Jahiren Noriega, asambleísta de UNES, dijo esperar que su bancada se coloque en defensa de las víctimas de violencia al ser una fuerza de izquierda, sin embargo también mencionó que la posición del bloque de dejar en libertad a sus integrantes en la votación sobre “la Ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación” ha sido adoptada por el resto de partidos políticos.

En todo caso, indicó que 21 legisladores entre UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática se unieron para emitir un comunicado en defensa de las víctimas de violencia: “Esperamos que el resto de asambleístas también se pongan de este lado de la historia para defender a las niñas y mujeres violentadas del país”.

Aclaró que la Asamblea no está debatiendo si el aborto se permite o no, pues existe una sentencia de la Corte Constitución que lo despenaliza y por tanto lo legaliza, sino que el análisis está enmarcado en cómo acceder a este derecho.

Respecto al anuncio del veto por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, la legisladora mencionó que como mujeres feministas y movilizadas se mantendrán vigilantes y en caso de darse, el Legislativo necesitaría 90 votos para ratificarse en el texto.

Instó a debatir la problemática en la realidad que vive el país donde las cifras indican que en el 2021 las mujeres fueron víctimas de femicidio cada 44: “Eso significa que nuestras vidas están en peligro contante”.

Citó además que Ecuador es el tercer país en la región con el índice más alto de embarazo adolescente y que al año 3.000 niñas menores de 14 años paren producto de una violación: ”Si como Estado fuimos incapaces de protegerlas al menos desde la Asamblea no nos convirtamos en cómplices de tortura, pues así lo ha calificado la ONU a una maternidad forzada”.

El constitucionalista André Benavides señaló que las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, presentadas por el Ejecutivo, deberán ser tramitadas de manera ordinaria, pues no pueden tratarse como un cuerpo de materia económica urgente, de ahí que su aprobación podría demorarse entre 8 y 10 meses.

Detalló que una vez la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entregó al Legislativo la propuesta de ley, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) tiene 60 días para calificarla y enviarla a una Comisión Especializada, misma que tendrá 90 días para elaborar un informe y darlo a conocer al Pleno y en el hemiciclo se harán aportes y modificaciones, para volver a la Mesa Legislativa, la cual en 90 días adicionales elaborará el informe para segundo debate: “Baja nuevamente al Pleno y en segundo debate será aprobado con mayoría absoluta de los integrantes es decir 70 de 137”.

Puntualizó que el uso progresivo de la fuerza no es novedoso, pues entre 2019-2020 ya se hizo reformas puntuales sobre este tema al Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y Orden Público, al igual que el policía no sea sancionado cuando utilice su dotación y resulte muerto un delincuente: “Eso tampoco en novedad, está en el Código Integral Penal”.

Reconoció que ciertamente el proyecto de norma presentado por el Ejecutivo puede mejorar y fortalecer las figuras legales existentes que no deje viso o discrecionalidad y dote de garantías para que policías tengan condiciones para ejercer sus funciones.

Subrayó que además de la ley se debe garantizar presupuestos constitucionales y lineamientos que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la propuesta del Gobierno no puede convertirse en licencia para matar: “Hay que seguir reglas y límites y en este caso es el de la proporcionalidad en el cual existan medidas idóneas y necesarias que persigan un fin legítimo”.

El Gobierno presentó la tarde de este martes 25 de enero de 2022 a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. 

Entre los principales aspectos, la ley faculta el uso progresivo de la fuerza a los agentes policiales y propone mecanismos legales para protegerlos. El cuerpo legal tiene 24 páginas con 46 artículos que están divididos en un título preliminar y siete títulos, dos disposiciones generales y dos transitorias.

Asimismo, la normativa incluye otro eje sobre la cooperación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad ciudadana y mecanismos de defensa legal para proteger a los agentes del orden “cuando realizan una intervención para garantizar la seguridad de los ciudadanos”. 

Además, el proyecto propone un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de solucionar vacíos y contradicciones que impiden realizar el trabajo respectivo a las fuerzas del orden.

Po otro lado, en la mañana, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció entre otras cosas que, durante los cuatro días de asueto, por el feriado de Carnaval, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se paga en todos los productos de consumo, bajará del 12% al 8%.

En la Ley de Reactivación Económica, que se aprobó por el Ministerio de la Ley, en diciembre del año pasado, se faculta al Primer Mandatario a decretar una disminución del IVA durante algunos días del año.

Debido a esto, Lasso anunció que en el feriado de Carnaval se disminuirá el IVA en todo el país del 12% al 8%, con el fin de dinamizar el sector turístico, dijo.

