Los datos oficiales los entregó la Policía Nacional. Cerca de las 19:00 del jueves 30 de septiembre del 2021, la institución confirmó que la cifra oficial de muertos por la masacre carcelaria subió a 118. También señaló que el número de heridos es 79.

Durante la mañana y tarde del 30 de septiembre, el Gobierno manejaba la cifra de 116 víctimas mortales. En la noche de este jueves se confirmaron los dos decesos adicionales.

Los agentes de la Policía retoman parcialmente el control de la Penitenciaría del Litoral en donde se produjeron los hechos de violencia desde el martes 28 de septiembre.

Como parte de los operativos, los agentes realizaron dos incursiones para incautar armas, explosivos, celulares y otros objetos. Cerca de 900 agentes participaron en las tareas. Los militares también apoyaron en el control externo. Incluso se observó durante la jornada la presencia de blindados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia suscitados en la antigua Penitenciaría del Litoral. En un comunicado, compartido en redes sociales, la institución instó al Estado ecuatoriano investigar de oficio y con la “debida diligencia” los hechos.

Mientras que, con 101 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para solicitar la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón; y los comandantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esperan explicaciones por la crisis en el sistema penitenciario.

Linda Guamán, científica y excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, señaló que hasta ahora las pruebas presentadas por Fiscalía para acusar a los procesados en el supuesto delito de peculado, no han tenido asidero pues incluso las pericias quedan destrozadas cuando se evidencia que no cumplen estándares o validez técnica.

Destacó que si las pruebas para detectar Covi-19 no hubiesen funcionado, no habría permitido bajar los contagios y salvar vidas. En todo caso recordó que ella nunca participó en el proceso de compra o terminación del contrato: ““Me acusan de haber conocido detalles y sin embargo usarlas”.

Aclaró que cuando fungía como funcionaria del cabildo sí se dio a conocer al Concejo Metropolitano sobre la baja sensibilidad de las pruebas e incluso salió a los medios de comunicación a explicar cómo funcionaban las mismas.

Además remarcó que no se puede hablar de peculado cuando la empresa no tuvo ganancias, pues una vez se presentó la denuncia la exsecretaria de Salud Ximena Abarca suspendió pagos y terminó unilateralmente el contrato: “Faltaba un 30%  de pagar a la empresa. ¿Dónde está la consumación del delito? No hay beneficio propio ni de tercero, porque ya se han revisado las cuentas”.

Destacó que definitivamente este caso se contaminó de temas políticos, puesto que si el exalcalde Jorge Yunda no hubiese estado involucrado muy posiblemente se le daba un tratamiento administrativo y no penal.

“Todo el contexto político que ha impactado al Municipio nos supone una carga a todos los procesados de tener que lidiar con la opinión pública en contra. El abogado Jorge Albán decía que el caso estaba contaminado y que no había como hacer una defensa adecuada con un proceso contaminado”.

Guamán dijo esperar que ahora Yunda pueda dedicarle más tiempo a su defensa pues reiteró que no hay delito: “Esperar también que la ciudad retome el camino que dejó de tener”.

Sobre al rol de ciertos medios de comunicación, aseveró que una vez se declare la inocencia de los procesados le den el mismo tratamiento que ha venido teniendo el caso y sea un ejemplo para que no vuelvan a caer en el ridículo: “Nadie está ajeno, todos deberíamos preocuparnos cuando un inocente es arrastrado judicialmente por la político y los medios”.

Carlos Pontón, abogado-especialista en temas tributarios, señaló que la propuesta de Ley de Creación de Oportunidades impulsada por el Gobierno Nacional afecta a la clase media, pues quienes perciban ingresos mensuales de USD2.000 a USD5.000, deberán pagar un 100% más del impuesto a la renta: “El peso de recaudación recae sobre este grupo (…) son los mismos trabajadores que soportan la carga tributaria”.

Criticó que, por otro lado, a la clase, más pudiente, que tiene ingresos por encima de cien mil o un millón de dólares tendrá un incremento de pago de impuestos de no más del 5%: “No hay progresividad sino regresividad en las personas que tienen menos ingresos a nivel anual”.

