Fernando Cabascango, asambleísta y presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, señaló que el proceso de revisión de los 293 pedidos de amnistías y un indulto, se está recibiendo las comparecencias de los beneficiarios, organizaciones de la sociedad civil y expertos a fin de avanzar en el informe que se presentará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Informó que el 11 de febrero es la fecha límite para tener el documento listo: “Tenemos un cronograma apretado pero hay que mencionar la magnitud”.

Recordó que previo a los procesos el Consejo Administrativo de la Legislatura calificó los pedidos que están enmarcados en delitos políticos o conexos, en el caso del indulto es por tema humanitario: “Son privados de libertad que poseen un estado de salud grave”.

Detalló que todos estos pedidos serán expuesto al Pleno, en donde con 92 votos se podrá aprobar, en ese sentido recordó que la misma Constitución le da la facultad a la Asamblea para ceder en las amnistías e indultos.

“Lo otro es que el Legislativo necesita actuar en el marco de lo que determina la Constitución y la ley con enfoque de derechos”.

Reconoció que efectivamente el país necesita ir a hacia la pacificación e ir subsanando conflictos que dejó el Gobierno de Lenín Moreno: “Si el CAL ha calificado delitos políticos o que han sido generados a partir de acontecimientos políticos hay un marco jurídico en el cual los legisladores debemos basarnos”.

Cristina Reyes, vicepresidenta del Partido Social Cristiano, criticó la propuesta del presidente de la República, Guillermo Lasso, de convocar a una consulta popular para abordar temas del sistema de justicia e incluso las reformas laborales.

Recordó que la propia Organización Mundial del Trabajo ha menciona que la construcción de una normativa tiene que obedecer a un dialogo social y debate tripartito entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.

De ahí que, aseveró, si el mandatario insiste en aprobar una ley con vicios de ilegalidad, vulneración a los derechos de los trabajadores, disminución de horas libres, tratando a las personas como máquinas, buscando despedir a gente sin indemnización, o peor aún abriendo la posibilidad de que un trabajador indemnice a su empleador: “Eso es riesgoso e incluso me atrevería a decir que la perdería, peor si la hace con las elecciones seccionales”.

Además indicó que la población tiene el precedente de las decisiones económicas donde se aumentaron impuestos, golpeando principalmente a la clase media.

“A simple vista una consulta genera preocupaciones”.

Resaltó que el Jefe de Estado debe estar consciente que el triunfo de la segunda vuelta lo logró con adhesiones y apoyos prestados pero no incondicionales, es decir que ya no contará con esos grupos para un nuevo proceso electoral: “Hoy esos grupos políticos y ciudadanos de organizaciones sociales que le apoyaron estamos siendo cuestionadores de cómo ha incumplido a sus promesas y ha mentido”.

Agregó que el Presidente Lasso tampoco goza de una buena aceptación y credibilidad, más aún cuando en lugar de preocuparse por la salud, educación, la falta de infraestructura o la inseguridad, mantiene su atención en la venta del Banco Pacífico.

Las unidades de transporte público en Quito deberán circular con el 50% de aforo. La medida aplicará en los horarios de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 21:00. El resto del tiempo los buses trabajarán con el 75% de aforo.

Esta es una de las resoluciones que tomó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Metropolitano, que se reunió la tarde y noche del martes 18 de enero. La sesión estuvo presidida por el alcalde de Quito Santiago Guarderas y se desarrolló después de que el COE nacional, el pasado 16 de enero, ubicó a la capital dentro de las provincias con más riesgo epidemiológico ante el COVID-19.

De esta manera, el COE Metropolitano declaró el umbral de alerta roja en Quito. Le decisión rige del 18 al 25 de enero y será revisada o ratificada el próximo martes, una vez conocido el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud, informó el Municipio.

Al respecto, el alcalde Santiago Guarderas dijo que la declaratoria de alerta roja es para “precautelar la vida y salud de los quiteños”.

El COE Metropolitano hizo un exhorto al Ministerio de Trabajo para reducir las jornadas presenciales del sector público, debido a que en la capital existe alta concentración de entidades estatales.

Según el COE Metropolitano, las resoluciones se adoptaron porque los casos de personas positivas con COVID-19 han aumentado en el 187%, desde la penúltima semana del mes de diciembre a la primera del mes de enero del 2022. Y se espera que la tendencia siga al alza.

Walter Bustos, exdirector del Parque Nacional Galápagos, calificó como un proyecto ambicioso la ampliación de Reserva Marina, lo cual permitirá las especies migratorias, puedan tener vía libre para transitar y cumplir con sus ciclos ecológicos.

Indicó que tras el decreto firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, se debe construir un acuerdo ministerial y posteriormente oficializar la declaratoria: “Esta potestad viene con esfuerzo jurídico donde se determine los límites al interior, zonificación de usos, para manejo y conservación, pero además viene acompañada de recursos económicos que siempre son escasos”.