Asimismo, se informó que el Primer Mandatario solicitó al COE Nacional que analice, nuevamente, la posibilidad de que el encuentro entre Ecuador y Brasil se juegue con un aforo del 50 por ciento.

«Este miércoles 26 de enero, a las 15:00, en sesión plenaria el COE Nacional evaluará este tema, tomando en consideración los datos más actualizados de la situación epidemiológica», señalaron en un comunicado.

Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachakutik y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, destacó que el Jefe de Estado, Guillermo Lasso, por ética no debería intervenir en el proyecto de “Ley Orgánica para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y Servicios No Solicitados”.

Resaltó que la normativa va en favor de los usuarios y en contra de las arbitrariedades de la banca, sector al que pertenece la familia del Presidente de la República: “Debería mantenerse a un lado y dejar que la Asamblea resuelva (…) No puede ser juez y parte”.

Explicó que ante el veto del Ejecutivo, la Comisión ya tiene listo el informe donde se ratifica en 20 artículos y se allanan a 12, estos últimos porque son redundantes o se daba las mismas funciones a las dos Juntas, Monetaria y Financiera.

“Pero en los artículos que benefician a los usuarios, clientes de la banca, nos hemos ratificado”.

Detalló que en el cuerpo legal se pide la intervención de la Superintendencia de Compañías para que actúe de oficio cuando se identifique un abuso de la banca y se la sancione, sobre todo cuando los usuarios no han aceptado un servicio y ven reflejado en su cuenta, descuentos.

“Hemos pedido que para brindar un servicio el usuario firme un documento, mismo que no debe estar en letras grandes, normales”.

Indicó que si el usuario no ha firmado nada, la Institución Financiera no puede descontar y de ser el caso, debe devolver el dinero en un tiempo máximo de 15 días. De otro lado, las llamadas de cobro u ofertas deben ser en franjas horarias de 07:00 hasta las 19:00 de lunes a viernes y una sola vez al día.

En ese sentido, dijo esperar que se cuenten con los 91 votos y se ratifique la Ley, tal cual ocurrió en el segundo debate: “Pese a que en la Comisión no tuvimos votos de CREO, eso también pasó en el segundo debate, pero en el pleno sí votaron a favor, estamos para servir al pueblo, no somos sirvientes del Ejecutivo, esperamos que tengan conciencia”.

Informó que el sábado 22 de enero ya se entregó a la Secretaría del Legislativo el informe para debate en el Pleno: “Creería que para el martes 1 de febrero estaría llamando para ratificarnos en el proyecto de Ley”.

El concejal de Guayaquil, Héctor Vanegas, destacó que el Gobierno de Guillermo Lasso sin duda alguna tiene afinidad y hasta matrimonio con el de su antecesor Lenín Moreno, que permite seguir con una política equivocada en perjuicio del pueblo, de ahí el incremento de la inseguridad.

Señaló que existen muchos funcionarios que debieron ser relevados por su pésimo papel en el anterior régimen, sin embargo cuando Lasso ganó no tuvo a quien poner en esos cargos porque no tiene bases y estructuras de las cuales valerse.

“Se valió de personajes que estaban en asilos para ponerlos en funciones, cuando debieron seguir en el retiro porque cuando ejercieron le hicieron mucho daño al país”.

Con esa base, criticó el papel de Pablo Arosemena, Gobernador del Guayas, quien ante todos los hechos sangrientos de la ciudad porteña sale a medios de comunicación a hablar de los Avengers y en ese contexto también reprochó el pobre papel que ha tenido Alexandra Vela, ministra de Gobierno.

“Aquí lejos de reducirse las muertes violentas han crecido de manera desmesurada”.

Subrayó que en Guayaquil nunca se ha vivido tanto caos como en la actualidad, tanto así que las muertes violentas y sicariatos superan el número de fallecidos por Covid-19 en lo que va del 2022

“Guayaquil está casi como Sinaloa lo único que falta es cadáveres en los puentes y allá vamos a llegar”.

Pablo Encalada, abogado penalista, criticó la respuesta del Gobierno de Guillermo Lasso frente al incremento de la inseguridad en el país, pues ya se ha demostrado que reformas al Código Integral Penal o meter mano al sistema de justicia, no funcionan.

“Las autoridades se han equivocado desde que tengo memoria, no es posible que un  Gobierno responde a la violencia con reformas legales y metiendo la mano a la justicia”.

