Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dio a conocer el Informe de Transparencia que realizó esa entidad sobre las actividades que realiza Asamblea Nacional, esto como parte del seguimiento que se hace desde el 2011.

Destacó que casi la mitad de la información que produce el Legislativo es opaca para los ciudadanos y medios de comunicación, pero sobre todo del CAL cuyas fechas de sesiones se desconocen al igual que su agenda: “En ninguna parte de la ley dicen que las sesiones deben ser confidenciales”.

“En nueve meses del periodo Legislativo no se ha cumplido con la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni su reglamento”.

Aseveró que este tipo de acciones abona a la falta de confianza en el Parlamento porque cuando se oculta información, el ciudadano sospecha.

De otro lado cuestionó los salarios de los legisladores, pues mientras en Colombia se percibe por sesión asistida, en Ecuador es fijo y aquí, dijo, llama la atención que quien más falta a las votaciones es la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori: “Solo asistió al 80% y el 20% decidió ausentarse”.

Henry Cucalón, abogado y exasambleísta del Partido Social Cristiano, señaló que la propuesta de evaluación al Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) es una obligación de todos los servidores públicos desde los más sencillos hasta los cargos jerárquicos, mucho más si se trata del Legislativo que está en los ojos de la ciudadanía.

“Más allá de cálculos esperemos que no sea un reflejo del caos que se deriva del CPCCS, ojalá que se encausen en temas ciudadanos y que puedan representar bien”.

Destacó la necesidad de que los asambleístas estén a la altura, sin tomar atajos, desarrollando propuestas y defendiendo ideas desde las sesiones de Pleno, porque el no, por el no, para dar una herida al Gobierno de turno no contribuye al debate para el cual fueron elegidos los parlamentarios; en ese sentido se refirió a la Ley de Inversiones, misma que, dijo, deberá reformarse, construirse, eliminarse artículos si no constitucionales, pero no rechazar porque sí.

En ese contexto reprochó la actuación de la titular del Legislativo, Guadalupe Llori, el pasado jueves 24 de febrero, que en lugar de dar una respuesta apegada a la ley, prefirió salirse de la sesión, apagar las luces y bloquear el sistema informático.

“Demuestra falta de liderazgo, conducción, dirección, luces, los Presidentes tienen que ver lo que otros no, bajan a la curul y enseñan, lo que es obscuro lo hacen claro, por algo la eligieron”.

Dijo esperar que Llori haya sido electa por su carrera política y perfil, y no por descarte para cumplir una agenda específica, de ahí que instó a cumplir con las expectativas de la población y dar respuesta urgente a los ciudadanos en temas que se necesitan.

Una vez más, vuelve el fantasma de la Muerte Cruzada

Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, señaló que tras el conflicto de Ucrania – Rusia el precio del barril del petróleo ha subido por sobre los USD100, similares al 2014, lo cual tiene un doble efecto en el sentido de que Ecuador es exportador de crudo: “Tendremos remanentes porque en el presupuesto de 2022 el precio se estableció en USD54 y hoy, tomando en cuenta los castigos, contaríamos con USD30 adicionales por barril”.

De otro lado, mencionó que el 60% de combustible que usa el país es importado y por tanto ahí existiría un déficit, sumado a las exportaciones que se verán impactadas, ya que al menos el 10% de los productos ecuatorianos que se venden en el exterior iban a Rusia y Ucrania.

“Con Rusia y Ucrania tenemos un saldo comercial favorable de USD900 millones en el año pasado, ahora habrá que ver qué pasa, porque es una cifra importante para un Ecuador dolarizado y que no ha salido de la crisis, no logra consolidar su recuperación económica”.

Con esa base indicó que el Gobierno debería tener asistencia diplomática a fin de colocar las exportaciones de Rusia y Ucrania en otros mercados. Asimismo subrayó la necesidad de no tomar el remanente del barril de petróleo para colocarlo en reservas internacionales, sino que más bien sea colocado en un fondo de inversión pública, como la infraestructura: “Por ejemplo, 4 de cada 10 escuelas y colegios no tiene agua potable, ese dinero extra podríamos destinarlo a educación e infraestructura y salud”.

“Lo importante es manejar el comercio exterior y finanzas públicas”.

A criterio de García en el país ronda un sentimiento de preocupación porque no logra sostener una economía que genere más empleo y que este en una senda de recuperación sostenible.

El abogado constitucionalista, André Benavides, señaló que según normativa vigente un contralor subrogante puede estar en esa función hasta que el titular haya cumplido su periodo, y este caso la cabeza original fue Carlos Pólit y su administración termina el 14 de marzo, por ende Carlos Riofrío no puede continuar en el cargo.

