Radio Pichincha

Cecilia Méndez, Prefecta del Azuay, lamentó que en la proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional no se garantice el pago de la deuda que mantiene el Gobierno con las Prefecturas: “Nos obliga a generar pronunciamientos a nivel del Consejo Provincial porque estamos pasando por momentos difíciles”.

Indicó que solo en esa Institución la deuda asciende a USD27 millones, sumado a que ahora pese al pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional para que los GAD retengan directamente el IVA, el Servicio de Rentas Internas haya emitido una disposición para que aquello no se efectúe en el caso de consumo de combustibles, por ejemplo, cuyo gasto anual en esa Prefectura es por más de un millón de dólares: “Esto tendríamos que derogar, ese es un tema muy fuerte”.

Manifestó que la deuda del Ejecutivo provoca problemas en la vialidad y riego, cuyos rubros de la más alta inversión, por lo que en este año se ha realizado una nueva planificación con alcaldes y presidentes de juntas parroquiales a fin de priorizar lo fundamental: “Nuestro vecinos que viven a distancias fuertes tendrá dificultades”.

Si bien reconoció la situación económica que vive el país, también puntualizó que al ser una nación petrolera y que ese sector está relativamente estable, se debería hacer una redistribución de recursos que permita a los GAD trabajar en territorio.

Stalin Raza, abogado del defensor del Pueblo Freddy Carrión, señaló que el caso que enfrenta su cliente sin duda está contaminado por temas políticos y mediáticos, porque el evento ocurre precisamente en el marco de la denuncia en contra del Gobierno de Lenín Moreno presentada por el funcionario ante la Fiscalía por los hechos de octubre de 2019.

Detalló que a lo largo del proceso se ha insistido en la posibilidad de que el funcionario se pueda defender en libertad, es decir que los jueces dictaminen con base a presunción de inocencia, como todo ser humano tiene derecho, y no que sea tratado como culpable: “Esto pasa porque los jueces de la Corte Nacional de Justicia a diferencia de los de primera instancia no aplican los criterios de excepcionalidad (…) Estamos viendo que a las personas por condición de funcionarios las mantienen privados de libertad”.

Criticó que la única justificación que los magistrados han dado para mantener detenido a Carrión es su condición de Defensor del Pueblo y que por esa razón podría contaminar e influenciar en el proceso: “Cuando los estándares de Derechos Humanos dicen que los peligros de fuga deben ser concretos, medibles y no por potencialidad”.

Sobre la audiencia del 17 de septiembre, dijo que las expectativas se van reduciendo por la manera en cómo los jueces han actuado, pese a las miles de razones que se les ha expuesto para declarar nulo el caso: “Nada ha servido, se nos van acabando las expectativas”.

Sin embargo puntualizó que aún queda un mínimo de esperanza para que los magistrados actúen de manera objetiva, con independencia y alejados de todo tipo de presiones: “Si eso ocurre la única alternativa es que se ratifique el estado de inocencia porque no existen elementos de convicción más allá de toda duda razonable”.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reprochó las medidas económicas que se vienen impulsado desde el Gobierno de Lenín Moreno y que han provocado un incremento de precios en la canasta básica, en ese sentido criticó que el actual mandatario, Guillermo Lasso, no haya tomado decisiones sobre el tema y más bien se coloque en el mismo grupo de los narcotraficantes, contrabandistas y ricos a los campesinos o agricultores, a fin de justificar el incremento mensual a los combustibles.

Aseguró que el Movimiento Indígena siempre ha estado abierto al diálogo pero también, puntualizó, que el papel de los dirigentes en este momento se ha enfocado en aplacar la reacción de los sectores populares que se han visto afectados por las medidas.

De otro lado, manifestó que si el Jefe de Estado tiene voluntad política podría tomar decisiones sobre los grupos financieros, a los cuales pertenece su familia, abriendo la posibilidad de un verdadero refinanciamiento de los créditos donde la banca deje de ganar uno o dos años, con el objetivo de garantizar la reactivación económica: “No trasladen la crisis a los sectores populares no pretendan engañar a los ecuatorianos porque está dañando la posibilidad de los mecanismos de dialogo”.

En el marco de la apología que hace el mandatario de la pobreza con el estilo de vida de “Lorenza”, el dirigente indígena se preguntó a cuánto le estará llegando el litro de aceite a esa persona tomando en cuenta que en pocos meses este producto pasó de costar USD1,75 a USD2,50: “A cuánto llegará a las comunidades o sectores populares por la especulación en el mercado. Se puede hacer políticas del país a partir de las apologías de la pobreza cuando ellos no sufren sino la mayoría de ecuatorianos”.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, no acepta presiones de parte del Ejecutivo y califica de amenazas los anuncios de consultas populares y muertes cruzadas.

