Radio Pichincha

Rafael Correa, expresidente de la República, recordó que cuando salió del poder los homicidios bajaron de 18 a 7.5 por cada cien mil habitantes, lo que ubicó a Ecuador en uno de los países más seguros de la región.

 “En el 2017 se dijo que se debe continuar con la política de seguridad para llegar a 2 por cada cien mil habitantes (…) con esa tendencia y  la dirección podíamos llegar a ser el país más seguro (…) Pero todo lo destruyó Moreno con complicidad de Guillermo Lasso y la prensa e incluso hasta ahora Lasso no ha hecho nada”.

Destacó que la inseguridad es producto de la desinstitucionalización, cuando el exmandatario Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, agrupándolo en el Ministerio de Gobierno que hoy en día es todólogo.

“Pusieron la corruptela en cargos claves, repartieron el sistema de rehabilitación social y lo maneja las mafias”

Instó a la gente a no dejarse engañar, pues no se trata de colocar más leyes o reformar normativas, pues incluso el uso progresivo de la fuerza ya está reglamentado.

“Saben cuál es el problema pero no quieren reconocer lo que hicieron con el país y la institucionalidad, antes Quito, Ambato y Cuenca estaban entre las 10 ciudades más seguras de la región”.

Subrayó que el subdesarrollo no se puede superar con los altos niveles de violencia e inseguridad: “La diferencia en calidad de vida con países en vías de desarrollo, no es la riqueza material sino la seguridad que viene de la equidad de crear armonía social”.

“Hemos perdido el bien público que es la seguridad”.

Reprochó como es que el odio político, le llevó a Moreno a destruir la institucionalidad para entregarle a María Paula Romo el poder y por ende colocar a funcionarios obsecuentes que sirvan como instrumento para perseguir y no para hacer la labor que les correspondía.

“¿Queremos superar el subdesarrollo? Superemos el odio, pensemos con razón y corazón, veamos datos y veamos las cifras de corrupción y de seguridad”.

Criticó que incluso se haya destruido Senplades donde había una visión de país a través de un Plan de Desarrollo, y es precisamente ahí donde se encontraba la importancia de las UPC’s como puntos estratégicos de cercanía directa con los barrios: “Porque ahí la propia gente sabe dónde están los delincuentes, todo ese sistema lo destrozaron”.

“Ódienme si les da la gana pero no pierdan la racionalidad, visión y evidencia, y ahí está visión global, plan de desarrollo e institucionalidad”.

Además mencionó que en las cárceles existían las universidades, es decir un privado de libertad tenía la oportunidad de superarse y conseguir un título de tercer nivel, manteniendo su mente ocupada: “No estaba preocupado de realizar motines y matar al otro”.

Resaltó que en este proceso la inteligencia es clave, es decir los cuatro servicios que actuaban independientemente como la Policía, Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea y Marina, se fusionaron para prevenir delitos: “Con ese proceso se desarticularon cerca de 4.000 pandillas, fue gracias al trabajo de inteligencia, pero todo se destrozó y ahora lo que han hecho es usarlo para perseguir opositores políticos”.

Lamentó que por soberbia el actual Gobierno de Guillermo Lasso prefirió mandar una ley, en lugar de retomar todo el trabajo bien hecho que se hizo en su régimen: “El problema es la falta de acción”.

El alcalde de Quito,  Santiago Guarderas, aseguró que, luego de un informe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, sobre el aforo del partido entre Ecuador y Brasil, se constató el incumplimiento de las medidas de bioseguridad que fueron dictadas por el COE Nacional.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) autorizó que el partido se juegue con el 50% de aforo permitido en el Estadio. Esta decisión la tomaron por pedido expreso del presidente Guillermo Lasso, debido a que, en un inicio, se recomendó que el cotejo se juegue sin público en las gradas.

Ante esto, anunció que la Agencia Metropolitana de Control iniciará un proceso administrativo sancionador en contra del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Varios usuarios en redes sociales también denunciaron que el aforo permitido no se respetó y compartieron imágenes de las tribunas, donde se registró aglomeración de personas.

