Radio Pichincha

Piedad Córdoba, exsenadora, abogada y política colombiana, señaló que sin duda alguna detrás de todo el caso armado por Fernando Villavicencio está Estados Unidos.

“Porque a mí supuestamente me está investigando la DEA, inclusive me ofrecieron hasta plata para que hablara del Presidente de Venezuela Nicolás Madura, la primera combatiente de Siria y el señor Alex Saab, me ofrecieron DIEZ MILLONES DE DÓLARES, los mandé a freír espárragos (…) Primero porque soy una persona de ética, segundo yo no sé nada de ellos, me parece irrespetuoso que crean que una se vende”.

Resaltó que el país del norte no quiere perder su patio trasero (Latinoamérica) y se siente amenazado con los procesos electorales que se están desarrollando en la región donde ha ganado Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, el ineludible triunfo de Lula Da Silva en Brasil y en Colombia donde el candidato con más apoyo es Gustavo Petro.

“Hay todo un complot entre la derecha latinoamericana, toda la derecha ecuatoriana para impedir el avance del progresismo y que lleguemos al Gobierno”

En ese contexto, calificó como grotesco que el asambleísta ecuatoriano, Fernando Villavicencio, sea usado para este cometido, puesto que el binomio de Petro es Córdoba, de ahí que, dijo, intentan a atacarla para deslegitimar la candidatura de izquierda.

Recordó que en una entrevista, el presidente de la Comisión de Fiscalización mencionó que ella debía ser extraditada por lavado de activos, testaferrato  y narcotráfico.

“Aquí hay un complot parecido al que hicieron con Andrés Arauz a quien el fiscal (colombiano) Francisco Barbosa lo acusó de haber recibido dinero del ELN para su campaña en plenas elecciones de Ecuador. El objetivo era  derrotar al candidato de Correa y ocurrió porque ese tipo de artimañas y lawfare hacen mella”.

Destacó que las acciones de Villavicencio y grupo que lo acompaña es devolver los favores que Colombia le hizo a Ecuador en el marco de sus comicios en abril de 2021.

Criticó que ese mismo Barborsa que buscó interferir en las elecciones de Ecuador, no sea capaz de investigar ni un solo caso de las personas que están siendo asesinadas en Colombia: “Ya llevamos más de cien en lo que va del año”.

Aseveró que contrario Iván Duque donde Villavicencio fue recibido para profundizar el show, el presidente del Senado colombiano se murió de risa: “Porque me conoce desde la infancia y nadie prestó atención a esas estupideces”.

“De todas maneras es una situación delicada que me pone a pensar en que nosotros no podemos quedarnos en el debate espurro que genera este tipo de personajes sino pensar cómo lograr que se construya una legislación internacional donde este tipo de casos se puedan llevar y sean judicializados”.

Negó conocer a Álvaro Pulido, pero sí reconoció que sí distingue a Alex Saab, porque es de Baranquilla y alguna vez estuvo vinculado a la campaña presidencial de Horacio Serpa: “Estuvo toda la familia de él, trabajamos lo que era la causa palestina y nos hicimos amigos por ese lado, pero en negocios o contratos no, no conozco a sus hijos, su esposa, ni su oficia en Caracas, no tenemos una relación de amistad”.

El expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señaló la necesidad de que el sistema judicial cuente con autoridades independientes que actúen más allá de presiones exógenas e institucionales, para ello, dijo, se deben impulsar procesos de ingreso meritocráticos, es decir los jueces que ingresen a la Corte deben entrar por concurso público.

Criticó que la actual Judicatura haya ido por encima de la Constitución, vulnerando los pilares fundamentales para garantizar la independencia o reducir riesgos, llevando adelante una evaluación en 2019 que derivó en el nombramiento de jueces temporales y escogidos a dedo.

Con esa base, resaltó que el dictamen de la Corte Constitucional reconoce lo mal llevado del proceso.

“La única norma para evaluar es la de cada tres años, por tercios, para activar la renovación de la Corte. Una vez que se agotó la norma no existe más norma”.

Indicó que este tipo de acciones llevaron al país a ver sentencias como la que enfrentó Rafael Correa, cuya casación se resolvió en 17 días, todo con el objetivo de evitar su candidatura en las elecciones de 2021: “No ha existido un caso así”.

Al ser consultado sobre lo ocurrido con el proceso de El Universo, Jalkh aclaró que en ese entonces no era Presidente de la Judicatura y que incluso el entonces mandatario hizo una remisión de sentencia y no cobró ni un centavo: “Además la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que hubo desproporción de los jueces no de la Judicatura”.

Pedro Bermeo, activista en derechos de la naturaleza, manifestó que detrás de la intención de regresar a las corridas de toros en algunas ciudades, sobre todo en Quito, se encuentran grupos taurinos de élite económica, que se han beneficiado de esas prácticas desde la misma venta del animal.

“Un toro de liria puede costar más de USD6.000”.

