Radio Pichincha

El economista Pablo Dávalos señaló que luego de la publicación Pandora Papers donde se habla de un entramado de paraísos fiscales del ahora presidente de la República, Guillermo Lasso, da cuenta que el mandatario no tiene legitimidad moral para proponer una reforma fiscal que impacte a la clase media con la creación de impuestos.

“La batalla democrática se queda sin piso político porque no es ético que un Presidente le diga que le va a cobrar impuestos cuando él como empresario ha participado en evasión fiscal”.

Resaltó que el Jefe de Estado tiene poco margen de maniobra política para defender sus propuestas regresivas en materia tributaria y laboral, pues no ha actuado con ética ni de manera coherente entre su discurso y su accionar, de ahí que, auguró, será muy difícil que la Asamblea Nacional le apruebe el proyecto de Ley de Oportunidades.

“Conjuntamente con las crisis carcelaria y los Pandora Papers le pone fin a la campaña pos vacunación. El presidente quiso desde ahí confrontar a la Asamblea Nacional pero ahora se queda sin piso”.

Dávalos aseveró que Lasso no puede seguir usando el proceso de vacunación como un recurso legítimo a futuro, pues con todo lo ocurrido  le será muy difícil seguirse sosteniendo alrededor de ese tema.

“El Presidente con esta denuncia no puede pensar en la consulta popular, es tan grave que el margen de maniobra se acaba de evaporar porque ahora se tiene que enmarcar en una posición defensiva o sacar otro evento para que se difumine”.

Puntualizó que ahora al Legislativo le corresponde conformar una Comisión Ocasional de Investigación para revelar el proceso de evasión fiscal del mandatario para posteriormente seguirle juicio político y eventual destitución: “Porque un Presidente no puede estar sujeto a eso”.

A criterio del economista, este proceso no se podría hacer mediante la Comisión de Fiscalización, porque, dijo, su titular, Fernando Villavicencio, es un alfil del Gobierno y no hará nada.

Detalló que la a acusación debe enrumbarse por evasión fiscal, el hecho de haber creado un fideicomiso para eludir el pago de impuestos y conocer dónde está ahora ese dinero, en manos de quién o quiénes se encuentra y si lo puso a nombre de otras personas cercanas a su entorno: “¿Por qué sí él tenía recursos no pagó impuestos en Ecuador? Declárelos aquí, no los lleve fuera del país, porque es una persona políticamente puesta, la Comisión tendrá que llevar adelante esto”.

Advirtió que si el Legislativo no responder a esta denuncia internacional, quedará una sensación de impunidad, por lo que insistió que esta publicación es un regalo del cielo para que la Asamblea legitime su trabajo.

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Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

Bautizada como Pandora Papers, una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos. Entre esas figuras de la política está el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

La investigación del Consorcio involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian y se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.

En el caso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, esta investigación señala que el también ex banquero llegó a tener vínculos con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá), pero sus aspiraciones políticas lo llevaron a cambiar esa estructura cuando Revolución Ciudadana impulsó una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener sociedades en paraísos fiscales.

Lasso sostiene que la mayoría de las firmas están inactivas; y sobre las restantes dijo que ya no son suyas o que no le reportan beneficios.

Los Pandora Papers revelan que Lasso aprobó que las acciones y activos de entidades panameñas se transfirieran a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos a fines del 2017.

De acuerdo con la investigación, Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa a filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina.

Según el diario español “El País”, la mayoría de las empresas de Guillermo Lasso, en las que el banquero era el principal beneficiario, tenían sede en Panamá. En caso de fallecimiento, los beneficios pasarían a su esposa María de Lourdes Alcívar y sus cinco hijos.

Por otro lado, el portal La Historia publicó un documento donde se revela que La Presidencia de la República podría direccionar un millón de dólares para la difusión de información y mensajes del gobierno que incluye pautas en medios y la contratación de "influencers".

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

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El politólogo Matthieu Le Quang señaló que el Gobierno es responsable de la pugna con el Legislativo cuando desde el primer día rompió la alianza con el Partido Social Cristiano y luego cuando con operadores políticos ingresó a esa Función del Estado para dinamitarla en el marco de una campaña de desprestigio.

“En esta correlación de fuerzas, está perdiendo el Ejecutivo”

Señaló que esto es parte del resultado de las elecciones de 2021, donde se demuestra que la mayoría de la gente no votó a favor del plan de Gobierno de Guillermo Lasso, sino en contra del candidato opositor Andrés Arauz y que se ve reflejado en la conformación de boques en la Asamblea Nacional, que le ha sido difícil manejar al Ejecutivo.

“Esto es parte de los peores resultados que arrastra Guillermo Lasso desde 2013”.

