Radio Pichincha

Nathalie Cely, exministra de la Producción y exembajadora de Ecuador en EEUU, advirtió que la Ley de Sostenibilidad Fiscal puesta en vigencia por decreto no ayudará al país a salir de la crisis, más aún cuando el Gobierno de Guillermo Lasso arrastra un déficit fiscal heredado del último tramo de gestión de Rafael Correa y más aún de Lenín Moreno, sumado a que en el país no se puede apuntar a economía procíclica que permita la inversión pública, precisamente por esa falta de capital.

Criticó que la mayor parte de recaudación venga del incremento del impuesto a la renta y la eliminación de deducciones s la clase media, misma que mueve el consumo del país: «Los ricos no lo hacen, los ricos compran fuera, por eso con esta normativa el país empieza a perder un gran dinamizador de la economía».

Detalló que si bien las empresas aportarán con USD105 millones por un año, y las personas con patrimonios por sobre el un millón de dólares con cerca de USD230 millones en dos años; la clase media pagará tributos de manera indefinida: «No cumple con las expectativas para reactivación sino que le resta capacidad de consumo a la clase media, es una ley injusta porque el peso de la reforma lo lleva en su brazo la clase media».

Aseveró que todo impactará en la cadena productiva porque cuando disminuye el consumo, disminuye la producción y por ende el empleo no crece, tomando en cuenta que si el desempleo ha bajado es porque muchas de las personas han pasado a la informalidad llegando a un 40%: «Esta ley afecta a todo mundo».

«Por eso la proyección de crecimiento económico es de apenas el 3.3% cuando en países vecinos, como Perú es del 7.2%. En la pandemia, Ecuador bajó 7%, es decir aún no nos recuperamos ni siquiera previo a la pandemia».

Aunque reconoció que el cuerpo legal sí baja dos puntos en el impuesto a la renta para nuevas inversiones termina siendo una ayuda temporal porque también les impactará, de ahí que si se busca atraer nuevas empresas se necesita mostrar que en el país existe estabilidad, leyes garantistas y credibilidad del Presidente de la República.

Diego Borja, economista y exministro de Finanzas, calificó como falso el argumento del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que la venta del Banco Pacífico servirá para combatir la desnutrición infantil, pues está problemática necesita de un gasto permanente, es decir que el Estado debería asignar recursos cada año para mitigarla y no con la venta de cualquier activo que solo permitirá un ingreso fijo no permanente: «Y que seguramente irá a engrosar la reserva internacional sacándolo fuera de la liquidez de la economía donde hay 8.000 dólares virtualmente estériles».

Resaltó que la decisión no es apresurada sino premeditada desde el Gobierno de Lenín Moreno, ya que en el año 2019 Julio José Prado quien fungía como presidente de la Asociación de Bancos Privados ya mencionaba que ese cártel bancario estaba interesado en el Banco Pacífico: «Ahora Prado es Ministro de la Producción, es decir  hay un anuncio de conflicto de intereses porque cuando era parte del cartel bancario lo anunció y ahora que está en el Gobierno lo quiere ejecutar».

Destacó que incluso con el mandatario hay un conflicto de intereses porque él es banquero, de ahí que está prohibido por la Constitución ser juez y parte, mucho más cuando la Institución Financiera Pública contribuye a desestabilizar el sistema de negocio de los bancos privados por las tasas de interés e incluso condiciones de crédito, pues si no fuese por el Pacífico, el resto no habría ofertado préstamos en vivienda social.

«Afecta un sistema oligopólico bancario donde cuatro bancos tienen el 70% del negocio bancario y el Banco Pacífico contribuye a desestabilizar el sistema de negocios de ese cártel».

Reprochó que encima de todo esto, el régimen quiera aplicar una venta de gallina enferma, pues con un riesgo país que alcanza los 900 puntos, la valoración de los activos bajan, por ello se informó que el Banco podría costar entre USD700 y USD800 millones. «¿Cómo así el patrimonio está en USD 812 millones hasta marzo».

Recordó que el Pacífico es el segundo banco en el país después del Pichincha, en todos los sentidos en términos de participación en crédito, en depósitos, además de ser el primero en patrimonio, el primero en activos con USD7.000 millones, en marca sentada en el mercado, entre otros: «Todo lo que se dice que se puede hacer desde el lado privado, lo puede hacer actualmente la administración pública, como por ejemplo mejorar tecnología o la eficiencia».

