Consuelo Bowen, coordinadora de Litigio Estratégico Feminista de CEPAM Guayaquil y Gissela Garzón, asambleísta de la bancada de UNES, coincidieron en señalar que la pobreza tiene rostro de mujer, pues este sector es sujeto a juzgamientos, discriminación e incluso a vivir en un entorno donde el Estado no le garantiza seguridad.
Bowen detalló que según el Ministerio de Salud Pública el 15% de muertes maternas se deben a abortos clandestinos y que hay un promedio de 2.000 niñas menores de 14 años que dan a luz anualmente en Ecuador, de ahí que destacó la importancia de que la Corte Constitucional haya despenalizado el aborto y además haya aclarado que el procedimiento médico para aquello es lícito.
“Determinó que no era adecuado enviar a las cárceles a las mujeres víctimas de violencia sexual, determinó que los derechos de las mujeres son importantes y son prioritarios. Establece una línea de comportamiento por parte del Estado, establece que es un deber hacer una política de prevención y un camino para que las víctimas puedan llegar a exigir justicia”.
Resaltó la necesidad de que ahora la Asamblea Nacional regule el dictamen de la Corte para proteger y garantizar la vida de las víctimas sexuales: “Será un triunfo cuando en diciembre se cumpla el plazo para que el Legislativo dé respuesta”.
Explicó que no por criminalizar el aborto, este procedimiento deja de existir, de ahí que se hayan registrado casos de mujeres que se han perforado el útero por provocárselo o toman medicamentos que les lleva a la intoxicación, hay otros donde deciden suicidarse.
“Los abortos no se detienen, por una sanción penal, por lo tanto el aborto es una forma de protección, si se quiere proteger a la vida, hay que empezar por proteger la vida de las víctimas”.
Detalló que existen casos de adolescentes que llegaron a término del embarazo forzado y se autolesionan todos los días cuando ven al niño que les recuerda al hecho violento: “Ni ellas están bien ni los niños tampoco”.
Bowen reconoció que la violencia sexual sí es prevenible pero subrayó que se hace a través de políticas públicas donde el Estado priorice la seguridad y las niñas y mujeres se sientan seguras al salir a las calles; se lo hace también cuando las casas se vuelven acogedoras, cosa que en su mayoría no es así pues, según estudios, es el hogar el primer lugar donde se vulneran los derechos.
De su lado Garzón el rol que hoy juega el Legislativo en este tema es parte de una deuda histórica que tiene el país con las mujeres como respuesta a una lucha de la sociedad civil: “Tenemos que construir una ley en función de lo que la CC ha dicho y lo que la Defensoría presentó”.
Aseguró que como Comisión de Justicia se ha llevado a cabo 16 sesiones con 51 comparecencias y dos talleres, todo esto a fin de dar una respuesta lo más pronto posible, a niñas y jóvenes que buscan llevar un aborto clandestino.
Citó cifras de la Fiscalía, la cual ha indicado que desde agosto de 2014 a junio 2019 se han procesado 5.046 causas por aborto con muerte, aborto consentido, aborto no consentido y violación, lo que demuestra que las mujeres sí son criminalizadas, de niñas que han sido abusadas porque tampoco se puede decir que menores de 10 a 14 años consintieron una relación sexual: “En su mayoría ni siquiera saben lo que pasó, es cuando su cuerpo cambia que se dan cuenta que están embarazas, ahí saben lo que pasó”.