Resaltó que los delitos no se reducen con decisiones como las que tomó el régimen, porque además la ley se activa cuando se ha cometido el delito, de ahí que los cambios legales no harán que la violencia se reduzca, pues, subrayó, que la violencia se previene a través de política pública.

“No tengo la menor duda de que las reformas legales planteadas por el Gobierno no servirán para nada, de hecho son inservibles en este momento”.

Además recordó que el uso progresivo de la fuerza ya está normado y por tanto la Policía Nacional lo puede hacer bajo el principio de legítima defensa y uso progresivo de la fuerza.

“Es mentira que los policías no puedan actuar”.

Puntualizó que incluso la Corte Constitucional estableció lineamientos para que las fuerzas del orden puedan intervenir bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y progresividad.

Con esa base insistió en que las declaraciones del mandatario caen en el populismo o se deben a que está mal asesorado: “En cualquiera de los dos casos sería terrible”.

Este lunes 24 de enero, mientras la ministra de Educación, María Brown, daba inicio a las clases presenciales en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, funcionarios del Municipio de Guayaquil clausuraban el establecimiento, por incumplir con la resolución del COE Cantonal de mantener las actividades educativas de manera virtual.

En medio de la presencia de estudiantes, docentes, personal administrativo y las autoridades del Ministerio de Educación, el director de Justicia y Vigilancia del Municipio guayaquileño llegó hasta el establecimiento para cumplir con la disposición del COE Metropolitano que sanciona con siete salarios básicos y el cierre por 30 días a las unidades que incumplan con esta medida.

Más temprano, el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, aclaró que la alcaldesa Viteri no está facultada para tomar este tipo de decisiones, ya que, precisó, la aplicación de las políticas públicas y resoluciones en materia de educación es competencia del ministerio del ramo.

La alcaldesa no tardó en pronunciarse y, a través de su cuenta de Twitter, detalló que en las últimas tres semanas los fallecimientos aumentaron de 5 a 19 por día; mientras que la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) subió de 52 a 265 pacientes.

Asimismo, informó de un aumento de ocho a diez, en los pacientes pediátricos que han ingresado a UCI. Con estos antecedentes, Viteri enfatizó que se deben vacunar a todos los estudiantes para precautelar su salud.

Luego de este incidente, Brown recalcó que es el Ministerio de Educación quien tiene la competencia para determinar el retorno o no a clases presenciales, por lo que las instituciones y los GAD cantonales deben acatar estas disposiciones.

“Esperamos no tener que entrar en un confrontamiento. Esperamos que el Municipio sea sensible a las necesidades de los estudiantes”, destacó.

Diego Fuentes, exviceministro del Interior, destacó que el aumento de la inseguridad y muertes violentas hace que los ciudadanos se sientan desprotegidos por la evidente ausencia del Estado.

“El Presidente debe empezar por despedir su equipo de asesores en materia de seguridad, porque le dan respuesta coyunturales”.

Remarcó que el anuncio del proyecto de Ley para Defensa Legal de los Policías ya se ofreció el pasado 20 de octubre de 2021, más se quedó en un simple ofrecimiento sin efectivizarse.

“También se habla de trasladar 1.100 uniformados a Guayaquil, lo que quiere decir que salen de otras ciudades que se quedan desprotegidas (…) Cuando los saquen de otros cantones y repunte la violencia ahí, dirán que regresan”.

Criticó también que se habla de la entrega de USD9 millones de presupuesto para la adquisición de más motos y patrulleros, cuando ni siquiera se cubre el mantenimiento de los vehículos que ya existen: “Se necesita un modelo de gestión que permita garantizar que los existentes estén habilitados”.

“Estas tres medidas que he mencionado son coyunturales, acaba siendo una burla para el país  (…) ¿Qué pasa con el Gobierno? no tiene capacidad de sostenerse ante la opinión pública y se nota en la ineficiencia en materia de seguridad”.

A criterio del jurista, las resoluciones del régimen demuestran abandono e improvisación, de ahí que el viceministro de Seguridad Interna irá a vivir en Guayaquil: “No tiene margen de política pública para sostener resultados a largo plazo”.

Citó que en el año 2021 la tasa de muertes violentas se duplicaron en comparación con 2016, registrándose 14 casos por cada cien mil habitantes: “El repunte de la delincuencia evidencia que no hay política pública clara, no hay presupuesto definido y hay improvisación”.

Fuentes mencionó la necesidad de reconocer que la problemática de la inseguridad es estructural debido al desmantelamiento del Estado: “Se quiere justificar que todo lo que hizo bien, está mal y por eso lo desmantelaron a fin de culpar al exrégimen”.