Ante esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó el resumen del aforo y boletería y aseguró que el público que asistió al estadio solo llegó al 44,05%.

El jurista Xavier Flores Aguirre calificó como un fracaso escandaloso la gestión de Julio César Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) cuya consigna fue refundar el país, pero lo único que hizo fue remover correístas de sus cargos sin el debido proceso y de forma dictatorial: “Eso se pagará en el contexto internacional y tendrá que acreditarse lo que corresponda en materia de reparación”.

“Ecuador funciona así, no es la primera vez que se ha actuador arbitrariamente, ya pasó con la Corte Suprema”.

Criticó la acción de Trujillo quien incluso reconoció que sus decisiones estaban por encima de la Constitución: “El señor estaba completamente demente no tenía sentido, de ningún tipo y es asombroso que se lo crea”.

Al final, según Flores, no hubo un cambio real porque su única gestión fue sacar correístas “de forma burda” y el resultado es Diana Salazar nombrada Fiscal General en un concurso chafa y un Pablo Celi continuado en el cargo porque se omitió el concurso: “No refundó nada, solo se aseguró de que el correísmo sea perseguido hasta el final de los tiempos”.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, destacó que el país ya vive la tercera ola de Covid-19 y en este momento la curva epidemiológica está ascendiendo, por lo que muy seguramente el pico más alto se registrará en la segunda semana de febrero.

“La Ministra de Salud dice que empezó a bajar la curva epidemiológica, pero no es así, porque el ómicron supera barreras inmunológicas y de vacunas, la curva no está bajando”

Aseveró que incluso en el Gobierno de Guillermo Lasso se han tomado decisiones políticas en el manejo de la pandemia, en lugar de resoluciones técnicas, lo cual se evidencia en la semaforización de los cantones, donde en apenas una semana bajaron del rojo al amarillo cuando hay evidencia de una gran cantidad de pacientes que llegan a los hospitales contagiados.

“Los que estamos en el primer nivel de atención, en el campo de batalla, viendo la contagiosidad que hay, nos indigna que digan que está bajando, pasaron a amarillo y no pasa nada”.

Subrayó que las resoluciones que toma el régimen terminan provocando una falsa seguridad en la población: “Han cometido errores y nos ha llevado a lo que vive en el país actualmente”.

Asimismo reprochó que se catalogue a la ómicron como una simple gripe, pues él mismo lo vivió en carne propia sin ni siquiera poder caminar y cumplir sus labores: “Hay muchos médicos contagiados por eso, la mortalidad es de 106 médicos hasta el momento, cómo pueden tomar este tipo de decisiones”.

Instó a las autoridades a hacer mesas de crisis con expertos y además atender al personal de salud que está cayendo en depresión y crisis de pánico.

Se preguntó dónde quedó la idea fundamental de hacer política pública de prevención en salud, cuando ni siquiera se ha entregado medicamentos a los hospitales, los cuales no cubren a los pacientes catastróficos.

Jorge Albán, exconcejal de Quito, lamentó que desde la administración de Mauricio Rodas, la capital haya perdido su horizonte: “Se carece de un proyecto de carácter urbanístico social”.

“En la gestión de Rodas se diluyó un proyecto de ciudad, no se sabía el destino y fue agravado por las dos alcaldías posteriores, la de Jorge Yunda y Santiago Guarderas”.

Calificó como extraña la cifra que dio el actual burgomaestre, asegurando que en su gestión se han ejecutado USD515 millones: “¿En apenas tres meses y sin proyectos? No se refleja en ninguna obra, porque la repavimentación no justifica ni de lejos la magnitud del presupuesto”.

Indicó la necesidad de que Guarderas dé a conocer cuál es el proyecto de ciudad, al igual que los concejales, es decir intentar dar propuestas de lo que se quiere como ciudad.

