Radio Pichincha

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

David Meza, abogado e ingeniero financiero, indicó que una vez aprobadas las nuevas reformas tributarias enviadas por el Ejecutivo, las personas en relación de dependencia cuyos ingresos sean mayores a USD2000 verán reflejado un incremento en el impuesto a la renta, en ese sentido mencionó que para calcular esa base imponible se tiene que sumar los sueldos, más el décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y hasta las utilidades, deduciendo únicamente la aportación al IESS.

Detalló que a la deducción de gastos como alimentación, vivienda, salud, educación y vestimenta,  se reconocerá también el turismo nacional y enfermedades catastróficas, sin embargo aclaró que ese rubro no puede superar los USD5.038. Antes ese valor podía ser por USD14.000.

“Pese a que una persona tenga una enfermedad que le provoque un gasto por encima de los USD8.000, el SRI solo reconocerá USD5.038”

Ejemplificó con el caso de una persona que gane USD 30.000 anuales, antes podía pagar de impuesto a renta USD 68 y este 2022 deberá cancelar USD 1.272: “Es un incremento exponencial y va afectar a la clase media, si bien es cierto que las clases con menos ingresos no serán afectadas”.

Con esa base, mencionó que el trabajador mensualmente verá retenido de su salario USD106 por parte del empleador: “Y eso tendrá menos dinero para circular”.

De otro lado, recomendó a la ciudadanía a tener sus respaldos de facturas por al menos siete años para así justificar sus deducciones, pues es el tiempo que el SRI tiene vigente para hacer control a las declaraciones.

Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), denunció presiones sistemáticas, mediáticas, administrativas y hasta judiciales para echar abajo el concurso de selección de Contralor General del Estado en su lugar colocar personas a dedo.

Mencionó que la consejera Ibeth Estupiñán alerltó en las sesiones 67 y 69, llevadas a cabo en diciembre de 2021, que ha sido víctima de amenazas si no se sujeta a una nueva mayoría que permita llevar el concurso de Contralor a conveniencia de terceras personas: “Ella recibe ataques para cambiar sus decisiones y formar nueva mayoría y eso significaría que no habría el concurso para mantener el estatus quo (en la entidad de control)”

“No es posible que no se puedan tomar decisiones independientes basados en presiones hasta en temas de función judicial que le pueden afectar a ella como madre de familia”.

Aseguró que los responsables son los  grupos de poder que tienen cálculos dentro del mismo CPCCS y la función judicial: “Cuando tenga toda la información para presentar una denuncia lo haré, porque no tengo temor de hacer cosas de manera correcta”.

Manifestó que existe gente que quiere ser Contralor General, misma que incluso buscó encargarse de la entidad cuando Valentina Zárate renunció. Ahora esas mismas personas salen a medios de comunicación a desprestigiar el concurso diciendo que se pueden cambiar los reglamentos a fin de que se incluyan sus profesiones y títulos para entrar  en el proceso: “Lo peor es que hay consejeros aupando eso”.

“Desprestigian la imagen y me reservo el derecho de iniciar acciones legales, presionan de manera continua a los consejeros y exhorto a que denuncien para que no sucumban, porque fuimos elegidos por votación popular y no de grupos políticos”.

Al ser consultada si entre esas personas estaría Dora Ordóñez a quien se le ha visto en medios de comunicación cuestionando el proceso de selección, Almeida respondió que sí existe una presunción porque coincide con varias apariciones atacando el concurso y decisiones del CPCCS.

Detalló que inicialmente la elección de contralor estaba prevista para marzo, pero debido a los constantes ataques se ha trasladado a mayo: “No quieren que avancemos (…) quieren que el concurso se alargue o paralice”.

Comparó con el proceso del Defensor Pública que al no tener ningún incidente ha avanzado de manera normal, por lo que hasta inicios de abril ya se tendrá un nuevo funcionario en ese puesto: “Pero el del contralor ha sido tan minado que ahora se retrasa hasta mayo”.

Instó a la ciudadanía y a la Asamblea Nacional a estar atenta para que el CPCCS pueda trabajar con independencia”.

Angélica Porras, jurista y exvolcal del Consejo de la Judicatura Transitorio, recordó que conoció a Julio César Trujillo en procesos de defensa de derechos laborales, indígenas y sociales y en ese caminar la invitó a ser parte de la entidad.