Calificó como lastimoso que Íñigo Salvado, procurador General del Estado, no haya dado una respuesta adecuada cuando se le consultó quién debería tomar la batuta de la Contraloría, pues indicó que la solución era política, permitiendo que Riofrío continúe como subrogante pese a que fue nombrado por Pablo Celi desde la cárcel 4.

“¿Ahí qué pasará? ¿Habrá prórroga?”

Para Benavides, a partir del 14 de marzo Riofrío debería dar un paso al costado, tomando en cuenta que incluso los informes de responsabilidad penal, administrativa o glosas que salgan a partir de esa fecha, serían nulos: “Porque él ya no debería estar en el cargo”.

Indicó este desequilibrio institucional fue causado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que no ha estado a la altura en la elección de autoridades: “Ya pueden ser enjuiciados políticamente porque no está la renovación del CNE que era en noviembre, el 15 de marzo tiene que estar nombrado el contralor y ni siquiera ha iniciado el concurso, los siete deberían ser enjuiciados e irse a su casa porque han incumplido funciones, se han dedicado a tratar de solucionar problemas internos”.

Patricia Sánchez, asambleísta de Pachakutik, calificó como un acto de desesperación las declaraciones de la titular del Legislativo, Guadalupe Llori, quien denunció un supuesto proceso de desestabilización en su contra.

“Son actos de desesperación frente a la imposibilidad de Llori de sostenerse en la Presidencia por su rol que es de  garantizar el proyecto neoliberal del Ejecutivo”.

Criticó que teniendo una larga militancia en Pachakutik, Llori simplemente haya abandonado las líneas ideológicas y políticas del movimiento, para entregarse al proyecto neoliberal del presidente de la República, Guillermo Lasso, lo cual se ha evidenciado en votaciones como la Ley Económica Urgente, la entrada de Ecuador al Ciadi, los Pandora Papers, entre otros.

Aclaró que el personal administrativo que rodea a la Presidenta de la Asamblea Nacional fue heredado por el exlegisaldor César Litardo, es decir no son cuadros de Pachakutik, porque tanto, dijo, la comunicación que hay detrás de Llori en lugar de ayudarle a dirigir el Parlamento y tener claridad en las posturales, la han asesorado en detrimento de su propia posición.

Destacó que el rechazo de la gente a la administración de la titular del Legislativo es mayoritario y contundente aunque quiera justificarse con un hilo de tuits o en una cadena nacional: “Y me da pena tener que decirlo porque se trata de una militante del movimiento, pero en lugar de encontrar en el movimiento el apoyo se alejó de esta representación y decidió su entreguismo al proyecto neoliberal”.

Con esa base informó que todas las actuaciones de Llori y los asambleístas de Pachakutik serán evaluadas en el Consejo Político del Movimiento Indígena previsto para el 7 de marzo de 2022: “Vamos a discutir como vienen votando los asambleístas y cómo viene direccionando el voto la señora Llori y ahí se notará quién actúa de manera asquerosa y quién le está haciendo el juego a CREO”.

“Es una vergüenza para los asambleístas que sí defendemos los intereses del país, es reprochable que este espacio se haya convertido en una extensión del Ejecutivo”.

En todo caso, para Sánchez la nueva mayoría está dada y eso se vio el pasado 26 de febrero cuando dejaron sin quorum al Pleno, luego de que el mismo fue convocado de manera virtual en horas de la noche: “Esa convocatoria fue ilegal pues el CAL había dicho que las sesiones se renuevan con el carácter presencial”.

Aseveró que una sesión virtual en las actuales circunstancias, no garantiza que todos los legisladores puedan intervenir pues las mismas personas que apagaron las luces en el último Pleno presencial tienen la capacidad de activar y desactivar micrófonos, ingresar o sacar de la sala virtual: “En definitiva no garantizaba que esa convocatoria sea legal y legítima”.

Conflicto en Ucrania polariza el debate en Ecuador

Carolina Ormaza, viceministra de Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, señaló que a lo largo del tiempo esa cartera de Estado ha sufrido recortes importantes, es así que hace diez años se contaba con USD1.400 millones de presupuesto y actualmente para el 2022 se ha destinado USD230 millones: “Eso hace que nuestro ámbito de gestión de manera directa sea limitado”.

Reconoció que el Ministerio debe apalancarse de las directrices dadas por el Gobierno respecto a que la inversión privada pueda acompañar el modelo de gestión del público y ahí las concesiones viales toman fuerza.

Explicó que de esos USD230 millones, USD100 millones están destinados a la reconstrucción de Manabí y USD70 millones a proyectos de inversión, de los cuales, el principal es el mantenimiento por resultados, que no es concesión pero que sí le resta responsabilidad a esa cartera de Estado, pues por cinco años se entrega una vía a un contratista, el cual debe poner en su punto a esa carretera en el plazo de dos años recuperando calzada, drenaje, estabilización de taludes: “Y luego, los tres años restantes dar mantenimiento, eso permite garantizar condiciones óptimas de circulación en estas vías. Son proyectos en algunas zonas del país como en Esmeraldas, Chimborazo, Napo, Cañar, Sucumbíos”.

