Radio Pichincha

Luisa González, asambleísta de UNES, destacó que luego de las denuncias de supuestas irregularidades cometidas por la titular del Legislativo, Guadalupe Llori, lo lógico es llevar adelante un proceso en el marco de lo que dice Constitución y no un show como el que está montando Fernando Villavicencio.

La legisladora cuestionó, además, quién puso a Llori como Presidenta de la Asamblea Nacional y citó el tuit de Villavicencio donde mencionaba que se comprometía con los pueblos y nacionalidades indígenas y por ello su voto apuntaba a la nueva democracia: “Y sin dejar su lado correísta, concluyó, calificando a Llorí como una víctima del correísmo”

Reprochó que meses después, Villavicencio con una nueva publicación en twitter hable de la necesidad de expulsar al diablo de la Presidencia del Legislativo, como si se tratara de exorcizar: “¿Qué está pasando? Esto es un show”.

Lo instó a elegir entre hacer un show o legislar, pues, dijo, no se puede usar a la Asamblea Nacional como plataforma para impulsar una agenda propia a fin de apropiarse de ciertos espacios de esa Función del Estado.

Instó a acceder a la Constitución o a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para desde ahí encuadrar el tipo de infracción y conforma ello seguir el debido proceso pues no se trata de pedir que quiten a un asambleísta y pongan a otro en su lugar: “Cuidado haya nuevos movimientos de piezas en la Asamblea, porque ya vimos una foto de Villavicencio, (Virgilio) Saquicela y Ricardo Vanegas, dándose la mano”.

Juan Javier Dávalos, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señaló que tras la designación de César Córdova Valverde como Defensor del Pueblo encargado, los consejeros de mayoría han recibido varias críticas, sobre todo de aquellos que estaban acostumbrados de nombrar a dedo a las autoridades de control.

Calificó a Córdova Valverde como una persona honesta, capaz y que ha recibido la confianza de la mayoría para que de manera de encargo pueda ocupar la Defensoría: “No ha pasado por concurso de oposición y méritos para quienes quieran ocupar la titularidad”.

Reconoció que el funcionario electo no reúne larga trayectoria en Derechos Humanos, pero aclaró que la Constitución menciona que el titular es quien debe tener esa amplia experiencia, lo cual se logra con el concurso de méritos y oposición que demoraría, al menos, un año.

Recordó que luego de la censura de Freddy Carrión, el pasado martes 14 de septiembre, el CPCCS tuvo cinco días para seleccionar a la persona que pueda sacar adelante a la Defensoría  en función de la crisis institucional que se vive internamente.

Insistió en que Córdova es una persona proba con especialidad en Derechos Humanos y que además está haciendo un doctorado en Derecho Constitucional: “Hemos elegido entre varias opciones, parece que reúne condiciones y requisitos, es una persona que trabajó de secretario general del CPCCS eso implico que todos los consejeros lo conozcamos, es una persona capaz”.

Explicó que sí recibieron de 10 a 15 carpetas que cumplían con vasta experiencia en DDHH, sin embargo en la primera etapa desistieron de participar.

Destacó que efectivamente es difícil seleccionar a un funcionario a dedo y en ese sentido reiteró que el Consejo no tiene por qué buscar el contento de todos: “Tenemos que asumir responsabilidades en bien de la institucionalidad del país, que se ha visto caotizada por decisiones de un Transitorio”.

El contrato de $100.000 para eventos que contempla desayunos que llegan hasta los $24 y cenas de hasta $50 fue justificado este 20 de septiembre de 2021 por las autoridades de la Asamblea Nacional.

En el evento no estuvo presente la presidenta del parlamento, Guadalupe Llori, porque, según Santiago Salazar, coordinador jurídico, corresponde al área de compras públicas aclarar este tema.

Salazar dijo que el monto del contrato no es únicamente por comida. También incluyen otros 194 rubros como logística, manteleria, sillas, entre otros. «Si se desglosa estos ítems la empanada cuesta $1 y no los $24», ejemplificó.

Paúl Abad, coordinador de protocolo, informó que la Asamblea tiene más de 220 eventos al año, pero más del 98% lo hacen con elementos propios, autogestión y apoyo de otras entidades. Por lo que el contrato de los $100.000 es para ese porcentaje, de casi el 2% de eventos, que ameritan este servicio, como la visita de jefes de Estado, de altas autoridades, entre otros.

A su criterio, es otro ataque más para deslegitimar la actual asamblea. «Lo que hay que preguntarse es por qué lo hacen», enfatizó.

Sobre este tema, pese a que apoyó la designación de Llori a la presidencia, el asambleísta Fernando Villavicencio dijo que Guadalupe Llori debería renunciar por las irregularidades denunciadas.

Además, Villavicencio, mostró en su cuenta de Twitter una factura de un hospedaje de la presidenta de la Asamblea a Nacional, de un acto realizado en Tena el 12 y 13 de junio, en el que pagó USD 423,10 por día y un total de USD 846,20.

Mientras tanto, los platos rotos los pagan todos. La presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori pidió la renuncia a todos sus colaboradores cercanos después de revelarse dichos gastos.

Por otro lado, pero en el mismo escenario, con 81 votos, este 20 de septiembre, la Asamblea Nacional pidió a la legisladora Bella Jiménez Torres, que renuncie al cargo de segunda vicepresidenta de la Función Legislativa, para que pueda defenderse en el ámbito judicial y en el Comité de Ética de las acusaciones por supuesta gestión de cargos públicos.

