Radio Pichincha

Carlos Soria, abogado de Ola Bini, informó que la exministra de Gobierno María Paula Romo y el expresidente Lenín Moreno fueron llamados a comparecer en el juicio contra Ola Bini, para que aclaren en qué basaron sus acusaciones contra el sueco y demuestren las pruebas irrefutables en su contra.

Pese a ello, el jurista puntualizó que de los dos testigos se puede esperar todo, de ahí que advirtió que no sorprendería su ausencia tal cual lo han hecho en otras ocasiones cuando eran parte del Gobierno y enviaban cartas a la Fiscalía para evadir los llamados.

“Todo esto fue fraguado, una mentira para ganar adhesión sobre las decisiones que se tomaron en la embajada de Ecuador en Londres”.

Resaltó que el jueves 21 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de juicio, se probarán las más de 100 violaciones al debido proceso y se mostrará el pronunciamiento de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que coinciden con ello.

De otro lado, dijo que le llama la atención la convocatoria de Fiscalía de más de 100 testigos, la presentación de 200 pruebas documentales y más de 30 peritajes en apenas dos días de audiencia: “Pero respetamos criterio del juez ponente”.

Asimismo reprochó que la denuncia de fraude procesal no se mueva desde que se presentó, tomando en cuenta que en ella se demostraría con documentos y pruebas certificadas de la Policía que el caso fue fraguado.

Frente al impacto negativo que tuvo el Gobierno de Guillermo Lasso con el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), busca abrirse caminos con otras organizaciones sociales.

El Ministerio de Gobierno anunció que desde el lunes 18 de octubre se instalarán seis mesas técnicas con la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin). 

Los diálogos se efectuarán en seis lugares distintos de Quito. Se abordarán temas de educación, economía y patrimonio, fortalecimiento organizativo, género y diversidad, reactivación económica y soberanía alimentaria.

Esto mientras el movimiento Creando Oportunidades (CREO) emitió una convocatoria a fin de respaldar la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso, frente a lo que han llamado un proceso desestabilizador por parte de la oposición.

La invitación se da precisamente luego de que varios medios de comunicaciones nacionales e internacionales publicaron una investigación denominada los Pandora Papers, misma que salpica al primer mandatario. 

Hace pocos días en una entrevista a TC Televisión, el Jefe de Estado, se refirió al tema y reconoció que parte de su patrimonio se encuentra en el exterior, se justificó, destacando, que cualquier ciudadano puede hacer con su dinero, ahorrado y trabajado por años, lo que considere necesario; pero en años anteriores negaba que su dinero se encontrara fuera del país.

La “gran concentración de respaldo” se realizará el miércoles 20 de octubre, a las 10:00 en la Plaza Grande, la misma coincidirá con una convocatoria que hizo el Frente Unitario de los Trabadores (FUT) a una jornada de movilización para entregar una propuesta al Código de Trabajo, a propósito del proyecto de Ley Creando Oportunidades impulsada por el Ejecutivo y que según dirigentes sindicales precariza la mano de obra.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Mario Valencia, economista, docente universitario e integrante de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latinddad), señaló que la única manera de dar rostros a los paraísos fiscales son las filtraciones como la ocurrida con Pandora Papers, lo cual permite tener un estimado de la cantidad de dinero que está ahí.

El especialista prefirió llamar a estos lugares como guaridas fiscales porque sirven para darle opacidad a los capitales de sus dueños, quienes deben pagar altas sumas de dinero para crear empresas de papel y sobre todo sacarlo del radar legal a fin de que nadie conozca dónde está su patrimonio y evadir impuestos:  “Por eso es entendible que muchas estén molestas cuando sus nombres estén en la luz pública”.

Detalló que alrededor de 30 billones de dólares están en esas guaridas de manera ociosa porque no genera ninguna inversión, productividad, empleo, etc, de ahí que sea cuestionable que en esa lista se encuentren presidentes como Sebastián Piñera de Chile o Guillermo Lasso de Ecuador, que contradictoriamente invitan a empresas en el extranjero a invertir en su país, mientras sus dineros los tienen fuera.

Además mencionó que quienes escoden sus capitales es porque nacen de actividades criminales como tráfico de armas, drogas o personas: “Pero el delito más importante es el no pagar impuestos. “No sabemos cuánto se llevan, quién se lo lleva, no sabemos si pagaron impuestos”.

En todo caso resaltó que según la Alianza Global por la Justicia Fiscal, en el mundo se pierde 300.000 millones de dólares por evasión de impuestos, lo que para América Latina representa  USD40.000 millones, cifra que es igual al giro que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en préstamos a los países de la región.

