Las nuevas medidas del COE y la deuda de la Asamblea

Paulina Izurieta, concejala de Quito, informó que el 29 de enero, ella junto con otros ediles, visitaron las laderas de Pichincha, lugar donde se planeaba construir el proyecto Urkupamba. Ahí los moradores les indicaron que desconocían las razones por las cuales una parte de los árboles estaba verde, mientras otra se estaba secando, por lo que tomaron una muestra de suelo.

“Nos encontramos con sustancias que usa la industria maderera para matar árboles y luego talarlos”.

Asimismo indicó que se encontraron trozas, es decir árboles que habían sido cortados con técnicas industriales. En ese sentido se preguntó cómo es que el alcalde, Santiago Guarderas, ha descartado procesos de deforestación en la zona, cuando los moradores del sector mostraron con evidencias a los concejales que en la parte alta de la quebrada El Tejado había una gran cantidad de residuos de corte de madera.

“Por eso cuando el aluvión bajó se encontraron trozas y eso pedimos que se investigue”.

Lamentó que el día de los hechos el alcalde haya aparecido en la noche sin ningún plan para ejecutar ni con la intención de ayudar a la gente, sino únicamente a defender el proyecto Urkupamba. Con esa base cuestionó la relación del burgomaestre con esa empresa, más aún cuando salió a la luz una investigación que lo vincula con offshores.

“Para que los rumores dejen de ser rumores se necesita de una investigación sobre el tema, de ahí que el concejal Luis Reina planteó la creación de una Comisión para determinar no solo si el alcalde tiene empresas en paraísos fiscales, sino la relación de esas empresas con el Municipio de Quito”.

Recordó que el 20 de junio de 2021 el exalcalde Jorge Yunda anuló la licencia de construcción a Urkupamba y posteriormente, el 13 de diciembre del mismo año, Santiago Guarderas la reactivó. De ahí que, reprochó la posición de once ediles que impidieron la fiscalización de la gestión del actual burgomaestre aduciendo que no hay competencias: “Cuando por mucho menos se removió al exalcalde Yunda”.

También detalló que el gerente de la Empresa de Agua Potable, nombrado por Guarderas, no haya hecho el mantenimiento que aseguró: “Tuve la oportunidad de contrastar la información y no había ningún contrato de limpieza de colectores o quebradas, y en este caso no hablamos que esa falta perjudicó económicamente a la ciudad, aquí hablamos que esa falta de gestión costó 29 vidas humanas y entre ellas niños”.

Reprochó cómo aún con la declaratoria de emergencia que se hizo en diciembre sobre colectores y quebradas, las empresas no hayan destinado priorizado presupuesto para atenderlas.

Criticó que frente a todo esto se haya constituido una Comisión encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio, quien a su parecer busca la Alcaldía y utiliza este lamentable suceso como plataforma política.

Rosa López Machuca, integrante del Movimiento de Mujeres de El Oro y la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, destacó que la Ley que Garantiza la Interrupción del Embarazo en casos de Violación, no obliga a abortar a nadie, sino que le da opción a las mujeres y niñas violentadas a acceder a un procedimiento seguro en caso de no querer gestar.

“La ley no obliga abortar, garantiza que las niñas puedan contar con servicios humanizados, seguros, con enfoque de derecho para que no las revictimicen más”

Aseveró que los asambleístas tienen la obligación de estudiar o capacitarse para legislar y fiscalizar, pero lamentablemente, dijo, sobre este tema se han visto intervenciones que indignan porque se nota la falta de preparación de los parlamentarios: “No sabemos cómo obtuvieron una curul”.

“Sus discursos están fuera del conocimiento de la realidad y la norma”.

Dijo esperar que este jueves 17 de febrero los partidos y movimientos políticos legislen de acuerdo a la sentencia que emitió la Corte Constitucional en abril de 2021 y que asegure igualdad y no discriminación a los servicios sanitarios en caso de aborto para sobrevivientes de violencia sexual.

