Radio Pichincha

Como el “triunvirato de la conspiración” calificó el presidente Guillermo Lasso a los líderes políticos Jaime Nebot, Rafael Correa, y Leonidas Iza, a quienes acusó de ser los “interesados a dar un golpe a la democracia”, para sacarlo del poder.

El mandatario expresó esas palabras la noche del 13 de octubre, durante una entrevista con el periodista Carlos Vera, desde el Palacio de Carondelet.

Según Lasso, existen coincidencias en las acciones y discursos que han pronunciado en distintos espacios Nebot, Correa e Iza, con el fin de desestabilizar al gobierno.

Por otro lado, aceptó en forma explícita que parte de su patrimonio se encuentra afuera del país.

Además, detalló que se presentará tres proyectos para reemplazar a la Ley de Creación de Oportunidades. Se trata de una ley laboral, otra sobre impuestos y una más para generar inversiones. 

El anuncio ocurre 14 días después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado 29 de septiembre, devolvió el proyecto económico urgente, por no haber unidad en la materia.

Según Lasso, el CAL tomó una decisión política para obstruir al Gobierno. Y que los más afectados con la devolución son las personas desempleadas, porque el tema no entró a discusión del Pleno.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

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Libia Rivas, exsecretaria de la Asamblea Nacional, lamentó que la devolución de la Ley de Oportunidades al Ejecutivo haya escalado al punto de analizar la posibilidad de una muerte cruzada, tanto por las autoridades de turno como en las redes sociales.

Explicó que el artículo 136 de la Constitución apunta que todos los proyectos de ley ordinarios y de emergencia deben cumplir con ciertos requisitos, mismos que según la Ley de la Función Legislativa deben ser verificados por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL): “En aquellos casos que no lo cumplan la consecuencia jurídica es la no admisión a trámite, es decir que no puede ser debatida por las comisiones y por ende tampoco por el Pleno”.

Aclaró que la resolución del CAL no es por vicios de inconstitucionalidad, como ha argumentado el Ejecutivo, sino porque la normativa no cumplía con la unidad de materia que es un requisito previsto en el artículo 136 de la Constitución.

“No es posible afirmar que el CAL se arrogó funciones porque la competencia está en la Ley orgánica de la Función Legislativa, no es un invento, es un ejercicio de una competencia y atribución establecido en los artículos 14 y 56”

Recordó, no es la primera vez que el CAL no califica un proyecto de ley, pues en este mismo año el expresidente Lenín Moreno envío por dos ocasiones una norma económica urgente que fue devuelta por no cumplir con los requisitos: “Ya en la tercera ocasión finalmente fue calificada porque cumplió con los requisitos y como consecuencia se admitió a trámite y se emitió un informe de primero y segundo debate”.

En ese marco, manifestó que la posibilidad de una muerte cruzada, ha sido como una espada de Damocles que siempre ha estado presente en los pasillos de la Asamblea Nacional desde la Constitución de 2008, pero en todas las ocasiones se ha superado a través de los diálogos.

“Si desaparece la Asamblea entonces el Ejecutivo tendrá concentración absoluta del poder, pero paralelamente tendrá que suscribir leyes de urgencia económica, necesitará el dictamen previo de la Corte Constitucional”.

Aseveró que de aplicarse esta posibilidad se estaría permitiendo una concentración de poder, que no es sano para un país democrático que requiere de un contra peso, tomando en cuenta que el Ejecutivo tendría apenas 90 días para Gobernar hasta que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones.

“En ese espacio ¿cuánto podría hacer el Ejecutivo si considera que ese es el mecanismo para salir de crisis económica y fomentar el empleo’”.

Además subrayó que si la crítica se construye alrededor del Parlamento, no es que las condiciones de su elección vayan a cambiar: “La alternativa que se presenta como solución no va por esa línea, se debe empezar por un proceso de reflexión profunda y fomentar que se construyan puentes y mecanismos adecuados, que se articulen voceros de ambos lados que permitan que el Presidente Guillermo Lasso y la Presidenta Guadalupe Llori tengan una conversación adecuada”.

Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, indicó que desde el 8 de octubre en el que fueron notificados para investigar los documentos expuestos por la publicación Pandora Papers, ya corre el plazo de 30 días a fin de elaborar el informe que determine la vinculación del presidente Guillermo Lasso en el tema.

Informó que la tarde de este miércoles 13 de octubre el grupo parlamentario aprobará el cronograma de trabajo que incluye el pedido de información a Universidades, el Consorcio Internacional de Periodismo, organismos nacionales e internacionales y el mismo Jefe de Estado.

Manifestó que en ese contexto han solicitado por escrito al titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que entregue la información sobre el caso.

“No habido respuesta, pero como Comisión hemos iniciado gestiones para que recolectar la información”.

Aclaró que en el marco de la transparencia es muy pronto determinar cuál será el resultado del informe, tomando en cuenta que no se está investigando exclusivamente al Presidente Guillermo Lasso sino a toda la documentación.

Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, destacó que en estos meses de gestión ha arrancado la primera fase del Plan Nacional de Vivienda, mismo que deberá cumplirse en los próximos 4 años, con una inversión de USD643 millones de los cuales USD394 millones estaban en un fideicomiso que el anterior régimen nunca gestionó.

“Se puede generar entre 16 mil y 20 mil viviendas dependiendo el valor”.

Pese a ello, reconoció que existe un déficit habitacional muy grande que sería imposible cubrir en la gestión del presidente Guillermo Lasso, esto lo atribuyó a la ausencia de política pública de los últimos 20 años por el constante cambio de ministros que ha sufrido la cartera de Estado.

“18 ministros de vivienda en los últimos 20 años no permite tener política de vivienda”.

A criterio del funcionario existió un proceso paulatino de exclusión social y aislamiento, es decir los beneficiarios eran cercanos o amigos de la autoridad de turno y no quienes realmente lo necesitaban: “Hay un universo de 4.7 millones de viviendas, de eso hay un déficit de 2.7 millones, 2 millones es cualitativo de mejoras de viviendas y alrededor de 700 mil deberían ser reconstruidas. Haremos un censo nuevo para conocer los datos de manera concreta”.

Detalló que a su llegada al Ministerio, recibió una Institución desarticulada, que no conocía su rol, con funcionarios que no sabían para qué estaban ahí, además de estar desvinculada con los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son los encargados del desarrollo urbano.

“Encontramos una imagen institucional absolutamente desgastada y vinculada a la corrupción”.

En todo caso, destacó que entre las buenas noticias está el apoyo de los organismos multilaterales y las líneas de crédito que existen y no se ocuparon por falta de gestión: “Pusimos la casa en orden y fijamos una línea de hacía donde vamos”.

“Implementamos la cultura de Transparencia, honestidad y consistencia”.

Herrera resaltó que se ha iniciado una cruzada de digitalización de procesos, lo que ha permitido agilizar trámites que demoraban entre 8 meses y cuatro años y ahora se los responde en un día, lo cual movió USD1.000 millones en estos pocos meses de gestión, y creó 37 mil empleos con la reactivación de 470 proyectos inmobiliarios del sector privado.

“Vamos hacía allá, a involucrar al sector privado, convertimos en un ente facilitador, cambiar la industria mobiliaria patrimonial a una de inversión para que los capitales fluyan. Para eso necesitamos una ley de creación de oportunidades para que traiga inversión y empleo”.

Manifestó que el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda contempla las necesidades de los ecuatorianos, que no necesariamente es una vivienda, sino acceso a agua segura, saneamiento, kit de ampliación para una casa existente o la entrega de títulos de propiedad, este último proceso, dijo, ha ido avanzando con paso acelerado, es así que hasta el momento se han beneficiado 500 familias de Monte Sinaí.

Con 131 votos a favor, de 132 legisladores presentes, la noche del 12 de octubre fue destituida la vicepresidenta de la Asamblea Bella Jiménez por gestionar cargos públicos a cambio de dinero. El único voto de abstención que se registró durante la sesión del Pleno fue de Jiménez.

La jornada en la que se trató el informe de la Comisión de Ética, que recomendó la destitución de la ahora ex asambleísta, empezó alrededor de las 15:22 y terminó cerca de las 22:00.

Los hechos que llevaron a la salida de Jiménez tienen que ver con el depósito de $ 3.000 que realizó Pablo Luna Fuentes al hijo de la exlegisladora, Jorge Simón Peláez, para supuestamente ingresar a la Asamblea como parte del equipo de la exvicepresidenta.

Bella Jiménez (ex ID) reiteró ante el Pleno que se trató de un préstamo que Luna Fuentes le hizo a su hijo “por el grado de amistad y casi de familia” que existe. 

En el documento presentado por los legisladores Alejandro Jaramillo y Victoria Desintonio, resuelve, aparte de la destitución, remitir a la Fiscalía General del Estado el expediente íntegro de todo lo actuado por el Comité de Ética, para que se realicen las investigaciones correspondientes. Además, se notificará al Ministerio de Trabajo, a fin de que se prohíba a Jiménez ejercer cargos públicos.

Tras la salida de Bella Jiménez, que llegó a la Asamblea en representación de la provincia de Guayas, se principalizará su alterno Daniel Sigrifredo Onofa Cárdenas

Tatiana Larrea, consulta política, destacó que la publicación de los Pandora Papers donde se salpica al presidente de la República, Guillermo Lasso, identificándolo como presunto evasor de impuestos, tendrá un impacto profundo en su imagen e incluso en los cimientos de la institucionalidad democrática.

Recordó en mayo de 2021 cuando Lasso se posesionaba como Jefe de Estado, su imagen positiva alcanzaba el 65%, mientras el 61% de la ciudadanía tenía buenas expectativas de su gestión: “Era una buena base de partida para iniciar su gestión, ahora de esa fecha hasta hoy han pasado muchas cosas, parecería que fuese más tiempo pero ni siquiera estamos en seis meses”.