Borja aseveró que de darse el proceso, la Superintendencia de Bancos está obligado a evitar que exista una Predominancia del Mercado y concentración, es decir debe haber un análisis profundo porque bancos como el de Guayaquil o Pichincha no podrían adquirirlo.

«La pérdida económica para el país será muy grande»

La vicealcaldesa de Quito, Brith Vaca, señaló que la violencia registrada en las fiestas capitalinas demuestra la afectación a la salud mental que dejó la pandemia en un segmento de la población, mismo que no tiene control, conciencia o razón.

«Los de la Shyris fue una autoconvocatoria de los mijines y desembocó en un acto bochornoso (…) eso no se tenía previsto, fue convocatoria por redes sociales, en los eventos del Municipio sí se hizo controles de aforo, del cumplimiento de medidas de bioseguridad pero también esto pasa por un proceso de conciencia y responsabilidad de cada uno».

Aseguró que hasta la madrugada en la que se pudo comunicar con autoridades de control como la Secretaria de Seguridad, todos estaban laborando y ahí le informaron que solo el viernes 3 de diciembre se registraron 1.111 libadores en las calles a quienes se les aplicó efectos disuasores: «Se hicieron operativos de control a lo largo de todo el Distrito, con despliegue de agentes a lo largo del distrito, se tuvo que poner medidas de emergencia y el sábado se generó un operativo mayor, más estructurado y más disuasivo para evitar con antelación este tipo de grescas».

Criticó también las fiestas privadas que incluyeron, corridas de toros privadas, cuando están prohibidas: «Piensan que es tierra de nadie so pretexto que es privada. Ya no hay el Quito de todos, no hay el Quito limpio. Hay una nueva generación vociferante de derechos pero sin asumir responsabilidades».

Instó a articular nuevamente el compromiso de todos para generar una convivencia ciudadana armónica: «Nos toca reinventarnos en esta nueva realidad».

Personas aprehendidas por escándalo público, decomiso de licor artesanal, autos remolcados por encontrarse parqueados en espacios no permitidos y exhortos por no usar mascarillas. Estas fueron algunas de las novedades durante de las festividades de Quito.

Los Agentes de Control informaron que de manera coordinada con la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Policía Nacional se desplegaron acciones para precautelar la seguridad.

En las jornadas participaron 83 agentes de control, 50 funcionarios de la AMC, cuatro miembros de Bomberos, 78 agentes de la AMT, 16 funcionarios de la Secretaría y Jefatura de Seguridad, a ellos se sumaron 100 policías nacionales.

Frente a los desmanes registrados el viernes, principalmente en la av. De los Shyris, donde hubo agresiones entre personas y a vehículos, según los Agentes de Control, se desplegaron funcionarios para evitar aglomeraciones, enfrentamientos y consumo de licor.

Entre los lugares donde se realizaron inspecciones en el parque La Moya, inmediaciones del parque La Carolina, Paseo San Francisco, Calderón, tribuna del sur, La Mariscal, La Ronda, miradores de la av. Simón Bolívar.

Desde el ECU 911 informaron que desde el viernes hasta este domingo se registraron 12 783 alertas de emergencias. Entre los principales reportes estuvieron las aglomeraciones y libadores.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Xavier Córdova, gerente en Fundación Hemofílica Ecuatoriana (FUNDHEC), resaltó que desde 2020, año en el que empezó la pandemia, seis mil personas que padecen de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas dejaron de recibir medicamentos esenciales, por lo que según la estimación de la Alianza Nacional por la Salud (ANS), es que 1.500 pacientes han fallecido a causa de esta desatención por parte del Estado.

Indicó que al haber muerto en el marco de la pandemia, algunas actas de defunción pueden hablar de causas como el Covid, pero en realidad es gente que fue desatendida en hospitales públicos, pues en el Gobierno de Lenín Moreno se decidió que todos los recursos apunten únicamente a la pandemia: “Será difícil saber las causas del 100% de los fallecidos, porque muchos murieron en contexto de pandemia”.

Reclamó que las soluciones sean de goteo aun conociendo el drama que viven las miles de familias que no pueden acceder a medicamentos por el costo alto que les representa, de ahí que aclaró, la última reunión que tuvo la ANS con autoridades de Gobierno, no se quedó en ningún acuerdo como se sacó en un comunicado.

“Las respuestas que nos dieron los ministros y viceministros fueron aterrorizantes, no hay solución inmediata y a corto plazo”.

