La economista  Wilma Salgado criticó la la Ley de Sostenibilidad Fiscal puesto en vigencia por decreto, ya que con el cuerpo legal, dijo, se premia a las empresas incumplidas que no han pagado sus impuestos a tiempo, pues se les hará una remisión de multas, recargos e intereses por cerca de USD2.000 millones, es decir se les perdona una cantidad superior a la que se quiere recaudar con el incremento de tributos a la población.

Explicó que según el Servicio de Rentas Internas (SRI) al 31 de agosto de 2021, existe un total de USD4.925 millones entre capital más intereses y recargos que están en diversos procesos de impugnación, y es a ellos a los que se les quiere perdonar y exonerar de sus obligaciones.

“Cuando el Gobierno quiere recaudar con esta ley USD1.900 millones, la concesión será superior a lo que va a recaudar. Se está volviendo una costumbre que ciertos empresarios no paguen impuestos a tiempo esperando que haya remisión, se castiga al empresario cumplido porque no recibe ese subsidio”.

Esto mientras los grandes perjudicados son todos los ciudadanos, pues los que son sujetos al pago del impuesto a la renta ya no podrán deducir gastos personales como vivienda, salud o educación.

“Los que ganan menos de mil dólares, solo tendrán una rebaja de mil dólares en el año, frente a los USD14.575 que había para deducir y las personas que ganan por sobre los USD2.000 la rebaja será de USD5.000 en el año”.

Destacó que esto provocará un perjuicio a la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), ya que la gente no pedirá factura.

Además subrayó que los tributos que pagarán las empresas terminarán trasladándose al consumidor: “Por eso esta ley se afecta a todos”.

El caso de Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, parece no tener fin. En una nueva vuelta de tuerca, Estados Unidos ha ganado en Londres su demanda por la extradición del periodista, acusado de violar la ley estadounidense de espionaje y conspirar para piratear ordenadores del gobierno.

El juicio de extradición contra Assange empezó en febrero del año pasado en los juzgados de Woolwich Crown Court, junto a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde está encarcelado desde su detención en abril del 2019 en la Embajada ecuatoriana en Londres, cuando la policía británica lo sacó a la fuerza después de que Ecuador revocara su asilo político. Assange, solicitado por la justicia estadounidense por haber publicado una gran cantidad de información clasificada, dijo en la audiencia preliminar que se negaba a someterse a la extradición y sostuvo que su «trabajo periodístico protegió a muchas personas».

El periodista de 49 años se enfrenta a hasta 175 años de prisión en Estados Unidos, acusado de 18 cargos por violar la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar «información clasificada». Sus partidarios denuncian que este procedimiento supone un grave peligro para la libertad de prensa. 

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Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, señaló que en una encuesta realizada el pasado 15 de noviembre, en Quito y Guayaquil, revela que el 47% de las personas conoce o ha escuchado sobre los Pandora Papers, de ese porcentaje el 30% cree que el mandatario debe rendir cuentas por el caso.

Asimismo detalló que al darles a conocer sobre la investigación realizada por 600 periodistas, el 78% de los encuestados calificó como grave y muy grave que el presidente de la República, Guillermo Lasso, este vinculado.

“Del mismo modo preguntamos si ha escuchado o ha leído una aclaración del Presidente y solo el 9% dice que lo ha visto y le ha parecido suficiente, el 36% dice que fue insuficiente y el 55% cree que no ha visto ninguna explicación”.

Subrayó que un 74% considera que el mandatario debe acudir a la Asamblea, el 16% dice que no hace falta y un 10% que la Comisión Legislativa debe acudir a Carondelet.

“88% apoya a que sea investigado y de encontrarse cierto debe ser sancionado”

Manifestó que solo el 28% de la ciudadanía confiaba en que la Fiscalía, Asamblea y Contraloría harían una investigación justa e imparcial en este caso.

Ana Vera, directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, detalló que en el país una de cada cuatro mujeres son víctimas de violencia sexual y de ellas el 60% son niñas menores de 14 años.

“Según datos tenemos 7 partos diarios de niñas, mientras otras 7 acceden al aborto clandestino. Estas 14 niñas merecen ser protegidas efectivamente y que el Estado les garantice sus derechos”.

Destacó que la Asamblea Nacional tiene la obligación de responder a este sector tomando en cuenta el dictamen de la Corte Constitucional donde no se pide ningún requisito para acceder al aborto por violación.

Indicó que en el 80% de los casos los perpetrados están en el núcleo familiar y ese porcentaje sube a 95% si se suma a la gente cercana como maestros o cuidadores, de ahí que también resaltó la necesidad de generar una política integral de prevención de violencia sexual para que las niñas reconozcan cuando son víctimas.