Con respecto a la gasolina extra, se registra un incremento de $0.11 centavos, mientras que el precio del diésel tiene un incremento de $0.5 centavos. Desde varios sectores han cuestionado el incremento mensual del diésel, por lo que pidieron al Presidente Guillermo Lasso que fije el precio y llegar a un subsidio focalizado.

André Benavides, abogado constitucionalista, señaló que la consulta popular podría ser usada como un caballo de Troya para que el presidente de la República, Guillermo Lasso, pueda llevar adelante su Plan de Gobierno, esto por no tener respaldo de la Legislatura donde la mayoría de parlamentarios han advertido que no apoyarán medidas neoliberales como la flexibilización laboral o la venta de empresas públicas.

Destacó que la consulta puede contener preguntas obvias para obtener respuestas a favor, lo cual podría influir en otros temas, tal cual lo ocurrido en la de 2018 cuando el régimen de Lenín Moreno incluyó la imprescriptibilidad de delitos de abuso sexual a menores de edad junto con el resto de preguntas que terminaron cambiando las Instituciones del Estado y la gente vivió sus resultados.

A criterio de Benavides, una consulta popular no es pertinente en este momento por la crisis económica, sanitaria y social que vive el país, porque le representará al Estado entre USD60 y USD80 millones.

Respecto a la intención de reducir el número de asambleístas, el jurista puntualizó que se desconoce el fundamento teórico y democrático sobre este tema, tomando en cuenta que el Legislativo es el que menos gasta de todas las Funciones del Estado, además que significa dejar sin representación a los cantones pequeños: “Vendrán los cacicazgos en partidos políticos, porque solo los dueños de partido podrán ocupar una curul”.

Además recordó que la propuesta de eliminar el CPCCS ya tiene un pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde se indicó que aquello va por reforma constitucional mediante dos debates de la Asamblea Nacional y posterior consulta.

Pedro Velasco, asambleísta independiente del bloque BAN e integrante de la Comisión de Fiscalización, indicó que en el marco del proceso de juicio político que se impulsa contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se encontraron varias irregularidades sobre el exministro de Salud, Mauro Falconí, como el hallazgo de USD47.000 en efectivo en su departamento, razón por la cual en el informe se recomienda una investigación penal sobre el exfuncionario.

Aseveró que Falconí también podría ser sujeto de juicio político, sin embargo aclaró que nadie de la Comisión puede fungir como interpelantes al ser jueces dentro de los procesos, por lo que, puntualizó, se debe presentar una solicitud desde algún otro legislador.

Respecto a Carrión, detalló que el informe donde se recomienda el juicio político debe ser socializado a los 137 asambleístas en dos días, posteriormente se convoca al Pleno en un plazo máximo de 5 días, que podría ser el próximo jueves, y ahí se decide si se archiva o continúa: “Es una decisión libre soberana y democrática”.

Manifestó que a lo largo del proceso se recibieron comparecencias de cargo y descargo e incluso reprochó que desde el lado de la defensa hayan querido llevar el ámbito político al penal, cuando esto no correspondía.

El economista Diego Borja, criticó que desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta hoy se siga queriendo golpear a las clases medias y empobrecidas del país, esto en el marco del anuncio del ministro de Finanzas, Simón Cueva, de gravar impuestos a quienes perciban ingresos por sobre los USD1.000.

Resaltó que Ecuador enfrenta una caída de empleo estrepitosa donde apenas 1 de cada 3 personas tienen un empleo adecuado y a ello se suma el valor de la canasta básica que alcanza los USD750 dólares, por lo que pensar en las clases medias para obtener ingresos es reprochable, cuando en el mismo país hay 109 grupos con fortunas acumuladas de USD66.000 millones y que apenas tributan el 0,8%: “Es el 0.01% de ecuatorianos que pagan menos cantidad de impuestos, son bancos, farmacéuticas, grandes industrias de alimentos y algunos exportadores, que no perdieron en la pandemia”.

Criticó que el ministro de Finanzas, Simón Cueva, se pase haciendo una especie de regateo para justificar la medida pues antes de ser funcionario hablaba de que el impuesto a la renta debe ser pagado por quienes ganen USD550, después dijo USD900 y ahora pone como base USD1.000 justificando que solo se trata del 4% de ecuatorianos. “Haciendo esa comparación se podría deducir que el 96% está quebrado, si decimos que solo el 4% gana por encima de los mil dólares”.

Puntualizó que dentro de ese supuesto 4% que pagaría impuesto a la renta está incluido el sector pudiente al cual no se le aumentan los tributos, simplemente no se les toca porque ya vienen pagando una ínfima cantidad respecto a sus fortunas.

De otro lado, lamentó que la proforma presupuestaria vaya por esa misma línea y no responda a las necesidades del país, ya que mientras se incrementan USD294 millones al sector de la salud que es ínfimo respecto a lo reducido en el régimen de Moreno, se colocan USD871 millones para arbitrajes internacionales: “Se disminuye para salud, educación, seguridad”.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

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