Sobre las elecciones de 2023, Albán puntualizó que se verán candidatos de Izquierda Democrática, CREO y Revolución Ciudadana, y aunque, dijo, no hay nombres seguros parece que se postularía Luz Elena Coloma o Roque Sevilla.

“La reflexión que se debe hacer es ¿cuál es el proyecto que se tiene para la ciudad de Quito?”

El partido entre Ecuador y Brasil por las eliminatorias sudamericanas sí contará con público. La tarde de este miércoles 26 de enero, el COE Nacional aprobó el pedido del presidente Guillermo Lasso para contar con el 50% del aforo.

Esto pese a que la misma ministra de Salud, Ximena Garzón, ha sostenido que no es momento para contar con público en escenarios deportivos, ni para realizar eventos masivos.

El organismo encabezado por Juan Zapata dio su brazo a torcer, ya que el pasado lunes resolvió que el encuentro deportivo se jugaría sin público. Sin embargo, tras el llamado del Primer Mandatario, quiene es el presidente del COE Nacional, el director del ECU-911 autorizó la presencia de público.

Según el funcionario, esta decisión se basa en los datos técnicos de la situación epidemiológica, que evidencian, de acuerdo con el Ministerio de Salud, una leve disminución de contagios.

Especialistas y médicos como el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, o el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Álvarez, han criticado que este pedido de Lasso se trata de un tema político, que rebasa lo sanitario.

Incluso, han reclamado que Salud estaría maquillando las cifras, luego de que en sólo cinco días las cifras de contagios disminuyeron.

Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), destacó que el proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado sin recursos económicos, equipo y personal, se convertirá en letra muerta.

Destacó que en Ecuador hay un sinfín de normativas que no se terminan de operativizar precisamente por falta de asignación presupuestaria, lo que las hace inaplicables.

Sobre el uso progresivo de la fuerza por parte de miembros del orden la asambleísta resaltó la necesidad de que se capacite a las Instituciones ligadas al tema de seguridad.

Respecto al patrocinio legal que recibirán los policías, mencionó que esto debe incluir la contratación de abogados y recursos tecnológicos para cumplir con su labor.

En el tema de facilitar la cooperación entre Policía y Fuerzas Armadas sin mediar un estado de excepción, Chávez subrayó que el Gobierno debe tomar en cuenta que ambas entidades no tienen la misma formación, pues mientras la primera se encarga de seguridad ciudadana, la segunda es de defensa de soberanía y territorio, de ahí que, advirtió, para ser efectivo el tema debe existir reforma Constitucional: “Porque tenemos hasta sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan sobre la necesidad de que el Estado limite el de uso de las FFAA para controlar el orden público”.

Al referirse a la diligencia en investigaciones, indicó que esto difícilmente se conseguirá con reforma legal por lo que el Consejo de la Judicatura tendría que establecer parámetros de evaluación para verificar como se desarrollan los procesos judiciales, la diligencia y profesionalismo: “Eso se consigue a través de la experiencia ay retroalimentación continua de los funcionarios”.

Jahiren Noriega, asambleísta de UNES, dijo esperar que su bancada se coloque en defensa de las víctimas de violencia al ser una fuerza de izquierda, sin embargo también mencionó que la posición del bloque de dejar en libertad a sus integrantes en la votación sobre “la Ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación” ha sido adoptada por el resto de partidos políticos.

En todo caso, indicó que 21 legisladores entre UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática se unieron para emitir un comunicado en defensa de las víctimas de violencia: “Esperamos que el resto de asambleístas también se pongan de este lado de la historia para defender a las niñas y mujeres violentadas del país”.

Aclaró que la Asamblea no está debatiendo si el aborto se permite o no, pues existe una sentencia de la Corte Constitución que lo despenaliza y por tanto lo legaliza, sino que el análisis está enmarcado en cómo acceder a este derecho.

Respecto al anuncio del veto por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, la legisladora mencionó que como mujeres feministas y movilizadas se mantendrán vigilantes y en caso de darse, el Legislativo necesitaría 90 votos para ratificarse en el texto.