Detalló que Ecuador con 10.264 kilómetros de vialidad, de los cuales alrededor de 7.000 están a cargo directo del Ministerio y 3.000 están con procesos de concesión o delegaciones a Prefecturas y Municipios.

Sobre las condiciones actuales de las carreteras, la viceministra indicó que el 60% está en buenas condiciones y en un 40% se hace necesario conducir con precaución: “12% está en muy buenas condiciones, 47% buena, 28 $regular y malo un 11%”.

“Esas son las condiciones de la vialidad y estamos trabajando para recuperarlas y brindar servicios de calidad a los ciudadanos”.

Respecto al mantenimiento sobre los 7000 kilómetros a cargo del Ministerio, informó que se hacen contrataciones a microempresas privadas: “Este programa es importante porque además de darse mantenimiento, genera empleo a las poblaciones cercanas al corredor vial”.

“Lo que no contratamos lo hacemos por administración directa, ahí la complejidad es fuerte puesto que la maquinaria es limitada, tenemos apenas 126 máquinas operativas a nivel del país y para el número de kilómetros es insuficiente”.

El analista político Salvatore Fotti señaló su preocupación frente a lo que está pasando en el país donde los sicariatos, delincuencia, falta de medicinas, entre otros, se están normalizando, de ahí que, dijo, el Gobierno de Guillermo Lasso tiene patrones morenistas.

“Según yo el Gobierno de (Lenín) Moreno fue nefasto para el Ecuador (…) Y el patron que está tomando Lasso es ese, donde la sociedad vive una cosa y mi idea es otra”.

Lamentó que ahora cuando un ciudadano es víctima de la delincuencia, ya ni siquiera quiere presentar una denuncia porque no pasa nada ante un Estado ausente.

“Ahora es normal que se decapiten personas, que los privados de libertad se maten entre sí y se hablen de centenas de muertos, que se cuelguen cadáveres en el puente peatonal de Durán, por ejemplo”.

Fotti aclaró que no tiene nada en contra del Gobierno de Lasso e incluso aseveró que al ser de derecha está cumpliendo con su agenda, que guste o no es parte de su plan de trabajo como las reformas a la seguridad social o los tratados de libre comercio, pero no por ello, reiteró, se puede descuidar la atención a la ciudadanía sobre todo a la vulnerable, ya que ahora hasta se ven colas en el Hospital Baca Ortiz o personas con enfermedades catastróficas sin medicación.

“Todavía una parte de la población tiene esperanza, no confianza, pero la luna de miel acabó y ahora el Presidente necesita remover Ministros en áreas sensibles, pedirles cuentas, darles plazo para arreglar los problemas”.

Pese a toda la problemática, criticó que bajo un paraguas de cinismo ciego Lasso siga visitando otros países cuando no ha atendido a su propia población.

Libia Rivas, abogada especialista en derecho parlamentario, señaló que la remoción de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional tomaría alrededor de 30 días, tiempo en el que la intención podría diluirse, más aún cuando estará en trámite el proyecto de Ley de Inversiones.

Mencionó que si solo se trata de Llori el caso pasaría por el CAL, pero si se trata de todos los integrantes de ese Consejo, se deberá contar con mayoría absoluta de 70 votos para conformar una Comisión Multipartidista encargada de evaluar el acción de ese grupo de asambleístas el cual deberá elaborar un informe de sugerencia o remoción: “Finalmente llegará al Pleno”.

Aseveró que la Ley de la Función Legislativa no es clara cuando se trata de evaluar a todos los miembros del CAL, por lo que existiría un cuello de botella respecto a quién debe calificar la denuncia: “Hay que considerar elementos en el análisis”.

En todo caso indicó la necesidad de garantizar el debido proceso, pues además se está hablando de la reorganización de comisiones especializadas: “Todo dependerá de lo que pase en el transcurso de los días”,

Resaltó que la figura del Presidente de la Asamblea es importante porque tiene una posición de liderazgo importante, con competencias y funciones que debe ejercer de conformidad con la Constitución: “Es garantía de peso y contrapeso con el Ejecutivo porque en el ámbito de un Estado democrático tiene que ejercer rol de fiscalización y formación de ley como colegislador”.

Mencionó que el titular del Legislativo es una figura fundamental porque alrededor de el/ella se dan consensos, se da solución política a crisis institucionales, está llamado a la pacificación: “Y sobre esto se considera, por parte de un grupo de asambleístas, que no se cumplieron funciones”.