Pamela Chiriboga, coordinadora Jurídica de Inredh e integrante de la Alianza contra las Prisiones, resaltó que el Estado no es transparente con respecto a las cifras de muertos en cárceles registradas este año, pues aún no se conoce con certeza el número de víctimas de la última masacre en la Penitenciaria del Litoral, ocurrida a finales de septiembre.

“No había información, no sabemos que las 255 personas es el número correcto y solo denota la responsabilidad de un Estado fallido que ha perdido el control respecto a las cárceles. No hay concepto de rehabilitación, se quedó en la teoría”.

A criterio de la jurista los últimos diez años han sido los que menos ha invertido el Gobierno en el sistema carcelario, razón por la cual no ha existido una medida efectiva para la rehabilitación: “Y estas son las consecuencias”.

Resaltó que anterior al Gobierno de Lenín Moreno, se conocía que el responsable de la política pública era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero hoy en día tras la decisión de eliminar algunas instituciones todo se ha reducido a un Servicio Nacional que se supone aglutina a un conjunto de entidades, mismas que se deslindan de responsabilidades.

“Recientemente la Secretaría de Derechos Humanos se deslindó del tema, ahora nadie tiene que ver, nadie se hace responsable de las masacres”.

Recordó que durante años la Secretaría de Derechos Humanos ha salido a puntualizar que no tiene responsabilidad en sistema carcelario, sin embargo su titular Bernarda Ordóñez ya fue nombrada como responsable de rehabilitación.

Chiriboga detalló que la crisis carcelaria empieza con el uso abusivo de prisión preventiva, pues de 38.800 privados de libertad, casi 15 mil están en prisión preventiva, algunos sin sentencia condenatoria, de lo cual, dijo, son responsables la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura: “Esto demuestra el uso abusivo de la figura legal”.

“Las personas fallecidas en las masacres son que estaban en prisión preventiva, otros cumplían apenas 8 meses de condena o que incluso hubo algunos que ya debieron salir”.

Criticó el espacio penitenciario, el cual, aseveró, tiene cero condiciones dignas de supervivencia y a ello se suma al hecho de no recibir comida por parte del SNAI: “Además la comida tiene azufre en pequeñas cantidades para evitar la líbido sexual. Es una mala gestión, la comida llega fría y no hay diferenciación en quienes necesitan dietas por alguna enfermedad”.

Reprochó el accionar de las instituciones frente a la última masacre, pues no había lista de las personas que estaban en el pabellón donde se registró la masacre y por tanto los familiares no tenían manera de identificar a los suyos.

El analista, investigador y docente universitario, Omar Maluk, destacó que la forma en cómo Guillermo Lasso ha logrado mantenerse en la política es por irse contra el correísmo, de ahí que ahora su discurso se enfoque en atacar al expresidente Rafael Correa, tal cual lo hizo su antecesor Lenín Moreno.

“No está Guillermo Lasso por sus virtudes sino por su anticorreísmo, es lo único que tiene”.

Destacó que quienes rodean al actual mandatario son gente neoliberal, cercano a la ultra-derecha y por tanto el anticorreísmo seguirá siendo el arma más importante que tiene Lasso para mantenerse en ese grupo que lo sostiene en el poder.

De otro lado, resaltó que la ruptura con Jaime Nebot le salió caro en Guayaquil, donde cayó del 42% al 22%, contrario al exalcalde porteño que alcanza un 33% de aceptación, mientras Correa llega al 38% por encima de ambos líderes de derecha.

“Correa tiene más aceptación en Guayaquil de hecho Andrés  Arauz estaba ganando en esa ciudad, pero Nebot lo subió a Lasso, los social cristianos indecisos terminaron votando por Lasso”.

Maluk resaltó que fue Nebot quien logró el triunfo de Guillermo Lasso en las elecciones del 11 de abril de 2021: “El trabajo que hizo fue intenso y hay ingratitud a la persona que lo hizo ganar la Presidencia”.

Dijo coincidir con el exalcalde de Guayaquil, al indicar que el mandatario sigue cayendo por no cumplir con sus promesas de campaña, no aumentar la inversión pública y por las proyecciones económicas que demuestran un crecimiento pobre: «Estamos desilusionados”.

El exalcalde de Guayaquil y dirigente político del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, respondió duramente a las acusaciones que realizó la noche del miércoles 13 de octubre el presidente Guillermo Lasso, durante una entrevista televisiva.