Comentó que las autoridades deben tomar en cuenta que ha sido difícil mantener presupuesto de alrededor de USD21 millones para operar las islas de una manera adecuada: “Es complejo y muy difícil porque ahora mismo el presupuesto del Parque Nacional fue recortado, entonces crear una nueva área de reserva bajo estas condiciones implicará un esfuerzo presupuestario del país”.

Resaltó que el trabajo y apoyo internacional a través de intercambio de deuda, para destinar recursos es importante, pero también mencionó la necesidad de no esperar de los fondos internacionales: “Porque es responsabilidad del país”.

“Como cualquier otra actividad o institución, hay gastos permanentes, deben estar financiados por presupuesto permanente”.

Subrayó que para cumplir con el objetivo, Costa Rica también deberá sumarse porque ahí se tendrá un ejercicio más concreto de ampliación de reserva.

Carlos Soria, abogado de Ola Bini, señaló que en septiembre de 2019 la defensa pidió un peritaje independiente, sobre el caso de presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático, mismo que fue aceptado por el fiscal Chávez Zambrano y se agregó al expediente, sin embargo, dijo, al día siguiente el funcionario reculó argumentando que el experto no fue sorteado y lo inválido, aunque será llamado como testigo técnico.

En ese contexto denunció que tras el documento entregado por el perito Fabián Hurtado, la Policía allanó su domicilio una madrugada de septiembre de 2019 a pedido de Fiscalía por supuesto fraude procesal: “Se meten armados para llevarse una computadora y un celular, sobre la base que había tipo de imprecisión en su hoja de vida”.

Aseveró que han transcurrido dos años y no hubo acto procesal sobre Hurtado y pese a ello a cinco días de iniciar la audiencia de juzgamiento, donde participará como testigo experto, la Fiscalía lo llama para formularle cargos: “Claro está que es un tipo de presión para que el perito no se presente, usando el aparato judicial para amedrentar al perito”.

“Tiene miedo, está asustado, estamos esperando que prime en él su necesidad de decir la verdad y aporte con lo que sabe, esperamos que nos acompañe”.

Durante la entrevista, Soria recibió un mensaje indicando que Hurtado fue convocado a las 08:00 de este martes 18 de enero, para rendir su versión sobre el caso del sueco, es decir le pidieron adelantar testimonio y luego de ello Fiscalía formulará cargos en su contra: “Es tan grave la persecución que la gente que está en el caso prefiere mantenerse al margen por miedo de que la Fiscalía haga algo en su contra”.

Para el jurista los diferimientos de la audiencia y los amedrentamientos, demuestran que la Fiscalía no tiene base para acusar a Bini y su imagen se caerá cuando se reconozca lo que organizaciones internacionales ya han alertado y es que se trata de una persecución política.

“Organizaciones como Naciones Unidas, Comisión Interamericana de DONU, CIDH; Comunidad Europea, Aministía Internaciones se han pronunciado diciendo que es un sistema de persecución que utiliza la justicia ecuatoriana”

Puntualizó que las persecuciones políticas se instrumentan sobre las bases de objetivos políticos y en este caso fue la intención del Gobierno de Lenín de Moreno de justificar  la entrega de Julian Assange a la justicia británica: “Necesitaban un chivo expiatorio algo con que justificar la entrega y esto fue Ola BIni, su pecado fue conocer a Julian”.

Carina Vance, exministra de Salud, criticó que en plena pandemia el presupuesto en el sector salud haya sido mermado desde el Gobierno de Lenín Moreno, pues en 2020 se recortó USD294 millones, regresando a la asignación de 2015, cuando desde esa época la población ha incrementado en un millón.

Destacó que si bien el Gobierno de Guillermo Lasso habla de incrementar el presupuesto, inyectado USD2700 millones, se tiene que tomar en cuenta que esa cifra se reduce con el destino de USD300 millones para adquirir vacunas anti-Covid que no estaban planificadas: “Con ello regresamos al presupuesto de USD2.400 millones que teníamos en 2014”.

“Esto desencadena en problemas (…) como por ejemplo en el hospital de Monte Sinaí que tiene 30 camas habitadas de 500”.

Recordó que en el Gobierno de Rafael Correa se construyeron 52 hospitales nuevos y más de 100 centros de salud, triplicando el personal en el sector público, mientras que en la actualidad no hay equipamiento, no hay profesionales y ni siquiera medicación: “No solo estamos afectados por Covid sino que, según cifras del INEC, vemos incremento por muerte materna”.

Señaló que los datos oficiales del COE Nacional sobre el número de contagios no son un reflejo exacto de lo que pasa en el país, porque hay un número de pruebas bajo, por lo que para analizar el impacto de la nueva variante ómicron se debe mirar las muertes en exceso.

“Más de 70 mil muertes en exceso se registraban desde el inicio de la pandemia y en este momento llegamos 60 muertes en exceso por día, esto es alarmante”.

Manifestó que al momento hay un 61% de positividad cuando la OMS alertó que para considerar una pandemia controlada no se puede tener más de 5% de positividad.