“Llegue a la Judicatura a insistencias del doctor Trujillo”.

Detalló que al poco tiempo en el cargo empezó a recibir presiones fuertes, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, a fin de sacar jueces al margen del mecanismo que establece la ley y sin medir consecuencias a futuro: “Hubo ruptura de esta relación cuando, junto a Juan Pablo Albán, nos negamos en realizar la evaluación que se pidió”.

Explicó que si bien se tenía que hacer una evaluación, la misma debía estar sujeta al 30% de magistrados, que llevaba a un cambio de tan solo tres jueces, sin embargo desde esa Judicatura se repartieron las cortes por regiones a fin de llegar al cometido, unos se encargaron de la Sierra y otros de la Costa: “Nos opusimos y terminó cayéndose la Judicatura Transitoria”.

“Finalmente hubo un rompimiento de la Judicatura Transitoria porque había presión del CPCCS (…) Se nos suspendió la facultad de evaluar de parte de la entidad (manejada por Trujillo) y se procedió a ingresar a un nuevo Consejo de la Judicatura, este sí hizo evaluación y sacó de sus cargos a los jueces en el 2019”.

Reprochó que la forma de evaluar haya sido sobre un 80% de análisis cualitativo, lo cual cae en los subjetivo.

Puntualizó que inicialmente hubo una buena intención por parte de Trujillo pero posteriormente, es agestión, derivo en absoluto caos y violación de la Constitución y la ley, lo que derivó en la selección de autoridades como Diana Salazar quien, sin tener conocimiento en derecho Penal, fue designada como Fiscal General: “En el concurso ella dice que la prisión preventiva debe ser primordial para impunidad en los delitos (…) y lo mismo ocurrió cuando fue a la Asamblea a hablar de Flagrancia, dijo cosas como que la flagrancia en el caso de Freddy Carrión era posible porque se podía hacer seguimiento por google, es impresentable”.

Para Porras esto demuestra que los procesos del CPCCS-T no fueron debidamente realizados, de ahí que, dijo, las consecuencias han sido demasiado graves para el país y se evidencia en la desinstitucionalización y la falta de independencia en la justicia: “Y tenemos una Fiscalía que persigue sin conocimiento”.

“Hasta la mala fe se puede enfrentar, pero la ignorancia junto a la mala fe es casi imposible (…) no se sabe a qué se va a enfrentar”.

Mencionó que precisamente para garantizar independencia en el sistema judicial el primer paso es la independencia en la selección de autoridades y no entregar un cargo porque se piensa que se le debe el puesto.

El Municipio de Cuenca y la Intendencia de Policía de Azuay, por separado, analizan posibles sanciones al centro comercial donde, la tarde del sábado 8 de enero del 2022, se desarrolló un evento de concentración masiva que no tenía los respectivos permisos.  

Esa tarde -en el patio de comidas- cientos de jóvenes se agolparon eufóricos para recibir a los conocidos ‘influencers’ Antonia Ignacia, de Chile, y Kevlex, de Ecuador. Interactuaron con la gente, firmaron autógrafos y bailaron Tik Tok. 

Eso se difundió a través de las redes sociales y cuando las instituciones de control llegaron al sitio, ya casi había concluido. Sin embargo, la Intendencia y el Municipio informaron que llegaron para suspender el evento y dispersar a los asistentes.  

Mientras tanto, en Pichincha, frente a la nueva ola de Covid-19 que se ha registrado en el país y sobre todo el incremento de casos en la provincia, la Prefecta Paola Pabón informó que en los subcentros de salud ubicados en Plaza de la República, Carapungo y la Villaflora se están realizando pruebas PCR a un costo de USD4.

Con la llegada de la variante ómicron al Ecuador, las autoridades sanitarias indicaron que existe una alta demanda de la población para hacerse las pruebas PCR por lo que podrían agotarse antes de la llegada del siguiente lote, de ahí que en los hospitales públicos del MSP se requiere de una prescripción médica para acceder al sistema de detección.

La Prefectura salió al paso a invitar a la población a acudir a los centros de salud de Pichincha Humana donde varios profesionales están atendiendo, tomando en cuenta que la detección es un factor primordial para mitigar el incremento de casos, pues las personas positivas pueden aislarse y evitar contagiar al resto de su entorno.