Reprochó, por ejemplo, que la ministra de Gobierno, Alexandra Varela, tenga dos funciones la de gobernabilidad y de seguridad, esto último incluso ha dicho que desconoce y a encargado a su viceministro para ejercer política pública.

El Coronel Patricio Acosta, exsecretario General de la Administración Pública, partícipe del derrocamiento de Jamil Mahuad en el 2000, contó algunos hechos que marcaron la historia del Ecuador en esa época.

“Al no ser entes políticos, los militares, nos dejamos llevar por la necesidad de la mayoría del pueblo”.

Recordó que previo a la caída del Gobierno de Mahuad, la gota que derramó el vaso fue la decisión de no dejar sacar el dinero de la banca a los ciudadanos, lo que provocó la muerte de personas de la tercera edad y cientos de familias rotas por la migración a otros países: “Esas son cuentas pendientes que hay hasta la fecha y ojalá haya justicia”.

Aseveró que al final los militares involucrados perdieron sus carreras e incluso la libertad: “Pero lo hicimos con gusto porque había sentido de patriotismo que hoy no lo hay, en el 2000 sí había ciudadanos y militares que nos dolía la Patria a diferencia de hoy donde hay actos de corrupción e inseguridad, eso quisimos parar en el 2000 y se contuvo”.

Mencionó que el coronel Lucio Gutiérrez fue quien lo buscó en el cuartel para unirse a los indígenas incluso llamaron al operativo “Fiesta de la Promoción” a fin de que si pinchaban sus teléfonos no se conozca lo que se planificaba para derrocar al entonces régimen.

“Le pregunte si estaba seguro y le replique que cuidado daba un paso atrás porque era a vencer o morir, porque mínimo íbamos ir a la cárcel”.

Manifestó que en esas conversaciones le consultó a Gutiérrez si las Fuerzas Aérea y Naval estaban unidos en la causa y le respondió que sí, años más tarde se habría dado cuenta que esto fue mentira: “Porque el 21 de enero (del 2000) solo habíamos gente del ejército, no me di cuenta, ya después de los años vi que me mintió y le dije que no dé un paso atrás y a la madrugada lo hizo, porque la idea era nombrar ministro de defensa, tres comandantes de fuerza y de la policía nacional”.

Señaló que a las 09:00 de ese día se dio la irrupción al Palacio Legislativo, una hora más tarde Mahuad renunció y a las 14:00 llegan los coroneles Fausto Cobo, Jorge Brito y Lalama con oficiales de la academia de guerra: “Cuando todo se consumó”.

Mencionó que a las 17:00 Gutiérrez le pidió ir al Palacio de Gobierno, porque Carondelet era la representación política de la nación: “Pero a esa hora se subieron todos a la camioneta”.

Oswaldo Landázuri, analista económica y empresario, señaló que tras el chuchaqui de las fiestas de diciembre, la ciudadanía recién se empieza a dar cuenta del impacto y la magnitud del nuevo cálculo para pagar el impuesto a la renta: “Es un tema tremendamente complicado”.

Indicó que aunque se sabía que la población no saldría ilesa de la pandemia, también era importante buscar otros caminos, como hacer temporal el incremento del impuesto a la renta: “El hacerlo permanente trastoca todas las escalas”.

Para el empresario, era preferible subir un par de puntos al IVA a fin de distribuir la carga, pero no hacerlo ceñido a un grupo de la población que termina siendo el más golpeado por las reformas tributarias.

Destacó además que el Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene cerca de USD1.500 millones por cobrar a razón de evasión de impuestos sobre todo en la Costa y ahí no se hace nada y más bien se castiga a la clase media que a la larga dejará de consumir, sumado a que dejará de pedir factura porque se eliminaron deducciones.

“Lo que veo es que es una batería de medidas que no tiene un norte claro, le suben impuestos y por otro le sube el salario sin son ni ton, sigo afectando a las personas para que sigan en la informalidad”.

Para el empresario todo este tipo de resoluciones cae en un problema de tinte neoliberal: “Dejándole a la suerte al ciudadano, el Gobierno comienza a hacerse atrás de todo y ese dogma es a todo nivel”.

Asimismo calificó como absurdo que en la misma normativa aprobada por decreto se haya eliminado el impuesto a la herencia que beneficia a los allegados al Gobierno de Guillermo Lasso: “Súmele su desesperación por firmar acuerdos comerciales puede ser peligroso, si decide ir por la línea neoliberal, debería resetear la economía”.