Resaltó que no es solo el escándalo de la publicación realizada por el Consorcio de Periodistas Internacionales sino también la crisis carcelaria, inseguridad y la devolución del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades por parte del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL).

“Se van sumando cosas que van afectando la evaluación de gestión, imagen credibilidad y va  ahondando el estado de ánimo negativo a la población”.

Criticó que su estrategia frente a todo esto, sea el ataque abriéndose varios frentes como la Asamblea Nacional y ahora la prensa, pues luego de la carta que envió a diario El Universo se demuestra un poco de desesperación: “Hay que actuar en cabeza fría, está en juego la institucionalidad del país”.

Aseveró que podría ser peligroso para el régimen pensar en una consulta popular o muerte cruzada en este momento, sobre todo por el golpe que ha recibido a su imagen.

De otro lado, Larrea afirmó que insistir en su proyecto de ley que ya ha causado polémica en varios sectores y ciudadanía en general, se le complicará ya que lo hace en medio de una denuncia de supuesta evasión de impuestos por lo que sería contradictorio pedir un esfuerzo tributario al resto de población: “Eso no hace imposible que lo vayan a intentar pero comunicacionalmente y políticamente no es el mejor momento”.

El abogado y excandidato a la Presidencia de la República, Yaku Pérez, dijo identificarse con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, por la traición de la que fue sujeto por parte de Guillermo Lasso.

“Entiendo el golpe que habría sufrido porque yo lo sentí en carne propia cuando sufrí la deslealtad de Pachatuitk cuando se fueron con Lasso para la presidencia de la Asamblea, fue como una aguja en el ojo, como un puñal en la espalda”.

Destacó que sí se puede imaginar lo que sintió Nebot con la traición del ahora Presidente de la República o cómo se habría sentido Rafael Correa con la traición de Lenín Moreno.

“Así paga el diablo a sus devotos”.

Manifestó que la lealtad y los principios éticos y morales no son con una persona sino con el pueblo que confía en un proyecto político: “Sufrir la deslealtad es duro”.

“Allá entre las élites que saquen los cueros al sol”.

A criterio de Pérez, Lasso le debe a Nebot la Presidencia, no solo por el apoyo político en campaña sino también porque le ayudaron a meter las manos en las urnas a fin de garantizar un fraude: “Por eso el CNE tampoco permitió la apertura de urnas y eso significa un juicio penal”.

En todo caso, refiriéndose a los Pandora Papers, resaltó que la verdad siempre termina descubriéndose porque no hay crimen perfecto, de ahí que, dijo, esperar que se investigue con celeridad por la sanidad del país: “Ahí se verán todas las travesuras del mandatario y de otros más como el mismo notario que receptaba las declaraciones juramentadas que hoy está de embajador en el Vaticano, el señor Arosemena, él y otros tantos amiguitos de Lasso caerán por tener dinero en paraísos fiscales”.

Augusto Tandazo, analista jurídico, señaló que luego de la develación de los Pandora Papers, al presidente de la República, Guillermo Lasso, se le cae su legitimidad al suelo, más aún cuando su intención es poner impuestos a la clase media, mientras él tiene su dinero en Dakota del Sur a nombre de testaferros.

Destacó que si bien el mandatario puede haber pagado impuestos sobre el patrimonio que tiene en el país, no lo está haciendo con el capital en el exterior y que estaría a nombre de su esposa e hijos, en dos fideicomisos.

“Él paga impuestos sobre lo que le da la gana, no sobre todo lo que tiene”.

Aseveró que la Contraloría tiene la responsabilidad de hacer un examen especial dentro de 68 días, donde debería analizar las declaraciones juramentadas que hizo Lasso en sus campañas de 2013, 2017 y 2021 a fin de comparar y ver en qué momento se omitió registrar los 14 bienes que tenía en paraísos fiscales y a dónde fueron a parar: “Hay que investigar el Banco Banisi y su principal accionista Banisi Holding S.A.”

“Cabe recalcar que él hizo una declaración patrimonial para candidatizarse, y si mintió, tendrá que responder por perjurio”.

Tandazo se preguntó por qué Lasso, una persona que trabajó como funcionario público, en el Gobierno de Jamil Mahuad, decidió llevarse el dinero en un paraíso fiscal, por qué su objetivo era sacar su patrimonio del Ecuador. Seguramente, dijo, era para darle opacidad y evadir impuestos.

“Estamos ante una persona que reniega que sus ganancias estén al servicio del desarrollo de la economía”.

Cuestionó cómo el Jefe de Estado puede invitar a empresas en el exterior a invertir en Ecuador, si su dinero está afuera del país.

Advirtió que de comprobarse las irregularidades que se han denunciado en los Pandora Papers, Lasso sería sujeto de destitución: “Aunque éticamente está en la madre, está golpeado en su credibilidad”.

Puntualizó que la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Garantías Constitucionales deberá investigar a profundidad el tema a la par que la Contraloría a fin de garantizar transparencia, para lo cual, muy posiblemente, los parlamentarios tendrán que viajar al exterior a pedir cooperación y llegar con información que permita determinar la ruta de dinero de Lasso y su familia.