Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, indicó que frente a los niveles de desempleo que vive el país y tomando en cuenta que cada año 300 mil personas pasan a formar parte de la población económicamente activa, se necesitan reformas laborales que se ajusten a la realidad y permitan una reactivación y reducción de la pobreza.

A criterio del empresario, el salario mínimo vital que alcanza los USD400 le resta competitividad al Ecuador porque resulta ser superior al registrado en Colombia o Perú, asimismo, mencionó, que uno de los factores que desincentiva la contratación es el costo del despido, es decir las indemnizaciones porque resultan ser un premio para quienes hacen un mal trabajo.

De otro lado, se refirió a los jóvenes y la necesidad de devolverles la posibilidad de trabajar y estudiar, para lo cual, planteó, nuevas modalidades contractuales eliminando el recargo del 35% por las mismas: “Eso piden los jóvenes que necesitan la oportunidad para adquirir experiencia”.

Además mencionó que este tipo de contratos más flexibles permitirían contratar los fines de semana o feriados a personas que están desempleadas.

Manifestó la necesidad de que el Legislativo piense en la gente desempleada al momento de abordar el proyecto de Ley de Oportunidades Laborales, paralelo al Código de Trabajo, e instó a los dirigentes sindicales a tener apertura tomando en cuenta los indicadores donde se muestra que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo adecuado.

Alberto Acosta, economista y exasambleísta constituyente, señaló que el Gobierno Nacional busca aprovecharse del Plan de Vacunación que se ha gestionado de manera adecuada, para justificar sus planteamientos neoliberales, como es la explotación laboral que se avizora con un Código de Trabajo paralelo o la disminución de presupuesto a sectores como la educación o la salud.

Manifestó que actualmente existe una falta de política económica integral que aborde los problemas económicos desde la solidaridad y sustentabilidad: “No podemos tener como alternativa la sobre-explotación de la mano de obra y por otro lado seguir destrozando la naturaleza”.

Recordó que la flexibilización laboral se desmontó en la Asamblea Constituyente de 2008. sin embargo lamentó que poco a poco haya sido nuevamente introducida desde el año 2016 y ahora se la quiera profundizar para que los trabajadores pierdan sus derechos.

Aseveró que el presidente de la República, Guillermo Lasso, debería tomar en cuenta que la votación obtenida en segunda vuelta no fue a su favor o apoyando su plan de Gobierno, sino que fue un voto en contra del otro candidato sumado a un importante número de personas que votaron nulo: “Una muestra democrática que rechazó por un lado el continuismo o neoliberalismo y por otro el correísmo”.

Asimismo sostuvo la necesidad de que se tome en cuenta en este proceso a actores políticos de relevancia como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que viene incidiendo en la democracia desde 1990 y que se ha transformado en un verdadero baluarte en la democracia del país, para impedir, dijo, políticas neoliberales nefastas: “Es un actor que no solo actúa como sujeto político, sino representando a sectores populares”.

En ese contexto, mencionó que la invitación del régimen a la Conaie para un dialogo es contradictorio mientras se sigue ampliando la frontera petrolera y minera afectando sus comunidades: “Significa que no hay predisposición para abrir el dialogo para encontrar respuestas sustantivas”.

Carlos de la Torre, exministro de Finanzas y docente universitario, señaló que la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incumple el artículo 38 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, el cual indica que se requiere un  Plan de Desarrollo previo a dicho presentación: “Es un proceso que está viciado por parte de incumplimiento”.

Destacó que el hecho de que no exista un Plan Nacional de Desarrollo quiere decir que el Gobierno no tiene un plan económico, ni definido lo que va a hacer, es decir no tiene objetivos y metas, pues en esa etapa es donde se aterriza la política fiscal del Gobierno, misma que debe estar articulada con el espacio de la política monetaria, financiera, productiva, de comercio exterior, etc.

A criterio del exfuncionario esto significa que el régimen no tuvo la capacidad para desarrollar una Planificación: “Significa el grado de incompetencia de quienes están a cargo de diseñar la política de Gobierno, ya nos hemos ido más allá de los plazos legales para tal efecto”.

De la Torre subrayó que en este punto sorprende que un Presidente de la República tenga un conocimiento supino de manejar diversos aspectos que le corresponden a un Gobierno Nacional, mucho más cuando pasó siendo candidato por años: “Sobre todo en materia económica por el golpe que se ha sufrido en el marco de la pandemia, es inadmisible que esto se dé en la situación que vive Ecuador”.

