Radio Pichincha

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, se cuestionó cómo una información reservada fue a parar a manos de La Posta tomando en cuenta que ni la jueza ni los abogados del caso que fue denunciado en 2017 tenían los documentos; aseveró que sin duda alguna hubo algún funcionario público involucrado en la entrega del expediente.

“Ni siquiera yo tenía la sentencia como tal, como era de tantos años, pero ellos la obtuvieron y pusieron las fotografías ahí, pese a que incluso en su reportaje reconocen que es información reservada”.

Criticó que desde una visión patriarcal el medio digital aduzca que ella como víctima está siendo usada por su abusador para vengarse de los periodistas que publicaron el expediente: “Como si yo no tuviera autonomía o pensamiento propio. No soy correísta, no soy política, soy ciudadana y vulneraron mis derechos”.

Destacó que no por ser un medio de comunicación, puede saltarse las leyes y luego reclamar que les están afectando la libertad de expresión: “Hay un límite, la ley es para todos y qué pena que existe complot entre funcionarios, porque alguien debió pasarles la información”.

Respecto a la disculpa pública de La Posta, Schettini indicó que acudirá nuevamente a la jueza a fin de que se cumpla con la disposición pues lo recientemente difundido cae en el mismo argumento de que se trataba de un funcionario público y por tanto era necesario difundirlo.

“Tratan de victimizarse o justificar la vulneración de mis derechos diciendo que se trata de coartar la libertad de expresión o censurar a la prensa. Yo no soy funcionaria pública y no soy parte del Estado, soy una simple ciudadana que presentó una acción de protección porque vulneran mis derechos, exponen documentación reservada sin autorización y adicional exponen mi nombre y los nombres de mis hijos. Nosotros decimos sí a la libertad de expresión pero con responsabilidad”.

Schettini puntualizó que no está pidiendo indemnización ni tampoco impulsando una demanda penal, pese a que la propia jueza reconoció que el caso recae en un delito que podría derivar en una denuncia penal contra La Posta.

“El es funcionario público era mi esposo, no yo ni mis hijos y el reportaje como tal, el 97%, habla de Priscila no de Freddy y al final dice ahora le toca el juicio político veamos si lo censuran, usaron la denuncia de 2017 para fines políticos”

Aclaró que ella no retiró la denuncia de 2017 puesto que la misma continuó y fue un juez quien determinó la inocencia de Carrión, cosa que no publicó el medio digital.

El asambleísta por Pachakutik, Salvador Pachakutik, se refirió a la destitución y cese de Freddy Carrión como Defensor del Pueblo y puntualizó que desde el lado del respeto y la lucha contra la corrupción aquello sí correspondía, pero también destacó que, tomando en cuenta los hechos, el objetivo era deshacerse del exfuncionario por haberse revelado al poder de turno.

“Veo que a Carrión le llegó el turno por revelarse contra los dueños de poder que quieren dejar en el recuerdo lo ocurrido en octubre de 2019 y decir que se trataron de actos de vándalos y terroristas, no quieren que se recuerde como una acto de reclamo al sistema empobrecedor”.

A criterio del Legislador, Carrión  se fue a la casa por haber firmado un informe donde se incluye responsabilidades de lesa humanidad en contra del expresidente Lenín Moreno, algunos funcionarios y  generales “que se creen intocables” como Oswaldo Jarrín.

Destacó que el informe de octubre no va a morir con la salida de Carrión  y ahora la Fiscalía deberá hacer lo que corresponde: “Nos podrán llevar a la tumba pero se tiene que hacer justicia sobre l base de ese informe”.

Respecto a las amnistías que se presentaron ante la Asamblea Nacional por los hechos del 2019, Quishpe detalló que se trata de los expedientes de 260 dirigentes que están con juicios penales: “Haremos la gestión pertinente y esperamos contar con votos necesarios”.

“Los que no votarán serán los mismos que tratan de descalificar a la Asamblea”.

Indicó que se estudiará caso por caso, tomando en cuenta que no puede haber luchadores sociales con grilletes, juicios penales o encarcelados.

Carlos de la Torre, exministro de Finanzas y docente universitario, reprochó que el Gobierno justifique la imposición de más tributos a los ecuatorianos por el problema fiscal que registra el país, sin embargo, dijo, no topa a los grandes grupos económicos sino que acude al bolsillo de la clase media.

“Nos siguen vendiendo la idea que el problema es fiscal, que la caja no tiene recursos y que eso se resolverá reduciendo el gasto público y buscar otros ingresos”.

Criticó que con el «cuento» de traer inversión privada, se quiera aprobar la famosa Ley de Oportunidades que precariza la mano de obra, además de continuar con despidos en el sector público y reduciendo la inversión en ese sector, cosa que ya hizo Lenín Moreno desde el 2018 y que trajo como consecuencia el problema fiscal que registra el país.

“Nos plantean como alternativa al problema fiscal sacar más dinero del bolsillo de los ecuatorianos que dejarán de consumir siendo que esto último es lo que reactiva la economía”.

Reprochó que mientras se quiere aplicar un impuesto especial a quienes perciben por sobre los mil dólares, se elimine el impuesto a la salida de divisas que beneficia a quienes exportan capitales es decir a los grandes tenedores de fortunas y por otro lado haga lo mismo con el impuesto a las herencias que favorece al mismo grupo.

“Se les alivia de impuestos a los grandes empresarios y tenedores de capital y al resto de ecuatorianos les endosan esos tributos y serán quienes paguen esas cuentas”.