En el sector privado estas pruebas tienen un precio de USD40 y es de difícil acceso a personas vulnerables y de escasos recursos, por esta razón la Prefectura cobra un costo significativo de USD4, asumiendo el resto del valor.

Frente a ello, el asambleísta de CREO, Diego Ordóñez, cuestionó la decisión de la titular de la entidad provincial y la calificó como una viveza politiquera, incluso la invitó a rendir cuentas por asumir esos costos con dinero público, desconociendo la necesidad de atención de familias empobrecidas. Esto provocó que una vez más, el legislador sea blanco de críticas en twitter con el hashtag “vomitivo”, convirtiéndose en tendencia número 1.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señaló que en los siete meses del Gobierno Nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, lo ha atacado siete veces con epítetos y persecución.

Recordó que el mandatario incluso habló de un triunvirato de la conspiración que ahora fue dejado de lado porque logró respaldo de la Asamblea Nacional, de ahí que en esta ocasión prefiera referirse a su persona como un individuo que está en contra de la democracia.

“El Presidente tiene una estrategia de poder identificar una persona, estigmatizarla, criminalizarla y trasladarle los problemas diciendo que es por culpa de la desestabilización”.

Consideró que el objetivo del Jefe de Estado es ponerlo como cortina de humo para continuar con los procesos de privatización y seguir la ruta del FMI de manera servil.

Sobre el calificativo que le dio Lasso al decirle anarquista, Iza respondió que el anarquismo es una corriente ideológica que critica el pensamiento instalado, con esa base dijo que la respeta pero no ha participado en ella. Sin embargo destacó que eso no puede ser tomado como un insulto.

“Señor Presidente no tenga pereza intelectual hay que formarse para debatir a la altura que merece el país”.

Para el dirigente indígena detrás de todo este ataque, se encuentra la intención de amedrentar para continuar con la planificación de deteriorar las instituciones públicas y así venderlas, lo cual se evidencia con el Banco Pacífico que pasó de estar en el tercer lugar de las mejores instituciones financieras del país al onceavo puesto: “Los ecuatorianos esperaríamos de un administrador de la banca que eleve al primer puesto y que esas utilidades sean usadas para programas sociales, pero quieren deteriorar para venderla y privilegiar a sectores privados”.

Aclaró que no solo es el problema de los combustibles como lo ha querido hacer ver el régimen sino de todo el proceso neoliberal que se está llevando adelante: “Creo que tenemos que ponernos de pie y defender lo que es de cada ecuatoriano, el tema de las centrales hidroeléctricas no podemos dejar que lleven a libre albedrío”.

“Nos declaramos en el derecho a la resistencia porque hay agresión al derecho de poder tener o garantizar estabilidad económica, cuando las propiedades y vehículos de las familias están siendo tomadas por el sistema financiero, necesitamos oxigenar la economía”.

Calos Páez, exconcejal de Quito, calificó de crítica la situación de la capital, mucho más cuando el propio alcalde Santiago Guarderas ha reconocido que de 9.000 kilómetros de vías el 80% está mal estado y esa cifra crece año a año por las propias lógicas de la vida útil del pavimento.

Criticó que en el caso de la obra pública es difícil consolidar un equipo de trabajo y lógicas de intervención cuando en la Epmmop han pasado cuatro gerentes en 32 meses, sumado a que del presupuesto de 156 millones entregados a esa entidad en 2020 solo se ejecutó el 60%, esta situación es más complicada en 2021 pues la ejecución solo llegó al 30%.

“Entonces cuando se argumenta falta de recursos también se ve incapacidad para ejecutar”.

Reprochó que la Epmmop se haya convertido en un simple administrador de contratos desde la época de Mauricio Rodas, con la lógica de que todo lo público es ineficiente: “Así liquidan la capacidad institucional, tenemos aparatos burocráticos gigantescos que se les limita su capacidad administrativa y eso es una forma ineficiente de manejar lo público”.

Destacó que para enfrentar el problema en Quito se requiere fuerza de la Institución Pública donde se establezca prioridades. Recordó que en la administración de Augusto Barrera, por ejemplo, se estableció un rubro para los parques de los barrios, porque más allá de lo estético, se entendía lo fundamental de construir la buena vecindad y comunidad: “Para quienes creemos en la participación ciudadana”.

