Radio Pichincha

Tras su paso por España y Reino Unido, el presidente Guillermo Lasso dio mucho de qué hablar. En entrevistas con medios internacionales como la BBC, Agencia EFE, ABC y la DW, el primer mandatario generó declaraciones polémicas como por ejemplo, al asegurar que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, es un “golpista”, por lo que sentenció que en su retorno al país, se reunirá con la Conaie, mas no con Iza. A esto se suma la afirmación de que España no debe pedir perdón por la conquista a los pueblos de América. Y por si fuera poco, el jefe de Estado se reunió con los representantes del partido ultraconservador VOX y se comprometió a firmar la Carta de Madrid. 

Gabriela Calderón, investigadora – especialista en comercio y política internacional, señaló que el proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, perjudica el crecimiento económico y desalienta la formalidad, pues al eliminar las deducciones para el pago del impuesto a la renta, mucha gente preferirá no pedir factura, por ejemplo.

“Yo pensaba y peque de ingenua que este Gobierno era de todos y que quedaba atrás la lucha de un grupo contra otros”.

Para la especialista, el discurso del régimen sobre la normativa parece un dejavú donde nuevamente se intenta vender la idea de que los millonarios pagarán más, cuando en realidad son los tramos más bajos de la tabla los que resultarán impactados, precisamente donde se encuentra la clase media.

Además indicó que es un alza solapada ya que en la actualidad las personas podían deducir de sus impuestos hasta USD14.000 correspondientes a salud, educación o alimentación y ahora con la propuesta de ley no llega ni a USD500: “Por ejemplo alguien que tenga una estimación de ingresos de USD3.000 al mes, terminaba pagando USD1.034 y ahora con menos deducciones terminaría pagando USD3.300, es una triplicación para alguien que no es millonario”.

Manifestó que es una carga efectiva del impuesto a la renta que pasa del 3% al 9% , lo que calificó de nocivo e injusto, pues impacta a los trabajadores en relación de dependencia del sector formal. En ese sentido reprochó que el Ministerio de Finanzas intente justificar estas nuevas imposiciones indicando que solo afectará al 4% de la población, cuando no hay datos exactos que demuestren aquello.

“Ese tipo de discursos hacen más daño que la misma alza de impuestos porque profundiza el discurso en contra de la acumulación del capital y lo que la economía necesita es incrementar capital. ¿Cómo se quiere crear más capital cobrando impuestos?”

Detalló que según la Cámara de Industrias el impacto de esta nueva carga tributaria iría desde quienes perciban ingresos de USD1.800, sin embargo aclaró que esto no se sabrá hasta que no se conozca la ley completamente debatida por la Asamblea Nacional: “Lo que está claro es que existe un incremento de impuesto y no solo para los millonarios”.

Pedro Zapata, asambleísta del Partido Social Cristiano por la provincia de Galápagos, señaló que luego del anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, de ampliar la reserva Marina de las islas, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), ahora el Gobierno tiene que ejecutar y no quedarse en el discurso.

Manifestó que esta propuesta de ampliar la reserva a 60.000 kilómetros cuadrados se viene construyendo desde hace cuatro años e incluso fue presentada en el 2019 al expresidente Lenín Moreno, pero nunca fue tomada en cuenta, hasta ahora en que el actual mandatario decidió acogerla y presentarla al mundo.

“Se entiende que 30 mil kilómetros de la reserva estarían en la franja en la cordillera de Los Cocos donde no se permitiría ningún tipo de pesca, más allá de investigación científica y los otros 30 mil donde está una parte de la reserva marítima de Galápagos, ahí se permitirá la pesca pero sin palangre”.

Indicó que inicialmente el actual ministro de Ambiente, no estaba convencido del tema, pero luego se llegó a un acuerdo con la participación de pescadores artesanales, industriales y hasta ONG’s que trabajan en temas de conservación: “Se creó un grupo denominado Más Galápagos, y ahí empezó a caminar”.

A criterio del legislador no hay impedimento para que este proceso se dé, porque topa la zona económica exclusiva del Ecuador, es decir está en plena soberanía del país: “No vemos dificultades de que se concrete lo más pronto posible porque ya anunciado en el foro internacional tan importante y que llama la atención de todo el mundo, esto debería concretarse hasta fin de año, la noticia debería salir de parte del país hacia el mundo”.

Zapata reconoció que la controversia sería en el canje de deuda, es decir conocer quién administraría los recursos que queden, pues, a su criterio, quienes deben responsabilizarse son la Armada Nacional y el Parque Nacional Galápagos ya que son entindades asentadas en las islas: “Pero la situación es crítica porque hay una merma de presupuesto y hace más de dos años esas Instituciones ya no tienen autonomía, hasta ahora no puede contratar un piloto para la avioneta que está lista a fin de detectar anormalidades”.

