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El abogado y político, Juan Falconi Puig, se refirió al asambleísta Fernando Villavicencio, quien en su cuenta de twitter publicó una foto en el que lo involucra con la incautación de 200 empresas a los hermanos William y Roberto Isaías y cuestiona que pese a tal acción, no se devolvió el dinero a los perjudicados.
Falconí indicó que por esa razón presentó una demanda contra el legislador y sin embargo aquel juicio prescribió por causa de las demoras que provocó la jueza Yadira Proaño, quien, precisamente, por su actuación negligente fue separada de la Corte por parte del Consejo de la Judicatura.
“El cobarde fue incapaz de presentarse, cuando tuvo una audiencia conmigo, no me miraba a los ojos”.
Con esa base, calificó a Villavicencio como chantajista profesional que no pudo enfrentarse a su persona en el juicio.
“Ese es una basura, es un chantajista, hackista, está espiando las computadoras. Que diga algo sensato más allá de fotos que se las dan haciendo”.
Instó al legislador a más bien explicar de dónde tiene su fortuna, como ya lo había demostrado Santiago Cuesta exasesor de Lenín Moreno: “¿Por qué sus hermanos tiene cuentas millonarias que ya debió haberlas cambiado’”.
“Es un asalariado de Isaías y su rol es para solapar y engañar, al igual que otros tantos que les preocupa la pauta”.
Recordó que en el juicio impulsado contra Villavicencio, el ahora asambleísta llevó a uno de los miembros del portal 4Pelagatos: “A uno que le decían care piojo Zurita, no estoy seguro, que no supo tampoco ni qué decir”.
“Villavicencio es como un empleado de Isaías, hablará a favor de su patrono, pero no hay nada de fondo que se pueda discutir con ese sujeto”.
El urbanista e investigador, Fernando Carrión, señaló que tras la salida de Jorge Yunda del Municipio de Quito, no existe ningún cambio y la evidencia de aquello está en el Presupuesto aprobado para el 2022, donde apenas se destina el 0.89% para temas ambientales, para salud no se llega ni al 2% y para educación al 1%.
“Al Alcalde, concejales y concejalas no les interesa, no les importa”.
Criticó que el cabildo se haya convertido en una empresa de transporte pues el trabajo se enfoca en la movilidad.
Si bien reconoció que Santiago Guarderas lleva poco tiempo como titular de la Alcaldía, también subrayó que su llegada se suponía una renovación, misma que no se cumplió porque no ha planteado ningún cambio.
“El gasto corriente ocupa el 32% (…) Todo es básicamente clientelismo”.
Resaltó que existen muchos responsables de la crisis en Quito, mismos que hoy están buscando candidatizarse para alcalde al 2023.
“La crisis que vive la ciudad es impresionante, hay abandono de la ciudad por las elites sociales, económicas, universitarias, periodísticas, han ido abandonando la ciudad. No se trabaja a Quito, no se piensa Quito”.
Lamentó que frente a ese panorama ningún aspirante plantee cómo salir de la grave crisis en la capital, lo que finalmente provocará que los problemas se incrementen.
En ese contexto, informó que ha presentado una propuesta de reformas al Código de la Democracia tanto a la Asamblea Nacional, Ministerio de Gobierno y Consejo Nacional Electoral, de los cuales no ha recibido respuesta.
Explicó que en el documento se plantea:
En el caso de los Distritos electorales, Carrión indicó que existen cuatro pero la población ha incrementado lo que significó el crecimiento del número de concejales: “Eran 15 y ahora son 21, el costo es de USD7 millones además que la representación no es buena, porque hay representación de territorios pero no de la totalidad del cantón”.
Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores, informó que el miércoles 23 de marzo está convocada la movilización en defensa de sectores estratégicos, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Banco Pacífico, Refinerías, Petroleras, entre otros. Asimismo para exigir que el Gobierno dé respuesta a la deuda millonaria que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El dirigente sindical mencionó que esta medida de hecho se dará pese a los diálogos que mantiene el FUT con el Gobierno Nacional, mismo que continuará este lunes 21 de marzo, donde el Ministerio de Trabajo les entregará el proyecto de Ley de Oportunidades a fin de que para el próximo 5 de abril, en una nueva mesa de trabajo, se llegue a un acuerdo.
Reconoció que la primera propuesta del Ejecutivo era regresiva en derechos, sin embargo aseguró que ahora han asegurado que se trata de nuevas argumentaciones y artículos: “Esperemos que se dé por el bien del país, que sea una realidad y podamos tener una reunión para tener puntos de equilibrio y encuentro”.
Sánchez aseveró que en la última reunión con el Gobierno se estableció la necesidad de que no se trate al proyecto como una ley paralela pues en Ecuador no pueden existir dos normativas de un solo campo, como es el laboral: “No podemos tener trabajadores de primera y segunda, unos con derecho y otros no”.
“Hay que brindar seguridad jurídica a las empresas y seguridad laboral a los trabajadores”.
Sobre la seguridad social, mencionó que será necesario conversarlo en otra mesa de trabajo, ya que existe una deuda millonaria al IESS que supera los USD2.000 millones, por lo que se debe analizar qué hará el régimen a corto, mediano y largo plazo.
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El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, ha advertido esta semana que el gobierno de Guillermo Lasso atraviesa un momento crítico en lo que sería las vísperas de su segundo año al mando, e insiste en que durante todo este tiempo no han cesado los intentos de desestabilización que impulsan distintas fuerzas políticas y subraya que desde la Asamblea se estaría buscando desprestigiar al presidente de la república.
El subsecretario en días anteriores mediante sus redes sociales y en entrevistas con diferentes medios de comunicación, apuntó a que estas acciones buscarán romper con la institucionalidad del país e hizo hincapié en que el Gobierno Nacional cuenta con información muy delicada sobre estas actividades desestabilizadoras. “Todo gobierno a través de sus órganos de inteligencia recopila información”, señaló en una de sus intervenciones mediáticas, sin puntualizar en datos exactos sobre dichas acusaciones.
Sin embargo, en anteriores ocasiones, el funcionario ha mencionado a algunos nombres de personajes, que entre los diversos actores sociales a los que se refiere, buscarían alcanzar esta tan mencionada desestabilización del sistema democrático ecuatoriano; por ejemplo Fuertes acusó al dirigente indígena Leónidas Iza, de realizar “una frenética campaña en diversas comunidades campesinas e indígenas del país, con el cuento de que se va a privatizar el agua», Jaime Nebot, de hacer reparos a la administración del presidente Guillermo Lasso y al dirigente Orly Intriago, de proponer una paralización del transporte pesado.
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