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Edgar Samiego, exrector de la Universidad Central, calificó a las reformas de Educación Superior como intrascendentes y que no aportan en nada a la sociedad, pues ni siquiera garantiza el libre acceso a las Universidades como se ofreció en campaña, ya que incluso el titular de la Senescyt Alejandro Ribadeneira, salió a decir que se malinterpretó las declaraciones del ahora presidente Guillermo Lasso y que más bien se permitirá a los estudiantes escoger la carrera: “Pero en redes vemos todo lo contrario”.
Criticó que algunos medios de comunicación de comunicación destaquen la intención de dar libertad a los estudiantes para escoger carrera, cuando eso siempre existió ya que, dijo, en sus 54 años de ejercicio en la docencia no le consta que haya habido una sola autoridad universitaria o del Ejecutivo que le haya obligado a un joven a seguir una profesión: “Lo que ha ocurrido es que si un joven no alcanza un cupo en alguna carrera en específico, la Senescyt le responde que tiene cupos pendientes en otras por las que podría optar o sino que espera una nueva oportunidad, de tal manera que debemos decirle al pueblo la verdad”.
Además indicó que no se ha eliminado el examen de ingreso sino únicamente le han cambiado de nombre; a ello se suma la pretensión de querer cobrar a los jóvenes el curso propedéutico que se brinda de manera gratuita a quienes no alcanzan el puntaje requerido para ingresar a una carrera, a fin de nivelarlos: “Esto violenta la Constitución que establece la gratuidad, con eso lo que se conseguirá es disminuir las posibilidades de jóvenes con escasos recursos para que puedan ingresar”.
Samaniego puso en entredicho la información del titular de Senescyt, respecto al incremento de cupos de 99 mil a 125 mil, pues, dijo, en unas averiguaciones que hiciera a Universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca en la carrera de medicina, los cupos siguen en igual número: “No se ha incrementado en este semestre un solo cupo, en la Central tiene 250 cupos semestralmente desde hace cinco años, en la Universidad de Guayaquil 400, en la Universidad de Cuenca 50. Seguramente a lo que se refiere es a las carreras en áreas sociales que valdría la pena especificar y clarificar”.
Criticó que además en la normativa se retire la posibilidad de que la Senescyt puede vigilar y hacer estudios del costo por estudiante y universidad a fin de distribuir los recursos e incluso le quita la posibilidad de fiscalizar a las Instituciones de Educación Superior.
De otro lado, reprochó que se hable del Consejo de Educación Superior como un obstáculo para impulsar nuevas ofertas académicas cuando nunca fue así, ya que las Universidades pueden presentar los documentos para crear carreras y en un plazo máximo de 45 días la entidad debía responder caso contrario estaba aprobada automáticamente.
Puntualizó que actualmente los vocales académicos del CES eran designados por concurso y entre ellos se elige al Presidente cada año de manera rotativa, pero ahora las reformas plantean que ese cargo será designado por el Ejecutivo y que ya no habrá tres representantes de los estudiantes sino solo uno y sin cumplir ningún requisito.
Subrayó que en la reforma se propone que en un año el nuevo CES, con delegados del Presidente de la República, prepare una nueva ley de Educación Superior, es decir el Gobierno Central no confía en su propia propuesta: “Lo que debe hacer la Asamblea es rechazar este proyecto de reforma que no reforma nada y es totalmente intrascendente”.
Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, señaló que la Proforma Presupuestaria presentada por el Ejecutivo deja una serie de dudas y preocupaciones porque cae en ilegalidades como reducir recursos a la salud y educación, sectores que ahora deberían ser de atención prioritaria, en el marco de la pandemia.
Reprochó que ni siquiera se haya presentado previamente un Plan de Desarrollo, como lo establece la ley, a fin de conocer las metas y visión que se tiene de país, es decir no existe una propuesta para reducir los márgenes de pobreza o reactivar la economía: “Solo se ha hecho una presentación de ingresos vs gastos”.
Advirtió que la proforma del actual régimen es igual a lo sucedido en el Gobierno de Lenín Moreno y que terminó alargando las brechas sociales y acelerando la pobreza: “Los últimos presupuestos presentados por Moreno no fueron aprobados por la Asamblea y pasó por el Ministerio de la Ley y ahora vemos las consecuencias”.