Indicó que a todo esto se suma la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles y la idea de dejar a la  empresa privada la solución de todos los problemas económicos: “Este es el punto opuesto a lo que significa una planificación desde el Estado”.

Explicó que cada dólar que pagan los ecuatorianos por la eliminación de subsidios no va al Estado ecuatoriano para la salud, educación o seguridad sino que son para pago de deuda externa y para generar utilidades a las empresas importadoras de derivados: “Y a esto se debe la entrega de la Refinería de Esmeraldas”.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, enfatizó que «con o sin diálogo», el presidente Guillermo Lasso debe dar una respuesta urgente sobre el incremento gradual del precio de los combustibles.

En declaraciones a la prensa, luego de la presentación del Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio de la Ley Orgánica de Comunicación, ante la Asamblea Nacional, Iza se refirió a la propuesta de diálogo planteada desde el Ejecutivo y aclaró que no se han establecido plazos ni condiciones para este encuentro.

Iza recalcó que es decisión del primer mandatario si mantiene las políticas de Lenín Moreno o dará otra noticia al pueblo ecuatoriano. Agregó que no quiere adelantarse a dar ningún criterio en caso de que no se celebre el diálogo con el Gobierno, pero sostuvo que existe una emergencia económica que depende, en mayor medida, de Guillermo Lasso.

Respecto a la presentación de la proforma presupuestaria del Ejecutivo, que asciende a USD 32.948,64 millones, el presidente de la CONAIE adelantó que se encuentran analizando esta propuesta y expresó su preocupación por el retiro en esta proforma del presupuesto destinado para becas estudiantiles.

«¿Cuántos miles de jóvenes van a quedarse sin este aporte por parte del Estado?», cuestionó el dirigente y agregó que en los próximos días se pronunciarán sobre la proforma.

Por último, Iza sostuvo que la crisis económica actual no se resuelve con la focalización del precio de los combustibles e hizo un llamado al jefe de Estado para implementar políticas para atender al sector agrícola ecuatoriano.

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El presidente Guillermo Lasso prioriza en México el destrabar la negociación comercial con el fin de alcanzar, hasta fin de año, un acuerdo con ese país, que es el paso previo para ingresar a la Alianza del Pacífico. 

Este martes 24 de agosto, durante los actos conmemorativos por los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, en Veracruz, el Mandatario pidió a su homólogo mexicano, Manuel López Obrador, avanzar de “manera firme, propositiva y fraterna” en el proyecto de la firma de un convenio comercial entre los dos países.

 También los mandatarios instruyeron a sus Cancillerías realizar la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares a la brevedad posible, con el propósito de restablecer el acuerdo de supresión de visas, además de mantener el diálogo sobre los flujos migratorios, intercambio de experiencias y medidas de difusión sobre los requisitos y procedimientos de ingreso.  

Este punto genera interés, puesto que recientemente se anunció que los ciudadanos ecuatorianos requerirán de un visado desde el próximo 4 de septiembre para ingresar a territorio mexicano. Esa medida estará vigente por un año, según se informó.

Santiago Basabe, analista político y docente universitario, señaló que el problema de la gobernabilidad es estructural y tiene que ver con la facilidad para legalizar movimientos políticos que atomizan la Asamblea Nacional con legisladores independientes que llegan a hacer negocios dentro del Legislativo: “Ellos impedirán la gobernabilidad en cualquier caso (…) Todos los Presidentes excepto (Rafael) Correa se han tenido que someter a bancadas muy chiquitas. Mientras esto no se elimine, no cambiará el hecho de asambleístas intercambiando votos por puestos y favores”.

A criterio del experto, es necesaria una reforma al Código de la Democracia que le permita al país tener un máximo de cuatro partidos políticos: “Como Pachakutik que se encuentra en la izquierda con un pensamiento más ecologista, en centro izquierda con UNES y la Izquierda Democrática y en la centro derecha estaría el Partido Social Cristiano con CREO».

Aunque reconoció que los problemas no se eliminarán con este tipo de acciones, también destacó que con ello los legisladores tienen menos incentivos para cambiarse de camiseta como lo ocurrido ahora.