Remarcó, además, que muchos grupos económicos tienen cuentas a nombre de testaferros o sociedades fantasmas, dinero que no ha sido declarado pues, incluso, están en paraísos fiscales.

“Se debe gravar tributos a los dueños del capital, a los que se llevan la riqueza”.

Sobre la devolución del proyecto de normativa al Ejecutivo, manifestó que se trata de un procedimiento normal dentro de la calificación que hace el Consejo Administrativo de la Legislatura cuando no se han cumplido con los requisitos: “El CAL fue consecuente al informe técnico, es un asunto político pero también jurídico es un proyecto de múltiples materias difícil de analizarlo en 30 días”.

Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática e integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señaló que la decisión de regresar el proyecto de Ley de Oportunidades está basada en el examen de la Unidad Técnica que alertó de vicios de ilegalidad, por lo que ahora el Ejecutivo deberá subsanar la normativa.

“Ningún ciudadano está por encima de la Constitución, ni el Presidente de la República, ni nosotros”.

Criticó que el Gobierno autollamado del Encuentro se niegue a dialogar con los máximos representantes del pueblo, que igual al Presidente de la República, ganaron de manera legítima en las urnas.

Rechazó la afirmación del Ejecutivo respecto a que la Asamblea le está negando oportunidades a los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, pues reiteró que el pedido del CAL es que el Gobierno subsane las observaciones.

Frente a la advertencia de una consulta popular o muerte cruzada, Moreira puntualizó que ella no le teme a ninguno de esos mecanismos porque tampoco está aferrada al cargo, además indicó que no se puede dar a elegir, al Legislativo, entre darle las espaldas al pueblo o ponerse de rodillas ante un Gobierno de turno que cae en inconstitucionalidades.

“Si quiere encontrar alternativas que no sea subsanar, no está respetando la institucionalidad ni a los propios asambleístas que son los que quieren debatir»

Aclaró que no se puede hablar de bloqueo cuando el CAL sí ha dado paso a propuestas del régimen como la ley de Libertad de Expresión o la de Educación Superior, aunque signifiquen regresión de derechos, pues aquello debe ser analizado en las comisiones donde son derivadas.

El presidente Guillermo Lasso actualizó el balance un día después de la masacre en la Penitenciaría del Litoral. Son 116 personas asesinadas y alrededor de 80 heridos.

En rueda de prensa desde Guayaquil, poco antes de las 19:00, el Primer Mandatario se refirió a la masacre registrada el pasado martes 28 de septiembre de 2021.

El Presidente aseguró que todas las víctimas son Personas Privadas de la Libertad (PPL). No hubo -afirmó- personas afectadas por los enfrentamientos que formaran parte del personal del centro penitenciario.

El presidente aseguró que los hechos “han efectado gravemente los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad y personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y miembros de la Policía Nacional. En especial, su derecho a la integridad personal”.

Es así que el Gobierno ha resuelto decretar estado de Excepción en el sistema carcelario de Ecuador, con el fin de “precautelar los derechos” de las personas privadas de la libertad.

El Decreto Ejecutivo 120 señala que los militares y policías pueden actuar al interior y exterior de los centros de rehabilitación.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, destacó que la discusión laboral no solo está en Ecuador sino en todos los países de la región luego de la crisis que dejó la pandemia, en ese sentido destacó lo importante que hubiese sido tener un organismo como Unasur que permita trabajar por los pueblos, pues si se habla de reactivación se debe tomar en cuenta todos los aspectos que lo engloban como la misma migración.

Criticó que los Gobiernos hayan sido incapaces de poner adelante los temas que unen a la región y en su lugar hayan impuesto una agenda propia, precisamente en un momento donde se necesita trabajar por un objetivo común. Lamentó que en ese contexto se quiera cargar la responsabilidad de la reactivación a los trabajadores, mismos que ya sufrieron un impacto durante la pandemia perdiendo el empleo, mucho más las mujeres: “20 años en inserción al trabajo quedó en cero, se necesitan recuperar los espacios”.

Letelier indicó que si no se mira a la reactivación desde un campo global, la recuperación será conflictiva: “Ya estamos tensionados en los países pero necesitamos poder consolidar o dar consistencia en la sociedad y el Parlamento está trabajando sobre eso”.