Aclaró que el Legislativo no puede cambiar o aportar en el documento presentado por el Ejecutivo más allá de las observaciones verbales en el Pleno, de ahí que la Proforma terminará ejecutándose por el Ministerio de la Ley.
A criterio de Lloret la proforma es el reflejo de las condiciones del Fondo Monetario Internacional y muy seguramente las reformas tributarias que lleguen a la Asamblea, dijo, irán en la misma línea.
Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.
Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.
Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.
Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.
Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.
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Augusto Tandazo, analista jurídico, se refirió a los cien días que cumplió el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el poder e indicó que el hecho de haber ganado en las urnas no le da potestad de hacer cualquier cosa en perjuicio de la población: “Aquí no hay una monarquía para que haga lo que le dé la gana, esto es una República”.
Señaló que el slogan de “Gobierno del Encuentro” ha sido solo para los pequeños grupos empresariales o banqueros, pues con el pueblo más bien ha existido un proceso de amenaza de dejarlos en la cárcel por tiempo indefinido por si se les ocurre protestar: “Pero en el país no hay cadena perpetua y al parecer no lo sabe”.
El analista recordó que en la posesión de Lasso se citó la frase de Jaime Roldós Aguilera diciendo “Mi poder en la Constitución y la Constitución en el pueblo” y sin embargo en estos cien días ha tomado decisiones al margen de esa normativa, queriendo, por ejemplo, impulsar la Ley de Oportunidades paralela al Código de Trabajo, eliminando indemnizaciones o precarizando la mano de obra; en ese sentido sostuvo que no puede haber dos normativas distintas para un solo sector: “Quieren impulsar productos baratos para favorecer al sector exportador”.
Reprochó la intención de querer vender el Banco del Pacífico, cuando la Constitución dice que el sistema financiero del Ecuador está compuesto de sectores público, privado y comunitario: “Banco que por cierto tiene numerosas certificaciones internacionales que no tiene ni el banco de Guayaquil”.
Además se refirió al Ciadi, al cual calificó de un proceso horroroso porque además de estar prohibido por la Constitución, el Ejecutivo lo manda a consulta a la Corte Constitucional mientras a la par le pide a Ivonne Baki, embajadora de Ecuador en EEUU, que firme el tratado.
Criticó que en un evento en Estados Unidos, el Primer Mandatario le haya extendido la mano a Carlos Slim dueño de la empresa Claro, cuando conoce que esa telefónica está inmersa en una denuncia de desvanecimiento de glosa por USD112 millones, en el marco de un tema de corrupción de Pablo Celi: “Esto mientras Arcotel anuncia que renegociará los contratos con Claro que se vencen en el 2023 y no cita la norma jurídica mediante la que se renueva contrato, que se supone, la ley determina, debería ser bajo circunstancias excepcionales”.
Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik, señaló que el Ejecutivo no tiene mayoría en el Legislativo como consecuencia del sonado proceso de pasar de primera a segunda vuelta en las últimas elecciones, en ese contexto resaltó que su organización política está totalmente lejos del Gobierno Central y de su lado continuará trabajando en una agenda parlamentaria que vaya en favor de las mayorías.
Aseveró que los supuestos procesos de corrupción que se han denunciado al interior de la Asamblea Nacional deben ser juzgados, pero indicó que en esa misma línea de investigación debe estar el Ejecutivo encargado de entregar cargos públicos: “Si es que tienen que irse a la casa deben irse, pero no solo los que buscan empleos sino los que ceden”.
Manifestó que a nivel Legislativo hay una predisposición de buscar acuerdos y coincidencias no solo con CREO o el BAN que pasó de un bloque de 12 a 25, sino con todas las bancadas porque finalmente se debe responder a los 18 millones de ecuatorianos, sin embargo, advirtió, que el diálogo debe ser sin chantajes y sin claudicar los principios.
Respecto a la Consulta Popular que quiere impulsar el régimen, Velasque puntualizó que lo puede hacer pero también debe cumplir con sus promesas de campaña como colocar los créditos productivos al 1% y a 30 años plazo, además, dijo, puede colocar otros temas de interés de la población donde se hable de las concesiones mineras, por ejemplo.
Recordó que el tema de la campaña de la vacunación está por concluir y aún no se ha visto el proyecto emblemático que encaminará al país a una reactivación económica: “No se nota en las declaraciones del Presidente, sin embargo son 100 días de Gobierno, pero debería haber los visos de qué se hará en el futuro y largo plazo”.