Además calificó de ridícula la reforma constitucional que no permite la reelección y que impide que los legisladores hagan carrera, terminando su vida política y condenándoles a volver al ejercicio privado: “Porque también es malo caer en la generalización de decir que todos los asambleístas son corruptos o hacen mal su trabajo”.

Criticó la falta de profesionalización en la política que, a criterio de Basabe, sí le haría bien al país, comparándolo con Estados Unidos donde un senador tiene un promedio de carrera legislativa de 25 años: “Se puede decir que son los mismos de siempre, pero son los que han venido adquiriendo experiencia».

Insistió en la necesidad de que se den reformas legales porque caso contrario la Asamblea Nacional perderá buenos y valiosos legisladores que han aportado de manera importante al país en materia de leyes: “Es necesaria una reforma que deje de lado los populismos de tercer nivel, mismos que plantean que todo va a cambiar si se reducen los asambleístas o se impulsa un congreso bicameral”.

Emily Vera, expresidenta del Frente Nacional de Estudiantes y Becarios, señaló que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) presentadas por el Primer Mandatario, Guillermo Lasso, son regresivas y golpean a los sectores populares que nuevamente tendrán que escoger entre comer o estudiar.

Criticó el último recorte presupuestario a las Instituciones de Educación Superior privadas por USD12.000 millones y que impedirá la entrega de nuevas becas a jóvenes de escasos recursos, algo que es contradictorio a la promesa de campaña del ahora Jefe de Estado: “Recordemos que en el Gobierno de la Revolución Ciudadana se entregaron más 20 mil becas nacionales y 30 mil becas internacionales”.

A esto se suma que dentro del proyecto de ley, el Presidente de la República plantea cobrar la nivelación en las Universidad e incluso buscaría desregularizar el sistema de Educación Superior porque la Senescyt no podrá hacer un estudio de cuánto cuestan las carreras: “Es decir las Universidades podrán cobrar lo que quieran y ahí también se benefician los bancos que ofrecerán créditos educativos caros, así no se rompen los círculos de la pobreza”.

Vera también se refirió a la propuesta del asambleísta por el Partido Social Cristiano, Luis Almeida, quien plantea una reforma para reabrir 13 Universidades, a las cuales calificó de una estafa social, de ahí que, puntualizó, a los jóvenes no les interesa dádivas ni limosnas, sino que se conciba a la educación como una Institución que dé oportunidades y brinde calidad.

Paola Pabón, prefecta Pichincha, manifestó que al momento el Gobierno Central le adeuda a la Institución USD40 millones de los cuales no hay certeza de pago, mucho más con los recortes que se registran en la proforma presupuestaria presentada en la Asamblea Nacional, debido a ello, indicó, se están impulsando alianzas estratégicas a fin de no parar con las obras en la provincia.

En el esfuerzo que se realiza por búsqueda de recursos, la Prefectura está impulsando proyectos importantes como la vía Calacalí – Rio Blanco o la de El Arbolito, esta última pretende solucionar el cuello de botella que se genera en el sector de El Trébol, a través de una vía alterna que vaya desde Monjas hasta la Vicentina: “Estamos concluyendo los estudios que solucionarán esta dificultad y evitará salir por el Trébol. Buscamos el aliado estratégico porque son más de USD244 millones que cuesta esta obra”.

A todo esto se suma la colocación de pórticos en lo que era el peaje de la Autopista General Rumiñahui, así como cámaras, radares y sensores que mejorarán las condiciones de movilidad de 72 mil vehículos que transitan por el lugar; para ello la titular de la Prefectura informó que hasta el 30 de agosto se mudará la información y base datos con lo que dejará de funcionar el sistema digital de cobro: “Tengan paciencia, no podrán recargar hasta el 30 de agosto, quienes no tengan recargados los tags no se les cobrará multas. Con este sistema concluiremos la manera automática de cobrar peajes”.

Entre otras obras viales están:

Pabón reiteró que la situación de la Prefectura es difícil, sin embargo dijo estar esperanzada en las reuniones que tendrá esta semana el equipo de la Institución con el Ministerio de Finanzas a fin de concretar y darle una salida real a lo que se adeuda en cuanto a la devolución del IVA y por lo cual una Corte emitió una acción de protección a favor del GAD Provincial: “Espero que podamos llegar a una solución sobre todo por esos USD11 millones que ya tienen una resolución judicial”.

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Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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