Aunque reconoció la efectiva estrategia de vacunación del Gobierno, también subrayó la necesidad de manejar la Comunicación de Riesgo para no dar mensajes con falso sentido de seguridad: “El MSP se demoró mucho en hablar de transmisión comunitaria”.

Además mencionó la inequidad en la que vive la población, misma que no tiene acceso a información y en algunos casos no ha podido vacunarse por vivir en zonas alejadas, sumada a la deficiente regulación en el sector privado donde una UCI ha cobrado hasta USD7.000 y antes por una prueba PCR se pagaba USD150.

Fernando Balda anunció, este lunes, una plataforma que, a su juicio, permitirá “depurar las instituciones públicas de funcionarios correístas”.

«Hacemos el lanzamiento oficial de la web www.depuracionec.compara ayudar al Presidente Guillermo Lasso a depurar las instancias gubernamentales de infiltrados correístas que representan estancamiento, corrupción y amenaza de desestabilización», escribió en su Twitter.

No quedó allí. Balda se refirió a los funcionarios «correístas» como «corruptos» y una «plaga» que debe controlarse.

“Los correístas corruptos son la peor plaga y debe ser neutralizada en la sociedad. Si no lo hacemos volverán a saquear el Ecuador y reinará la impunidad. No importará quién gobierne, lo corromperán y se tomarán el gobierno y el país. Por ello debemos actuar antes que sea tarde”, añadió Balda.

Tras esta noticia, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, no tardó en responder e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado, para investigar este presunto delito de discriminación.

Por medio de sus redes sociales, la abogada y exlegisladora recalcó que la discriminación es un delito tipificado en artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Por otro lado, la defensa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, alertó que la propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, admitió la modificación de fechas dentro del caso de su cliente, que derivó en las investigaciones y su aprehensión.

El viernes 14 de enero de 2022 rindió su versión la fiscal Salazar por su presunta participación en el delito de fraude procesal, dentro del caso de Carrión.

Angélica Porras, abogada del exfuncionario, recordó que días atrás se presentó una denuncia por la alteración de las fechas en un documento que da inicio a las investigaciones en este caso.

“En un comunicado, la Fiscal General ha dicho que el intentó justificar la alteración de fechas, señalando que corresponde a la oralidad de los procesos. La fiscal está confundida, la oralidad de los procesos tiene que ver con que se puedan debatirlos en audiencias y no tiene que ver con la exigencia que tienen las autoridades y, sobre todo ella, de registrar sus actuaciones y de ponerlas por escrito cuando hay una orden de investigar y aprehender a Carrión”.

Porras dijo que hay una discordancia de las fechas.

En este episodio hacemos un recorrido musical por las regiones de Bolivia. Exploramos los ritmos musicales bolivianos y sus principales representantes. Desciframos la música andina y sus raíces ancestrales con los pueblos aimaras. Nos contagiamos por los ritmos alegres de la saya y el caporal.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, denunció que en beneficio de empresarios y desmedro de la población, el Gobierno eliminó el control de calidad de 14 productos importados, consolidando así un modelo neoliberal de liberalización de la economía.

“Es un golpe duro que puede recibir el sector industrial y de producción del país”.

Reprochó que mientras se les pide a los productores nacionales cumplir estándares de calidad para poner sus productos en las perchas, el régimen, mediante acuerdo ministerial, quita el control a mercaderías que ingresarán al Ecuador desde otras naciones.

Detalló que el documento se emitió el pasado 30 de diciembre del 2021, firmado por el subsecretario de calidad, Edgar Rodríguez.

“La ciudadanía encontrará el día de mañana cualquier tipo de calidad respecto a 14 productos como frutos secos, productos cárnicos, café, aguas aromáticas, papas fritas congeladas, bebidas energéticas, especias y condimentos, galletas, grasas y aceites comestibles, aguas minerales y purificadas, salsas y aderezos, productos de confitería, frutas, baldosas y cerámicas”.

Reiteró que este tipo de resoluciones beneficia a determinados sectores de importadores, los cuales ya han salido a defender la medida, entre ellos el gobernador del Guayas, Pablo Arosemana, quien fue representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

“Mientras tres se benefician se perjudica al pueblo, es la nueva forma de corrupción al país, porque las medidas que impulsa el Gobierno afecta a la población y beneficia a tres grupos económicos que se harán millonarios en desmedro de producción nacional”.

Agregó que el 90% de productos que buscan ingresar al país, sin control de calidad, ya se los produce en Ecuador, por lo que afectará a los empresarios nacionales y por ende al empleo.

Anunció que de su parte ya solicitó información a fin de iniciar un proceso de fiscalización, para saber qué amparo la decisión ya que el propio artículo 52 de la Constitución establece que las personas tienen derecho de disponer de bienes y servicios de óptima calidad: “La siguiente medida es la comparecencia a una de las comisiones económicas para que le puedan explicar al país sobre la medida que han tomado, ahí deberían aparecer autoridades como la Defensoría del Pueblo porque se está afectando el derecho de los consumidores”.