Con esa base, resaltó la necesidad de acompañar esta resolución con política pública, para lo cual, dijo, sería necesario remover a Joan Sotomayor como presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, ya que no cumple con el perfil: “Es un funcionario inexistente y no hace gestión, más allá de ser militante de CREO. Las fuerzas locales están pidiendo que sea cambiado por un profesional de las islas que pueda responder a expectativas”.

Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachakutik, señaló que con dependiendo las conclusiones que contenga el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers, el presidente de la República, Guillermo Lasso, podría ser destituido o llevado a juicio político por incumplir en sus funciones.

“Es una vergüenza tener esa clase de Presidente que no aclare y no transparente el tema, cuando el debería estar primero interesado en comparecer ante la Comisión”.

Criticó el cambio de actitud del mandatario, quien al principio se mostró abierto a la investigación cuando se pensaba que la Comisión de Fiscalización, encabezada por Fernando Villavicencio, sería quien lleve el caso, pero una vez el Pleno decidió que vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales, Lasso se excusó y ahora prefiere mantenerse al margen.

“Es una vergüenza para todos los ecuatorianos e incluso a nivel internacional, debió presentar toda la documentación pero no lo hizo ni dejó que lo hicieran las otras instituciones”.

Manifestó que más allá de asambleísta, es una ecuatoriana que pide la transparencia de la información y que todo se aclare, mucho más cuando ha sido el propio Presidente de la República quien en una entrevista a nivel nacional reconoció que sí tiene dinero en paraísos fiscales: “Por ética debería renunciar o poner en consideración de la Asamblea si se acepta o no su renuncia”.

Reprochó que los ecuatorianos no tengan una representación en las Instituciones del Estado, pues aquello se demuestra con el accionar del Servicio de Rentas Internas, el Banco Central o la Superintendencia de Bancos, que se han negado a dar información para conocer la realidad del patrimonio del mandatario, incluso acusó a la última institución de actuar en favor de la Banca Privada pues su titular Ruth Arregui, no respondió ante la Comisión de Régimen Económico sobre la actuación de las Instituciones Financieras durante la pandemia y las denuncias de la población frente al cobro inmisericorde de intereses y moras.

“Es la falta de independencia que tenemos en Ecuador de las funciones y funcionarios, no es lo que dice la Constitución sino que va de acuerdo a lo que conviene al poder de turno”.

Una semana después de que la asambleísta por UNES, Mónica Palacios, revelara nuevos documentos sobre los Pandora Papers, que involucran al presidente Guillermo Lasso, la legisladora ha recibido ataques machistas en su contra. Uno de los ataques más notorios fue el de el asambleísta por la bancada oficilista, Diego Ordóñez. 

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

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Jorge Coronado, sociólogo – especialista en economía política e integrante de Latindadd, señaló que luego de la develación de los Pandora Papers, se pudo acceder a información de la Superintendencia de Bancos de Panamá y por ende al estado financiero del Banco Banisi, propiedad de la familia Lasso, donde se demostraría que la entidad es de estructura pequeña, con apenas cinco cajeros, pero sobre todo que sus principales operaciones no son de panameñas.

Detalló que de los USD 468 millones en depósitos que maneja Banisi, el 64% que corresponde a USD300 millones son de extranjeros: “Lo que vemos es que no solo estamos hablando de que el actual Presidente de Ecuador creó su cultura bancaria financiera de sociedades offshore, sino que creó un banco para estimular la fuga de capitales y luego facilitar su retorno a Ecuador bajo la figura de inversión extranjera con nuevos estímulos y exoneraciones fiscales, es una operación de blanqueo financiero”.

Aunque indicó, que según la Superintendencia de Panamá, todo se ha hecho de manera transparente hay operaciones que si bien son legales, son ilegítimas al tratarse del Presidente de la República de un país.

“Recordemos que además el banco fue autorizado para tener una oficina en Ecuador, entonces lo que tenemos es que Banisi tiene una estrategia para permitir a que ciertos ecuatorianos depositen dinero en Ecuador para luego trasladarlos a Panamá”.

Insistió que todo esto evidencia que no solo se buscaba esconder activos financieros para evadir impuestos sino que además se contribuye a que otras personas oculten su patrimonio.

“Y tenemos información de que ya en este momento hay el listado de quienes son los ecuatorianos que han usado Banisi y que son poseedores de esos 300 millones. Hay mucha gente operando para erosionar las finanzas públicas del Estado ecuatoriano y no contribuir con los tributos”.

Explicó que todo el movimiento realizado por el mandatario Guillermo Lasso inició con la creación de la fundación Barberini, misma que es dueña de PietroOversis, el cual es propietario del 100% de Banisi Holding y que además es el dueño del banco Banisi.