Sobre la proforma presupuestaria, adelantó que como Pachakutik no se apoyará aquello que represente una reducción en la salud, educación o que intente perjudicar a los trabajadores con precarización a la mano de obra.
Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, criticó que en el sector sanitario exista un abuso de la figura legal de contratación ocasional y nombramiento provisional desde la época del expresidente Rafael Correa, lo que impide tener concursos adecuados y por ende estabilidad laboral.
Destacó que un nombramiento permanente le brinda derechos y obligaciones al sector de la salud y cambia lo ocurrido al momento donde se evidencia una violentación de derechos a los profesionales en el Hospital del IESS – Quito Sur, donde fueron desvinculados 30 médicos bajo la figura de contrato ocasional.
Lamentó que frente a la denuncia del Colegio de Médicos no se haya obtenido respuesta por parte del Gobierno pues se trata de personal que trabajó en primera línea a lo largo de la pandemia y que están amparados en el artículo 25 de la Ley Humanitaria: “Esperamos que se cumpla con el trámite legal”.
De otro lado, manifestó la necesidad de que se entregue el presupuesto adecuado al sector para una atención adecuada a la población y en ese sentido instó a las autoridades a no politizar las gerencias de los hospitales, entregándolas por favores: “No queremos visitas de asambleístas para respaldar a sus administradores en lugar de fiscalizar”.
Henry Cucalón, abogado y exasambleísta por el Partido Social Cristiano, señaló que una consulta popular es un mecanismo válido y de participación directa con el que se destrabarán los temas que supuestamente no quieren aprobar desde el Legislativo.
Instó a superar la dicotomía de poner todo en blanco o negro, de hablar de si estas a favor o en contra del Gobierno, porque esos temas deben estar superados, por ello reiteró que esto más bien puede convertirse en una oportunidad para hacer país.
Reconoció que actualmente el país vive los resultados del 7 de febrero que arrojó una mayoría parlamentaria y otra del 11 de abril donde triunfo el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, más allá de señalar que el apoyo conseguido fue por el rechazo al otro candidato: “Parecería que no hay una confluencia en eso, el Gobierno quisiera tener un peso propio parlamentario o directamente con el pueblo para no dejar que se instauré en el imaginario la tesis de que no ganó su propuesta. La democracia no se puede reducir a eso”.
Destacó también que la coyuntura actual requiere sensatez política, por lo que, dijo, es importante comprender que el Legislativo no tiene intención de entorpecer el trabajo del Ejecutivo porque aquello sería pernicioso y antidemocrático: “Que fiasco sería que mientras el país requiere sensatez haya grupos políticos que prefieran el obstruccionismo y lo vamos a demostrar cuando empiecen a cumplir y presentar su plan de Gobierno y en caso de no estar de acuerdo explicar el por qué”.
Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.
Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.
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Luis Reina, concejal de Quito, señaló que los allanamientos ocurridos el jueves 2 de septiembre en el marco de la investigación que se efectúa sobre Sebastían Yunda, hijo del alcalde Jorge Yunda, no cambia en nada la situación del Municipio porque se trata de un tema netamente judicial: “El alcalde ha dicho que hay facilidades para que se investigue y nosotros estamos interesados en que se esclarezca toda duda que existe sobre el manejo de recursos del cabildo”.
A criterio del edil este tema sí podría convertirse en una manera de presionar a la decisión de la Corte Constitucional respecto a Santiago Guarderas y Yunda, puesto que la Fiscalía incluso llevó a medios de comunicación al operativo cuando se ha mencionado que es una investigación reservada: “Algo ahí no cuadra parece que se quiere impresionar a los órganos que analizan la situación de la Alcaldía”.
De otro lado, aseveró que se desconoce quién mismo es el vicealcalde porque tanto Brith Vaca como Guarderas suscriben atribuyéndose ese cargo, en ese sentido detalló que este último ha decidido no estar presente en todas las reuniones de Concejo o comisiones: “Y a las que asiste lo hace cuidándose de un mandato legal que advierte de una destitución si hay ausencia a tres sesiones de manera injustificada”.
En todo caso, reconoció que la actual administración es una Alcaldía ineficiente, indefendible y que llega mediante la misma papeleta por la que entró Guarderas, quien estuvo a cargo de la movilidad y el Metro de Quito, temas que han estado estancados durante un año y medio
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