Recordó que tanto se ha criticado la Constitución, indicando que hay un hiperpresidencialismo, que ahora en el poder esa misma gente quiere aplicarlo sin tener que dialogar con la Asamblea o reunirse con las diferentes fuerzas políticas.

“Finalmente la democracia empieza con respetar la división de los poderes”.

Reprochó que el Presidente de la República en la entrega de la normativa se haya dirigido a la titular del Legislativo, Guadalupe Llori, diciéndole que no se olvide cómo llegó al cargo, en una especie de amenaza.

Sobre la posibilidad de una consulta popular, Le Quang aseveró que pensar en aquello con cuatro meses de gestión es un problema, porque demuestra la incapacidad del Gobierno de lidiar con las diferencias políticas, pues incluso si la convocatoria prospera, tendrá que seguir relacionándose con el Legislativo.

Ernesto Pazmiño, abogado y exdirector de Rehabilitación, señaló que si bien es cierto, desde siempre han existido muertes en el sistema penitenciario, también se debe reconocer que no han sido en la magnitud que se ha observado en este 2021, donde según personas que trabajan dentro de los Centros se han registrado cerca de 500 muertes en lo que va del año, aunque las autoridades del Estado hablen de 248.

“La crisis carcelaria es consecuencia del sistema neoliberal que genera más inequidad y  que se implementó con mayor fuerza desde mediados de 2019”.

Criticó que frente a todas las masacres, el país se quede absorto y sin reacción, lo que finalmente provoca un genocidio a goteo, por lo que, a criterio del especialista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería actuar de inmediato para evitar que haya más muertos ante la ausencia del Estado.

Reprochó que cuando se registran crisis en el sistema penitenciario, la respuesta del Gobierno siempre sea la misma con declaratorias de emergencia, estados de excepción o entregando dinero para infraestructura: “Ahora se habla de destinar más de USD70 millones para reconstruir, pero no para contratar más criminólogos, psicólogos o terapeutas”.

“En Ecuador existen más cárceles que psicólogos, terapeutas o trabajadores sociales, entonces ¿cómo van a rehabilitar?”.

Pazmiño puntualizó que el tema de las cárceles es tan pernicioso que solo en el Gobierno de Guillermo Lasso se han cambiado por tres ocasiones a las autoridades del Servicio Nacional de Integración a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI): “Y los tres militares, se trata de un general y dos coroneles del Ejército (…) Solo ven a la cárceles con más policías, candados y barrotes, que es igual a más violencia”.

Aseveró que todo esto empezó con el desmantelamiento de las Instituciones que garantizaban un manejo técnico sobre rehabilitación social con la presencia del Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior”.

Destacó la necesidad de darle una mirada, a las cárceles, desde el respeto a los Derechos Humanos, empezando por reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que resultó ser un reproductor de presos  cuando la propia Corte Constitucional ya dictaminó que la prisión preventiva no es la respuesta a delitos menores, sino medidas sustitutivas. A esto se suma la actuación de las Cortes que demoran en responder en reducciones de penas o proceso de libertad: “Más fácil sale un preso en ataúd que con beneficios penitenciarios”.

Arianna Tanca, analista política, señaló que el proyecto de Ley de Oportunidades presentado por el Ejecutivo planteaba una hoja de ruta que no se veía desde el Gobierno de Lenín Moreno, de ahí que, lamentó, haya sido devuelto por la Asamblea Nacional: “Yo esperaba un debate”.

A criterio de la especialista, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) se atribuye funciones que no le corresponden para evadir el debate: “Era una buena oportunidad pero espero que se continúe”.

Resaltó que la Asamblea Nacional no está obligada a aprobar la normativa tal como está escrita, ya que si tiene vicios de inconstitucionalidad se pudo subsanar en las comisiones legislativas.

“El debate era fundamental para el país, incluso para medir donde estamos parados y ahí se puedan llegar a acuerdos independiente si la propuesta viene del Ejecutivo o de otra bancada”.

Instó a los legisladores y los sectores políticos en general a abandonar la dicotomía de blanco o negro pues perjudica a la gestión pública y la población en general: “No se trata de buenos y malos, porque también hay magia en los grises”.

Reconoció que la polarización impide al país ver los temas que se pueden trabajar en pro de la reactivación: “Ahora estamos en otro momento político no se trata de decir que dar paso a la ley es arrodillarse al Gobierno, porque los ecuatorianos votaron por acuerdos”.

Según Tanca existe otro tipo de diálogo que se está dejando de lado y es el de las bancadas de cara a los ciudadanos, ya que ahí está la clave para que el Legislativo pueda entender las preocupaciones de los ciudadanos: “¿Qué están haciendo ellos para acercarse a territorio”.

Sobre una posible consulta popular, manifestó que aunque es mecanismo de democracia directa totalmente válido, no se puede pedir a la ciudadanía que asuma una responsabilidad que le corresponde al Legislativo: “Yo espero cautela en ese sentido”.