Aseveró que en este tipo de espectáculos que incluye la pelea de gallos mueve dinero por abajo, sin pagar impuestos y por ello el interés de regresar a estas prácticas, a las cuales denominó como violentas, cosa que, dijo, ha sido reconocida por la propia normativa ecuatoriana donde se prohíbe el ingreso a menores de 18 años por su componente agresivo.

Resaltó que existen estudios donde se demuestra que una persona violenta con animales, lo es con las personas.

“Barcelona prohibió las corridas, en algunas partes de México igual, había en gran parte de Europa esta tradición, solo quedan en ocho países y en esos también ha empezado a prohibirse, no es posible que acá se siga pensando en esto”.

De otro lado, criticó la comparación que han hecho estos grupos de que los animales son igual de sacrificados en los mercados, pues, destacó, no se puede comparar la muerte para alimentar que la muerte y tortura por diversión.

Subrayó que no se puede desconocer la voluntad popular expresada en la consulta popular de 2011.

“No cumple con ningún precepto revisar la constitucionalidad de una pregunta de hace once años”.

Recordó que los jueces de la Corte Constitucional son guardianes de que se cumpla la Constitución, por lo que deberán actuar en derecho aunque el caso haya recaído en manos de una jueza que tenga vínculos a élites taurinas.

La situación epidemiológica del coronavirus se agudiza en Guayaquil, con un promedio de 900 contagios y 10.7 muertes que se registran diariamente en el Puerto Principal. Así lo reveló este jueves la alcaldesa Cynthia Viteri.

En rueda de prensa del COE Nacional, la autoridad expresó su preocupación por el incremento de contagios. Reveló que en la última semana en la ciudad se reportaron 6.306 casos confirmados. 

Viteri detalló que en las casas de salud existen 151 camas de Unidades de Cuidados Intensivos que ya han sido ocupadas; mientras que 245 pacientes se encuentran en camas hospitalarias.

Frente a esta situación, la alcaldesa pidió al presidente del COE Nacional, Juan Zapata, aplicar medidas de carácter nacional, sin importar que estas sean de carácter «impopular», ya que, destacó, existen cantones aledaños a Guayaquil que no cuentan con la capacidad de atención necesaria para pacientes, por lo que estos viajan a Guayaquil en busca de atención médica por coronavirus y debe asumir la ola de contagiados.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

Jorge Benavides, viceministro de Trabajo, informó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, podría entregar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Oportunidades entre finales de marzo e inicios de abril, para ello, dijo, se hará una socialización previa con todos los sectores uno de ellos el Consejo de Salarios integrado por representantes de los empleadores, trabajadores y el Estado.

“En ese espacio los representantes han mostrado su apertura y la necesidad de trabajar alternativas en personas que no tienen empleo (…) Es necesario dialogar entre todos los actores para mejorar la propuesta inicial”.

Aseguró que en los siete meses de Gobierno se han generado 290 mil fuentes de empleo, por lo que con las nuevas reformas laborales se podría llegar 500 mil y hasta finales de gestión del régimen cumplir con la promesa de creación de 2 millones de puestos de trabajo.

Destacó la necesidad de darle movilidad al mercado laboral, por lo que una de las propuestas es la creación del contrato a plazo fijo con una duración de seis meses a cuatro años, en ese sentido aclaró que el empleador deberá respetar lo acordado con el trabajador, es decir si se desvincula a la persona antes de lo pactado, se lo verá como un despido intempestivo y la empresa deberá pagar indemnizaciones.

Subrayó que a esto se suma la entrega de créditos al sector productivo al 1% de interés y tres años plazo. Desde el 3 de enero de 2022 hasta la actualidad se han entregado 200 a personas relacionadas con microempresas o tareas de la agricultura.

Manifestó que el actual Código tiene 84 años de vigencia por lo que se hace necesario pensar en otro cuerpo legal que no irrespete los derechos de los trabajadores y acoja a quienes fueron afectados por la pandemia, en ese contexto aseveró que también se realizarán reformas a la seguridad social.

A criterio del funcionario, la normativa sí será aprobada por el Legislativo pues se trata de pensar en 7 de cada 10 que no tienen empleo de calidad y las reformas son un mecanismo para generar condiciones.

Roberto Cuero, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Fiscalización, cuestionó el viaje de Fernando Villavicencio y otros tres asambleístas a Colombia a fin de entregar su informe sobre el caso Alex Saab, donde, a su criterio, se evidencia el odio visceral y hasta pasional en contra de Rafael Correa, pues intenta vincularlo en un supuesto caso de corrupción regional.

“Se tomó el nombre de la Comisión para hacer un shoy mediático. Hasta ahora he pedido a la Asamblea que me certifique si hay una indicación formal del Senado Colombiano para el traslado de varios legisladores”.

A criterio de Cuero hay una interferencia del departamento de Estado de Estados Unidos debido a que América Latina está cambiando su contexto geopolítico luego del triunfo de Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile y las buenas perspectivas que existen con Lula Da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, sobre este último, dijo, se busca deslegitimar su candidatura donde está incluida Piedad Córdoba.

Con esa base, mencionó que ahora Ecuador busca pagarle el favor a Colombia, país que mandó a su fiscal en plenas elecciones en febrero de 2021 a fin de deslegitimar la candidatura de Andrés Arauz, asegurando que su campaña se financió con aporte de Las FARC.