Instó a debatir la problemática en la realidad que vive el país donde las cifras indican que en el 2021 las mujeres fueron víctimas de femicidio cada 44: “Eso significa que nuestras vidas están en peligro contante”.

Citó además que Ecuador es el tercer país en la región con el índice más alto de embarazo adolescente y que al año 3.000 niñas menores de 14 años paren producto de una violación: ”Si como Estado fuimos incapaces de protegerlas al menos desde la Asamblea no nos convirtamos en cómplices de tortura, pues así lo ha calificado la ONU a una maternidad forzada”.

El constitucionalista André Benavides señaló que las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, presentadas por el Ejecutivo, deberán ser tramitadas de manera ordinaria, pues no pueden tratarse como un cuerpo de materia económica urgente, de ahí que su aprobación podría demorarse entre 8 y 10 meses.

Detalló que una vez la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entregó al Legislativo la propuesta de ley, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) tiene 60 días para calificarla y enviarla a una Comisión Especializada, misma que tendrá 90 días para elaborar un informe y darlo a conocer al Pleno y en el hemiciclo se harán aportes y modificaciones, para volver a la Mesa Legislativa, la cual en 90 días adicionales elaborará el informe para segundo debate: “Baja nuevamente al Pleno y en segundo debate será aprobado con mayoría absoluta de los integrantes es decir 70 de 137”.

Puntualizó que el uso progresivo de la fuerza no es novedoso, pues entre 2019-2020 ya se hizo reformas puntuales sobre este tema al Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y Orden Público, al igual que el policía no sea sancionado cuando utilice su dotación y resulte muerto un delincuente: “Eso tampoco en novedad, está en el Código Integral Penal”.

Reconoció que ciertamente el proyecto de norma presentado por el Ejecutivo puede mejorar y fortalecer las figuras legales existentes que no deje viso o discrecionalidad y dote de garantías para que policías tengan condiciones para ejercer sus funciones.

Subrayó que además de la ley se debe garantizar presupuestos constitucionales y lineamientos que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la propuesta del Gobierno no puede convertirse en licencia para matar: “Hay que seguir reglas y límites y en este caso es el de la proporcionalidad en el cual existan medidas idóneas y necesarias que persigan un fin legítimo”.

El Gobierno presentó la tarde de este martes 25 de enero de 2022 a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. 

Entre los principales aspectos, la ley faculta el uso progresivo de la fuerza a los agentes policiales y propone mecanismos legales para protegerlos. El cuerpo legal tiene 24 páginas con 46 artículos que están divididos en un título preliminar y siete títulos, dos disposiciones generales y dos transitorias.

Asimismo, la normativa incluye otro eje sobre la cooperación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad ciudadana y mecanismos de defensa legal para proteger a los agentes del orden “cuando realizan una intervención para garantizar la seguridad de los ciudadanos”. 

Además, el proyecto propone un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de solucionar vacíos y contradicciones que impiden realizar el trabajo respectivo a las fuerzas del orden.

Po otro lado, en la mañana, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció entre otras cosas que, durante los cuatro días de asueto, por el feriado de Carnaval, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se paga en todos los productos de consumo, bajará del 12% al 8%.

En la Ley de Reactivación Económica, que se aprobó por el Ministerio de la Ley, en diciembre del año pasado, se faculta al Primer Mandatario a decretar una disminución del IVA durante algunos días del año.

Debido a esto, Lasso anunció que en el feriado de Carnaval se disminuirá el IVA en todo el país del 12% al 8%, con el fin de dinamizar el sector turístico, dijo.

Asimismo, se informó que el Primer Mandatario solicitó al COE Nacional que analice, nuevamente, la posibilidad de que el encuentro entre Ecuador y Brasil se juegue con un aforo del 50 por ciento.

«Este miércoles 26 de enero, a las 15:00, en sesión plenaria el COE Nacional evaluará este tema, tomando en consideración los datos más actualizados de la situación epidemiológica», señalaron en un comunicado.