Criticó que la respuesta del régimen de Guillermo Lasso, sea presentar una propuesta  de adquisición de medicamentos para el 15 de enero de 2022, lo que querría decir, en el mejor de los casos, que los estarían comprando en febrero o marzo, mientras los pacientes siguen muriendo.

“Tres meses de espera es catastrófico y devastador pero el Gobierno no nos da una mejor respuesta”.

Reiteró que en estos dos años muchos pacientes dejaron de recibir quimioterapias, medicinas costosas, condenados a la muerte: “No somos animales para morir así y los ministros no nos dan respuestas”.

Paola Valencia, guerrera contra el cáncer, calificó de insuficiente la solidaridad que mostró el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, ante la situación de quienes padecen enfermedades catastróficas.

“Para dar esta entrevista tuve que acudir a una dosis de morfina porque el dolor es agudo y lo que pedimos es que se nos respete nuestros derechos, que merecemos tener una vida con dignidad, con medicación, que se respete nuestro derecho a la vida”.

Subrayó que la paciencia que pide el régimen a los pacientes, sí se puede tener, pero el problema radica en que ya no les queda tiempo para esperar más, razón por la cual pidió que se sensibilicen: “Queremos vivir, tenemos por quien luchar, lo que pido es que respeten nuestros derechos”.

Explicó que, en su caso, cada caja de pastillas cuesta USD3.000 y debe ocupar dos al mes, adquisición que se le hace difícil pues por su estado ni siquiera puede laborar: “En todo este tiempo he empeorado tal es así que de las diez cirugías que tengo, seis por falta de medicación, está vez me dijeron que el tumor se ha expandido más y está más en mi columna, garganta y simplemente la respuesta es que no me pueden operar más porque es de alto riesgo. Escuchar que no pueden hacer nada, es tremendo cuando el Estado tiene la solución”.

Valencia aseveró que ella como portavoz de las mujeres que están muriendo solicita al Gobierno que se le quite la indiferencia, que no los dejen morir así: “La indolencia del Gobierno nos condena a la muerte y para ellos es normal”.

Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática e integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura, criticó la posición del legislador Ricardo Vanegas, quien se opone al tratamiento del proyecto de Ley donde se aborda la interrupción del embarazo por casos de violación y en ese sentido, destacó que más allá de las posiciones personales, la Comisión de Justicia tiene que resolver sobre el dictamen de la Corte Constitucional.

Reconoció que trabajar sobre el documento ha sido complicado, sin embargo aclaró que se ha recibido aportes de todos los grupos, incluso de algunos alejados de la realidad, pero todos tuvieron voz.

Manifestó que aunque respeta las posiciones personales y religiosas, ninguno de los dos aspectos tiene que ver con un informe netamente técnico: “Fue lamentable la actuación de un asambleísta (Vanegas) que salió golpeando la mesa y cuestionando al CAL”.

Indicó que tras seis meses de trabajo, finalmente con ocho votos a favor el informe pasará a debate al Pleno del Legislativo para desde ahí recibir más aportes.

Manu Pineda, eurodiputado, señaló que las Instituciones Internacionales no pueden dar las espaldas a lo que ocurre en las cáceles del Ecuador donde han muerto más de 300 privados de la libertad y en ese contexto de masacres, dijo, se encuentra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, por ello se constituyó una veeduría a fin de dar seguimiento al tema.

“Hemos puesto atención en los presos políticos y especialmente en el caso del exvicepresidente Jorge de Glas, al que se lo está teniendo como moneda de cambio, un rehén de la política”.

Destacó que Glas fue condenado con un Código que no correspondía en un proceso, que a su criterio, estuvo lleno de irregularidades: “Está siendo víctima de una extorción hacía un grupo político y eso es un inadmisible en un Estado de derecho”.

Informó que en los próximos días se sacará un informe público de lo que ocurra con las visitas de organismos internaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la ONU e incluso anunció que llegará a Ecuador, muy probablemente en el primer trimestre del 2022, a fin de visitar al exsegundo mandatario.

Recordó que ya visitó a Glas en Latacunga en 2018, donde pudo evidenciar que la situación es inhumana pues a los reos se los ha apartado de la categoría de humanos: “Para llegar a la celda de Jorge vi celdas en las que había señoras con sus niños pequeños tirados en el suelo, durmiendo en algo como colchonetas, aunque no llegaban ni a eso. A los animales se les trata mejor de lo que se trata ahí”.

Puntualizó que no solo es llevar años en la cárcel sino que además la condición física del exvicepresidente está deteriorada con un cumulo de patologías que no están recibiendo el tratamiento adecuado: “Lo han usado como conejillo de indias dándole analgésicos, mismos que le han quitado de golpe generando síndrome de abstinencia”.