Coronado indicó que con la publicación de los Pandora Papers se ha develado que Dakota del Sur también es un paraíso fiscal en Estados Unidos y precisamente es usado por Banisi: “Estábamos acostumbrados a Miami o Delaware, pero vemos que Lasso hace todo esta operación en Dakota”.

Manifestó que ahora el G20 donde se encuentran los grandes poderes corporativos se han visto en la obligación de responder frente a la presión tan grande que se ha registrado tras la develación que indigna a todo el mundo: “La gente cada vez toma conciencia de que estas estrategias no se pueden seguir aceptando, como personas o ciudadanos comunes y corrientes, cada vez que compramos en el supermercado pagamos impuestos y hay una elite política y económica a nivel nacional, regional y global que anda por el mundo enriqueciéndose, convirtiendo sus patrimonios en cada vez más grande, escondiendo su patrimonio en estos paraísos”.

Resaltó la necesidad de que el mundo se ponga de acuerdo para que este tipo de operaciones que laceran las economías nacionales deje existir, además de acabar con el secreto bancario.

Marcelo Varela, economista y docente universitario, destacó que la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que el Ejecutivo envío a la Asamblea Nacional el pasado 30 de octubre, está hecha a la medida del presidente de la República, Guillermo Lasso, pues beneficia a él y su familia.

Detalló la normativa permite a quienes tienen sus capitales en paraísos fiscales puedan repatriar ese patrimonio sin tener que responder por su evasión de impuestos, es decir no serían sujetos a determinaciones o sanciones administrativas, de ahí que busca proteger a los evasores.

“Está preocupado por lo que le pueda suceder a él y a todos sus panas que están en esa condición. Quieren quitar de toda pena, demanda o castigo a futuro, a los evasores”.

Explicó que además, se quiere exonerar del impuesto a las herencias a los hijos y los cónyuges, justamente cuando hace pocos días el propio mandatario indicó que su patrimonio pasará a manos de estas personas.

Sobre la eliminación del IVA a los pañales o toallas sanitarias, Varela manifestó que detrás de esa buena intención también están como beneficiarios los importadores de combustibles, tomando en cuenta que el Ejecutivo emitió el decreto 151 para entregar la comercialización de derivados al sector privado.

A criterio del especialista, el cuerpo legal va contra el propio Plan de Desarrollo del régimen porque contradictoriamente reduce la inversión pública  de USD4.200 millones en el 2021 a USD2.052 millones en el 2025 y prioriza el pago de deuda.

Respecto al impuesto al patrimonio que se pretende imponer a las clases más favorecidas, Varela indicó que solo se lo hace por una sola vez y para ello se les permitirá deducir de gastos que vayan hasta los USD200 mil.

También, dijo, se está considerando amnistía tributaria que alcanza los USD4.935 millones a las grandes corporaciones, con el fin, de supuestamente, generar inversión y empleo. Esto mientras a las clases medidas se les golpea, pues se plantea que quienes perciban ingresos a partir de los USD11.310 anuales, deberán pagar el impuesto a la renta, es decir que quienes ganen por sobre los USD920 mensuales se verán afectados: “Y a ellos si se les reduce deducciones de impuestos”.

Paulina Izurieta, concejala de Quito,  mostró preocupación frente al acuerdo de confidencialidad que se dio a conocer el pasado 30 de octubre en el cabildo capitalino, el cual no delimitaba con claridad los alcances de su restricción.

Señaló que hay incongruencias entre el accionar del alcalde Santiago Guarderas, quien emitió un Código de Ética sin participación de los concejales y luego pide firmar a los trabajadores municipales el documento denominado “acuerdo”, pero en realidad fue obligatorio en la Agencia Metropolitana de Control, so pena de no renovación de contrato.

“Vemos ausencia de criterios claros con respecto a los acuerdos de confidencialidad porque violenta y se quiere dar una imagen corporativa a un proceso que es netamente público”.

Criticó que por un lado se pregone el famoso Código de Ética pero por otro se quiera opacar la labor del municipio y se impida que los ciudadanos accedan a información relevante.

“En el Municipio no se maneja ningún tipo de patente industrial, no se sabe que se quiere cuidar o preservar o qué tipo de información es delicada”.

Manifestó que si se le quiere dar carácter de reservado a alguna información debería ser en niveles jerárquicos, más no a los agentes metropolitanos resto de trabajadores porque impedirá el trabajo fiscalizador: “Se les violenta derechos y se van contra la ley”.

Informó que el alcalde insistirá en el tema en 30 días, mismo que no se sabe si pasará puesto que, dijo, hay una suerte de una pequeña monarquía dentro del Concejo con una corte: “Hay una aplanadora de 14 concejales que van por encima de muchos criterios”.

Además recordó que ya existen leyes regulatorias del comportamiento de los funcionarios y una  regulación municipal propia.