Richard González Dávila, abogado del defensor del Pueblo Freddy Carrión, informó que se ha solicitado a un juez constitucional para que controle el proceso de juicio político en contra del aún funcionario, pues, dijo, no se le está permitiendo ejercer su legítimo derecho a la defensa.

A criterio del jurista hay intereses que se vislumbran en el proceso porque, según dijo, la Defensoría del Pueblo se convertido en un botín político a través del cual se ha repartido cargos a ciertos asambleístas: “Viendo cómo están actuando y con la falta de seriedad nos lleva a pensar aquello, que necesitan esa institución para cualquier repartija”.

Advirtió que en la comparecencia de Carrión prevista para el próximo viernes 3 de septiembre, el funcionario dará a conocer cómo se han repartido los cargos de la Defensoría en diferentes provincias y a diferentes bancadas: “Eso incomoda”.

Reprochó que mientras al Defensor del Pueblo se lo juzga y se lo procesa, al exministro de Salud, Mauro Falconí, lo califiquen como testigo protegido siendo que en su departamento se le encontraron USD47.000 en efectivo, joyas, siete celulares, dos chips y tres computadores, de los cuales no hay una pericia, investigación ni cuestionamientos: “Cuando le encuentran todo esto, justo aparece  Mauro Falconí hablando de un elemento de abuso sexual, ahí lo colocan como testigo protegido”

Detalló que Falconí visitó a Carrión tres días antes de lo ocurrido para decirle que tiene información de la vacunación VIP denunciada en contra de Lenín Moreno y de la cual también habría participado la exvicepresidenta María Alejandra Muñoz: “Le dijo que tenía pruebas para demostrarlo en su departamento porque ahí estaban seguras. Pero la investigación no ha querido desarrollar por qué pasó lo que pasó”.

En todo caso, remarcó que el Defensor del Pueblo tiene derecho a ejercer su defensa personal, contradecir, repreguntar y estar presente en la sala donde se lleva a cabo el juicio político y no solo el día viernes como está previsto: “De qué hablará si no ha escuchado los testimonios de pruebas de cargo de interpelantes, no tendrá conocimiento si no se le ha notificado, por qué no se le deja repreguntar”.

Ejemplificó con el caso del testimonio del mayor de la Policía, Juan Fernando Ramos, quien aseguró que Carrión fue detenido de manera flagrante, cosa que no es verdad y podría constituir en un fraude procesal dentro del sistema de justicia: “Si el juicio se trata de traer chismes no hay juicio político”.

Reprochó el uso de la fuerza pública para acallarlo a él y a la esposa del funcionario detenido en la cárcel 4: “Constituye una arbitrariedad”.

Con esa base, aseguró que toda la prueba de este caso sería nula por lo cual deberán responder ante un juez constitucional: “Se está vulnerando el derecho a la defensa, hemos pedido que se declare la nulidad”.

Mireya Pazmiño, asambleísta y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, resaltó que la mayoría de denuncias en contra de ciertos legisladores se han presentado como memes y no como pruebas para esclarecer la supuesta corrupción, de ahí que calificó de preocupante que se esté llevando a cabo una campaña de desprestigio sobre esa Función del Estado.

Indicó que efectivamente los casos deben ser llevados a la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional para que se tomen decisiones contundentes pero con base a pruebas comprobadas; ejemplificó con el caso de la segunda Vicepresidenta Bella Jiménez quien habría ofertado cargos públicos y podría ser sujeta de destitución.

Sin embargo, puntualizó que no se puede descartar si todas estas denuncias salen del propio Ejecutivo que no tiene mayoría en el Legislativo y que tampoco ha generado acuerdos ni diálogos: “No queremos peleas y enfrentamientos sino sentarnos a dialogar, esa es la mejor alternativa para el pueblo y eso no se ha dado con las bancadas”.

Al ser consultada si la ministra de Gobierno Alexandra Vela o su viceministro Homero Castanier han intentado un acercamiento con los legisladores, Pazmiño respondió que no se ha buscado crear puentes de diálogo.

Sobre el caso de Bella Jiménez y la decisión que tomará Pachakutik, la legisladora indicó que si el informe del Comité de Ética manifiesta la destitución se votará por ello: “Se debe seguir el camino de los principios y valores, las cosas transparentes”.

Virgilio Hernández, parlamentario Andino, señaló que este es un nuevo momento para la Revolución Ciudadana, luego de las elecciones del pasado sábado 28 de agosto de 2021 donde Marcela Aguiñaga fue elegida como presidenta de esa organización política.

