Radio Pichincha

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, invitó al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, a dialogar el próximo 10 de noviembre. Esto, después de los dos días de manifestaciones por parte de las organizaciones sociales.

El eventual encuentro entre el Mandatario y el líder indígena fue confirmado por la Secretaría de Comunicación, y, posteriormente, por el vocero del Gobierno, Carlos Jijón.

El diálogo se realizaría en el Palacio de Carondelet y versaría sobre el incremento y, posterior, congelamiento de los precios de los combustibles, que motivó la salida a las calles de decenas de ecuatorianos.

El martes 26 y miércoles 27 de octubre, los movimientos sociales cerraron varias vías del país en forma de protesta por la decisión gubernamental sobre las tarifas de las gasolinas.

La medida de hecho continuaría después del feriado de 5 días; ello, en medio de la decisión en firme del régimen de no cambiar su postura.

En el balance del segundo día del paro nacional, este miércoles 27 de octubre, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, fue enfática en señalar que la Policía Nacional continuará deteniendo a personas que incurran en el cierre de vías del país.

En este contexto, el Presidente Guillermo Lasso, emitió el Decreto Ejecutivo 238 en el cual dispone nuevos lineamientos al sector eléctrico del país. En el documento, se establece la nueva normativa que se implementará en el país, con el fin de potenciar la inversión privada en las distintas áreas del servicio público de energía eléctrica. De la misma manera, contempla que en el 2022 se incrementarían las tarifas eléctricas en el país.

Gary Espinoza, presidente de la Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras), informó que la noche de este 27 de octubre, las organizaciones sociales se reunirán a fin de evaluar si continúan con las medidas de hecho registradas en varias provincias del país.

El dirigente dijo esperar que el Gobierno responda con sensibilidad ante las demandas de los sectores sociales y no con agresión y represión masiva como lo ocurrido el martes 26 de octubre en algunas ciudades donde incluso se detuvo a la gente que salió a manifestarse.

“Han tratado de amedrentar y asustar a los compañeros pero no lo han conseguido, seguimos en pie de lucha en los diferentes frentes que hemos abierto”.

Exigió la libertad inmediata de quienes, en su legítimo derecho a la protesta, fueron detenidos.

De otro lado, negó cualquier tipo de división dentro de las organizaciones sociales, pues, aseguró, que el hecho de conversar con el Gobierno no significa que se pacte o acuerde algo, ya que incluso la Conaie o el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), han acudido a ese llamado del régimen donde se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que cumpla sus ofertas de campaña.

“El hecho de que conversemos no significa que estemos de acuerdo o apoyo al Gobierno, nosotros dijimos que en el momento oportuno saldremos”.

Recordó que la Fenocin fue invitada pero que a la cita solo llegaron funcionarios sin poder de decisión lo que denota la falta de importancia que le pone el Gobierno a las organizaciones sociales: “Suspendimos diálogos porque no había respeto al sector. Estoy seguro que si eran empresarios o los de las Cámaras de Industrias ahí sí hubiesen estado los ministros”.

Detalló que entre el pedido de las organizaciones sociales y campesinas están: 1) El congelamiento de la gasolina extra a $2 la gasolina y a $1.50 el diésel, 2) La entrega de créditos a 1% a 30 años plazo con requisitos accesibles, 3) La condonación de deudas de Banco del Fomento y BanEcuador, y 4) Que se busquen alternativas para las deudas en cooperativas o medidas de compensación: “Tal cual las remisiones tributarias a los grandes empresarios”.

El exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, señaló que esa institución tiene una enorme responsabilidad para analizar la lista que se elaboró en 2008 donde se colocaron a los países considerados paraísos fiscales, pues ahí no está incluido Dakota del Sur y ahora ese Estado es uno más de los que han servido de guaridas para capitales con origen irregular o que buscan evadir impuestos.

Manifestó que en la lista se encontrarían alrededor de 88 territorios asociados como guaridas fiscales, sin embargo insistió que no se puede perder de vista a aquellos que han adquirido fama por permitir que se transfieran capitales sus territorios a fin de evadir leyes nacionales, como Dakota: “Muchísimas empresas de fachada se están trasladando a Dakota del sur y otros Estados de EEUU”.

En el caso de Ecuador y los Pandora Papers, Marx Carrasco puntualizó que muy seguramente luego de la consulta popular, donde se prohibía ejercer la función pública en caso de tener dineros en paraísos fiscales, algunos miraron a Dakota que no estaba en la lista del SRI y transfirieron su patrimonio a ese Estado.

Refiriéndose al presidente de la República, Guillermo Lasso, reconoció que  técnicamente no entraría en lo que se llama matriz de riesgos por su pago de impuestos, sin embargo cuando es vox populi determinada amenaza de riesgo de incumplimiento tributario el SRI debería analizar a detalle el comportamiento tributario del Jefe de Estado y su familia en los últimos años.

