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Adriana Rodríguez | Presidente no puede deslegitimar una atribución de la Asamblea sobre aministías

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, destacó que evidentemente la exministra de Gobierno, María Paula Romo, está preocupada por las amnistías que otorgó la Asamblea Nacional, pues sabe que con ello se le caen todas las acusaciones que hizo sobre octubre de 2019 y que tampoco pudo comprobar en el sistema de justicia.

Destacó que la Comisión de Garantías Constitucionales analizó caso por caso de los peticionarios, basándose en informes de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional, donde se evidenció que todos los procesos judiciales fueron parte de una persecución político a los sectores populares.

Manifestó que Romo fue la responsable de los actos delincuenciales que se registraron en octubre de 2019, donde once personas fallecieron en el marco de la represión y otras tantas quedaron mutiladas y criminalizadas.

“No tenemos confianza de la justicia en este país, tendremos que ir a un tercer país, pero debe haber responsabilidades”.

Resaltó que lo ocurrido en octubre de 2019 fue un estallido social como reacción a la decisión del entonces mandatario Lenín Moreno de liberalizar el precio de los combustibles, pese a que desde territorio la gente solicitaba que no se efectivice tal decisión: “Pero con alevosía y dictadura, dijeron que ya estaba consumado el decreto 883 y mandaron a matar”.

Instó a decir la verdad, a no continuar con el relato del incendio de la Contraloría pues incluso la extitular de la entidad, Valentina Zárate, reconoció que la quema vino de dentro de la Institución. Además recordó que los detenidos por el hecho, fueron apresados a las 10:00 de ese día, mientras el incendio se produjo a las 15:00: “Cuando llamaban al cuerpo de bomberos y cruz roja les dieron una contra orden para no ir a la Contraloría. Ahí todos necesitamos saber sobre lo que ocurrió pero no pueden aprovechar de eso para calumniar y culpar cuando seguramente ellos mismos están detrás de ello”.

Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora, docente universitaria e integrante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, señaló que lo ocurrido en las cárceles es la respuesta de la violencia que el Estado ha ejercido sobre ellas, al no cumplir con parámetros básicos de respeto a sus derechos humanos.

“Las cárceles fueron especie de bodegas, cualquier que cometía un delito, si sobre todo era pobre, ahí se quedaba”.

Cuestionó la falta de censos, pues no hay un registro válido sobre los records policiales, enfermedades, edades, antecedentes penales, de las personas privadas de libertad: “Eso agravó las masacres, había personas con delitos graves junto a personas con infracciones de tránsito, por ejemplo. Era una bomba de tiempo”.

Manifestó que otra bomba de tiempo son los enfermos, pues algunos detenidos tienen tuberculosis: “Que es la enfermedad de la pobreza, de la mala alimentación, del hacinamiento, personas mayores con una sola pierna, que no ven bien ¿Cómo se pueden asear o comer bien?”.

Para Curbelo fueron las macro cárceles, el comienzo de una violencia desmedida, porque la mayoría se convirtieron en centros ingobernables.

“Estudios demuestran que lo que funcionan son las cárceles más pequeñas, donde se pueda conocer a los privados de libertad, se pueda tener una política real de trabajo”.

Criticó que en el Gobierno de Lenín Moreno se hayan desmotado los centros de formación a guías penitenciarios y además se haya suprimido los talleres o el trabajo, aduciendo que otorgarles una herramienta era peligroso: “Pero el resultado es que no hay talleres de mecánica o carpintería”.

“Se suprimieron las visitas de organizaciones de DDHH solo se limitaron a las capillanías de diferentes iglesias, un servicio religioso que es importante en la cárcel y cumple un proceso de contención en lo que sucede, pero no basta”.

Destacó la importancia de que en este Gobierno se muestre voluntad para cambiar la actual realidad, en primer lugar reconociendo que no son Centros de Rehabilitación y posteriormente elaborando una planificación para lograr aquello, empezando básicamente con los indultos.

“Me alegra que el país como país estén dándole la importancia que tienen, porque no es solo hablar de delincuentes sino de toda la sociedad, la cárcel es el reflejo del país y eso hay que modificar”.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNES), instó al presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplir con su oferta de campaña y no vetar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde se da paso a la equiparación salarial del magisterio.

Recordó que en campaña el actual mandatario hablaba de que se necesitarían USD700 millones para cubrir los salarios de los docentes, un video que incluso fue puesto en el Pleno del Legislativo para recordarle que debe cumplir con su palabra.

“Dijo que eso para el Gobierno no significa nada y que él va a equiparar salarios y revalorizar la profesión docentes, él sabía y ofertó esta equiparación y ahora tiene la oportunidad de cumplir no solo por ser una oferta sino por la plena vigencia del derecho a la educación que tiene que ver con las condiciones laborales”.

Criticó que en la actualidad el vocero del régimen, Carlos Jijón, hable de que para equiparar salarios se necesitan USD4.000 millones, en un acto, que llamó, de mala fe y para criminalizar la lucha, dividiendo al pueblo para ponerlos en contra del Magisterio.

Recordó que fue la propia Asamblea y algunos expertos de la UNE que aseguran, se necesitará USD560 millones para cumplir con la ley recientemente aprobada: “Una cifra cuatro veces menos de la que habla el Gobierno”.

Manifestó que los recursos pueden salir perfectamente de los impuestos, considerados un ingreso permanente, más aún cuando la propia página del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Comisión de Régimen Económico habla de que la recaudación incrementó en USD2.000 millones: “Si hay recursos no pedimos algo extraordinario”.

“El excedente del petróleo puede ser otra alternativa porque la Constitución dice que los ingresos sí pueden ir a educación y por tanto está demostrado que sí hay recursos pero hace falta voluntad política”.

Detalló que con esta normativa se beneficiarían 159 docentes de carrera, de la categoría J a la A; pues ahora iniciaría desde la G con USD986 y terminaría en la A con USD2034.

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