Manifestó que la normativa no genera impunidad porque se habla de que el Centro de Salud, donde la niña o mujer se practique el aborto, deberá ser el que denuncie, lo cual para Vera es importante porque muchas veces son las mismas familias quienes buscan que estos casos queden en la impunidad porque son los padres, abuelos, tíos o primos quienes cometen el delito.

“En uno de los 23 casos que acompañamos tuvimos a una niña de 12 años víctima de violencia sexual, su madre no quiso denunciar porque aseguraba que la relación fue con un muchacho de la misma edad. Cuando pedimos el aborto legal para la niña y posteriormente se abrió investigación por el servicio de salud, descubrimos que el posible agresor era su padre y esta niña ahora está en protección gracias al proceso sencillo del aborto”.

Respecto a la objeción de consciencia indicó que si bien está regulada por la Constitución, el Ministerio de Salud debe asegurar de que aquello no vulnere los derechos de otras personas, es decir si se conoce que en un hospital existen tres médicos amparados en ese artículo, la cartera de Estado debe cubrir esas plazas para atender a las mujeres y niñas.

Sobre la temporalidad, la directora de Surkuna indicó que a lo largo del acompañamiento que han hecho a las sobrevivientes de abuso sexual se evidencia el trauma de asumir lo vivido deriva en una negación sobre la posibilidad de quedar embarazada. “Y eso mucho más en las niñas”.

“Una niña de 14 años tenía 18 semanas, esta niña fue víctima de violación por un vecino, apenas su mamá conoció el caso fue a Fiscalía, le hicieron los exámenes y le dijeron que no estaba embarazada, pasó el tiempo y a las 16 semanas por su cambio en el cuerpo y los estragos se hizo el examen en un centro de salud y sí estaba embarazada (…) En Fiscalía no le explicaron que se requiere al menos un mes para si está o no embarazo por eso llegaron a las 16 semanas”.

Con esa base, dijo esperar que desde el Legislativo se reflexione y se genere una normativa justa y reparadora, enmarcado en un Estado laico que no puede estar contra los derechos de niñas y mujeres: “Esperamos coherencia política sobre todo de UNES y Pachakutik”.

Augusto Tandazo, analista jurídico, calificó como una tomadura de pelo la resolución de Contraloría de archivar el proceso contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, por el caso Pandora Papers, más aún cuando este caso trascendió a esferas internacionales.

“Es nulo porque no hay motivación, no hay razón y contraste de información, porque no se investigó el Bannisi, por ejemplo”.

Aseveró que la discusión respecto a la fecha en la que se deshizo Lasso de sus empresas offshore, solo demuestra que efectivamente pasó esos capitales a su esposa e hijos, aun cuando la ley apunta que no puede generarse un proceso de testaferrismo con personas de hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo grado de afinidad del funcionario público.

“Ya sabemos lo que está a nombre de ellos, incluida la hija menor, María Mercedes Lasso Alcivar, soltera, estudiante ¿De dónde sacó USD8.0000 millones para el capital de Bannisi Holding? De la plata de papito que hasta el 10 de septiembre de 2020 estaba a nombre de Lasso Mendoza”.

Con esa base, reprochó la actuación de Contraloría, misma que, dijo, vive en un régimen de usurpación desde 2017 cuando Pablo Celi se arrogó un cargo que no le correspondía, pues Carlos Pólit lo destituyó y en su lugar nombró a Sabett Chamoun: “Y luego se dan este tipo de cosas que culminan con un tema repugnante”.

Para Tandazo es necesario reestructurar la actual Contraloría porque así como se encuentra no va a funcionario lo cual se evidencia con Carlos Riofrío: “Tomando en cuenta que la usurpación de funciones está tipificado en el Código Penal”.

De ahí que, resaltó, el “informe” de Contraloría debería ser colocado en la Plaza Grande como infamia, sobre todo porque se indica que Dakota del Sur no es considerado paraíso fiscal: “Cuando ha sido cuestionado dentro y fuera de EEUU, ahí se esconden USD 367.000 millones de dólares”.

Reprochó que el ente de control haya separado la investigación en dos procesos, la correspondiente la inscripción de candidatura y otra la declaración patrimonial, ésta la entregaría en enero de 2022: “No lo podía hacer”.

“Estamos viendo el abrazo entre el Presidente y el Contralor, vemos lo que venía pasando y no se toman acciones”.

El presidente Guillermo Lasso señaló este miércoles 8 de diciembre del 2021 que no acudirá al Pleno de la Asamblea Nacional, ante el pedido de su presencia para dar explicaciones sobre el caso Pandora Papers.