Destacó que desde el organismo se intentan recuperar vocerías en la región, descartando a la CELAC pues los mexicanos no tienen los mismos problemas que los países andinos, pero sí mencionó la probabilidad de que la CAN cuyo presidente protempore es el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, tome ese lugar: “Los países andinos son los que tienen que articular la voz de América del Sur y el presidente Lasso tiene la responsabilidad de contribuir y generar esa condición”.

Ana Belén Cordero, asambleísta de CREO y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, mencionó las comisiones a las cuales podría ir el proyecto de Ley Creando Oportunidades, en caso de ser aprobada, y estas serían como la de Régimen Económico, presidida por Mireya Pazmiño de Pachakutik, partido que, dijo es cercano al correísmo; o a la de Desarrollo Económico cuyo presidente es Daniel Noboa hijo del empresario Álvaro Noboa; o incluso a la Derechos de los Trabajadores, cuya titular es Rina Campain de CREO. Aunque no se descarta esta última, destacó que al tratarse de temas de impacto fiscal y balanza debería ir a una comisión que maneje temas económicos.

Sobre el informe de la Unidad Técnica de la Asamblea Nacional, donde se indica que la normativa no cumple con los requisitos para ser aprobada por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), la asambleísta aclaró que si bien se trata de un informe jurídico, el mismo no es vinculante por lo que en las próximas los integrantes del grupo parlamentario deberán dar a conocer si dan paso o no, en caso de ocurrir esto último, dijo, deberá ser devuelto al Ejecutivo.

“Existe un plan B lo maneja el Ejecutivo”.

Además recordó la última sentencia de la Corte Constitucional donde se habla que no necesariamente los proyectos de ley deben presentarse netamente sobre una materia sino que debe tener un hilo conductor aunque se topen varias normativas, y en este caso se el centro de la propuesta es la reactivación del empleo.

Puntualizó  que la decisión del CAL es netamente política, aunque, dijo, deberían pensarse en las 7 de cada 10 personas que no tienen empleo y en función de eso responder desde todas las bancadas; en ese contexto mostró confianza en los votos de Nathaly Arias de CREO, Iván Saquicela que conforma el BAN y de la Izquierda Democrática que ha mostrado su acuerdo con el proyecto: “Veremos cómo vota Darwin Pereira, Ronny Aleaga y Guadalupe Llori”:

Al ser consultada de si las denuncias sobre Llori podrían influenciar en la votación, Cordero indicó que no debería ser así porque se vería como un amedrentamiento, por lo que la titular del Legislativo deberá defenderse en otros espacios, en ese sentido puntualizó que estos casos que han tocado sobre todo a legisladores de Pachakutik podría más afectar el paso de la ley: “Puede ser arma de doble filo, para que se animen a aprobar y otra para decir me están acusando de estos temas, me quieren presionar, no voy a aprobar”.

Caso Ina Papers

Cordero indicó que hasta el momento no se ha recibido una confirmación del expresidente Lenín Moreno para declarar sobre el caso Ina Papers dentro de la Comisión de Fiscalización: “Lo más lógico es que el comparezca de manera virtual, yo espero por decencia y por la cara que debe dar al país, que dé una explicación”.

Mauro Andino Espinoza, abogado-especializado en derecho parlamentario, señaló que el informe de la Unidad Técnica de la Asamblea Nacional, donde se apunta que la Ley Creando Oportunidades no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley de la Función Legislativa, no es vinculante por lo que ahora el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL)  sabrá decidir si se acoge, o no.

Recordó que la UTL hace la sugerencia porque mediante una sola norma se quiere reformar temas laborales y seguridad social; tributaria y financiera; telecomunicaciones y electricidad; producción y economía, agropecuaria y economía popular; administrativo y simplificación de trámites; planificación y finanzas públicas; régimen especial; propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso de suelos, régimen descentralizado, movilidad humana, entre otros.