Los datos oficiales los entregó la Policía Nacional. Cerca de las 19:00 del jueves 30 de septiembre del 2021, la institución confirmó que la cifra oficial de muertos por la masacre carcelaria subió a 118. También señaló que el número de heridos es 79.

Durante la mañana y tarde del 30 de septiembre, el Gobierno manejaba la cifra de 116 víctimas mortales. En la noche de este jueves se confirmaron los dos decesos adicionales.

Los agentes de la Policía retoman parcialmente el control de la Penitenciaría del Litoral en donde se produjeron los hechos de violencia desde el martes 28 de septiembre.

Como parte de los operativos, los agentes realizaron dos incursiones para incautar armas, explosivos, celulares y otros objetos. Cerca de 900 agentes participaron en las tareas. Los militares también apoyaron en el control externo. Incluso se observó durante la jornada la presencia de blindados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia suscitados en la antigua Penitenciaría del Litoral. En un comunicado, compartido en redes sociales, la institución instó al Estado ecuatoriano investigar de oficio y con la “debida diligencia” los hechos.

Mientras que, con 101 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para solicitar la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón; y los comandantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esperan explicaciones por la crisis en el sistema penitenciario.

Linda Guamán, científica y excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, señaló que hasta ahora las pruebas presentadas por Fiscalía para acusar a los procesados en el supuesto delito de peculado, no han tenido asidero pues incluso las pericias quedan destrozadas cuando se evidencia que no cumplen estándares o validez técnica.

Destacó que si las pruebas para detectar Covi-19 no hubiesen funcionado, no habría permitido bajar los contagios y salvar vidas. En todo caso recordó que ella nunca participó en el proceso de compra o terminación del contrato: ““Me acusan de haber conocido detalles y sin embargo usarlas”.

Aclaró que cuando fungía como funcionaria del cabildo sí se dio a conocer al Concejo Metropolitano sobre la baja sensibilidad de las pruebas e incluso salió a los medios de comunicación a explicar cómo funcionaban las mismas.

Además remarcó que no se puede hablar de peculado cuando la empresa no tuvo ganancias, pues una vez se presentó la denuncia la exsecretaria de Salud Ximena Abarca suspendió pagos y terminó unilateralmente el contrato: “Faltaba un 30%  de pagar a la empresa. ¿Dónde está la consumación del delito? No hay beneficio propio ni de tercero, porque ya se han revisado las cuentas”.

Destacó que definitivamente este caso se contaminó de temas políticos, puesto que si el exalcalde Jorge Yunda no hubiese estado involucrado muy posiblemente se le daba un tratamiento administrativo y no penal.

“Todo el contexto político que ha impactado al Municipio nos supone una carga a todos los procesados de tener que lidiar con la opinión pública en contra. El abogado Jorge Albán decía que el caso estaba contaminado y que no había como hacer una defensa adecuada con un proceso contaminado”.

Guamán dijo esperar que ahora Yunda pueda dedicarle más tiempo a su defensa pues reiteró que no hay delito: “Esperar también que la ciudad retome el camino que dejó de tener”.

Sobre al rol de ciertos medios de comunicación, aseveró que una vez se declare la inocencia de los procesados le den el mismo tratamiento que ha venido teniendo el caso y sea un ejemplo para que no vuelvan a caer en el ridículo: “Nadie está ajeno, todos deberíamos preocuparnos cuando un inocente es arrastrado judicialmente por la político y los medios”.

Carlos Pontón, abogado-especialista en temas tributarios, señaló que la propuesta de Ley de Creación de Oportunidades impulsada por el Gobierno Nacional afecta a la clase media, pues quienes perciban ingresos mensuales de USD2.000 a USD5.000, deberán pagar un 100% más del impuesto a la renta: “El peso de recaudación recae sobre este grupo (…) son los mismos trabajadores que soportan la carga tributaria”.

Criticó que, por otro lado, a la clase, más pudiente, que tiene ingresos por encima de cien mil o un millón de dólares tendrá un incremento de pago de impuestos de no más del 5%: “No hay progresividad sino regresividad en las personas que tienen menos ingresos a nivel anual”.

Remarcó, además, que muchos grupos económicos tienen cuentas a nombre de testaferros o sociedades fantasmas, dinero que no ha sido declarado pues, incluso, están en paraísos fiscales.

“Se debe gravar tributos a los dueños del capital, a los que se llevan la riqueza”.

Sobre la devolución del proyecto de normativa al Ejecutivo, manifestó que se trata de un procedimiento normal dentro de la calificación que hace el Consejo Administrativo de la Legislatura cuando no se han cumplido con los requisitos: “El CAL fue consecuente al informe técnico, es un asunto político pero también jurídico es un proyecto de múltiples materias difícil de analizarlo en 30 días”.