“Es pertinente dejar sentado que no somos colonia norteamericana”.

Recordó que existen dos informes en la Comisión de Fiscalización, no solo el de Villavicencio firmado por otros cuatro legisladores, sino uno de minoría respaldado por tres asambleístas, de ahí que se acordó presentar los dos documentos, en caso de ser requerido por cualquier entidad, cosa que no se respetó.

“Pasando por esta actitud diligente de la Fiscal de abrir indagación previa por este caso que no tiene sustento (…) es un informe de mayoría que destila odio y está plagado de inconsistencias, sesgos, no recoge testimonios de comparecientes”.

Además aseveró que desde el punto de vista internacional era obvio que tendría que para entregar el informe de manera formal debió tener aval del Pleno de la Asamblea, de ahí que, dijo, el mandatario colombiano Iván Duque cometió error garrafal porque ha asumido a ese documento como la verdad absoluta.

Mencionó que el Sistema Sucre, satanizado en el documento fue aprobado por la Corte Constitucional, la Asamblea, por leyes y decretos: “No puede ser que con dineros públicos se haga un show mediático”.

Gustavo Vallejo, máster en Desarrollo Económico y Presidente del Partido Socialista, señaló que desde el Gobierno de Lenín Moreno, Ecuador ha cumplido con toda la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar créditos, como la disminución de gasto de inversión, eliminación de subsidio a los combustibles y las reformas tributarias, todo contrario a los intereses del país.

Por ello, manifestó que existe un descontento general que se exacerbaría con las reformas laborales que giran alrededor de la flexibilización y precarización.

“Si sumamos todo generamos ingobernabilidad y por ende movilización social”.

Recordó que en 2019 debido a la intención de liberalizar los precios de los combustibles y otras decisiones que lo antecedieron, hubo una explosión en octubre que fue aplacada por un acuerdo, que al final se quedó sin piso cuando Moreno por decreto colocó a las gasolinas en costos internacionales.

En ese sentido, manifestó que el empleo no se incrementa por decreto, ley o precarización, sino más bien generando mayor demanda y por ende mayor producción.

“Eso pasa por una política de gestión pública directa que incluya disminución de tasas de interés, créditos para sectores productivos que no incluya la oferta para hacer préstamos y comprar charoles con caramelos porque eso solo llega al 0.1% del PIB; para algunos ciudadanos sí será necesario pero en economía global pesa poco”.

La organización Human Rights Watch publicó su informe 2022, en el cual dedica un capítulo a Ecuador y hace un recuento sobre múltiples problemáticas que golpean al país, en materia de derechos humanos.

En este estudio, HRW concluyó que en Ecuador persisten las malas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, las restricciones en el acceso a la atención de la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la escasa protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de personas refugiadas.

De la misma manera, sostiene que existen demoras en los procesos judiciales, presiones indebidas de funcionarios gubernamentales sobre jueces y falta de garantías al debido proceso.

Romel Jurado, abogado especialista en comunicación, señaló que más allá de las críticas políticas que pueda tener el proyecto de Ley de Libertad de Expresión propuesto por el Ejecutivo, se debe destacar que la norma posee errores técnicos y jurídicos que parece obedecer a la posición del presidente de la República, Guillermo Lasso, para estrechar su relación con los medios de comunicación grandes: “Que son aparatos de reproducción de las posiciones oficiales”.

Resaltó que las reformas deberían abarcar los derechos establecidos en la Constitución sobre la comunicación social: “Y el proyecto de Guillermo Lasso viola la Constitución y muestra que no tiene claridad conceptual y jurídica sobre lo que es una Ley Orgánica y cuál es el propósito que se debe desarrollar”.

Destacó que en un cuerpo legal se deben establecer derechos, quiénes son los titulares de los mismos, que cosas violan derechos y establecer responsabilidad del Estado y particulares.

“Cuando alguien viola un derecho tiene una responsabilidad, hay que establecer con claridad cuáles son las responsabilidades”.

Aseveró que en el mismo siglo XVII se promulgó que no se puede decir mentiras ni usar a la prensa para catapultar un poder del Estado o la Iglesia, lo que ocurriría, en este caso, si se piensa dejar a libertad del medio la información.

“Este proyecto quiere terminar derechos económicos, sociales y culturales de la comunicación que constan en los primos 91 artículos, lo que viola el principio de no regresión de Derechos Humanos establecido en pacto internacional”.

A criterio de Jurado, hay una voluntad abolicionista de los derechos ciudadanos, para permitir que la prensa actúe como respaldo mediático de los poderes oficiales.

Mencionó que la autoregulación es posible cuando el código de ética del medio de comunicación supera los estándares de una normativa: “Pero no quiere decir sustituir la ley”.

“Querer quitarle al Estado la potestad de dictar leyes y entregarla a los medios de comunicación es absurdo, es el neoliberalismo más antidemocráticp, llevado al extremo, crear un Estado paralelo por la función social que los medios van a jugar para determinado Gobierno”.