“Estamos hablando además de un cuerpo normativo de más de 335 artículos lo cual es anti-técnico y antidemocrático porque es imposible tramitar en 30 días para que la Asamblea delibere con sensatez y madurez”

Manifestó que en caso de ser aprobada por el CAL, la Comisión a cargo tendrá diez días para elaborar el informe para primer debate y en ese tiempo se contemplan cinco días para recibir organizaciones sociales o actores que puedan ser vulnerados en sus derechos con la propuesta de ley.

“No son magos o genios esos asambleístas para que en diez días puedan sacar informe con sugerencias o críticas sobre una ley  económica urgente”

Citó a la Corte Constitucional que ha indicado que en las leyes urgentes la Asamblea no debe ser muy rígida pero tampoco laxa o ambigua, y en este caso, dijo, existe un nivel de desproporción con 335 artículos: “Es una ley trole a la vieja usanza, de los políticos que gobernaban en los años 90 y que ahora otra vez están en este Gobierno”.

Aclaró que no porque el CAL rechace, si es el caso, no corren los 30 días que permitirían la entrada por el Ministerio de la Ley, pues más bien ese tiempo se interrumpe y automáticamente se notifica al proponente quien puede subsanar: “Corregir esos errores y horrores y volver a presentar la normativa”.

El abogado Juan José Robles destacó su preocupación por la reapertura del caso por presunto peculado en la compra de helicópteros Dhruv en el año 2008. Recordó que este proceso inició por una denuncia presentada por el entonces exasambleísta Fausto Cobo en 2009 contra el exministro de Defensa Javier Ponce.

Aclaró que en ese año existía una legislación diferente en materia penal que apuntaba la necesidad de un informe previo de Contraloría para iniciar una proceso penal, por lo que Fiscalía pidió a esa entidad que se realice un examen especial que fue entregado en 2013: “Ahí no se encontraron indicios de responsabilidad penal”.

Detalló que a falta de una determinación de responsabilidad penal por parte de Contraloría, Fiscalía tenía dos escenarios para el archivo del proceso: 1) Cuando la conducta denunciada no es delito y 2) Cuando se encuentre en un impedimento legal insubsanable para continuar con la causa: “Esto último era el caso que sucedió con los helicópteros, tenían que proceder a la solicitud de archivo así que el juez de la Corte Nacional de Justicia en 2016 archiva la causa”.

Robles subrayó que para 2019 la Corte Constitucional emite una sentencia de inconstitucionalidad respecto al requisito previo de indicios de responsabilidad penal emitido por Contraloría, que le permite a la actual fiscal General, Diana Salazar, de reaperturar varios casos incluida la adquisición de helicópteros Dhruv”.

“Atentan gravemente contra los Derechos Humanos, derechos Constitucionalesy principios de derecho penal”.

Puntualizó que frente a un proceso de este tipo debe existir un principio de favorabilidad sobre la norma que beneficie a los acusados o condenados: “En virtud de esto, el caso no se lo está llevando en apego a la ley porque además Fiscalía no contaba con elementos para reaperturar la investigación”.

Recordó que para la época quienes firmaban la adquisición de algún material o aeronave eran los ministros pero previo al informe de Comités Especializados, en este caso en temas aeronáuticos, mismos que recomendaron la compra a través de un proceso precontractual, contractual y adjudicación del contrato: “Existieron ramas que verificaron cumplimiento de requisitos”.

“En un futuro los abogados de las partes pondrían poner en consideración de Cortes Internacionales lo que está pasando en estos casos”.

El jurista mencionó que ha tenido la oportunidad de revisar la sentencia de la CC, existen 10 hojas de transcripción de la audiencia y otras 6 donde no hay motivación del por qué aplicar de forma retroactiva el dictamen: “Además la Corte no ha determinado una línea clara de cómo aplicar, por ejemplo en derechos laborales de jubilación de adultos mayores no se ha aplicado de forma retroactiva”.

A criterio de Robles lo único que tiene la Fiscalía para acusar es el informe de la Asamblea cuya motivación, dijo, es netamente política. En todo caso, también criticó que la audiencia se haya realizado únicamente entre Fiscalía y los jueces, sin presencia de los abogados de los procesados: “Se enteraron por noticias de prensa, no se siguió el debido proceso, el juez de garantías penales deberá resolver los elementos que pueda causar una nulidad”.