Rechazó los argumentos de ciertos grupos donde se asegura que al dar paso a la normativa se verán filas de mujeres solicitando aborto, pues, dijo, no conocen la realidad que vive el país, ya que solo en su provincia se registran mensualmente de 80 a 100 casos de violencia sexual o violencia física y de ese número el 40% llega a un proceso judicial porque la persona se niega a someterse en un proceso que la revictimice.

“Conocemos que hay 13 llamadas de auxilio diarios, pero la policía dice que el 87% de victimas nunca llaman entonces hay una cifra escondida porque la protección del Estado no funciona”.

Mencionó además que en El Oro hay casos de niñas que tras dar a luz, sus hijos nacen con problemas genéticos debido a que son producto de violaciones de los propios padres: “Son sometidas a tortura porque ni siquiera les garantizan atención sanitaria”.

Aseveró que si se tratará de dar en adopción, no se vería a tantos niños y niñas en las calles pidiendo limosna.

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, destacó que la Presidencia de Hernán Ulloa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es ILEGAL, aun cuando afirman que han actuado bajo el Código Orgánico Administrativo pues ese cuerpo legal es norma supletoria ya que la entidad tiene su propia Ley de Participación Ciudadana donde no se habla de remoción de autoridades.

“No tenían la facultad de remover, los vocales solo pueden designar”.

Mencionó que solo en caso de ausencia de la Presidenta, en este caso Sofía Almeida, era su Vicepresidente quien debía asumir la titularidad, es decir David Rosero y solo ahí el Pleno del CPCCS podría elegir y designar un nuevo Vicepresidente, pero incluso en este caso removieron sin base legal.

“Se cometieron una serie de ilegalidades sin nombre en el proceso de remoción”.

Criticó que el organismo de Participación Ciudadana nunca haya cumplido su función, pese a que su objetivo era evitar la injerencia política para que sea la ciudadanía la que designe autoridades de control: “Durante mucho tiempo hubo un partido único que controló esa Institución y luego de Julio César Trujillo es objeto de pugnas de poderes”.

Criticó que el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, que en campaña aseguró eliminar el organismo o restarle atribuciones hoy también haya entrado en pugna y voracidad de poderes, más aún cuando el CPCCS tiene en sus manos la designación de Contralor.

“Ha entrado en lo que muchas veces criticó que es intentar controlar políticamente a un organismo supuestamente guiado por la participación ciudadana”.

Para Muñoz la potestad de designar autoridades de control debería regresar a manos de la Asamblea Nacional pero con veeduría ciudadana, impugnación y audiencias cara a cara con los candidatos.

Sobre las dos sentencias contradictorias que tienen a favor tanto Almeida como Ulloa, aseveró que ambas deberán ser confirmadas en apelación y de ser así, pasará a la Corte Constitucional, la cual tendrá la última palabra.

Respecto a la solicitud de juicio político contra cuatro de los siete consejeros del CPCCS, el jurista indicó que el incumplimiento de funciones es de todo el Pleno y sobre ello reprochó que una vez más se evidencia la debilidad de la institucionalidad del organismo, pues esto mismo ya pasó con Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Jorge Tuárez salieron.

Asamblea y CPCCS en días cruciales

 Diego Pérez, docente universitario y especialista en seguridad, indicó que los hechos violentos y asesinatos que han ocurrido en el país, son mensajes de los criminales y sus bandas, contra la sociedad, sus enemigos y contra el propio gobierno. Además, señaló que estos mensajes quieren remarcar que banda controla ese territorio.

«Lamentablemente, el Ecuador enfrenta una situación muy difícil. Muy penosa. Lo que vemos hoy, no es un suceso aislado. Y si bien puede tener su origen directo en la disputa entre bandas -las víctimas podrán estar vinculadas a estas bandas-, en realidad lo que estamos viendo es un mensaje de estas organizaciones criminales al propio estado, reclamando un espacio dentro del ejercicio de poder, de la violencia», dijo Pérez.