“Mirar para otro lado es una forma de complicidad y por eso hemos iniciado esta misión”.

A criterio de Pineda no se trata de pedir privilegios para Glas pero sí insistió que su condición actual se debe a que fue Vicepresidente y a que no secundo al giro político de Lenín Moreno, en ese contexto, dijo, el error del exsegundo mandatario fue confiar en la justicia del Ecuador y asumir que no iba a ser perseguido.

“Fue un error porque en Ecuador no se respetan los derechos civiles y democráticos, tenemos a Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González con un grillete, y a Rafael Correa condenado por influjo psíquico. Ya no se guardan ni las más mínimas apariencias”.

Manifestó que si la Prefecta de Pichincha, el Parlamentario Andino y el activista social fueron puestos en libertad, fue por la intervención de organismos como la CIDH, sin embargo el poder político les obliga a humillarnos con grillete.

Con esa base, afirmó que en la campaña de segunda vuelta confío en las palabras del ahora mandatario Guillermo Lasso quien tuvo un discurso conciliador: “Pero el tiempo me ha quitado esa confianza, quizá no incremento la persecución pero sigue manteniendo los casos abiertos”.

Más de cuatro horas y media duró la lectura del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, sobre la investigaciónde los Papeles de Pandora, que involucra al presidente de la República, Guillermo Lasso, y lo vincula con al menos 14 empresas Offshore en paraísos fiscales en Panamá y Estados Unidos.

La sesión 747 del Pleno del Legislativo se instaló pasadas las 08h30 de este jueves 02 de diciembre, con la presencia de 99 asambleístas de 137 y arrancó con la lectura del informe que tiene más de 358 páginas.

El conocimiento de este documento se extendió hasta las 12h50. Una vez finalizada la lectura, el vicepresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, suspendió la diligencia y anunció que su reinstalación será a las 15h30 del próximo martes 07 de diciembre.

Paralelamente, desde otro punto de la capital, el presidente Guillermo Lasso defendió la reforma tributaria que entró en vigor este lunes, 29 de noviembre, por el Ministerio de la Ley. A su vez, agradeció la predisposición de la titular de laAsamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), para encontrar acuerdos. “La señora Presidenta de la Asamblea Nacional comprende las circunstancias de crisis que vive el país. Y debo resaltar que permanentemente está al otro lado de la línea telefónica para poder conversar y encontrar acuerdos que permitan la resolución de problemas, la aprobación de leyes necesarias para el desarrollo del país”, señaló.

El Jefe de Estado se refirió a este tema en su discurso, al participar de la sesión solemne por los 80 años de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), en donde coincidió con la titular de la Legislatura.

En los últimos meses, los pacientes con cáncer, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas han tenido que enfrentar el dolor y la incertidumbre por la falta de medicamentos en hospitales públicos.

Llevan varios días reclamando afuera de los hospitales para que se garantice el derecho al acceso a la salud. El vicepresidente Alfredo Borrero mantuvo una reunión, este 30 de noviembre, con representantes del IESS, de la Alianza Nacional por la Salud y del Ministerio de Gobierno.

Según la Vicepresidencia, en esta reunión, el segundo Mandatario dio seguimiento «a las acciones que solucionen el grave problema de desabastecimiento de medicamentos en el país».

Minutos después, Borrero expresó su solidaridad y ratificó su compromiso por alcanzar soluciones. Sin embargo, dijo que estas soluciones «solo vendrán del diálogo y el consenso».

“Conscientes de los problemas de abastecimiento de medicamentos, nos reunimos con todos los actores involucrados. Nos solidarizamos con ellos y les ratificamos nuestro compromiso por alcanzar soluciones que solo vendrán del diálogo y el consenso”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este 1 de diciembre, en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en Quito, los pacientes con cáncer y otras enfermedades realizaron una movilización para rechazar el desabastecimiento.

Patricio Baca, quien tiene leucemia, dijo que la única responsabilidad es de las autoridades de los hospitales. La negligencia, precisó, es de ellos por no comprar las medicinas. Dos de sus compañeros ya murieron por no acceder a su tratamiento.

Los manifestantes dijeron que la solución no es el diálogo ni el consenso. Fueron enfáticos en decir que dependen únicamente de la voluntad de los gerentes de los hospitales y del Gobierno para que emitan las órdenes de compra y se abastezca el sistema de salud con lo necesario.