Instó a analizar la declaración patrimonial formulada por el contribuyente comparando con lo declarado para la contribución solidaria del terremoto de 2015, donde el mandatario aseguró tener un patrimonio de USD39.4 millones: “Hay que constatar si se compadece con la realidad”.

Franklin Ramírez, sociólogo, docente universitario e investigador, destacó que el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dinamitado puentes, en lugar de realizar acciones encaminadas a su slogan de “Gobierno del Encuentro”, de ahí las movilizaciones que se han registrado desde el martes 26 de octubre.

“Supuestamente no fue fuerte pero se respondió de manera agresiva, a pesar que la movilización fue débil, hubo un importante número de detenidos, fue una respuesta de fuerza excesiva”.

Resaltó que mientras el régimen habla de que las movilizaciones no tuvieron un impacto importante, lo contrario se refleja en el número de detenidos y reprimidos durante las protestas, sobre todo en la Sierra Central y Amazonía.

Indicó que muy posiblemente estas medidas de hecho vayan incrementando en la medida de los días, muy por encima de la dirigencia de la Conaie que no puede controlar lo que ocurra en todo el país: “Porque se debe ver la decisión de otros actores sociales como los transportistas que es fundamental y que no pegaron decididamente ayer”.

Analizó la actuación de la Revolución Ciudadana en esta coyuntura y puntualizó que en esta ocasión no se la vio presente pues tampoco hubo convocatoria a su militancia.

En todo caso, calificó como una estrategia relevante la decisión del Gobierno de ampliar el feriado de noviembre a fin de enfriar las calles, aunque, puntualizó, eso se verá en los próximos días, pues para incrementar el nivel de protesta sería necesaria la participación de sectores no organizados o las clases medias.

A criterio de Ramírez, el Gobierno tiene un margen de negociación estrecho, por su falta de dialogo, aunque diga que tiene las puertas abiertas para el efecto, porque paralelamente sigue con su tesis del golpismo y desestabilización.

“Las señales para crear un dialogo serio no son claras, sobre todo con el ofrecimiento tramposo de congelar los precios de los combustibles, esto resta valor a la palabra del Gobierno, todo esto en 6 meses de inaugurado su gobierno”.

El docente puntualizó que existen muy pocas condiciones para una salida negociada de los conflictos que pueda modificar el escenario tenso que vive el país, más aún ante la falta de respuesta del Gobierno a todas las problemáticas: “Lasso ha devaluado su palabra, perdió credibilidad en poco tiempo a pesar de la vacunación”.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) resolvió avanzar al segundo día de movilización y resistencia a nivel nacional para este miércoles 27 de octubre.

Tras el paro nacional de ayer, martes 26 de octubre, el Consejo Ampliado de la organización política realizó una reunión virtual con el carácter urgente para tomar varias resoluciones. El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, desde Riobamba, dio el anuncio.

Además de continuar con el paro nacional, ratificaron la movilización pacífica de los sectores populares, indígenas, campesinos y trabajadores.

Otra medida es exigir al Gobierno de manera inmediata la libertad de todos los detenidos, que asciende a 37 personas en todo el país. Señalan que sus aprehensiones se dieron por la fuerza de manera arbitraria, injusta y violenta.

También exigen la reparación integral de quienes han sido atacados y están heridos en esta movilización producto de la represión policial y militar iniciada por la fuerza pública.

En este marco, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazó el uso del estado de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas “para reforzar el rol de la Policía Nacional”. También se refirió a abusos policiales en las manifestaciones contra el alza de los precios de los combustibles.

En un comunicado, Inredh denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las distintas manifestaciones alrededor del Ecuador.

En la publicación, el organismo menciona los casos de detenciones y agresiones que han sido reportadas por organizaciones como la Conaie, la Unión Nacional de Educadores (UNE), y personas particulares en redes sociales.

Por su parte, el Gobierno Nacional dio su evaluación sobre la jornada de movilización, que se efectuó en varios puntos del país, durante este martes.

La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, mencionó que los ecuatorianos han demostrado que quieren trabajar. Destacó, además, que no se han producidos enfrentamientos masivos, que hayan causado problemas graves.

Vela confirmó que, al momento, en total, se han detenido a 37 personas por interrupción de la circulación y el tránsito en las vías del Ecuador.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

En este episodio recorremos República Dominicana. Hacemos un acercamiento a la música dominicana, en especial a sus géneros originarios: la bachata y el merengue. Repasamos la vida y obra de los principales personajes del país. Y destacamos las distintas manifestaciones artísticas y culturales del país caribeño. 

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Diego Fuentes, jurista y exviceministro del Interior, destacó la necesidad de sacar la ideología política en materia de seguridad, porque caso contrario no se dará una solución adecuada a la problemática que vive el país.