El especialista agregó que dentro de esta noción de disputa violenta, la sociedad también se enfrenta a un hecho donde se han subido los intereses, para que las organizaciones criminales puedan actuar con impunidad. Es decir, dijo, esto sucede porque es difícil que haya una sanción a quienes han cometido el crimen. Y si estos fueran apresados, ingresan a centros de detención, en los cuales, como hemos visto en las crisis carcelaria, saben que «están entre amigos» y siguen teniendo el control.

Pérez indicó que mientras el consumo de droga siga siendo un negocio rentable en el mundo, las bandas continuarán operando con toda su logística, y las toneladas de droga seguirá saliendo por el país.

A la pugna en el CPCCS se sumó la Policía y Fiscalía

Juan Pablo Torres, abogado defensor de Luis Calderón Tipán, criticó la manera en cómo Fiscalía ha manejado el caso del asesinato, al estilo sicariato, de Harrison Salcedo, pues existen dos pericias erróneas de los cartuchos de las balas y ninguna persona identificada por el delito material o intelectual.

Los hechos

Explicó que su cliente fue llamado por una persona no identificada para ocupar su servicio de taxi, ahí le habría pedido que lo recoja en Chillogallo, lo traslade al edificio donde vivía Salcedo y luego que siga al auto negro desde donde se disparó al abogado.

“Se ve como una persona a la que le acontece este caso al momento y en su desesperación no sabía qué hacer, lo terminó llevando a la escena del crimen”.

Mencionó que Calderón recibió tres llamadas del desconocido cambiándole la hora en la que debía recogerlo y ya en el camino no hubo ningún dialogo entre ambos sujetos. Según las cámaras y los audios recogidos por el 911 desde el vehículo, muestran que el único que hablaba por teléfono es quien sería el autor intelectual: “Ahí se escucha que da la orden de disparar a la camioneta”.

“Pudo ser cualquiera de los 2500 taxistas que existen en Quito”.

Una vez consumado el acto delictivo, el hombre se habría bajado amenazándolo que tenga cuidado con abrir la boca, Torres aseveró que hasta hoy la familia del conductor sigue recibiendo amedrentamientos.

“La información que tiene la Fiscalía es pública y es de las cámaras del 911”

Con esa base aseguró que hasta ahora nadie puede determinar que su defendido o cualquier otra persona era parte del asesinato y sin embargo Fiscalía ha adelantado que acusará a Tipán en la audiencia preparatoria de juicio, que estaba prevista para el 28 de enero de 2022 pero fue suspendida.

Detalló que además de tener esposa e hijos, el hombre padece de cáncer terminal, razón por la cual su detención fue mientras estaba realizándose una quimioterapia en el hospital Eugenio Espejo: “Lleva ocho meses detenido, soló porque ese día salió a manejar el taxi de propiedad de la suegra para tener un sustento para su familia”.

El abogado lamentó que el único nexo que tiene Fiscalía para acusar a Tipán sean las llamadas que le hizo para contratar el servicio de movilización.

“Su misma familia (de Harrion Salcedo) dentro de versiones dice que el acto tiene que ver con su anterior relación sentimental, pues la pareja de la mujer era un tipo peligroso que lo había amenazado”.

Pruebas

Según el jurista el auto desde el que se cometió el asesinato es robado.

El inmueble desde donde salió el presunto autor intelectual, fue arrendado por dos meses y el día de los hechos estaba vacío, el hombre lo habría entregado para que lo renten a otra persona, un día antes.

“Hubo alguien detrás de esto y nada de eso se evidencia en la instrucción fiscal”.

Fernando Cordero, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), destacó que fue el Gobierno de Rafael Correa el único que pago la deuda que tenía el Estado con esa entidad.