Así reaccionó el líder del PSC a las inculpaciones del primer mandatario sobre un supuesto “triunvirato de la conspiración” entre el expresidente Rafael Correa, Nebot y Leonidas Iza, titular de la Conaie, para intentar desestabilizar su gobierno.

Esas ridiculeces, según Nebot, solo se explican por la coincidencia de que el mismo día se haya publicado una encuesta seria que revela que hoy, el Primer Mandatario solo cuenta con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos.

Desde otro punto del país, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), también se pronunció frente a la acusación de Lasso y dijo que, el presidente cayó en pánico y pretende desviar la atención de la investigación de los Pandora Papers y la falta de resolución de los problemas económicos del país.

Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, calificó como sorprendente que luego de tres días sin servicio por parte del Banco Pichincha, no ha salido esa institución junto con la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Privados a brindar una rueda de prensa que dé tranquilidad a la ciudadanía.

Reconoció que los ataques cibernéticos son parte del riesgo operativo y tecnológico que podrían sufrir las instituciones financieras, de ahí que existen normas internacionales donde se determina el camino y cuáles son los fundamentos en los que debe ceñirse la banca, en ese sentido la Superintendencia tiene un reto de tropicalizar las recomendaciones y que los usuarios no sufran interrupciones en los servicios bancarios.

“Esto se recoge en el Código Orgánico Montario y Financiero, significa que en la eventualidad de interrupción de servicios tiene que existir compensación para usuarios que fueron perjudicados”.

Detalló que el rol de la Superintendencia es determinar el número de clientes que han sido afectados al no poder retirar su dinero o hacer transferencias, y posterior a ello establecer un sistema compensatorio.

“Sin embargo el pobre comunicado de la Superintendencia es escueto y en lugar de aclarar, obscurece, deja ver un ente divorciado del propio sistema financiero y de los usuarios”.

Aseveró que ahora corresponde una fiscalización efectiva para constatar que la Superintendencia realice su trabajo: “Cuántos fueron los perjudicados y cuál es la medida compensatoria, por ejemplo, si no pude pagar tarjeta de crédito no tienen que correr intereses por mora”.

Reprochó el argumento del superintendente encargado, de supuestamente no poder entregar información porque están supervisando insitu lo que ocurrió: “Pero no tiene nada que ver porque se establece el número de perjudicados por canales y debería pedir información para que todos los usuarios por correo o personalmente digan cuál ha sido el tipo de problema o perjuicio para evaluar una manera compensatoria”.

Lamentó que en este contexto se deje en el desamparo y desprotección a los usuarios, sin ni siquiera tener un defensor al cliente, que está establecido en las leyes desde el 2009: “Hoy los usuarios tienen que penar para que los derechos consagrados desde la Constitución se respete”.

El economista Juan Pablo Jaramillo calificó a la declaración patrimonial del presidente de la República, Guillermo Lasso, como inconsistente, porque mientras por un lado afirma que en los últimos 15 años pago anualmente USD39 millones de impuestos, por el otro, cuando asumió el poder, informó que su patrimonio alcanzaba esos mismos USD39 millones que declara: “Es imposible, uno no puede pagar tantos impuestos como es su patrimonio”.

Detalló que según el tuit del mandatario donde expone sus declaraciones de tributos, se puede notar que efectivamente en los últimos años pagó más de USD580 millones, lo que significa que cada año aportó USD39 millones. De ahí que instó a descargar los balances del Banco Guayaquil, donde se evidencia un capital por USD 535 millones de esa entidad financiera; el mayor accionista del banco es la corporación MultiBG con el 80% (propiedad del Jefe de Estado) y dentro de ello hay un fideicomiso (a nombre del mismo mandatario) que tiene el 40% de las acciones, solo eso representa USD171 millones: “Pero en la declaración patrimonial de Lasso dice que tiene USD39 millones. No cuadra entre lo que dice y declara”.

“Creo que en su afán de decir que no es evasor hace cálculos alegres y demuestra que solo ha presentado parcialmente los activos que tiene en Ecuador”.

Explicó que tomando en cuenta, solo la participación accionaria del Banco de Guayaquil, se evidenciaría que el patrimonio de Lasso es más de USD 130 millones, a lo cual habría que sumarle otros activos en el país y los que tiene en el exterior, incluido el Banco Banisi de Panamá con un capital de USD 64 millones y que está manejado por su hijo.

En ese contexto, Jaramillo recordó que según la Cepal la evasión tributaria afecta un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, es decir USD7.000 millones anuales que no se pagan por la gente que prefiere tener su dinero en el exterior, y en cuyo grupo estaría el mandatario Guillermo Lasso, según sus propias declaraciones en la entrevista de la noche del 13 de octubre en TC Televisión: “Si tuviésemos ese dinero, no tendríamos que elevar impuestos”.