Manifestó que ahora buscarán fortalecer el trabajo en determinadas provincias así como también profundizarlo en distintos sectores como de mujeres y jóvenes que en las últimas elecciones pudieron optar por otras fuerzas políticas con las que creyeron identificarse como la Izquierda Democrática o Pachakutik.

Detalló que el segundo objetivo son las elecciones seccionales para lo cual la Revolución Ciudadana buscará consolidarse como la primera fuerza política que se evidenció el pasado 7 de febrero de 2021. Reconoció la necesidad de empezar una discusión desde lo local y a partir de ello pensar en otros escenarios como el proceso electoral de 2025.

El tercer objetivo, dijo, es seguir en la lucha por la verdad pues recordó que durante cuatro años los militantes de RC han sido sujetos a calumnias e incluso han visto el uso de la justicia y de las Instituciones Públicas para generar un proceso de persecución y propiciar un odio hacía los correístas.

Mencionó que desde su espacio serán una oposición democrática, la cual no permitirá el uso político del proceso de vacunación para implementar discursos como de la muerte cruzada en ese sentido también criticó que no se cumpla el discurso que ha impulsado Guillermo Lasso, durante varios años que estuvo como candidato, asegurando que en los 100 primeros minutos cambiaría el país: “Se comprometió en controlar el contrabando, a entregar créditos al 1% a 30 años plazo, a estabilizar el precio del arroz y nada se ha dado. Ahora le quieren dar un uso político al tema de la vacuna”.

La exasambleísta y abogada Marcela Aguiñaga se convirtió en la nueva presidenta del Movimiento Fuerza Compromiso Social, este sábado 28 de agosto de 2021.

Durante la convención de este movimiento político, se aprobó la única lista sometida a votación (por mayoría absoluta) con 247 votos, por lo que la directiva de este movimiento quedó integrada por: Marcela Aguiñaga, presidenta; Francisco Hidalgo, vicepresidente; y David Villamar, secretario ejecutivo.

Luego de su designación, la exlegisladora y exministra de ambiente agradeció por su designación y resaltó la participación de la mujer en el campo político.

«Esta designación la acepto con la responsabilidad que amerita un desafío tan grande como este. Porque en la historia política del país a las mujeres nada nos dieron gratis», dijo.   

Hizo énfasis en que valores como la verdad, la palabra, la decencia y la honestidad no se negocian. Agregó que en el movimiento no se permitirán «tibiezas» ni intenciones de divisionismo.

En este evento también estuvieron presentes el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, el expresidente de la República, Rafael Correa, el militante de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, la prefecta de Pichincha Paola Pabón, entre otros integrantes de este movimiento.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Jaime Arciniega, dirigente sindical, señaló que no es nueva la propuesta del Gobierno Nacional entorno a la Ley de Oportunidades ya que, recordó, el Ministro de Trabajo Patricio Donoso fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, de ahí que se busque beneficiar a quienes ahora se encuentran en el ejercicio de poder: “Estamos en un franco retroceso del derecho social y camino a la abolición del principio pro operario, pro trabajador”.

En ese contexto, el sector laboral, dijo, deberá tomar varias acciones en el campo de la movilización y realizar lobby político: “Por suerte la atomización de la Asamblea Nacional permite reorientar las definiciones que tienen organizaciones políticas. No podrá ser más allá de una intención porque no creo que prospere”.

Reiteró que aunque el sector laboral está dispuesto a dialogar, PERO también aclaró que eso no será carta abierta que implique regresividad de derechos pues, reprochó, que no se puede crear empleo precario justificándose en el desempleo.

Destacó que la dinamización de la economía la da el consumo y no la flexibilización laboral que plantea el régimen: “Porque si no hay consumo no se podría generar producción y por ende trabajos”.

Para ello, sostuvo, se necesita impulsar créditos baratos que beneficien a todos y no solo a los empresarios a quienes se les otorga préstamos con un 8% y 9% de interés, mientras en el resto, en quienes buscan emprender de cero alcanza el 26% y 28%: “¿Quién en su sano juicio se arriesgará a obtener un crédito en el banco con esas tasas”.

Manifestó que las diferencias son profundas entre el sector empresarial y obrero, aún más ahora que plantean incrementar ganancias y utilidades a costa de la explotación que se pretende introducir en la Ley de Oportunidades.

Con esa base, dijo, se están metiendo no solo con los trabajadores sino también con sus familias porque ahora hasta los profesionales deben someterse a una precarización, de ahí que prefieran migrar arriesgando sus vidas: “El tema del trabajo es tan sensible que cuando afecta a la familia, saldrán todos, esperemos que los resultados no sean los tradicionales porque a la poste todos terminan perdiendo”.