Recordó que desde 1998 estaba vigente una norma que cubría enfermedades catastróficas y la atención a los jubilados de los hospitales, deuda que se cerró en el 2012, cuando el exmandatario pagó todo lo que el Estado debía.

Mencionó que en esa época había fondos previsionales, es decir el capital que sobraba se lo puso a rendir ganando el 7.5% de interés,  algo beneficioso para el IESS en comparación de épocas pasadas donde ese dinero se lo ponía en bolsas de valores en bancos privados ganando apenas el 1%: “Nunca el IESS dejó de cobrar, los bonos que tenía y desde el 2014 producía 700 millones por año, de eso nadie habla”.

“Cuando hicieron un estudio actuarial, mal hecho, se olvidaron de esos fondos que cobraba. ¿Cómo olvidarse de eso y crear un pánico? como ahora también lo hacen”

Por ello, aseveró, que en la última reforma de la Ley de Seguridad Social se quitó el 40% de aporte del Estado, algo que calificó como correcto pues se hablaba de que en caso de faltar capital los Gobiernos tenían la obligación de inyectar lo que haga falta, pero el régimen de Lenín Moreno incumplió no solo eso sino también el dictamen de la Corte Constitucional que le devolvió la obligación del 40%.

Con esa base, aseguró que el IESS no va a quebrar aunque reconoció que sí se necesita incorporar más personas con empleo pleno y que quien más gané, más aporte: “La situación solidaria no se debería perder”.

Respecto al Estado inflado, que ha sido criticado por algunas personas, mencionó que en el 2006 hubo 10 mil funcionarios en el IESS, para 2013 subió a 20.708 por los centros y hospitales que se construyeron, ya para 2014, en su gestión lo redujo a 19.667: “En el año 2017 había subido a 30.000 y en el año 2018 llegaron a 38 mil, ahí hay ineficiencias que se deben controlar”.

El integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Mario Ruiz, señaló que el informe de amnistías recoge 269 casos, mismos que se han dividido en tres paquetes los defensores de la naturaleza, justicia indígena y la resistencia en la movilización de 2019.

Rechazó las críticas que ha recibido el informe que se debatirá en el Pleno pues el proceso se ha reducido a octubre de 2019 y a los derechos humanos de las estatuas o los adoquines cuando esos casos son apenas el 19% de todas las solicitudes de amnistías, pues el 80% responde a personas procesados por defender sus territorios en distintas partes del país.

“En el sector de Buenos Aires la empresa minera le tiene denunciada al 60% de la población por robo, delincuencia organizada, minería ilegal y es porque la gente no les permite explotar la tierra y contaminar las fuentes de agua”.

Mencionó que las amnistías responden a la figura legal de pacificación de sociedad y no solo se da en Ecuador sino también en otras partes del mundo como Sudáfrica, en la época en la que Nelson Mandela, que por ese proceso llegó a la Presidencia.

Criticó que con desfachatez se habla de las amnistías por parte de ciertos medios de comunicación y grupos políticos, que defienden la política represiva de Lenín Moreno, olvidándose de las 88 personas que perdieron sus ojos o de los once muertos.

“Aquí no hay representantes de la banca porque ellos están a sus anchas cobrando intereses altos, entonces no tienen para qué protestar,  aquí es el pueblo humilde, la gente que está abajo resistiendo las políticas neoliberales que les afecta, que los empobrece, no le queda más al pueblo que resistir”.

Recordó que las protestas y luchas sociales han conseguido que las mujeres, niños y trabajadores alcancen el respeto de sus derechos.

Detalló que una vez ingresado el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales hay 30 días hábiles para convocar al Pleno donde se necesitarán de 91 votos para conceder amnistías: “Esperamos que la bancada de Pachakutik y la Izquierda Democrática se unan para hacer lo que dicen ser, es decir ser progresistas y estar a favor de la justicia social, aquí vamos a ver qué asambleístas están del lado del pueblo y cuáles del otro lado”.