“El Presidente queda desautorizado de pedir que la clase media que gana $ 2.000 tenga que aportar en mucho más impuestos cuando él mantiene gran parte de su patrimonio en paraísos fiscales, además que esto para un funcionario público es ilegal”.

Aunque el especialista reconoció que no hay nada malo en que un ciudadano común invierta en el exterior, sí cuestionó por qué lo hacen en lugares que permiten la opacidad como esconder el patrimonio y no pagar impuestos: “Y eso no es solo de Ecuador, sino de todos los países del mundo y por eso se condena el uso de paraísos fiscales”.

“¿Por qué llevarse el dinero a un destino donde nadie pregunta sobre el origen de fondos y sale del radar del Servicio de Rentas Internas’”.

En todo caso, puntualizó que la Asamblea Nacional, pese a toda la campaña de desprestigio, es la  única institución que se ha decidido a investigar al Presidente de República en funciones, lo que está generando expectativa ciudadana debido a que Fiscalía y Contraloría ni siquiera se han pronunciado: “Ahora habrá que ver cómo maneja la Comisión la investigación. Me parece adecuado que se llame a la esposa e hijos, también se debería llamar al notario con el cual Lasso constituyó fideicomisos, es importante que acceder a información fidedigna, balances del Banco Guayaquil, tener información sobre patrimonio de Banisi en Panamá, tratar de pedir apoyo al Consorcio Internacional de Periodistas”.

Luis Fernando Torres, jurista y exasambleísta, señaló que el trabajo por una sola causa dentro del Gobierno terminó el día en que CREO decidió no apoyar a Henry Kronfle como presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente excluir al Partido Social Cristiano y aliados de representaciones importantes en comisiones como el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL).

Señaló que esa fractura se ha profundizado cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, empezó a tomar decisiones diferentes a las presentadas en el Plan de Gobierno que el PSC apoyó: “No creemos, por ejemplo, que con nuevos impuestos se va a reactivar la economía del país”.

“La presión tributaria ya es alta, no hay justificación para subir impuestos, aumentarlos y crearlos, a menos que se quiera triturar a las clases medias”

Aseveró que era totalmente previsible la fractura entre el Ejecutivo y Legislativo luego de la jugada que hizo el exministro de Gobierno, César Monge: “Él debió saber que se iba a descuartizar la Asamblea en una serie de espacios sin lógica”.

Criticó que en ese marco, hoy se trate de presentar un marco mental para que la ciudadanía crea que los culpables están del otro lado, es decir de los que se oponen a la visión fiscalista y laboral del régimen.

“Están fabricando enemigos y adversarios para justificar una acción política, quieren presentar adversarios democráticos como si estuviesen contra el sistema institucional. Es perverso”.

De la Torre, subrayó que la caída de 30 puntos en la valoración de gestión de Lasso y 34 puntos en su credibilidad, es la muestra clara del error de pelearse con todos.

“Lamento que sea así, porque una caída semejante no solo debilita al Gobierno ante la imagen ciudadana, sino que también impide que se pueda hacer trabajo para resolver problemas nacionales”.

Calificó como un error el diseño estratégico del Gobierno que ha provocado una pelea con todos, incluido Jaime Nebot quien es una figura importante y con gran adhesión popular en Guayas y en la Sierra tiene el apoyo sostenido más importante que cualquier otro político costeño: “Cuando se habla mal de un líder de esa envergadura y aliados locales, un buen grupo empieza a rechazar e irse por otro lado”.

“Habrá elites económicas que aplaudan y ciertos medios de comunicación que trabajan bajo consigna, esos aplauden, amplifican y por ahí se confunde y cree que es la mayoría, las equivocaciones al final le pasan factura al que ejecuta la equivocación”.

Sobre ello, el jurista afirmó que es improbable un cercamiento entre Lasso y Nebot, más aún cuando el mandatario ha emitido ofensas que afectan a la dignidad de las personas: “El PSC apoyará lo que sea parte de un plan y compromiso con el país y se opondrá a lo que afecta al bolsillo de los ecuatorianos”.

De otro lado, puntualizó que desprestigiar al Legislativo, puede debilitarlo pero no desaparecerlo, razón por la cual, dijo, debe bajarse la temperatura y empezar a trabajar, tomando en cuenta que Ecuador tiene un régimen presidencial y no parlamentario: “La lógica no es que gobierne con mayoría, eso solo ocurriría cuando hay un régimen parlamentario no presidencialista”.