Una semana ha pasado desde las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, durante la firma de un convenio con la ONU, allí el mandatario afirmó que la corrupción le ha costado al Ecuador $70 mil millones, basado en un supuesto informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Incluso fue más allá:

“70 mil millones de dólares (desviados por presunta corrupción) equivalen al 100 por ciento de la deuda pública… Esos 70.000 millones de dólares representan 80 veces el monto que hemos debido invertir en la vacunación, incluido la compra de vacunas y el proceso logístico”, dijo Lasso.

Esta aseveración fue aclarada inmediatamente por el expresidente Rafael Correa, en sus redes sociales y el fin de semana en su enlace digital, recordando que el BID lo desmintió cuando comenzó a difundirse esta información, en noviembre de 2019, durante la administración de Lenín Moreno.

Este 20 de septiembre de 2021, AFP aclara el tema. Bajo el título “No hay registro de que el BID informara que la corrupción en Ecuador costó USD 70.000 millones”, la agencia internacional cita el comunicado que la entidad remitió en 2020, al Gobierno de Moreno.

El BID aclaró, en abril de 2020, que no tenían registros de alguna publicación suya que incluyera dichos datos, en respuesta a una carta enviada por el asambleísta Mauricio Proaño”, recoge el artículo.

Con esto, se ratifica que dicha información no proviene de la institución bancaria, y hasta ahora el Gobierno de Lasso no aclara su fuente oficial.

En este episodio nos internamos en el oasis caribeño que es Honduras para descubrir el encanto natural y los tesoros arquitectónicos y culturales de este mágico país. Aprendemos las danzas y música tradicional de Honduras, también examinamos las principales festividades, arte, literatura y gastronomía catracha.

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Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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El presidente Nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, señaló que la consulta popular que quiere convocar el Gobierno Nacional está enmarcada en la Constitución por lo que puede impulsarla, sin embargo, dijo, otra cosa es si el pueblo votará o no por más impuestos.

Detalló que una vez el régimen tenga las preguntas que irán en la consulta, tienen que pasar por la Corte Constitucional y luego por el Consejo Nacional Electoral por lo que la ciudadanía podría estar siendo convocada para abril de 2022: “En ese tiempo la situación política será diferente, será un harakiri arriesgándose tanto, lo lógico es que se cumplan las promesas de campaña, nada más”.

Manifestó que aducir un bloqueo en la Asamblea para llamar a una consulta no es coherente puesto que el régimen conocía la fragmentación del Legislativo lo que le obligaba a poner a una persona con liderazgo, capacidad y preparación en la Presidencia: “Esto no fue entendido y ellos dijeron que Guadalupe Llori va, ahí están los resultados ahora tenemos una Asamblea con credibilidad espantosa, perjudicando al 90% de gente honesta que sí trabaja”.

Criticó la campaña de desprestigio que se ha montado sobre el Parlamento con complicidad de cuatro u ocho asambleístas que con sus acciones han facilitado las críticas.

Aseguró que el Ejecutivo contará con los 14 votos del PSC cuando se trate de cumplir con las ofertas de campaña sin tener que recurrir al reparto o la troncha: “Pero si el Gobierno no tiene los 70 votos no es culpa nuestra, pudo tener un espacio de gobernabilidad de otra forma pero no lo quisieron”.

Santiago Salazar, coordinador jurídico del Legislativo, aclaró que el pedido de disponibilidad de cargos realizado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, a su equipo del jerárquico superior es parte de una evaluación que se hace a los funcionarios luego de haber cumplido algunos meses de gestión.

Manifestó que esta evaluación es una simple coincidencia con las denuncias que se hicieron sobre las supuestas facturas de consumo de Llori y lo presupuestado para protocolo y alimentación dentro del Legislativo.

Respecto a las denuncias presentadas por el asambleísta Fernando Villavicencio de un contrato firmado el 10 de septiembre por USD100.000 sin IVA para alimentación, Salazar indicó que todo ello responde a una desinformación que se ha impulsado a través de redes sociales.

Detalló que efectivamente hay un contrato con 179 ítems, de los cuales, al parecer, ha llamado la atención únicamente el rubro de alimentación a personas interesadas en desacreditar la imagen de la Asamblea: “No es sobreprecio y eso ni siquiera existe como figura jurídica”,

Criticó que quienes se han dedicado a “denunciar” no revisen contratos, pliegos, composiciones, presupuestos de referencia o el estudio de mercado, pues no solo es un valor por alimentación sino que abarca servicio, montaje, mesas, sillas, mantelería fina, servilletas de tela, cristalería, platos, carpas: “Es una operación básica matemática”.

Resaltó que no es un gasto diario en el que incurra la Asamblea pues son para eventos, conmemoraciones o ceremonias habituales, por lo que se hace necesario tener un rubro que cubra con la logística y el protocolo.

Sobre los gastos en lo que incurre Llori en sus viajes, el funcionario puntualizó que el Legislativo no paga viáticos sino que hace una reposición de facturas cuando la titular se traslada a territorio a eventos protocolarios y que únicamente se cubre alimentos y alojamiento.

“Se habla de masajes (…) la presidenta de la Asamblea cumple una agenda apretada en territorio, a veces atiende a personas o gremios que cuando la ven tratan de tener una cita, en ese sentido la Presidenta dice no tengo tiempo para eso”.

Con esa base subrayó que lo importante no es lo que sale en redes sino conocer si hubo con contraste de la información, pues además, dijo, se debe tomar en cuenta que Llori no viaja sola sino que lleva su escolta: “Ella no escoge con quién va, esto responde a un informe técnico del equipo de avanzada más el informe de seguridad de riesgo que lo emite la escolta Legislativa”.

Por ello rechazó también los supuestos gastos altos que realiza cuando viaja a territorio.