Indicó que precisamente reconociendo esa importancia se tomó la decisión de que los parques pequeños sean responsabilidad de las Administraciones Zonales como brazos del Municipio y con mayor sensibilidad cumplieron ese rol fundamental: “Los niveles de ejecución en mantenimiento de espacio público era casi del 100% porque había compresión de la política”.

“En la administración Rodas ese modelo se eliminó porque las administraciones zonales no fueron parte de la visión y estrategia del alcalde electo, sino fue la moneda de cambio con lo que se compraron mayorías”.

Con esa base, Páez subrayó la necesidad de que en elecciones de 2023 la ciudadanía tome decisiones precisas que favorezcan a  Quito.

El jurista Juan Pablo Albán se refirió al pedido de unificación de penas del exvicepresidente de la República Jorge Glas, que se llevará a cabo a las 11:30 de este viernes 7 de enero de 2022 en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de la provincia de Cotopaxi.

Explicó que los procesos en los cuales el exsegundo mandatario fue condenado están bajo la normativa penal vigente de la época en la que habrían ocurrido los hechos, es decir el Código Penal en vigor hasta el 2014: “Ahí no existía acumulación de penas, sino que cuando se imponía más de una condena los tiempos se contaban de forma simultánea y cuando había un delito más grave que otro, ese tiempo se sobreponía a las penas más leves”.

Por tanto indicó que en el caso de Glas habría que contar las penas y tomar en cuenta el tiempo de duración de las mismas en función del Código Penal anterior: “En virtud del principio de favorabilidad penal, siempre se usará la norma penal y la interpretación que más favorece al condenado”.

Con esa base puntualizó que el pedido de unificación de penas sí debería prosperar bajo las reglas del anterior cuerpo legal: “Así tendría que ser, la Fiscalía seguramente dirá que no (…) y veremos cómo actúa la jueza”.

Cabe recordar que esta sería la segunda ocasión que se llevaría adelante este proceso pues el 19 de noviembre de 2021, el juez de Garantías Penitenciarias de Latacunga, Santiago Vallejo, declaró “improcedente” el pedido de Jorge Glas para unificar sus penas y así poder acceder a la prelibertad. Días después el mismo magistrado negó la solicitud de revocatoria de esa decisión, nuevamente señalando que es “improcedente”.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

Para este 06 de enero de 2022, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, tenía previsto acudir a la zona afectada en Zaruma para revisar los trabajos que se emprenden en el sector, tras el socavón ocurrido el pasado 15 de diciembre de 2021, pero, debido a que el Segundo Mandatario, Alfredo Borrero, dio positivo para COVID-19, Lasso cumplió con su agenda de forma virtual.

En esta reunión Lasso responsabilizó directamente al alcalde de ese cantón, Jhansy López, de las actividades mineras no reguladas.

“Su labor deja mucho que desear. Es lamentable que no haya tomado decisiones a tiempo”, afirmó el Mandatario sobre el desastre ocurrido el 15 de diciembre que hundió varios inmuebles, dejó a unas 300 personas en la calle y llevó al presidente a declarar el estado de excepción en la ciudad de 90 días de duración.

Lasso señaló que el burgomaestre va seis años en el cargo y no ha podido prevenir estos desastres como el socavón. “Su labor deja mucho que desear”. “Sí señor alcalde, yo demando una mayor acción suya y una mayor actitud de responsabilidad frente a los ciudadanos”.

El Jefe de Estado dijo que el alcalde de Zaruma sabía que el problema -de la minería y los socavamientos- es muy antiguo “y debió haberlo prevenido, advertido y demandado el apoyo del Gobierno Nacional a tiempo, no cuando se ha producido el desastre que lamentablemente acabamos de vivir en diciembre”.

En un comunicado publicado horas después en su cuenta de Twitter, Jhansy López se defendió de los reproches que le hizo Lasso. “Presidente. No me dejó responderle en la reunión telemática que efectuó en Zaruma. Uso este medio. Debe estar al tanto de lo que se ha hecho. Lamento la desinformación a la que está expuesto”, expresó en la misiva.

“Parece desconocer de forma absoluta la historia de este cantón, señor Presidente, o estar mal asesorado al respecto”, respondió el alcalde de Zaruma.