Daniela Chacón, exvicealcaldesa y exconcejala de Quito, señaló que lo ocurrido entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas pasa más allá de ser un tema legal pues también se trata de de la falta de liderazgo y representatividad que registra la capital: “Sin espacios para un proyecto de ciudad compartida”.

Lamentó que se registre un sentido de clasismo y racismo donde por un lado Yunda esté tratando de reivindicar lo popular como si él fuese su representante y por otro un segmento que busca posesionar el término de “quiteños de bien”, fracturando la relación de los ciudadanos que es usado como recurso político para abonar al conflicto.

A criterio de Chacón lo que vive la capital en los últimos diez meses, es la máxima expresión de la crisis política y judicial, causado por los partidos de alquiler que no tienen visión, proyecto y trayectoria política, siendo uno de ellos desde donde llegan Yunda y Guarderas.

En todo caso, puntualizó que la Corte Constitucional ahora deberá dirimir el conflicto en el cabildo capitalino pues, pese a ser un tema político no alcanza a resolverse en esa cancha, por ello la esfera judicial establecerá incluso jurisprudencia para que en otros casos a futuro los jueces sepan cómo actuar: “Podría tomar más o menos un mes, no será algo inmediato porque la CC se tomará su tiempo para analizar el caso y hacer una interpretación constitucional”.

Libia Rivas, abogada experta en derecho administrativo y parlamentario, lamentó que la imagen de la Asamblea Nacional siga afectada por las denuncias de irregularidades que se han presentado contra ciertos legisladores y en ese sentido instó a los partidos políticos a hacer un mea culpa porque no cualquiera puede llegar al Parlamento, sino que son militantes o auspiciados por las organizaciones.

Remarcó que si se critica a la Asamblea también se debe hacer un análisis de cómo los partidos escogen a sus candidatos, porque al parecer no se están revisando los perfiles para valorar los méritos de quienes aspiran a ser legisladores, además, dijo, que quienes llegan al Parlamento no son ubicados en cualquier puesto de la papeleta sino que están primeros y son los más opcionados.

Señaló además que en el proceso que se lleve a cabo contra quienes habrían ofrecido cargos públicos debe respetarse la presunción de inocencia, aunque, dijo, de demostrarse la culpabilidad quedaría, por ejemplo, disponible la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional: “Sobre todo si se consagra el tema de la destitución, ahí habrá que ver a quién mocionan”.

La jurista coincidió con el discurso de la titular del Legislativo, Guadalupe Llori, quien denunció una campaña de desprestigio contra la Institución, puesto que los casos de corrupción también salpican a quienes sí son honestos y tienen una labor destacable al interior del Parlamento: “Pero también es fruto de lo que pasa en la Asamblea, aunque es importante señalar que este desprestigio viene del periodo pasado”.

La también exsecretaria de la Asamblea Nacional subrayó que los parlamentarios son servidores públicos y por tanto deberían tener una profesionalización de ahí que, contrario a las reformas que se aprobaron al Código de la Democracia y que impiden la reeleción, consideró que sí debe existir una carrera de servicio para ser legislador: “Y eso parte por los partidos políticos que deben tener sus escuelas de formación”.

“Para ser legislador no se enseña, se hacen en la cancha, no es solo el ejercicio legislativo”.

Pese a ello, Rivas también instó a los asambleístas a leer con profundidad la Ley de la Función Legislativa no solo porque es indispensable para su trabajo sino para evitar las críticas de los medios de comunicación por la mala práctica parlamentaria.

De otro lado, aseveró que no se puede medir el trabajo de la Institución por el número de leyes que aprueba sino por la calidad de las normativas y su impacto positivo en la sociedad.

El expresidente Lenín Moreno, durante el conversatorio en Estados Unidos organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia (IDD), titulado “Dictadura de Cuba y las Américas”, aseguró que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, “prácticamente no existe”. Simplificó el tema a un problema de pagos.

En este encuentro, Moreno también comparó al expresidente Rafael Correa, y de quien fue su vicepresidente en dos periodos, con Adolfo Hitler. 

Además, se refirió sobre la gente con ideología de izquierda. “Ahora se han aprovecharon de nuestros elementos, ya sea elementos, mitos. Antes trataban mal a los libertadores y ahora se apropiaron de ellos y hasta les cambian la cara. Decía que Dios no existía y ahora utilizan pasajes de la biblia”, agregó.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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