradores del sector mostraron con evidencias a los concejales que en la parte alta de la quebrada El Tejado había una gran cantidad de residuos de corte de madera.

“Por eso cuando el aluvión bajó se encontraron trozas y eso pedimos que se investigue”.

Lamentó que el día de los hechos el alcalde haya aparecido en la noche sin ningún plan para ejecutar ni con la intención de ayudar a la gente, sino únicamente a defender el proyecto Urkupamba. Con esa base cuestionó la relación del burgomaestre con esa empresa, más aún cuando salió a la luz una investigación que lo vincula con offshores.

“Para que los rumores dejen de ser rumores se necesita de una investigación sobre el tema, de ahí que el concejal Luis Reina planteó la creación de una Comisión para determinar no solo si el alcalde tiene empresas en paraísos fiscales, sino la relación de esas empresas con el Municipio de Quito”.

Recordó que el 20 de junio de 2021 el exalcalde Jorge Yunda anuló la licencia de construcción a Urkupamba y posteriormente, el 13 de diciembre del mismo año, Santiago Guarderas la reactivó. De ahí que, reprochó la posición de once ediles que impidieron la fiscalización de la gestión del actual burgomaestre aduciendo que no hay competencias: “Cuando por mucho menos se removió al exalcalde Yunda”.

También detalló que el gerente de la Empresa de Agua Potable, nombrado por Guarderas, no haya hecho el mantenimiento que aseguró: “Tuve la oportunidad de contrastar la información y no había ningún contrato de limpieza de colectores o quebradas, y en este caso no hablamos que esa falta perjudicó económicamente a la ciudad, aquí hablamos que esa falta de gestión costó 29 vidas humanas y entre ellas niños”.

Reprochó cómo aún con la declaratoria de emergencia que se hizo en diciembre sobre colectores y quebradas, las empresas no hayan destinado priorizado presupuesto para atenderlas.

Criticó que frente a todo esto se haya constituido una Comisión encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio, quien a su parecer busca la Alcaldía y utiliza este lamentable suceso como plataforma política.

Rosa López Machuca, integrante del Movimiento de Mujeres de El Oro y la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, destacó que la Ley que Garantiza la Interrupción del Embarazo en casos de Violación, no obliga a abortar a nadie, sino que le da opción a las mujeres y niñas violentadas a acceder a un procedimiento seguro en caso de no querer gestar.

“La ley no obliga abortar, garantiza que las niñas puedan contar con servicios humanizados, seguros, con enfoque de derecho para que no las revictimicen más”

Aseveró que los asambleístas tienen la obligación de estudiar o capacitarse para legislar y fiscalizar, pero lamentablemente, dijo, sobre este tema se han visto intervenciones que indignan porque se nota la falta de preparación de los parlamentarios: “No sabemos cómo obtuvieron una curul”.

“Sus discursos están fuera del conocimiento de la realidad y la norma”.

Dijo esperar que este jueves 17 de febrero los partidos y movimientos políticos legislen de acuerdo a la sentencia que emitió la Corte Constitucional en abril de 2021 y que asegure igualdad y no discriminación a los servicios sanitarios en caso de aborto para sobrevivientes de violencia sexual.

Rechazó los argumentos de ciertos grupos donde se asegura que al dar paso a la normativa se verán filas de mujeres solicitando aborto, pues, dijo, no conocen la realidad que vive el país, ya que solo en su provincia se registran mensualmente de 80 a 100 casos de violencia sexual o violencia física y de ese número el 40% llega a un proceso judicial porque la persona se niega a someterse en un proceso que la revictimice.

“Conocemos que hay 13 llamadas de auxilio diarios, pero la policía dice que el 87% de victimas nunca llaman entonces hay una cifra escondida porque la protección del Estado no funciona”.

Mencionó además que en El Oro hay casos de niñas que tras dar a luz, sus hijos nacen con problemas genéticos debido a que son producto de violaciones de los propios padres: “Son sometidas a tortura porque ni siquiera les garantizan atención sanitaria”.

Aseveró que si se tratará de dar en adopción, no se vería a tantos niños y niñas en las calles pidiendo limosna.