El último martes, el Pleno de la Asamblea decidió no aprobar el informe del caso Pandora Papers, elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales y determinó únicamente exhortar al presidente Lasso a que acuda para explicar su presunta vinculación en dicho tema. 

Lasso no atenderá ese exhorto y no acudirá al Pleno por los Pandora Papers.

En el espacio de entrevista, Lasso se refirió también a la entrada en vigencia de la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia covid-19. “Se ha cumplido con la norma constitucional; por lo tanto, la ley es legal y legítima”, dijo y negó la posibilidad de enviar un proyecto reforma.

Además, descartó que haya llegado a acuerdos con la bancada de UNES para el paso de esta ley.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Xavier Flores, jurista y analista político, señaló que el informe de Contraloría donde se archiva el proceso contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre los Pandora Papers, responde a la actuación que vienen arrastrando los órganos administrativos judiciales del país, sujetos a intereses políticos, de ahí que se los ha podido ver con bastante fiereza persiguiendo a opositores.

Remarcó que quienes están al frente de Contraloría y Fiscalía, llegaron al poder sin cumplir con un proceso transparente de selección e incluso recordó que en el caso de Diana Salazar no se obtuvo una calificación necesaria, sin embargo el entonces Julio César Trujillo desde el Consejo de Participación Ciudadana se encargó dejarla bien colocada.

“En ambos casos se puede ver como se actúa políticamente”.

Con esa base indicó que la resolución de Contraloría se debe a esa dependencia política, de ahí que su titular actúe como un perro guardián que a la vez que pone al costado de su amo para respaldarlo: “Por eso la respuesta de ayer con la que intento minar el debate que se haría en el Pleno en horas de la tarde por el tema Pandora”.

Sobre el exhorto de la Asamblea Nacional llamando a comparecer a Lasso, lo calificó como motivo de risa porque en definitiva el mandatario no asistirá al Pleno, sin embargo mencionó que sí podría iniciar un juicio político aunque eso significaría un escenario de crecimiento de disputa: “Esto es cuestión de tiempo porque el otro año habrá un escenario más caldeado, es una política llena de novedades, cada día trae su propia emoción”.

Patricio Barriga, presidente del Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (MOVER), señaló que con la decisión de desaparecer Alianza PAIS, esa organización política no busca enterrar su pasado o lavarse la cara: “Porque no la tenemos sucia, sino limpia”.

Destacó que así como se reconoce un pasado lleno de éxitos también se han identificado los errores, los cuales, dijo, son asumidos como pasivos políticos: “Reconocemos esas infracciones que pudieron cometer ciertos funcionarios que aunque no estaban en AP se tomaron de esa organización política”.

Aseveró que la organización política cuenta con actores territoriales, pero no con cuadros a nivel nacional por el distanciamiento y decepción que hubo tras la ruptura, donde unos o se fueron con Rafael Correa y otros que se quedaron con Moreno, pero también se apartaron: “Prácticamente quedó una organización que tiene todo por hacer, no solo para estas elecciones, porque no solo se trata de una maquinaria electoral, sino también de realizar procesos formativos”.

Informó que su cargo como Presidente de MOVER es solo un encargo, por lo que se hará una nueva convención en los próximos días para elegir a la directiva definitiva y luego de ello presentar los cambios, que incluyen un nuevo estatuto, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Afirmó que la intención también es formar nuevos cuadros a fin de que exista un relevo generacional, así también se buscarán alianzas con otras organizaciones para participar en las elecciones de 2023.

“En la décima convención esperamos poder definir quiénes serán los candidatos, sean propios o en alianzas, porque quizá tema fundamentales no solo fue esta mutación o transformación que pretende recuperar los principios de 2006 sino también que participen otras personas, que se abran espacios que se perdieron en el camino y ejercicio de poder, cuando una Revolución Ciudadana se quedó sin ciudadanos”.

Respecto a lo ocurrido en el gobierno de Lenín Moreno, Barriga aclaró que Alianza PAIS no estaba en el poder, ni tenía incidencia en el Legislativo: “Ahí fue el principio del fin, hasta 2018 teníamos expectativas que el cambio de estilo pueda recomponer a un país que estaba polarizado, no solo por la violencia política sino porque los medios de comunicación que incidieron en eso”.

Sin embargo reconoció que como en todo partido político hubo participaciones dentro de PAIS que decepcionaron al interior de la Asamblea Nacional porque no respondían a expectativas de lo que la ciudadanía esperaba: “Pasaron negociaciones de orden personal.