La moción la presentó su ex coideario de Pichincha, Marlon Cadena de la Izquierda Democrática.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

El economista Alberto Acosta Burneo resaltó que el país no necesita de una consulta popular para fortalecer la dolarización pues la ciudadanía ya se ha pronunciado varias veces en favor de dicha moneda para la circulación nacional.

Manifestó que el Estado es el único que puede obligar a los ciudadanos a usar otra moneda cuando cae en un exceso del gasto público o propone medios de pago alternativos para financiarse: “El Estado tiene que poner en orden sus cuentas fiscales”.

De otro lado indicó que la Banca Pública es necesaria y debe existir para financiar proyectos a largo plazo, sin embargo también mencionó la necesidad de que el país permita el ingreso de la banca internacional, además de eliminar el ISD, para mejorar la competitividad.

José Gálvez, abogado – especializa en materia laboral, destacó que el proyecto de Ley de Oportunidades no es una respuesta pos pandemia para reactivar la economía, sino que es una aspiración de los empresarios desde hace más de cinco años.

Cuestionó para quiénes son las oportunidades de la ley que pretende pasar el Ejecutivo, puesto que, dijo, terminan ganando los empresarios a costa de sus trabajadores a quienes se les reduce sus derechos como salarios, horas extras, jubilación patronal, indemnizaciones, entre otros.

Además subrayó que no pueden existir dos cuerpos legales para normar un sector, en este caso el laboral, es decir el Código de Trabajo para un 30% de personas económicamente activadas y la Ley de Oportunidades para el otro 70%: “Una norma que finalmente es dudosa desde su nombre”

Reprochó que el Gobierno busque aprovecharse de las necesidades de la gente para que se vean forzados a firmar un contrato viciado a fin de obtener algo de recursos: “Están haciendo una lógica a la inversa, en lugar de que el Gobierno, representante del Estado, defienda los derechos de los trabajadores, los están vulnerando”.

Sonia Vera, abogada y exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), destacó la importancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobara, el pasado 14 de septiembre, el informe de admisibilidad en el caso contra el Estado ecuatoriano por el cese de autoridades de la entidad a la que ella pertenecía, a través de la consulta popular del 2018, impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno.

Resaltó que del 100% de denuncias que se presentan ante el organismo internacional, el 90% es rechazado y el otro 10% son admitidos, precisamente en ese pequeño porcentaje se encuentra el pedido de los exfuncionarios Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera.

Detalló que luego de pasar el filtro de forma, ahora les corresponde fundamentar y documentar todo lo que ocurrió en el proceso de cese: “Cada uno tiene un caso en particular, yo llevo casi tres años asilada en España solicitando asilo político”.

Recordó que en la época donde Moreno planteó la consulta popular, se filtró el proyecto de sentencia de la Corte Constitucional que no daba paso a la misma, el régimen emitió dos decretos al Consejo Nacional Electoral para convocar a la ciudadanía a las urnas: “Vulneró los derechos de todos los ecuatorianos y perdimos la estabilidad jurídica de que hubiera un filtro de constitucionalidad”.

A criterio de Vera todo lo devenido de la consulta popular permitió la desinstitucionalización del Estado pues la intención fue de dotar de poderes supra constitucionales al CPCCS- Transitorio para poder cesar a todas las autoridades de control.

Puntualizó que ahora el Estado tiene seis meses para argumentar y tener un acuerdo con las partes afectadas, mientras que los denunciantes podrán presentar en un plazo de cuatro meses la argumentación de la vulneración de sus derechos: “Hay que agotar todos los procedimientos a nivel internacional porque a nivel nacional no tenemos ninguna esperanza”.

La jurista aseveró que ahora se espera que se reparen las vulneraciones a sus derechos, lo cual puede ser con la nulidad de todo lo actuado, una indemnización, el regreso a sus cargos y/o un juicio de repetición contra los funcionarios estatales que actuaron para que el cese se efectúe: “Yo llevo tres años sin ver a mi hija, no veo a mi familia, he tenido que empezar de cero, perdí mi negocio porque lo vincularon a mi actividad política, me amenazaron de muerte, son hechos particulares que cada uno tendrá que argumentar, estoy abierta a un arreglo pero el Gobierno no ha hecho acercamiento”.

El llamado a la integración más allá de los discursos políticos marcó la intervención del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), efectuada este sábado 18 de septiembre del 2021 en México.

En su discurso el Jefe de Estado reiteró su política de apertura comercial, como eje para lograr la cooperación entre países. Habló de una integración que trascienda cumbres internacionales, con lazos que construyan “prosperidad real” entre los ciudadanos.

Puso como ejemplo a la Unión Europea, en términos del modelo de integración que se pudiese alcanzar. Pero mencionó que para lograr ese cometido, primero hubo una integración económica y luego política.

Lasso también se refirió a sus antecesores, sin nombrarlos, y criticó que no hayan buscado acuerdos comerciales en Latinoamérica y el Caribe.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Alejando Vanegas, abogado y docente universitario, criticó que a más de cien días de gestión de Gobierno no existe una hoja de ruta clara de a dónde va el país, pese a que el actual presidente, Guillermo Lasso, aseguró que tenía una planificación para solucionar las problemáticas del Ecuador en cien horas, aunque luego lo cambió a cien días: “Ninguna se cumplió”.

A criterio del jurista, no hay una coordinación entre Instituciones para afrontar la inseguridad o la crisis carcelaria, problemas que se vienen arrastrando desde el Gobierno de Lenín Moreno y que era de conocimiento público, por lo que el régimen actual debió tener un plan para solventar estos temas, insistió.

Instó a las autoridades a evitar el populismo sobre estos temas con propuestas que hablen sobre armar a la población o endurecer penas.