“El Estado no logra comprender lo que pasa con el fenómeno y cuáles son los factores reales, muy difícilmente podrán dar una solución adecuada”.

Manifestó que el estado de excepción no es nuevo y tampoco es una solución a largo plazo porque tiene un límite de tiempo y no puede prorrogarse de manera definitiva, por lo que termina siendo una medida coyuntural para satisfacer, por el momento, la demanda de seguridad.

Explicó que existen tres factores fundamentales para que la inseguridad haya escalado en el Ecuador:

Criticó que se quiera introducir ideologías políticas en el tema, pues recientemente el presidente de la República, Guillermo Lasso, y sus voceros sin datos serios y académicos ha dicho que en los Gobiernos anteriores hubo un pacto con la delincuencia cuando en el propio decreto donde se declara estado de excepción se reconoce que del 2009 al 2016 se redujeron las muertes violentas, llegando a 5.81 por cada 100 habitantes: “Y eso responde a que existía un ente rector que era el ministerio del interior o seguridad”.

Indicó que desde 2016 comienza un  alza sostenida de las muertes violentas pasando de 960 muertes en ese año a 1.885 hasta el 16 de octubre de 2021, básicamente el doble.

“El Ecuador eligió un Presidente de la República para que le dé soluciones a los temas de inseguridad y no para que ande culpando a sus antecesores”.

Reiteró que el estado de excepción no aborda los problemas de manera adecuada, pues no se habla de las cárceles, mismas que ya no son Centros de Rehabilitación sino bodegas humanas a libre albedrío. Con base a esta problemática existe un solo ministerio dedicándose a dos cosas, la gobernabilidad y la seguridad, sin dar atención necesaria a ninguna de las dos.

“Muy difícilmente podrán estar concentrados al 100, mientras se siga sosteniendo está fusión del Ministerio del Interior con el Ministerio de la Política tendremos un Ministerio a medias”.

Fuentes subrayó la importancia de retomar el modelo de gestión, que ya existía hace poco más de cuatro años, y además darle la estructura necesaria a la Policía para que pueda investigar y determinar quiénes son las bandas y cuáles son los cabecillas que están delinquiendo.

Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), señaló que el proceso judicial en su contra tiene tintes políticos, pues lo acusan de haber facilitado la suscripción de convenios de pago entre abril de 2016 y octubre de 2018, cuando él llegó al cargo en diciembre de 2018: “Así de absurdo es la base y fundamento de esta acusación que es corta y limitada y que acogió el juez para llamarme al juicio”.

Reprochó que han pasado cinco meses y el juicio, en el cual se podría determinar su inocencia, aún no se instala, lo cual ha impactado en su vida personal ya que lleva un año en arresto domiciliario, privado de su libertad, sin poder estar con su familia o trabajar: “Se me ató de manos y pies”.

De ahí que, destacó el último dictamen de la Corte Nacional de Justicia que le concedió un habeas corpus y le otorga medidas sustitutivas: “Me permitirá defenderme en libertad reunificarme con mi familia en Cuenca y buscar un trabajo digno que me permita dar un sustento diario”.

Subrayó que el Consejo Directivo del IESS no es ordenador de gastos, por lo que no paga ni firma contratos: “Son las unidades hospitalarias quienes hacen esos procesos porque tienen autonomía administrativa y financiera”.

Explicó que cuando llegó a la seguridad social en diciembre de 2018 la administración de la época le presentó un informe sobre el abuso de los convenios de pago que se daban en hospitales como el Teodoro Maldonado, por lo que en febrero de 2019 se le removió del cargo al gerente Luis Jairala, quien  hoy es coprocesado dentro del caso: “Producto de esa denuncia, ahora resulta que somos parte de la estructura criminal”.

Afirmó que luego del proceso injusto al que fue sujeto se pregunta cuántos juicios más existirán donde se presentan acusaciones sin fundamento: “Tenemos a un privado de la libertad que tenía boleta de libertad desde hace cuatro meses y no se le dio paso, él fue asesinado”.

Reconoció que efectivamente se reunión con el político Dalo Bucaram, pero como parte de una delegación del expresidente Lenín Moreno, en el marco de las elecciones de 2019 a fin de determinar a quién apoyarían en esos comicios, sin embargo, por ello, se le vinculó en el caso por presunta delincuencia organizada para entregar ilegalmente contratos para insumos en hospitales.

“Ahora resulta que Bucaram fue sobreseído y a mí sí me llaman a juicio, cuando el único factor por el que me vinculan le sobreseyeron”.

Aclaró que en la investigaciones se ha demostrado que no tuvo ningún beneficio económico irregular, por lo que, insistió, el juicio tiene una explicación política.

Puntualizó que la función judicial no puede ser operadora política y debe cumplir preceptos constitucionales: “No puede ser que se use para perseguir o acorralar. Si ha sucedido conmigo es irracional, desproporcionado e infame”.